REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, seis (06) de noviembre del año dos mil catorce (2014)
204º y 155º

ASUNTO No: VP01-L-2012-001196

DEMANDANTE: JOSE CACERES, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 9.131.820, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADOS JUDICIALES: JANNY GODOY, YETSY URRIBARRI, ANA RODRIGUEZ, BENITO VALECILLOS, ARLY PEREZ, EDELYS ROMERO, ANDRES VENTURA, KAREN RODRIGUEZ, ODALIS CORCHO, GLENNYS URDANETA, KARIN AGUILAR, JUDITH ORTIZ, ADRIANA SANCHEZ, JACKELINE BLANCO, MARIA GABRIELA RENDON, CARLOS DEL PINO y PATRICIA SANCHEZ, Abogados en ejercicio actuando con el carácter de Procuradores de Trabajadores del Estado Zulia, debidamente inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nº 67.714, 105.484, 51.965, 96.874, 105.261, 112.536, 112.275, 122.436, 123.750, 105.871, 98.646, 109.506, 116.517, 98.061, 117.078, 103.094, 126.431 y 114.708, respectivamente.

DEMANDADA: GRUPO AGROINDUSTRIAL LA MENSURA, C.A., (GAIMECA) Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de febrero de 2003, bajo el No. 45, Tomo 3-A.

APODERADOS JUDICIALES: DENNIS CARDOZO, ELIZABETH URDANETA, NIRVA HERNANDEZ, VARINIA HERNANDEZ, JOSE LORETO RIVAS, GREGORIO GUTIERREZ y MANUEL SALVADOR, Abogados inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nº 25.308, 82.963, 22.894, 83.172, 16.520, 142.923 y 25.918, respectivamente.

MOTIVO: Prestaciones sociales y otros conceptos laborales.


ANTECEDENTES PROCESALES

En fecha 08 de junio de 2012, acude el ciudadano JOSE CACERES, debidamente asistido por la Procuradora de Trabajadores JANNY GODOY, ambos previamente identificados, e interpuso demanda en contra de la Sociedad Mercantil GRUPO AGROINDUSTRIAL LA MENSURA, C.A., (GAIMECA); con el objeto de que les fueran canceladas sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales.

En efecto, la presente cause le correspondió mediante distribución al Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien en fecha 06 de julio de 2012 el Tribunal procedió a admitir la demanda ordenando las notificaciones correspondientes, a los fines de que tuviera lugar la Audiencia Preliminar. Una vez cumplidos los lapsos procesales, se llevó a cabo la audiencia preliminar en fecha 22 de abril de 2013, a la cual comparecieron ambas partes con su representación judicial dándose así inicio a la audiencia, la cual fue prolongada en varias oportunidades hasta el día 27 de enero de 2014, fecha en la cual por no poder llegarse a un arreglo, se dio por concluida la Audiencia Preliminar y se ordenó incorporar las pruebas al expediente, a los fines de su admisión y evacuación por ante el Juez de Juicio.

En fecha 03 de febrero de 2014, el Tribunal dejó constancia que la parte demandada dio contestación a la demanda; por lo que se ordenó la remisión de la causa al Tribunal de Juicio, que por distribución le correspondió a éste TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; por lo que en fecha 10 de febrero de 2014, se dio por recibido el mismo y se admitieron las pruebas el día 14 de febrero de 2014, fijándose la celebración de la audiencia en varias oportunidades, debido a que la misma fue suspendida por las partes.

Ahora bien, en la fecha pautada para llevar a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y pública, la Jueza que preside este Tribunal actuando como Jueza Social, instó a las partes a un acuerdo conciliatorio; siendo así, y estando presente el ciudadano JOSE CACERES, debidamente representado por la abogada EDELYS ROMERO; y por otra parte, la demandada Sociedad Mercantil GRUPO AGRO INDUSTRIAL LA MENSURA, C.A (GAIMECA), representada por el Abogado JOSE LORETTO, todos previamente identificados en las actas procesales. En éste estado, las partes manifestaron haber llegado a un acuerdo por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 65.000,00), la cual se ofrece a cancelar en único pago en la misma fecha, a saber, cinco (05) de noviembre del presente año, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial Laboral, mediante cheque del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (BOD) No. 07000026 de esta misma fecha, a nombre del ciudadano JOSE CACERES.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En consecuencia, estando dentro del lapso para exponer los fundamentos de la presente homologación, ésta Juzgadora lo hace en los siguientes términos:

La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, tal como lo establece el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La Ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.

En efecto, la consagración Constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos, obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses.

En éste sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 6, le otorga la facultad al juez para aplicar los medios alternativos de resolución de conflictos, se cita:

Artículo 6: El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento (…) (Resaltado del Tribunal).

Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la doctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al Juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, se ha establecido que la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los Jueces laborales deben actuar en procura de ello, y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche, quien señala:

“En nuestro proceso laboral la mediación la realiza el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución…En ningún caso el juez-mediador puede adelantar opinión sobre lo principal del pleito ni comprometer su autonomía judicial, respecto al contenido de su decisión. Este riesgo no existe en la audiencia preliminar, pues es el juez mediador no tiene potestad decisoria alguna, correspondiéndole al juez de juicio la resolución de la causa. Sin embargo, nada obsta para que éste último o el juez superior o la misma Sala de Casación procure un avenimiento mediando entre las partes, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil: <>” (Henríquez La Roche, R. “El nuevo proceso laboral”. p. 358) (Resaltado del Tribunal).

Por lo tanto, en cualquier instancia o grado del proceso, e incluso antes de que exista Sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, y debe ser el Juez el que inste a un acuerdo entre ellas, luego de verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.

Por otro lado, considera necesario ésta Sentenciadora señalar que de conformidad con el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, con la excepción que la relación de trabajo haya concluido, en cuyo caso es posible la transacción o convenimiento; el citado artículo señala:

“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores”
PARÁGRAFO ÚNICO: “La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada” (Resaltado del Tribunal).

A su vez, es preciso señalar el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

“La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno (…)” (Resaltado del Tribunal).

Ahora bien, considera ésta Juzgadora que las partes en el proceso han cumplido con los requisitos de los Medios de Auto-composición Procesal, consagrados en el articulo 1.713 del Código Civil, donde establece los tres presupuestos procesales que son: 1) La existencia de un contrato de recíprocas concesiones. 2) La finalidad de terminar un litigio. 3) y la renuncia de las actuaciones en el proceso. Asimismo, constata éste Tribunal que existe una expresión de voluntad de mutuo consentimiento sin constreñimiento, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (2012) y los artículos 10 y 11 de su Reglamento, donde se establecen que son derechos irrenunciables.

Por lo que, siendo que en el presente caso se realizó un acuerdo conciliatorio como forma de Auto-composición procesal, acordando la demandada Sociedad Mercantil GRUPO AGRO INDUSTRIAL LA MENSURA, C.A (GAIMECA), la cancelación a el ciudadano JOSE CACERES, por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 65.000,00), la cual se ofrece a cancelar en único pago en la misma fecha, a saber, cinco (05) de noviembre del presente año, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial Laboral, mediante cheque del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (BOD) No. 07000026 de esta misma fecha, a nombre del ciudadano JOSE CACERES.

De ésta manera, se observa que llenados y cumplidos como han sido los extremos de Ley, éste Tribunal procede a HOMOLOGAR Y A DARLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA A LA CONCILIACIÓN CELEBRADA LIBREMENTE POR LAS PARTES. Así se decide.-

DISPOSITIVO

En virtud de lo expuesto, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara:

PRIMERO: SE HOMOLOGA el acuerdo celebrado en el juicio que sigue el ciudadano JOSE CACERES, en contra de la Sociedad Mercantil GRUPO AGRO INDUSTRIAL LA MENSURA, C.A (GAIMECA), todos plenamente identificados en las actas procesales, otorgándole el carácter de COSA JUZGADA.

SEGUNDO: Se ordena el archivo definitivo del expediente, toda vez que consta en actas el cumplimiento de la obligación contraída.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en costas dada la naturaleza del presente fallo.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría. Dada, firmada y sellada en la Sede del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los seis (06) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA JUEZA,

Abg. IVETTE ZABALA SALAZAR

LA SECRETARIA,


Abg. ALYMAR RUZA



En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 a.m.).


LA SECRETARIA,


Abg. ALYMAR RUZA