TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
RESUELVE:
Solicitud No. 2548

Conoce este Juzgado de la presente causa, en virtud de distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha cinco (5) de junio de 2015, de la solicitud de DIVORCIO fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, efectuada por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 7.888.788, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 147.403, a los fines que se disuelva el vínculo conyugal contraído el día cuatro (4) de septiembre de 1992, por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 8.710.130, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

I
RELACION DE LAS ACTAS

El día diez (10) de junio de 2015, este Juzgado mediante auto le dio entrada y admitió la presente solicitud, ordenándose la citación del ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, antes identificado, para que comparezca ante este Juzgado en el tercer (3°) día de despacho siguiente a la constancia en actas de su citación, a exponer lo que considere pertinente en relación con la petición efectuada por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES.

En fecha quince (15) de junio de 2015, se libró la boleta de citación. Posteriormente, el Alguacil del Tribunal el día primero (1) de junio de 2015, expuso que citó al ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, quien firmó el ejemplar de la boleta de citación. Posteriormente, el Alguacil del Tribunal el día diez (10) de julio de 2015, expuso que citó al ciudadano Fiscal del Ministerio Público. En fecha veintiocho (28) de junio de 2015, este Tribunal mediante auto acuerda la apertura del lapso probatorio establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha treinta (30) de julio de 2015, la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, mediante diligencia procede a promover pruebas testimoniales, las cuales son admitidas mediante auto de fecha treinta (30) de julio de 2015. En fecha seis (6) de agosto de 2015, se toma la declaración jurada de las ciudadanas IVONNE JOSEFINA TORRES GUIJARRO y JINMARY CHIQUINQUIRÁ SUTHERLAND FEREIRA. En misma fecha, la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, mediante diligencia procede a promover pruebas testimoniales, las cuales son admitidas mediante auto de fecha siete (7) de agosto de 2015.

En fecha diez (10) de agosto de 2015, se toma la declaración jurada de las ciudadanas ERICMAR SANCHEZ PINZÓN y MARYELI DEL CARMEN SEGOVIA MONTILLA, declarándose desierto el acto de la testigo MARIBEL MEJIA y NAKARI DEL VALLE PACHECO. Mediante diligencia de misma fecha, la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, peticiona la fijación de nueva oportunidad para oír la declaración de la ciudadana MARIBEL MEJIA, considerando que ese era el último día del lapso probatorio. En este sentido, el Tribunal mediante auto de igual fecha, procedió a fijar nueva oportunidad para oír la declaración de la testigo promovida, tomándose la referida declaración en misma fecha.

Estado dentro de la oportunidad legal correspondiente, esta Juzgadora pasa a decidir sobre el fondo del asunto, en los siguientes términos:

II
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

El cónyuge solicitante: Expone la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, en el escrito de solicitud, lo siguiente:
 Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año mil novecientos noventa y dos (1992), contrajo matrimonio civil con el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 8.710.130, por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
 Una vez celebrado el matrimonio civil, fijaron su domicilio en un inmueble que adquirieron ubicado en el Barrio Núcleo Las Palmeras, Calle 97, No. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo del Estado Zulia.
 Que durante todo ese tiempo las relaciones conyugales se mantuvieron armoniosas, cumpliendo cada uno con las obligaciones que le impone el matrimonio, desarrollando en sus vidas en común en completa paz y armonio. Que de esta unión procrearon un (1) hijo de nombre DANIEL FABRICIO BEDOYA RIOS, actualmente mayor de edad.

 Que la armonía conyugal después del matrimonio duro hasta el mes de enero del año 2010, luego por causas diversas de incomprensión que motivaron una separación y por consiguiente su unión quedó completamente rota, razón por la cual tomaron la decisión de separarse y han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, sin que haya mediado entre ellos reconciliación alguna, por lo tanto ha habido ruptura prolongada de la vida en común, fijando cada uno residencias separadas.
 Que por lo antes expuesto, solicita la disolución del vínculo matrimonial que la une con su cónyuge DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, conforme a lo establecido en el artículo 185A del Código Civil.

El cónyuge oponente: Dentro de la oportunidad legal correspondiente, se observa que el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, no compareció por si, ni mediante representación judicial alguna.

III
ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

Una vez abierto el lapso probatorio, esta Sentenciadora pasa a analizar las pruebas que rielan en autos, y que quedaron debidamente promovidas y evacuadas en el proceso por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS.

Promovió la testimonial jurada de las ciudadanas IVONNE JOSEFINA TORRES GUIJARRO, JINMARY CHIQUINQUIRÁ SUTHERLAND FEREIRA, ERICMAR SANCHEZ PINZÓN, MARYELI DEL CARMEN SEGOVIA MONTILLA, MARIBEL MEJIA y NAKARI DEL VALLE PACHECO.

En la oportunidad legal correspondiente compareció la ciudadana IVONNE JOSEFINA TORRES GUIJARRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.716.852, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, quien declaró bajo juramento de ley que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde
aproximadamente el año 2001; que es de su conocimiento que dichos ciudadanos están separados desde inicios del año 2011, y que desde la aludida fecha la ciudadana MARIA RIOS vive en la Urbanización Sucre y el señor Bedoya vive en el Barrio Núcleo Las Palmeras; que en ese lapso de tiempo no hubo reconciliación, que al contrario actos violentos del señor Bedoya en contra de la señora Ríos.

Asimismo, compareció la ciudadana JINMARY CHIQUINQUIRÁ SUTHERLAND FEREIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 18.572.856, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, quien declaró bajo juramento de ley que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde aproximadamente el año 2008; que le consta que dichos ciudadanos están separados desde inicios del mes de enero del año 2011; que desde que se separaron la cónyuge vive en su casa y el cónyuge en un apartamento, ella en la Urbanización Sucre, y él en un apartamento propio de él; que en ese lapso de tiempo no hubo reconciliación, todo lo contrario, cada día más agresividad por parte de él, la separación ha empeorado la relación entre ellos, siendo cada vez agresivo en contra de ella.

También compareció la ciudadana ERICMAR SANCHEZ PINZON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 23.450.183, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, quien declaró bajo juramento de ley que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde hace diez (10) años, que dichos ciudadanos tienen tiempo separados desde enero del año 2010, que ambos viven en residencias distintas, que la señora MARIA vive en su casa en la Limpia, y el señor DANIEL en su apartamento que tiene la importadora desde hace cinco (5) a seis (6) años.

Por su parte, la ciudadana MARYELI DEL CARMEN SEGOVIA MONTILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 17.918.100, domiciliada
en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, declaró bajo juramento de ley que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde hace aproximadamente siete (7) años, por medio de su tía que vive en Residencias Sucre, y han coincidido en muchas reuniones familiares a través de los años; que le consta que los referidos ciudadanos están separados por medio de las reuniones a que su tía, que ha hablado con la señora Maria sobre su problema; que los cónyuges tienen cinco (5) años separados desde enero de 2010 aproximadamente; que son cinco (5) años que el señor no va a las reuniones en la Urbanización Sucre y que este tiene un apartamento en uno de sus negocios.

Por último, la ciudadana MARIBEL MEJIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.742.583, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, declaró bajo juramento de ley que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde hace más de doce (12) años; que le consta que tienen varios años separados, es decir, como cinco (5) años aproximadamente; que dichos cónyuges están separados desde el año 2010, y lo que va de este año hasta la presente fecha; que le consta que la señora MARIA vive en la Urbanización Sucre y el señor DANIEL vive por los galpones, en el galpón donde tiene la empresa, allí tiene un apartamento, desde el año 2010 ya él estaba separado, y no ha habido reconciliación entre ellos para esta fecha.

En la oportunidad fijada para oír la declaración jurada de la ciudadana NAKARI DEL VALLE PACHECO, esta no compareció al acto, por lo cual se declaró desierto el mismo, no pudiendo esta Juzgadora hacer valoración alguna al respecto.

En relación a las testigos antes señaladas, esta Juzgadora observa que pese a que las ciudadanas IVONNE JOSEFINA TORRES GUIJARRO y JINMARY CHIQUINQUIRÁ SUTHERLAND FEREIRA, fueron contestes en sus deposiciones entre sí, las mismas no guardan relación con los hechos expuestos por la cónyuge solicitante, en cuanto a la fecha
aproximada de separación de los cónyuges MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, ya que si bien las dos concuerdan en el hecho de la separación, la solicitante adujo que la fecha de tal suceso fue en enero del año 2010, y no en enero del año 2011, tal como lo señalaron las ut supra citada testigos, en consecuencia, este Tribunal conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, procede a desechar la testimonial juradas de las ciudadanas IVONNE JOSEFINA TORRES GUIJARRO y JINMARY CHIQUINQUIRÁ SUTHERLAND FEREIRA, al no concordar con los alegatos expuestos por la cónyuge solicitante. Así se determina.-

En relación con las testimoniales juradas de las ciudadanas ERICMAR SANCHEZ PINZÓN, MARYELI DEL CARMEN SEGOVIA MONTILLA y MARIBEL MEJIA, esta Sentenciadora visto que las mismas fueron contestes en sus dichos, y con los alegatos expuestos en el escrito de solicitud, conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se acoge sus declaraciones en todo su valor probatorio. Así se establece.-

Por último, esta Juzgadora en base al principio de la Comunidad de la Prueba, y por cuanto es obligación de quien decide, hacer pronunciamiento expreso sobre todos los medios probatorios insertos en actas, pasa a consecuencia a analizar las pruebas consignadas por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, anexas al escrito de solicitud, a saber:

• Copias fotostáticas simples de la cédula de identidad de los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, DANIEL SCARLET BEDOYA y DANIEL FABRICIO BEDOYA RIOS, titulares de la cédula de identidad No. 7.888.788, 8.710.130 y 20.072.763 respectivamente; y del Registro de Información Fiscal (RIF) del ciudadano DANIEL FABRICIO BEDOYA RIOS.

Este Tribunal considerando que dichas instrumentales son copias fotostáticas simples de documentos públicos administrativos, conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se les otorga valor probatorio correspondiente. Así se establece.-

• Copia certificada de acta de matrimonio No. 482 contentiva del matrimonio civil contraído por los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, el día cuatro (4) de septiembre del año mil novecientos noventa y dos (1992), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Copia certificada de partida de nacimiento No. 2059, de fecha ocho (8) de septiembre de 1992, del ciudadano DANIEL FABRICIO BEDOYA RIOS.

Como dichas instrumentales están constituidas por copias certificadas de documentos públicos, este Tribunal conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, procede a otorgarle pleno valor probatorio. Así se establece.-

IV
MOTIVOS PARA DECIDIR

En este orden de ideas, y con el propósito principal de resolver el asunto que se discute en el presente juicio, procurando una solución efectiva para el mismo, procede esta Jurisdicente a establecer las consideraciones necesarias para tal fin:

El matrimonio civil es una institución jurídica creada por el Legislador debido a que generalmente la familia -célula fundamental de la sociedad- se constituye y se desarrolla en ella. Así, el ordenamiento jurídico venezolano, ha creado un conjunto de normas tendientes a proteger la integridad de dicha institución jurídica.

En este sentido, se observa que el único acto jurídico válido que disuelve el matrimonio es el divorcio. Así tenemos, que el artículo 185 del Código Civil Venezolano, establece siete (7) causales las cuales una vez probadas en juicio, disuelven el vínculo conyugal, lo cual supone un juicio de carácter contencioso regulado en el artículo 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. No obstante, mediante sentencia No. 693 de fecha dos (2) de junio de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que “las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”

Por otra parte, en el artículo 185-A del citado código sustantivo, el legislador patrio previó otro supuesto para solicitar el divorcio, el cual está fundamentado en la ruptura prolongada de la vida en común durante el transcurso de cinco (5) años de forma ininterrumpida. En este sentido, el citado articulado establece lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se
declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”

De lo antes expuesto, se colige que uno de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo conyugal, en aquellos casos donde haya habido una ruptura prolongada de la vida en común durante el transcurso de cinco (5) años de forma ininterrumpida, por lo cual el Tribunal una vez admitida la solicitud, citará al otro cónyuge, así como al Fiscal del Ministerio Público, para que expongan lo que ha bien tengan en relación con la solicitud, el primero en el tercer (3) día de despacho siguiente a la constancia en actas de su citación, y el segundo dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su citación.

Asimismo, se estableció que si el cónyuge citado, reconoce el hecho, y el Fiscal del Ministerio Público no se opone a ello, el Juez declarará el divorcio. Sin embargo, en el último párrafo se estableció que si el cónyuge citado no comparece o al comparecer niega el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento, consecuencia la cual alude al carácter de jurisdicción voluntaria que primigeniamente que se le había dado a la solicitud de divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil.

No obstante, en relación a este punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 446 de fecha quince (15) de mayo de 2014, bajo la ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, reformó el último párrafo del mencionado articulado, quedando redactado de la siguiente manera:
“Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.

Todo lo cual permite concluir que el Máximo Tribunal reformó el procedimiento para sustanciar la petición de divorcio basado en el supuesto del artículo 185-A del Código Civil, la cual al negarse el hecho o con la no comparecencia del otro cónyuge citado, o si el Fiscal del Ministerio Público la objetara, la misma pasará a ser de carácter contencioso, aperturando así la articulación probatoria establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, a fin que las partes prueben sus afirmaciones de hecho.

En el caso de autos, se observa que la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, solicita el divorcio basado en el supuesto establecido en el artículo 185-A del Código Civil, donde una vez citado el otro cónyuge, esto es, el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, tal como se evidencia de la exposición del Alguacil del Tribunal en fecha primero (1) de febrero de 2015, este no compareció por sí, ni mediante representación judicial alguna dentro de la oportunidad legal correspondiente. Asimismo, se observa que una vez citado el Fiscal del Ministerio Público, tal como se evidencia de la exposición del Alguacil en fecha diez (10) de julio de 2015, este tampoco compareció al proceso, por lo cual hace presumir en quien decide que no existe impedimento alguno por parte de la representación fiscal para declarar el divorcio solicitado.

Ahora bien, conforme a lo antes señalado, se colige que dichos supuestos se circunscriben en aquellos establecidos en la norma objeto de estudio, tomando en consideración la modificación que sufrió el articulado con ocasión al criterio jurisprudencial antes analizado. En virtud de ello, esta Juzgadora pasa a examinar los hechos y las probanzas que rielan en autos, en los siguientes términos:

De un estudio al escrito de solicitud, se observa que la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, cónyuge solicitante, debidamente asistida por la abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, expone que en fecha cuatro (4) de septiembre del
año mil novecientos noventa y dos (1992), contrajo matrimonio civil con el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, antes identificado, por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, fijando como domicilio conyugal en un inmueble que adquirieron ubicado en el Barrio Núcleo Las Palmeras, Calle 97, No. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo del Estado Zulia, y que de esa unión procrearon un (1) hijo de nombre DANIEL FABRICIO BEDOYA RIOS, quien actualmente es mayor de edad, tal como se evidencia de la copia certificada de la partida de nacimiento No. 2059, de fecha ocho (8) de septiembre de 1992.

Asimismo, la solicitante señaló que la armonía conyugal después del matrimonio duro hasta el mes de enero del año 2010, luego por causas diversas de incomprensión que motivaron una separación y por consiguiente su unión quedó completamente rota, razón por la cual tomaron la decisión de separarse y han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, sin que haya mediado entre ellos reconciliación alguna, por lo tanto ha habido ruptura prolongada de la vida en común, fijando cada uno residencias separadas

A tales efectos, la solicitante evacuó la testimonial jurada de las ciudadanos ERICMAR SANCHEZ PINZÓN, MARYELI DEL CARMEN SEGOVIA MONTILLA y MARIBEL MEJIA, quienes declararon bajo juramento de ley sobre el hecho de la separación, al señalar que conocen a los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA, desde hace diez (10), siete (7) y doce (12) años respectivamente, que dichos cónyuges se encuentran separados desde enero del año 2010, que no ha habido reconciliación entre ellos, y que cada cónyuge vive en residencias separadas, afirmaciones las cuales coinciden con los hechos indicados por la solicitante en el escrito inicial, deposiciones a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, sobre la carga procesal de la prueba, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia antes citada y objeto de análisis estableció:
“Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir.
Ante la negativa del hecho de la separación por parte del cónyuge demandado prevista en el artículo 185-A del Código Civil, el juez que conoce la pretensión debe abrir una articulación probatoria para constatar si es cierto lo que señala el solicitante, la cual será la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante un caso de igual naturaleza: la petición de conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 765 prevé que si citado el cónyuge que no solicitó la conversión, éste alegare reconciliación, se abrirá la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que se pruebe la reconciliación, habiendo quedado ya probada la suspensión de la vida en común con el decreto judicial que autoriza la separación de cuerpos.
Por ello, no encuentra esta Sala ninguna razón para que una articulación probatoria similar no sea ordenada, para probar la separación de hecho, si al aplicarse el artículo 185-A del Código Civil, el cónyuge demandado (quien no solicitó el divorcio) no compareciere, o se limite a negar los hechos, o el Ministerio Público objete la solicitud. La diferencia es que en el caso de la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, la carga de la prueba de la reconciliación la tiene quien la invocó, y en el caso del mencionado artículo 185-A, la carga de la prueba de la separación de hecho prolongada la tiene quien solicita el divorcio. Debe
advertir la Sala, que la interpretación del artículo 185- A del Código Civil, en razón de la actual Constitución (artículo 77), del desarrollo de la personalidad, de la expresión del libre consentimiento, que se ha manifestado por aquel (cónyuge) quien suspendió la vida conyugal por un tiempo que el legislador lo consideró suficiente, no puede ser otra que ante la no comparecencia del otro cónyuge o la negativa por éste de los hechos, o la objeción del Ministerio Público, por tratarse de una negativa u objeción a los hechos (negativa que está involucrada en la no comparecencia del cónyuge de quien solicitó el divorcio), resulta absurdo interpretar que los hechos afirmados no los puede probar quien los alega. Es un principio de derecho que cuando se alegan hechos, ellos tienen que ser objeto de prueba, ya que ésta tiene como fin primordial y material constatarlos; y el artículo 185-A, plantea la negativa del hecho alegado por el solicitante del divorcio, quien, ante tal negativa, debe probar que no existe tal separación.”
…omissis…
Constata esta Sala a través de las sentencias cuyo examen de la constitucionalidad vía revisión aquí se analiza, que el fundamento a través del cual el ya identificado Juzgado de Municipio habilitó la apertura de la mencionada articulación probatoria, radicó en que la cónyuge citada en el proceso de divorcio negó el hecho principal objeto del proceso (es decir, negó la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges, por un lapso mayor a cinco años). Pues bien, situaciones como las aquí analizadas donde se formulan afirmaciones negativas de hechos definidos y concretos, no escapan igualmente de la necesaria actividad probatoria, puesto que la sola circunstancia de ser un hecho negativo, no dispensa de su prueba a quien lo alega; en otras palabras, al encontrarnos en presencia de alegaciones negativas definidas, su prueba es perfectamente factible.” (Subrayado del Tribunal)

De lo antes transcrito, se colige que en principio la carga de la prueba solo recae sobre el cónyuge solicitante, cuando el cónyuge citado no compareciere o la solicitud es objetada por el Fiscal del Ministerio Público; no obstante, si el cónyuge citado comparece al proceso, y dentro de la oportunidad legal correspondiente contradice los hechos expuestos en la solicitud, fundamentado en alegaciones negativas definidas, cuya prueba es perfectamente factible, la carga de la prueba recaería sobre este en relación con los hechos alegados, y sobre el solicitante en relación con los hechos fundamento de su solicitud.

En el caso de autos, se observa que el ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, una vez citado, no compareció al proceso, por lo cual la carga de la prueba recae sobre la cónyuge solicitante a tenor del criterio jurisprudencial antes señalado, en concatenación con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que reza: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho…”

En este sentido, se observa que la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES, a través de las deposiciones de las testigos logró demostrar su afirmación de hecho, circunscrita al supuesto establecido en el artículo 185-A del Código Civil, representado por la ruptura prolongada de la vida en común con su cónyuge ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, durante el transcurso de más de cinco (5) años de forma ininterrumpida; en consecuencia, esta Juzgadora conforme a la norma objeto de estudio, así como el criterio jurisprudencial antes esbozado procede a declarar CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO fundamentada en el supuesto establecido en el artículo 185-A del Código Civil, peticionada por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES. Así se decide.-

En virtud de lo antes expuesto, SE DISUELVE EL VÍNCULO CONYUGAL contraído por los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, el día el día cuatro (4) de septiembre del año mil novecientos noventa y dos (1992), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal como se evidencia de la copia certificada de acta de matrimonio No. 482. Así se decide.-

V
DISPOSITIVO

Este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO fundamentada en el supuesto establecido en el artículo 185-A del Código Civil, peticionada por la ciudadana MARIA DEL VALLE RIOS MORALES.

SEGUNDO: SE DISUELVE EL VÍNCULO CONYUGAL contraído por los ciudadanos MARIA DEL VALLE RIOS MORALES y DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, el día cuatro (4) de septiembre del año mi novecientos noventa y dos (1992), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal como se evidencia de la copia certificada de acta de matrimonio No. 482.

TERCERO: Se condena en costas al ciudadano DANIEL SCARLET BEDOYA MORENO, de conformidad con el establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho de este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y JESÚS ENRIQUE LOSSADA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los once (11) días del mes de agosto del año dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA,

Abog. AURIVETH MELÉNDEZ
LA SECRETARIA TEMPORAL

Abog. MARISOL PAZ ARAUJO

En la misma fecha, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.), se publicó la anterior sentencia definitiva en la solicitud No. 2548.-
LA SECRETARIA TEMPORAL

Abog. MARISOL PAZ ARAUJO