TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 08 de Septiembre de 2014
204° y 155°

CAUSA No. 7C-30339-14 DECISIÓN No. 1348-14

Visto la solicitud presentada por el profesional del Derecho ROSA GONZALEZ, Abogado en Ejercicio de este domicilio, procediendo con el carácter de Defensa de los imputados RAFAEL ANGEL MUÑOZ SOLORZANO Y RUSVEL EDUARDO GONZALEZ VILLASMIL, mediante la cual solicita el examen y revisión de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de su defendido, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal, para que le sea concedida una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad; este Tribunal Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, para resolver lo planteado hace las siguientes consideraciones:

Consta en actas, que en fecha 02 de Julio de 2014, los ciudadanos RAFAEL ANGEL MUÑOZ SOLORZANO Y RUSVEL EDUARDO GONZALEZ VILLASMIL, fueron presentado por la Fiscalía adscrita a la sala de flagrancia, ante este Tribunal de Control, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, y USO DE FACSIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Control de Armas y Municiones delitos cometidos en perjuicio de la ciudadana MARIA ANGELA BADELL ESCALONA; para quien solicitó el decreto de Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y en la misma fecha, este Juzgado de Control decretó en su contra dicha medida de coerción personal por encontrarse cubiertos los presupuestos de Ley.
Es el caso que para el presente, nos encontramos en la etapa incipiente, donde las partes, esto es, el Ministerio Publico y la defensa, se encuentran en la etapa de investigación, recabando los elementos de convicción que sirvan para culpar o inculpar a los ciudadanos imputados en la presente causa.-
En este sentido es menester dejar por sentado que no existe duda alguna, que el Código Orgánico Procesal Penal es un texto normativo congruente con principios y garantías consagrado en Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, donde se protegen los derechos inherentes a la persona humana, garantizando así a todas las partes que intervienen en el proceso penal, el respeto a sus derechos, haciendo especial énfasis en el Principio de Presunción de Inocencia y Afirmación de libertad, principios que conjuntamente con la finalidad del Proceso constituyen los pilares fundamentales que el Juzgador ha de tener en cuenta al momento de considerar pertinente aplicar la excepción a éste principio procesal, de tal suerte que resulte proporcional al hecho punible.
De igual forma se observa en el articulo 230 del referido Código establece el principio de Proporcionalidad que a la letra dice “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta parezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción posible.”. De la norma transcrita se desprende que la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad debe guardar estrecha relación con la gravedad del delito que se imputa y en el caso en estudio los delitos son de extrema gravedad y de repercusión social, ya que el bien jurídico que se protege es la propiedad, por lo que en el presente caso la medida acordada es proporcional a los delitos imputados.

En este orden y dirección se colige, que de actas se conoce que los delitos por los cuales se presento formalmente ante este Tribunal, a los imputados RAFAEL ANGEL MUÑOZ SOLORZANO Y RUSVEL EDUARDO GONZALEZ VILLASMIL, plenamente identificados en actas, son los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, y USO DE FACSIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Control de Armas y Municiones delitos cometidos en perjuicio de la ciudadana MARIA ANGELA BADELL ESCALONA, delitos estos que se sancionan con pena privativa de libertad, cuya pena excede en su limite máximo de diez (10) años, observando esta Juzgadora que los elementos de convicción tomados en cuenta para dictar la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad no han variado, tratándose de un delito contra la propiedad, dicha circunstancia no necesariamente debe ser tomada en cuenta como prueba determinante para eximir de responsabilidad al hoy imputado en la comisión de los delitos in commento, máxime considerando las circunstancias en las cuales resultaron aprehendidos en el presente caso, siendo -a juicio de quien decide-, la propia investigación la que determinará si la responsabilidad de los hoy imputados se encuentran o no comprometida en la ejecución de los mencionados delitos, siendo contradictorio emitir opinión distinta estando la presente causa en fase incipiente de investigación.
En este mismo orden y dirección, nos encontramos reiterada jurisprudencia relacionada con las diligencias de investigación, tales como: Sala Constitucional de fecha 02/04/2009, con ponencia de la Dra. Carmen Zuleta De Merchán:
“…Así entonces, el fundamento de la decisión adversada en amparo fue que el reconocimiento en rueda de personas prima facie no causa gravamen irreparable, puesto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal, es una diligencia de investigación penal solicitada por el Ministerio Público en tanto titular de la acción penal, y de cuyo resultado dependerá el fundamento del acto conclusivo de la investigación, para dar paso a la fase intermedia en la cual se determinará la procedencia de la acusación presentada, si fuere el caso.
De la Sala Constitucional de fecha 27/04/2007, con ponencia de la Dra. Luisa Estella Morales Lamuño:
“…Así, debe aclarar esta Sala, tal como lo expresó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en la sentencia cuya apelación se conoce en esta oportunidad, que contrario a lo sostenido por el defensor de los accionantes en su escrito de amparo –cuyo error en tal sentido reconocieron en el escrito de fundamentación a la apelación-, las diversas diligencias de investigación practicadas durante la fase preparatoria, no son auténticos actos de prueba como erradamente lo afirma la parte actora al referirse que ellos son “pruebas” y, por ende, sugiere habérsele limitado su derecho a probar.
En efecto, tales diligencias de investigación, también impropiamente conocidas como diligencias probatorias, se practican sin el control y contradicción de las partes, y sin la presencia del juez que dictará decisión sobre el mérito de la causa, de allí que, no son auténticas “pruebas”, y sólo sirven para fundamentar un acto conclusivo dictado por la representación fiscal, sea acusatorio, de sobreseimiento o de archivo fiscal, salvo que hayan sido practicadas por conducto del artículo 307 eiusdem, caso en el cual, las partes ejercerán el pleno control y contradicción tanto de la admisión como de la práctica del medio de prueba, siendo así un legítimo acto de prueba… omisis” (Negrillas del transcriptor).

Por lo expuesto esta Juzgadora considera procedente en derecho mantener LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos imputados 1.-RAFAEL ANGEL MUÑOZ SOLORZANO, Nacionalidad:venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 22.124.508, estado civil concubino, Profesión u Oficio albañil, hijo de Felipe Muñoz y Marina Solorzano, Residenciado en: Barrio Limpia Norte, calle 159C, casa nro. 44-18, a una cuadra del Abasto Bv, Telf. 0414-688.73.13 (padre) y 2.- RUSVEL EDUARDO GONZALEZ VILLASMIL, nacionalidad: venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 17.684.651, estado civil soltero, Profesión u Oficio albañil, hijo de Rusvel Gonzalez y María de Gonzalez, Residenciado en: San Fracisco Sector Limpia Norte, calle 159, casa 44-58, a 100 mts del Abasto Chichongo, Telf. 0426-467.01.54, acordada por este Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretada en fecha 02 de Julio de 2014, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, y USO DE FACSIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Control de Armas y Municiones delitos cometidos en perjuicio de la ciudadana MARIA ANGELA BADELL ESCALONA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Así declara.-

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEPTIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, ACUERDA DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA Y MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos imputados 1.-RAFAEL ANGEL MUÑOZ SOLORZANO, Nacionalidad:venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 22.124.508, estado civil concubino, Profesión u Oficio albañil, hijo de Felipe Muñoz y Marina Solorzano, Residenciado en: Barrio Limpia Norte, calle 159C, casa nro. 44-18, a una cuadra del Abasto Bv, Telf. 0414-688.73.13 (padre) y 2.- RUSVEL EDUARDO GONZALEZ VILLASMIL, nacionalidad: venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 17.684.651, estado civil soltero, Profesión u Oficio albañil, hijo de Rusvel Gonzalez y María de Gonzalez, Residenciado en: San Fracisco Sector Limpia Norte, calle 159, casa 44-58, a 100 mts del Abasto Chichongo, Telf. 0426-467.01.54, acordada por este Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretada en fecha 02 de Agosto de 2014, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, y USO DE FACSIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Control de Armas y Municiones delitos cometidos en perjuicio de la ciudadana MARIA ANGELA BADELL ESCALONA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Regístrese y publíquese.
LA JUEZ SEPTIMA DE CONTROL.

DRA. PATRICIA NAVA QUINTERO

EL SECRETARIO,

ABOG. DIEGO RIERA LUQUEZ

En la misma fecha se registro la presente Resolución bajo el N° 7C-01348-14 en el Libro de Registro de Resoluciones llevado por este Tribunal de Control durante el presente año.
EL SECRETARIO,

ABG. DIEGO RIERA

7C-30339-14