TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Estado Zulia con sede en Cabimas
Cabimas, trece (13) de junio de dos mil catorce (2014)
204º y 155º

Conoce este Órgano Jurisdiccional del RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado en fecha 10 de junio de 2014, por el abogado en ejercicio IVAN DANIEL PEROZO MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 7.870.684, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 35.555, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), antes denominada MAYOR DE VÍVERES CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22 de mayo de 2003, bajo el Nro. 27, Tomo 3-A; demandando la nulidad absoluta de las PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Nros. 0011-2013, 0010-2013, 0008-2013, 0007-2013 y 0009-2013, dictadas en fecha 28 de febrero de 2013, por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, en los Expedientes Administrativos Nros. 008-2012-01-00276, 008-2012-01-00277, 008-2012-01-00278, 008-2012-01-00279 y 008-2012-01-00280, que declararon Parcialmente Con Lugar, las solicitudes de desmejora y restitución de la situación jurídica infringida, interpuestas en su contra por los ciudadanos HARVYS ANTONIO DÍAZ POLANCO y NERIO ANONIO NAVARRO NAVARRO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.848.674 y V-18.311.112; CARLOS HUMBERTO CASTILLO SUAREZ y RICHARD ALEXANDER SÁNCHEZ SANDREA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.545.800 y V-14.449.691; LUIS ALBERTO IBARRA ARELLANO y ALFREDO JOSÉ REYES PIÑA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.069.187 y V-7.427.418; JESUS JOSÉ MARQUEZ MENDEZ y JEAN CARLOS TORRES TORRES, titulares de las cédulas de identidad Nros. 20.331.121 y V-15.552.704, y los ciudadanos CIRO SEGUNDO RAMÍREZ NAVA y FIDEL JOSÉ MARÍN REYES, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.443.418 y V-16.846.228; respectivamente en cada uno de los mencionados procedimientos administrativos.

I
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Previamente a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo, que fuera interpuesto contra la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, es menester hacer algunas observaciones sobre la competencia de éste Juzgado para conocer, sustanciar y resolver la causa, con vista de los antecedentes históricos del asunto sometido a la consideración de esta jurisdicción, y dada la naturaleza de la acción incoada, la cual debe tomarse sin ningún tipo de dilación y, en virtud de que este órgano jurisdiccional se encuentra del lapso establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para emitir un pronunciamiento en torno a la admisión o no de la misma, para lo cual hace las siguientes consideraciones:

En fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reimpresa nuevamente por errores materiales en fecha 22 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, la cual en su artículo 25 numeral 3, excluye expresamente de la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Providencias Administrativas emanadas por la Inspectoría del Trabajo).

De lo anterior, a los fines de determinar la competencia para el conocimiento del RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, relacionado con la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, este órgano jurisdiccional acoge la sentencia vinculante proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente No. 10-0612, de fecha 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros) en Acción de Amparo Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, donde dejó sentado de manera clara y precisa que la distribución de la jurisdicción para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral, cuyo conocimiento corresponden a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo; criterio que tiene aplicación efectiva desde su publicación por la Secretaría de la Sala, esto es, desde el 23 de septiembre de 2010, tal como fue establecido por la misma Sala Constitucional mediante decisión Nro. 148, de fecha 25 de febrero de 2011, recaída en el expediente N° 11-0048, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover (caso: Libia Torres Márquez).

Finalmente, conviene acotar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que si bien la Sala Constitucional, en la referida sentencia Nro. 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, logró resolver la problemática surgida en cuanto al órgano jurisdiccional competente para dirimir los cuestionamientos por razones de constitucionalidad y legalidad a las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, no es menos cierto que no contempla en dicho fallo cuál de los dos (02) órganos jurisdiccionales de Primera Instancia del Trabajo, debe conocer de dicha materia, en virtud de que, conforme el artículo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece la existencia de los Tribunales de Primera Instancia, tanto en fase de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como en fase de juzgamiento, es decir, Tribunales de Juicio del Trabajo; razones por las cuales, mediante sentencia Nro. 57, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada en fecha 03 de agosto de 2011 y publicada en fecha 13 de octubre de 2011, consideró que siguiendo la lógica inherente a las fases que estructuran el proceso laboral, lo conducente es que el Juez de Juicio del Trabajo conozca y decida todo lo relacionado con las pretensiones que por su objeto y naturaleza implican un proceso de juzgamiento, por tanto, son los competentes para dirimir toda controversia que se suscite a propósito del cuestionamiento a las providencias administrativas por razones de constitucionalidad o legalidad; por lo que concluyó que son a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, a los que corresponde conocer y decidir dichas pretensiones, en virtud de que la controversia versa sobre la observancia constitucional o legal del acto objeto de impugnación, lo que significa a su vez, necesariamente, un proceso de juzgamiento, criterio éste ratificado por la Sala Especial Segunda de la Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de noviembre de 2011 (Caso: Edgar Flores Fuemayor, actuando como Presidente de la empresa Flores Ingeniería, C.A. Vs. Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas); ratificada en sentencia de fecha 15 de marzo de 2012, dictada en el presente asunto (Caso: Comercializadora Snacks S.R.L. Vs. Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas).

Pues bien, al observarse que el presente recurso fue incoado con posterioridad a la Ley antes mencionada, contra una providencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo de la correspondiente a la competencia de este Juzgado por el territorio, en consecuencia, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas, declara su COMPETENCIA para conocer de la presente causa. ASÍ SE DECIDE.

II
DE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Ahora bien, una vez declarada la competencia de este Juzgado, se pasa a la revisión de los extremos establecidos por el legislador como causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, excepto la competencia ya examinada, a saber: 1.- la caducidad de la acción; 2.- la inepta acumulación; 3.- el no agotamiento de la vía administrativa en las demandas de índole patrimonial; 4.- la ausencia de consignación de documentos indispensables para verificar su admisibilidad; 5.- la existencia de cosa juzgada; f.- la existencia de conceptos irrespetuosos y; 6.- la contrariedad al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.

En tal sentido, a los fines de establecer el cómputo del término de caducidad, el numeral 1° del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece:

Artículo 32. Caducidad. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:
1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. (Negrillas y subrayado del Tribunal).

Como puede observarse, la ley especial establece que el lapso de caducidad para intentar las acciones en contra de los actos administrativos de efectos particulares, es de CIENTO OCHENTA (180) días continuos, contados a partir de la notificación del interesado.

Pues bien, al verificarse el cumplimiento del requisito en cuestión, este Juzgador pudo evidenciar de los anexos consignados al presente recurso de nulidad, que la parte recurrente, la empresa CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), se dio por notificada de las PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Nros. 0011-2013, 0010-2013, 0008-2013, 0007-2013 y 0009-2013, en cada uno de los procedimientos administrativos signados con los Nros. 008-2012-01-00276, 008-2012-01-00277, 008-2012-01-00278, 008-2012-01-00279 y 008-2012-01-00280, respectivamente; en fecha 18 de marzo de 2013, según se evidencia a los folios Nros. 41, 92, 142, 193 y 240 del presente asunto, por lo que a partir de tal acto, comenzó a transcurrir el lapso de caducidad a que se refiere dicha norma.

En tal sentido, conforme a lo antes expuesto, al quedar evidenciado que la parte recurrente, sociedad mercantil CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), fue notificada de dichas Providencias Administrativas, en fecha 18 de marzo de 2013, y al haberse interpuesto el presente Recurso de Nulidad, en fecha 10 de junio de 2014, (folio Nro. 251), este Tribunal observa que transcurrió con creces el término establecido en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la notificación del interesado; razones por las cuales este Juzgador concluye que ha operado la Caducidad de la Acción. ASÍ SE ESTABLECE.-

En consecuencia, por lo antes expuesto, este Tribunal declara INADMISIBLE el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por el abogado en ejercicio IVAN DANIEL PEROZO MARÍN, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), antes denominada MAYOR DE VÍVERES CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA; demandando la nulidad absoluta de las PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Nros. 0011-2013, 0010-2013, 0008-2013, 0007-2013 y 0009-2013, dictadas en fecha 28 de febrero de 2013, por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, en los Expedientes Administrativos Nros. 008-2012-01-00276, 008-2012-01-00277, 008-2012-01-00278, 008-2012-01-00279 y 008-2012-01-00280, que declararon Parcialmente Con Lugar, las solicitudes de desmejora y restitución de la situación jurídica infringida, interpuestas en su contra por los ciudadanos HARVYS ANTONIO DÍAZ POLANCO, NERIO ANONIO NAVARRO NAVARRO, CARLOS HUMBERTO CASTILLO SUAREZ, RICHARD ALEXANDER SÁNCHEZ SANDREA, LUIS ALBERTO IBARRA ARELLANO, ALFREDO JOSÉ REYES PIÑA, JESUS JOSÉ MARQUEZ MENDEZ, JEAN CARLOS TORRES TORRES, CIRO SEGUNDO RAMÍREZ NAVA y FIDEL JOSÉ MARÍN REYES, antes identificados; por encontrarse incurso en la causal de Inadmisibilidad establecida en el numeral 1° del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el numeral 1° del artículo 32 ejusdem, referida a la Caducidad de la Acción. ASÍ SE DECIDE.-

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: COMPETENTE para conocer y decidir el abogado en ejercicio IVAN DANIEL PEROZO MARÍN, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), antes denominada MAYOR DE VÍVERES CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA, antes identificados.

SEGUNDO: INADMISIBLE el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por el abogado en ejercicio IVAN DANIEL PEROZO MARÍN, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA (CAMINO NUEVO C.A.), antes denominada MAYOR DE VÍVERES CAMINO NUEVO COMPAÑÍA ANÓNIMA; demandando la nulidad absoluta de las PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Nros. 0011-2013, 0010-2013, 0008-2013, 0007-2013 y 0009-2013, dictadas en fecha 28 de febrero de 2013, por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, en los Expedientes Administrativos Nros. 008-2012-01-00276, 008-2012-01-00277, 008-2012-01-00278, 008-2012-01-00279 y 008-2012-01-00280, que declararon Parcialmente Con Lugar, las solicitudes de desmejora y restitución de la situación jurídica infringida, interpuestas en su contra por los ciudadanos HARVYS ANTONIO DÍAZ POLANCO, NERIO ANONIO NAVARRO NAVARRO, CARLOS HUMBERTO CASTILLO SUAREZ, RICHARD ALEXANDER SÁNCHEZ SANDREA, LUIS ALBERTO IBARRA ARELLANO, ALFREDO JOSÉ REYES PIÑA, JESUS JOSÉ MARQUEZ MENDEZ, JEAN CARLOS TORRES TORRES, CIRO SEGUNDO RAMÍREZ NAVA y FIDEL JOSÉ MARÍN REYES, antes identificados; por encontrarse incurso en la causal de Inadmisibilidad establecida en el numeral 1° del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el numeral 1° del artículo 32 ejusdem, referida a la Caducidad de la Acción.

TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaria a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil catorce (2014). Siendo las 05:15 p.m. AÑOS 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

Abg. JUAN DIEGO PAREDES BASTIDAS
JUEZ PRIMERO DE JUICIO

Abg. JANETH RIVAS
SECRETARIA

NOTA: En esta misma fecha siendo las 05:15 de la tarde, se dictó y publicó la anterior Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
Abg. JANETH RIVAS
SECRETARIA

ASUNTO: VP21-N-2014-000014
JDPB/.