TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
EXTENSION SANTA BARBARA

Santa Bárbara de Zulia, once (11) de Marzo de 2014.-
203º y 155º

RESOLUCION No. 312-2014.

SOBRESEIMIENTO CON BASE AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

Vista la solicitud de sobreseimiento presentada por el abogado EDUARDO JOSÉ MAVAREZ GARCÍA, representante de la Fiscalía Decimasexta del Ministerio Público del Estado Zulia, la cual obra en los folios sesenta y dos (62) y sesenta y tres (63), por cuanto a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, el Tribunal, pasa a decidir dicha solicitud, sin necesidad de convocar a las partes a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, por cuanto para comprobar el motivo no es necesario el debate, ya que, el Estado, es quien ejerce la acción penal en los delitos de acción pública a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales. En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público, lejos de formular acusación, solicita se decrete el sobreseimiento de la causa. Aunado a lo anterior, de la decisión que se dicte, serán notificadas las partes y aquella que le resulta adversa la decisión, pueda interponer el recurso que corresponda. De lo ante expuesto, este Tribunal de Control previo a resolver observa:

DESCRIPCION DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

En fecha dieciocho (18) de Noviembre del año 2007, aproximadamente a las dos horas de la mañana (02:00 a.m.), momento en que la ciudadana CRISTINA DEL VALLE GOMEZ MORALES, se encontraba en una reunión familiar en casa de su comadre LUISA, su pareja llegó y le dijo que se fueran, que se montaran en la moto. Ella le hizo caso, y cuando estaban en la calle RAFAEL GONZÁLEZ le dijo que lo respetara, ella se bajó de la moto, entonces él le dio una cachetada, la tiró al suelo, amenazó con matarla, procediendo a sacar un revólver y le hizo unos tiros en los pies tanto a ella como a su hermana CAROLINA GOMEZ. A la postre, fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Seguidamente la representación fiscal, dio inicio a la respectiva Investigación Penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de que se ordenara la practica de todas las actuaciones y diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos.
RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE SE FUNDA LA DECISION

El Ministerio Público en fecha diecinueve (19) de Noviembre de 2007, dictó Orden de Inicio Nº 24-F16-1495-2007, ordenando practicar las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que podrían influir en su calificación y la responsabilidad del autor y demás participes, como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, para luego concluir la investigación con solicitud de sobreseimiento de la causa, seguida al ciudadano RAFAEL ARCANGEL GONZÁLEZ, por los tipos delictivos de AMENAZA, VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 respectivamente de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en menoscabo de las ciudadanas CRISTINA DEL VALLE GOMEZ MORALES y CAROLINA GOMEZ, y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, descrito y sancionado en el artículo 277 del Código Penal de Venezuela, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, con fundamento en que, a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

Ahora bien, dispone el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando:

1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación; inculpabilidad o de no punibilidad;
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;

4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado;

Así lo establezca expresamente este éste Código.

Pues bien, consta en el expediente, que el Ministerio Público en fecha diecinueve (19) de Noviembre de 2007, dictó Orden de Inicio Nº 24-F16-1495-2007, ordenando practicar las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que podrían influir en su calificación y la responsabilidad del autor y demás participes, así como solicitud de sobreseimiento de la causa. Del análisis realizado a las referidas actuaciones, se evidencia que en el presente asunto no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto de que, el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que podrían influir en su calificación y la responsabilidad del autor y demás participes, como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, toda vez que, no se tomó entrevista a posibles testigos del hecho, como tampoco se practicó dictamen pericial contentivo de experticia de reconocimiento legal al arma de fuego incautada, con el objeto de identificar a los autores y demás participes, por lo que se está en presencia de insuficiencia o carencia probatoria, lo cual constituye falta de certeza, no existiendo razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, en virtud del tiempo transcurrido desde que se produjo el hecho denunciado, por lo que no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Por lo tanto, se acepta el sobreseimiento de la causa solicitado por el Ministerio Público. En consecuencia se declara el sobreseimiento de la causa, seguida al ciudadano RAFAEL ARCANGEL GONZÁLEZ, por lo tipos delictivos de AMENAZA, VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 respectivamente de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en menoscabo de las ciudadanas CRISTINA DEL VALLE GOMEZ MORALES y CAROLINA GOMEZ, y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, descrito y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Así se decide.

DISPOSITIVA DE LA DECISION

Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la solicitud de sobreseimiento de la causa, planteada por la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y declara el sobreseimiento de la causa, seguida al ciudadano RAFAEL ARCANGEL GONZÁLEZ, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Santa Bárbara de Zulia, de 50 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.781.215, de estado civil casado, de profesión u oficio comerciante, hijo de JOSÉ JUVENAL RODRÍGUEZ y de LIDA HERMINIA GONZÁLEZ, residenciado en el kilómetro 3, sector La Maroma, vía a El Vigía, casa Nº Ñ-28, Municipio Colón del Estado Zulia, por los injustos legales de AMENAZA, VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 respectivamente de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en menoscabo de las ciudadanas CRISTINA DEL VALLE GOMEZ MORALES y CAROLINA GOMEZ, y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, descrito y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por cuanto a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, todo de conformidad con el artículo 300, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena el cese de toda medida de coerción personal impuesta al encartado de autos en audiencia de calificación de flagrancia e imputación delito. Queda resuelta la petición planteada por la Defensora Técnica del citado encausado en fecha diez (10) de Marzo del año en curso. Regístrese, déjese copia auténtica en archivo, publíquese, diarícese, y notifíquese la presente decisión. Ofíciese lo conducente al departamento de alguacilazgo de esta extensión. Cúmplase.-

La Jueza de Control,

Abg. GLENDA MORAN RANGEL
La Secretaria,

Abg. Lixaida Fernández Fernández
En esta misma fecha se registró la presente decisión bajo el Nº 312-2014 y se libraron boletas de notificación bajo oficio Nº 1.227-2014.-

La Secretaria,

Abg. Lixaida Fernández Fernández

Asunto Penal C02-2.738-2007
Asunto Fiscal 24-F16-1495-2007