Exp. 48.888 JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 12 de noviembre de 2015 205° y 156° Presentada la anterior ampliación, constante de dos (2) folios útiles. Désele entrada y agréguese a las actas. Cursa en el expediente, auto de admisión de la demanda, del juicio que por NULIDAD DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO, formalizó el ciudadano OLIMPIADES CLEMENTE MORALES PÉREZ, plenamente identificado en actas, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano HILMEN ELI REDONDO PERNIA, en contra de la ciudadana YULEIMA CAROLINA SALON CARLIS, también identificada en autos, donde solicita sea decretada medida de secuestro sobre el bien mueble objeto de la presente controversia, constituido por un vehiculo marca: chevrolet, placas: FBI75W, serial de carrocería: 8Z1TJ62695V3546632, serial del motor: 95V354632, modelo: Aveo, año: 2005, color: Azul, motivo por el cual, este Tribunal establece las siguientes consideraciones: Por criterio reiterado, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha asentado lo que a continuación se reproduce: “Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada”. Ahora bien, según lo planteado por el sistema dispositivo, recae sobre las partes a lo largo del desenvolvimiento del proceso, la obligación de identificar señalar y determinar los hechos y elementos alegados que a bien tengan, con el fin de lograr la pretensión incoada con arreglo a lo establecido en la Ley. En tal sentido se ha determinado la obligación para el solicitante de una medida cautelar de allegar a las actas procesales pruebas fehacientes de los requisitos preceptuados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a fin de obtener la medida precautelativa solicitada. En consecuencia, siendo que la solicitud cautelar en cuestión fue accionada conforme a lo dispuesto en el Artículo 599 del Código de Procedimiento Civil y observando esta Juzgadora que no consta en actas pruebas fehacientes de los presupuestos de la vía de causalidad, dispuestos en el referito artículo 585 ejusdem; ESTE JUZGADO TERCER DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, NIEGA la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte actora, de conformidad con lo ut supra explicitado. ASI SE DECIDE.- Sin embargo, se le hace saber a la parte interesada, que el Tribunal podrá decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado de la causa, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.- LA JUEZA Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO LA SECRETARIA Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ En la misma fecha quedo anotado bajo el N° 384-2015. LA SECRETARIA Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ