REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014)
204° y 155°
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE SOLICITANTE.
PARTE SOLICITANTE: MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nro. V-1.876.274 y con domicilio en el Distrito Capital.
APODERADA JUDICIAL: MARÍA ISABEL DE LA GUADALUPE MARCANO TORRES, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.225.849, e inscrita en el Inpreabogado con el Nro.35.263.
MOTIVO: Solicitud de Medida Autónoma de Protección a la Producción Agroalimentaria, a la Biodiversidad y al Ambiente.
-II-
NARRATIVA
En fecha veintiocho (28) de abril del año en curso, la profesional del derecho MARÍA ISABEL DE LA GUADALUPE MARCANO TORRES, ya identificada, actuando en representación de la ciudadana MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, plenamente identificada en las actas procesales, se presentó ante este despacho y mediante escrito solicitó Inspección Judicial, sobre los predios del fundo agropecuario denominado “LA TRINIDAD”, ubicado en jurisdicción del Municipio Francisco Javier Pulgar.
En fecha veintiocho (28) de abril del año en curso, este Tribunal, le dió entrada y curso de ley a la referida solicitud, fijando su traslado para el día dos (02) de mayo del año en curso.
En fecha dos (02) de mayo del año en curso, este Tribunal procedió a trasladarse, a los fines de practicar la Inspección Judicial, de conformidad con el auto que antecede, y dejar constancia sobre los particulares solicitados. En esta misma fecha, se dejó constancia en acta, que la abogada en ejercicio MARÍA ISABEL DE LA GUADALUPE MARCANO TORRES, ya identificada, actuando en representación de la ciudadana MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, plenamente identificada en las actas procesales, solicitó en el transcurso de la Inspección que se llevaba a cabo Medida de Protección a la Producción Agroalimentaria, a la Biodiversidad y al Ambiente.
En fecha veintisiete (27) del mes y año en curso, este Tribunal, mediante auto, ordenó la apertura de la correspondiente pieza de medida, y dejó constancia que resolvería la solicitud de medida en auto por separado.
Fin de las actuaciones.
Ahora bien, la solicitud de medida esta dirigida a ser decretada o no, sobre los predios del Fundo denominado “LA TRINIDAD”, la cual abarca un área de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO HECTÁREAS CON MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (458Has con 1.767 Mts²), ubicado en la Parroquia Simón Rodríguez, del Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, la cual se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Mejoras que son o fueron de Cesar Pérez y Otto Medina; SUR: Hacienda Monte Llano, con camellón intermedio; ESTE: Mejoras que son o fueron de Luis Meza y Cesar Pérez, Hacienda Monte Llano y; OESTE: Mejoras que son o fueron de Sres. Otto Molina, Pisan y camellón, según Carta de Inscripción en el Registro de Predios bajo el Nro. 052306020013 del Instituto Nacional de Tierras, Oficina Regional Sur del Lago del estado Zulia.
-III-
DE LAS PRUEBAS
Este Tribunal de seguidas pasa a analizar las pruebas aportadas por la parte solicitante bajo un juicio de verosimilitud, en los siguientes términos:
PRUEBAS DOCUMENTALES:
1. Copia Simple del Titulo de Adjudicación, registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, en fecha catorce (14) de enero del 2005, quedando inserto bajo el N° 40, Tomo 3, Protocolo Primero.
2. Copia Simple del levantamiento Topográfico del Fundo Agropecuario denominado “LA TRINIDAD” emitido por el Instituto Nacional de Tierras Coordinación Sur del Lago.
3. Copia Simple de la Carta de Inscripción en el Registro de Predios, bajo el Nro. 052306020013 correspondiente al Fundo Agropecuario denominado “LA TRINIDAD” expedido por el Instituto Nacional de Tierras, Coordinación Sur del Lago.
4. Copias Simples de guías de movilización Nro. 114010028547, 114010031607
5. Copia Simple del Plan sanitario 2014
6. Copia Simple de facturas Nos. 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0918, 0919, 0920 y 0921
7. Copia Simple relación de ventas, de enero, febrero, marzo-2014
8. Copia Simple de nomina de personal.
Pues bien, este Tribunal bajo un juicio de verosimilitud, admite las documentales promovidas por guardar estrecha relación con el objeto solicitado, dejando su apreciación en la sentencia definitiva de convalidación.-Así se decide,
-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, este Juzgador, estando dentro de la oportunidad procesal para emitir el fallo en razón de lo solicitado, hace las siguientes consideraciones:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305 establece la obligación del Estado de proteger y tutelar la Producción Agroalimentaria de nación de la siguiente manera:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
En este orden de ideas, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 196, continúa el lineamiento anterior, y mantiene la uniformidad del ordenamiento legal, estableciendo la necesidad de protección por parte del Estado para evitar que la producción Agroalimentaria se desmejore y lo expresa de la siguiente manera:
“El Juez o Jueza Agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el Juez o Jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”
Con el articulo anterior se pone en manifiesto el espíritu del legislador de dar amplias facultades al Juez Agrario, para dictar a solicitud de parte o de oficio, medidas cautelares provisionales o Autónomas en protección de los derechos del productor rural, los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, el interés general de esa actividad, el proceso agroalimentario y los recursos naturales renovables. Todo esto a los fines, de activar los mecanismos necesarios para salvaguardar la producción agroalimentaria, de la biodiversidad y la protección ambiental; dando así un paso adelante en relación al desarrollo de lo consagrado en la nuestra Carta Magna, como ley programática, con la protección de la actividad agraria.
Con la inclusión de estas medidas autónomas en nuestro sistema legal, aunque en el nuestro caso, el desarrollo de esta ha sido mayormente jurisprudencial, Venezuela, se ubica dentro de los países pioneros en Latinoamérica, en la inclusión y aplicación de este tipo de procedimiento, basado en técnicas modernas y mas ajustadas a la solución de los conflictos de la materia que nos ocupa.
Ahora bien, esta facultad de los jueces agrarios, requiere un pronunciamiento, el cual debe ser razonado y fundamentado tanto en los supuestos de hecho como en los principios de derecho; de manera que estamos frente a una sentencia o fallo de fondo.
En este sentido el Juez debe seguir las reglas generales de derecho, motivar y razonar su fallo, lo que corresponde a la definición nominal de este novísimo instituto procesal que empieza a dar sus pasos dentro de las normativa legal venezolana, así como los requisitos esenciales para la procedibilidad del decreto de medidas autónoma, de acuerdo a la Doctrina Argentina, utilizando para el caso en concreto el derecho comparado, esto por no contar con un procedimiento regulado por nuestra legislación.
La doctrina especializada que ha tratado el presente tema, ha dejado sentado que las Medidas Autónomas se conceptualizan de la forma siguiente:
Para el autor Argentino Osvaldo Ontiveros, en su obra “La Obligación Legal del Artículo 68º de la Ley Nº 24.449 y las Medidas Autosatisfactivas. (2002)”, afirma que:
Las medidas autosatisfactivas, también llamadas medidas de efectividad inmediata, se podrían definir como aquellas soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables, in audita altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteamientos formulados sean atendibles. Constituyen un requerimiento urgente que se agota con su despacho favorable, siendo innecesario iniciar una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Estas medidas provocan la satisfacción definitiva del interés del actor.”
El referido autor continua enunciando que, a diferencia de una medida cautelar, la medidas autosatisfactivas, no son accesorias a un proceso principal, ni están orientadas a resguardar la efectividad de una sentencia futura; por el contrario, el decreto de esta medida persigue que el juez emita un juicio de valor, casi siempre, in limine, sobre el fondo de la pretensión hecha valer, cuando por la singularidad del objeto de la pretensión, resulte la necesidad inminente de satisfacer al pretensor y así evitar la frustración definitiva de su derecho.
De un análisis en concreto de lo establecido anteriormente, se puede inferir que las Medidas Autónomas son de requerimiento urgente, formulado al Órgano Jurisdiccional por los justiciables. Dicha medida se agota con su despacho favorable, sin ser necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se trata pues, de medidas que se determinan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión.
Ahora bien, de un análisis de la doctrina Argentina, utilizando el derecho comparado como referencia, en virtud de no contar con un iter procesal en nuestra legislación sobre esta materia, se observó que las Medidas Autónomas poseen los siguientes requisitos de procedibilidad, que a continuación se discriminan:
(a) Situación de Urgencia. Para el autor Rolando Martel (2004) en su obra Tutela Cautelar y medidas Autosatisfactivas en el proceso Civil. Lima: Palestra Editores. p. 34, este presupuesto está referido a una situación urgente que exige tutela inmediata e imprescindible de parte del Órgano Jurisdiccional del Estado, a través de una decisión que satisfaga la pretensión, pero en un lapso oportuno, es decir, en forma inmediata, porque de no decretarse y ejecutarse la medida daría lugar a la frustración del derecho que el actor quiere proteger, o se le produciría un daño que sería de muy difícil o imposible reparación.
(b) Fuerte Probabilidad del Derecho. Para el autor Rolando Martel (2004) en su obra Tutela Cautelar y medidas Autosatisfactivas en el proceso Civil. Lima: Palestra Editores. p. 38, este presupuesto, referido a la alta probabilidad que el derecho invocado sea atendible o amparado, debe el actor convencer al juez que le asiste la razón, en el derecho pretendido. De manera pues, que para decretar favorablemente la medida Autosatisfactiva, el Juez Agrario, debe concluir que el solicitante tiene un interés cierto y manifiesto, frente a una evidencia de derecho; debe aparecer muy clara, y sin ambigüedades de ninguna índole, a fin de que el juzgador no tenga duda alguna acerca de la procedencia del derecho pretendido por el actor.
(c) Contracautela. Monroy (2002), en su obra Bases para la información de una Teoría cautelar. Lima: Ediciones Comunidad. afirma que para la mayoría de la doctrina, el término señalado, constituye un presupuesto de las medidas cautelares, y su nomem juris da a entender que la contracautela es lo contrario a la cautela, y efectivamente este es el origen de dicho término, pues con la medida cautelar se garantiza la efectividad de la resolución que en su momento podría amparar el derecho pretendido por el demandante, el emplazado no puede quedar totalmente des protegido frente al dictado de una medida de esta naturaleza ante la eventualidad que se desestime la pretensión principal, es por ello que el legislador trata de proteger a esta última parte con otra cautela, a la cual se denomina contracautela.
De lo anterior, quien aquí juzga, afirma que la procedencia de las medidas autosatisfactivas la cual se encuentra condicionada a la concurrencia simultanea de circunstancias excepcionales, considerando la situación de urgencia, la fuerte probabilidad del derecho y la contracautela; siendo considerado al momento de responder al objetivo específico centrado en examinar la fundabilidad de las medidas autosatisfactivas en el Derecho comparado.
En las medidas cautelares, como en las medidas autosatisfactivas, dicho autor Rolando Martel (2004), antes señalado, acota que el juez tiene un conocimiento periférico o reducido de la cuestión, compatible con la urgencia del despacho de dichas medidas. Esto en doctrina se denomina summaria cognitio propia del proceso cautelar que impide un análisis profundo de las múltiples circunstancias de hecho y de derecho que rodean las relaciones jurídicas.
En definitiva, en las medidas cautelares como en las autosatisfactivas, el juicio del juzgador es un juicio de probabilidades sobre la fundabilidad del derecho alegado, pero no será nunca un juicio de certeza plena, y si bien puede haber una diferencia cuantitativa en la probabilidad de la verosimilitud del derecho, esa diferencia no será de ninguna manera esencial o cualitativa porque nunca podrá llegarse a la certeza exigida constitucionalmente al juzgador para emitir un juicio definitivo sobre el derecho en cuestionamiento.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ. Se pronunció y es necesario traer a colación extractos de la sentencia que recayó en el expediente número 203-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), cuando declaró que es constitucional el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en donde textualmente estableció que:
“A su vez se desprende que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario incrementa el poder cautelar general del juez. Así, como se ha señalado el artículo 198, el cual le establece al juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger el interés colectivo, cuando advierta que está amenazada la continuidad del proceso agroalimentario o se ponen en peligro los recursos naturales renovables, sin que el operador de justicia deba ceñirse a requisitos fundamentales para el ejercicio de la potestad cautelar, sino que es el análisis del juez el que le permite determinar, dentro del proceso, que puede decretar medidas preventivas, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuarios, y en fin, el interés general de la actividad agraria. Con fundamento a lo mencionado y a las precitadas normas y dado que este operador de justicia debe velar por el interés general de la actividad agraria, resulta para este tribunal un hecho notorio que sobre el predio en cuestión existe una producción agrícola sustentada y proyectada a la satisfacción de la producción agroalimentaria…”
Se puede concluir de las precitadas máximas, de las pruebas aportadas por la parte solicitante y de lo arrojado por la Inspección Judicial evacuada por este Despacho Judicial en fecha dos (02) de mayo de 2014, es evidente la producción inherente en el Fundo Agropecuario denominado “LA TRINIDAD”, suficientemente descrito, por lo cual es primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia, ya que, se dejó constancia a través de los sentidos y con asesoramiento del práctico, que dicho fundo se encuentra dividido en sesenta (60) potreros de diferentes superficies, cultivados en su mayoría por pasto bracaria, aptos para la alimentación de Ganado bufalino, en buen estado de conservación y mantenimiento, se pudo observar masas de ganado bufalino pastando en los potreros, con un total de CUATROCIENTOS OCHO (408) cabezas de ganado bufalino; cuatro (04) bestias; con una producción de quince (15) búfalos al mes. Todos identificados con el siguiente hierro, se pudo evidenciar un desarrollo de actividades de cría; sin ningún tipo de interrupción evidente para el momento del presente acto, existen evidencias de fuertes crecida del río Gavilanes, lo cual impide el normal acceso al fundo en vehículo rústico por el deslave de los muros que bordean el mismo.
En razón de lo anterior, y visto que en el Fundo Agropecuario denominado “LA TRINIDAD” ut-supra descrito, se encuentra en canales de producción, cumple con las labores fitosanitarias, y que los solicitantes tienen posesión del referido Fundo Agropecuario, detentando una productividad; así como, constatado el peligro de daño, desmejoramiento, o desmedro de la Producción Agroalimentaria; según lo visto por las pruebas aportadas, la inspección practicada por este Tribunal y bajo un juicio de verosimilitud; este juzgador haciendo uso de las facultades oficiosas y asegurativas que le concede el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el artículo 305 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, observa que se encuentran llenos los extremos legales, y por consiguiente decreta, MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, A LA BIODIVERSIDAD Y AL AMBIENTE, a los efectos de salvaguardar la actividad agroproductiva que se despliega en el Fundo Agropecuario anteriormente descrito, y así evitar que se arruine o se deterioré, la cual tendrá una vigencia de un (01) año, esto debido al tipo de actividad agroproductiva desplegada en el precitado fundo, con fundamento en el ciclo biológico, el tipo de pasto y de terreno; así como las máximas experiencias aportadas por el práctico designado en la inspección judicial evacuada por este despacho en fecha, dos (02) de Mayo de 2014, esto de conformidad con la sentencia Nro. 368 de fecha 29 de Marzo de 2012 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO.-ASÍ SE DECIDE.-
-V-
DISPOSITIVO
En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA:
PRIMERO: MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, A LA BIODIVERSIDAD Y AL AMBIENTE, sobre el Fundo Agropecuario denominado “LA TRINIDAD”, la cual abarca un área de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO HECTÁREAS CON MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (458Has con 1.767 Mts²), ubicado en la Parroquia Simón Rodríguez, del Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, la cual se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Mejoras que son o fueron de Cesar Pérez y Otto Medina; SUR: Hacienda Monte Llano, con camellón intermedio; ESTE: Mejoras que son o fueron de Luis Meza y Cesar Pérez, Hacienda Monte Llano y; OESTE: Mejoras que son o fueron de Sres. Otto Molina, Pisan y camellón, según Carta de Inscripción en el Registro de Predios bajo el Nro. 052306020013 del Instituto Nacional de Tierras, Oficina Regional Sur del Lago del estado Zulia, a favor de la ciudadana MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nro. V-1.876.274 y con domicilio en el Distrito Capital, en contra de cualquier acto perturbatorio realizado por terceras personas ajenas sea natural o jurídica que este destinado a desmejorar o a arruinar el ambiente, la actividad agroproductiva que se despliega; así como el trabajo realizado en dicho Fundo Agropecuario.
SEGUNDO: La vigencia de la medida ut supra decretada será de un (01) año, contados a partir de la publicación de la presente providencia cautelar, esto en virtud a la producción que se ejerce en el referido lote de terreno.-ASÍ SE DECIDE.-
TERCERO: Se ordena Notificar a la ciudadana MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.876.274 y con domicilio en el Distrito Capital, y/o a su representante judicial la abogada en ejercicio MARÍA ISABEL DE LA GUADALUPE MARCANO TORRES, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.225.849, e inscrita en el Inpreabogado con el Nro.35.263, de conformidad con la sentencia Nro. 368 de fecha 29 de Marzo de 2012 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en concordancia con el artículo 233 de Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.
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CUARTO: Se Ordena notificar mediante oficio al Presidente del Instituto Nacional de Tierras y a la Oficina Regional de Tierras Zona Sur del Lago estado Zulia, de conformidad con los artículo 115 y 117 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
QUINTO: Se ordena el desalojo de terceras personas ajenas a la beneficiaria de la presente medida, la ciudadana MARÍA ISABEL BRICEÑO DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.876.274 y con domicilio en el Distrito Capital. Sea natural o jurídica que obstaculice, impida, desmejore o a arruine el ambiente, la ganadería de doble propósito; así como el trabajo realizado en dicho predio rustico, específicamente la cabida aproximada de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO HECTÁREAS CON MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (458Has con 1.767 Mts²), sin afectar la superficie bajo procedimiento administrativo del Instituto Nacional de Tierras.
SEXTO: Se Ordena notificar mediante oficio a las Fuerzas Armadas Bolivarianas esto es, a la Guarnición Militar del estado Zulia, Guardia Nacional Bolivariana CORE 3, al Destacamento de Fronteras de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en el Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, y a las Fuerzas Policiales del estado Zulia (Cuerpo de Policía Bolivariana con sede en el Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia y a la Policía Municipal de Francisco Javier Pulgar del estado Zulia; dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado; Así mismo, se Ordena reproducir siete (07) ejemplares del presente decreto cautelar a los efectos de remitirlos con la notificación a los organismos de seguridad del Estado. ASÍ SE DECIDE.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-
EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
Mgs. LUÍS ENRIQUE CASTILLO SOTO
LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abg. DANIMAR MOLERO ANDRADE.
En la misma fecha, siendo las dos y cuarenta y tres minutos de la tarde (02:43 p.m.), previo el anuncio de Ley a las puertas del Despacho, se dictó y publicó el fallo que precede. Se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de la sentencia de este Juzgado.-
LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abg. DANIMAR CHIQUINQUIRA MOLERO ANDRADE
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