REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, diez (10) de abril de 2015
204º y 156º
ASUNTO: VP01-L-2015-000488
PARTE DEMANDANTE: FABIOLA RESTREPO, quien es, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 18.516.461.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: GABRIELA RINCÓN, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 233.763.
PARTE DEMANDADA: CORPORACIÓN E.S.P VENEZUELA, C.A., originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en fecha 3 de noviembre de 1994, bajo el nro. 52, Tomo 179-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: MAYBELLINE MELENDEZ, JOSELYN DÍAZ, STEPHANY HUYKE OREE, FRANCISCO URDANETA ANDRANDE y CESAR HERNÁNDEZ BONEZZI, abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 123.023, 183.515, 203.882, 210.635 y 224.223, respectivamente.
MOTIVO: Indemnizaciones por enfermedad ocupacional, prestaciones sociales y demás conceptos laborales.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA: Homologación de Transacción en fase de sustanciación.
Antecedentes procesales
En fecha 26 de marzo de 2015, la ciudadana FABIOLA RESTREPO, quien es, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 18.516.461, asistida por la abogada Gabriel Rincón, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 233.763, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral de Maracaibo (URDD), demanda contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN E.S.P VENEZUELA, C.A., demandando un monto total de bolívares 270 mil 706 con 32/100 céntimos, por concepto de indemnización por responsabilidad subjetiva de conformidad con el numeral 5, del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, indemnización por daño moral, prestaciones sociales, pago de días de descanso, feriados y horas extras y otros conceptos, más la indexación, las costas y gastos del juicio, en virtud de la relación de trabajo que a su decir, la unió con la demandada, desde el 16 de agosto de 2010 al 17 de marzo de 2015, siendo el motivo de su egreso la renuncia.
En fecha 30 de marzo de 2015, este Tribunal se abstuvo de admitir la demanda, por no llenarse en el mismo los requisitos establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que se le ordenó a la parte demandante a subsanar la demanda, cumpliendo con la debida subsanación en fecha 7 de abril de 2015, en consecuencia, se procedió a admitir la demanda en la misma fecha, librándose el correspondiente cartel de notificación a la parte demandada.
Ahora bien, de las actas se evidencia, que en la misma fecha, las partes intervinientes en la presente causa, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Laboral de Maracaibo, transacción laboral, constante de ocho (8) folios útiles y anexos en un (1) folio útil, asimismo, fue consignado en siete (7) folios útiles, documento poder correspondiente a la parte demandada, a los fines de demostrar su representación judicial, siendo recibido por este Juzgado mediante auto de fecha 8 de abril de 2015, y la cual se da por reproducida íntegramente en este acto, mediante dicha transacción judicial laboral, la parte demandada manifiesta no estar de acuerdo con los alegatos de la parte actora en el escrito de demanda, pues considera que nada se le adeuda en cuanto a la supuesta responsabilidad subjetiva y demás indemnizaciones reclamadas por la supuesta enfermedad ocupacional de la demandante, igualmente, manifestó no estar de acuerdo con el reclamo efectuado por prestaciones sociales y otros conceptos laborales, ya que a su decir, nada se le adeuda al respecto, no obstante, ambas partes con la finalidad de dar por terminado el procedimiento y de precaver o evitar cualquier actual o futuro reclamo o litigio en Venezuela y/o en cualquier otro país relacionado con la relación de servicios de cualquier índole que existió entre la demandante y la demandada, haciéndose recíprocas concesiones convienen en fijar un arreglo por la cantidad de bolívares 195 mil 340 con 69/100 céntimos correspondiente a la demandante, que resulta aceptable para las partes como arreglo total y definitivo de todos y cada uno de los conceptos y cantidades demandadas en el presente juicio. Que a la anterior cantidad se le deduce lo ya pagado por la demandada en su propio nombre y beneficio y en beneficio liberatorio de las compañías relacionadas, mediante la entrega a la demandante de un cheque, identificado con el nro. 70173737, emitido por el Banco Mercantil, por la cantidad de bolívares 107 mil 470 con 69/100 céntimos, pago recibido por la demandante a su entera y cabal satisfacción, anexándose a la transacción copia simple del cheque debidamente firmado por la demandante, conjuntamente con sus huellas dactilares. Por lo tanto, la demandada y la demandante acuerdan además, el pago del remanente de bolívares 87 mil 600 con 00/100 céntimos, a través de una transferencia bancaria desde una cuenta de la demandada situada en el exterior del país a una cuenta de la demandante, situada igualmente en el exterior del país, cuyos datos fueron provistos a la demandada de forma privada, equivalente a la cantidad de siete mil trescientos dólares americanos (US$ 7.300,00), calculada a la tasa de cambio oficial de Bs. 12,00 por USD, tasa que resulta favorable para la demandante. Finalmente, las partes solicitan a este Juzgado, la respectiva Homologación de la referida Transacción Laboral celebrada, a fin de que se efectúe su pase como autoridad de cosa juzgada y se ordene el archivo definitivo de este expediente.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juez laboral debe tomar en consideración a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje; y al mismo tiempo velar por la no violación de los derechos irrenunciables del trabajador.
Así pues, corresponde a este Tribunal, verificar los términos del convenio realizado entre las partes en la presente causa a la luz de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, con el fin de otorgarle validez al acto jurídico, asegurando su firmeza, certeza jurídica y declarando el carácter de cosa juzgada.
En ese sentido, la disposición contenida en el numeral 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé la posibilidad de celebrar transacciones y convenimientos al término de la relación de trabajo, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley; posibilidad ésta que es admitida en determinadas circunstancias de tiempo, lugar y modo, no obstante que la referida norma constitucional consagra un principio fundamental del derecho laboral, como lo es el de la irrenunciabilidad de derechos.
Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en el artículo 19, además de ratificar el mencionado principio de irrenunciabilidad, por delegación del texto constitucional determina los requisitos, de insoslayable cumplimiento, para el supuesto que los trabajadores dispongan de algunos de sus derechos a través de la fórmula de autocomposición procesal, en el caso específico, de la transacción.
En efecto, dispone el artículo 19 eiusdem:
“En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos”.
En ese sentido, los artículos 9 (literal b), 10 y 11 (parágrafo primero) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen:
Artículo 9. Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la legislación laboral, los siguientes:
(Omissis)
b) Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cualquiera fuere su fuente. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley y los reglamentos.
Artículo 10. De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.
Artículo 11. La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.
En el orden sub legal y en armonía con los preceptos constitucionales y legales, el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 9, dispone:
Artículo 9. Sólo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo siempre que:
1. Cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
2. Verse sobre las condiciones y oportunidad de pago de los derechos litigiosos o discutidos.
3. El monto estipulado para pagar al trabajador o a la trabajadora sea, como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto.
4. Conste por escrito.
5. Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive y de los derechos en ella comprendidos.
El Inspector o la Inspectora del Trabajo competente podrá homologar las propuestas de transacción que cumplan todos los requisitos exigidos en el presente artículo, para lo cual deberá cerciorarse que el trabajador o la trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno y, deberá solicitar y recibir el informe pericial correspondiente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
(Omissis).
No será estimada como transacción laboral aquellas que no cumplan con los requisitos exigidos en el presente artículo, aun cuando el trabajador o la trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o la trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.
De las normas anteriormente transcritas, se evidencia que para que una transacción tenga validez en los casos de accidentes o enfermedades ocupacionales, deben operar los siguientes elementos concurrentes: que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos por las partes, que consten por escrito, no afectándose derechos o intereses de terceros; debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos, debe garantizar el principio de irrenunabilidad de los derechos del trabajador; por lo que en atención a estos postulados, el operador de justicia a la hora de homologar una transacción debe examinar que el trabajador actúe de forma voluntaria y no se encuentre actuando bajo constreñimiento alguno; y que se encuentre debidamente representado o en su defecto asistido por un abogado.
Así pues, del articulado anterior se desprende también, que si bien el trabajo como hecho social, goza de la absoluta protección del Estado en sujeción al principio de irrenunciabilidad, el ordenamiento jurídico acepta la posibilidad de disposición de algunos derechos por el trabajador mediante un acto jurídico o contrato bilateral como lo es la transacción, sometido siempre a rigurosos requisitos que garanticen el cumplimiento del principio en referencia.
Lo expuesto adquiere especial relevancia en el caso concreto que se analiza, toda vez, que del acuerdo de voluntades expresado en la transacción se aprecia notoriamente la intención inequívoca de poner fin al litigio originado por el cobro de indemnizaciones por enfermedad ocupacional, prestaciones sociales y demás beneficios laborales, mediante la fórmula de autocomposición procesal.
Ahora bien, examinados como fueron los términos al cual llegaron las partes, se evidencia que la demandante, actuó, con la asistencia de abogado, cumpliéndose con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso, evidenciándose además la facultad que ostenta la representación judicial de la parte demandada de transigir, tal como consta al vuelto del folio 38 del expediente, en consecuencia, por cuanto el acuerdo celebrado entre las partes se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a su motivación, para dar fin al juicio, y derechos comprendidos, se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso, y el pase en autoridad de cosa juzgada, concluyendo así el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos, sin que exista condenatoria en costas para las partes. Así se decide.
DISPOSITIVO
En virtud de lo precedentemente expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia y por autoridad de la Ley: 1. HOMOLOGA la transacción celebrada entre la ciudadana FABIOLA RESTREPO y la sociedad mercantil CORPORACIÓN E.S.P VENEZUELA, C.A., en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada, dándose por terminado el presente procedimiento, ordenándose el archivo definitivo del expediente. 2. De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.
De igual manera se ordena expedir copia certificada de esta sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil, el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 21 numeral 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y archívese.-
Dada, sellada y firmada en la sede del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo estado Zulia, a los diez (10) días del mes de abril de 2015. Años 204º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZ
JENNIFER LOZE AZRAK
LA SECRETARIA
ANGÉLICA FERNÁNDEZ
Publicada en el mismo día de su fecha, siendo la una y cincuenta y tres minutos de la tarde (1:53 pm), quedando registrada bajo el número PJ0102015000059.
LA SECRETARIA
ANGÉLICA FERNÁNDEZ
JLA/Exp. VP01-L-2015-000488.-
270.706,32/195.340,69
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