REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Sala Tercera Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Maracaibo, diecinueve (19) de junio de 2014 204º y 155º ASUNTO PRINCIPAL : VP02-R-2014-000405 ASUNTO : VP02-R-2014-000405 I PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud del recurso de apelación de auto interpuesto por la abogada YOHANA SUÁREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 190.474, en su condición de defensora privada de los ciudadanos CARLOS ALBERTO ALIZA CASTILLO y NELSON PIQUEK LOBO PÉREZ, portadores de las cédulas de identidad Nos. 23.889.498 y 28.698.555, contra la decisión No. 412-14, de fecha 25.03.204, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia, la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los mencionados ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, en fecha 11.06.2014, designándose como ponente a la Jueza Profesional VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS. La admisión del recurso se produjo en fecha 12.06.2014. Ahora bien, del análisis realizado a las actas remitidas a esta Sala, se evidencia a los folios ochenta y tres y ochenta y cuatro (83-84) del cuaderno de apelación, escrito presentado por los ciudadanos NELSON PIQUIK LOBO PÉREZ y CARLOS ALBERTO ARIZA CASTILLO, en su condición de imputados, mediante la cual, de manera voluntaria desisten del recurso de apelación incoado en fecha 01.04.2014, por la abogada YOHANA SUÁREZ; no obstante, al no ser un escrito original, dicho desistimiento fue ratificado por ante este Tribunal de Alzada en fecha 16.06.2014, donde los imputados de marras, acompañados de su defensora privada, manifestaron su voluntad de desistir del recurso interpuesto por ellos, todo lo cual se evidencia a los folios ciento dos y ciento tres (102-103) del cuaderno de incidencia. Así las cosas, esta Sala estima necesario señalar, que la renuncia expresa al recurso de apelación de autos, manifestado como ha sido en el presente caso, por los imputados de autos, constituye un derecho y una potestad legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente señala: “Artículo 431. Desistimiento. Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas según corresponda. El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor o defensora no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del justiciable.” Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro. 762, de fecha 05.06.2012, ratificando el criterio desarrollado en la sentencia N° 2199, de fecha 26.11.2007, señaló entre otras cosas: “…Así las cosas, ha sido clara la jurisprudencia de la Sala en sostener que para que los órganos de administración de justicia se pronuncien respecto de un asunto sometido a su conocimiento, es menester que exista un interés procesal en los justiciables, y dicho interés no se agota con la sola interposición de una demanda o recurso, sino que debe mantenerse a lo largo del procedimiento hasta su final resolución. De allí que, ante la inactividad o falta de impulso procesal de la parte interesada, es posible que la acción decaiga y se termine el procedimiento, o bien que la parte por iniciativa propia decida desistir de su acción o recurso, como medio de autocomposición procesal. Sobre la posibilidad de aplicar estos criterios a la materia penal, es preciso señalar que el propio Código Orgánico Procesal Penal contempla la figura del desistimiento, en varias de sus disposiciones normativas. En efecto, en su artículo 416 establece que: “El desistimiento expreso podrá ser realizado por el acusador privado, o por su apoderado con poder expreso para ello, en cualquier estado y grado del proceso”. Por su parte, el artículo 440 ejusdem señala que: “Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas. El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del imputado”. (Negritas de la Sala). En el presente caso, verificado como ha sido que el desistimiento planteado por los ciudadanos NELSON PIQUIK LOBO PÉREZ y CARLOS ALBERTO ARIZA CASTILLO, se ha realizado tal como lo exige la norma; esta Sala estima que en el presente caso se han cumplido los presupuestos legales y procesales previstos en el citado artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos de homologar el referido desistimiento. En efecto, visto que los ciudadanos NELSON PIQUIK LOBO PÉREZ y CARLOS ALBERTO ARIZA CASTILLO, han manifestado expresamente su deseo de renunciar al recurso de apelación de auto incoado; esta Sala de Alzada acuerda HOMOLOGAR EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, por cuanto se han cumplido los extremos exigidos en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. II DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por la abogada YOHANA SUÁREZ, en su condición de defensora privada de los ciudadanos CARLOS ALBERTO ALIZA CASTILLO y NELSON PIQUEK LOBO PÉREZ, contra la decisión No. 412-14, de fecha 25.03.204, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia, la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los mencionados ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Publíquese, regístrese y remítase la causa al Tribunal de origen a los fines legales correspondientes. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera en Maracaibo a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014) 204° de la Independencia y 155° de la Federación. LAS JUEZAS PROFESIONALES VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS Presidenta de la Sala-Ponente DORIS CHIQUINQUIRÁ NARDINI RIVAS EGLEÉ DEL VALLE RAMÍREZ LA SECRETARIA MARÍA EUGENIA PETIT BARRIOS En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el N° 189-14, quedando asentado en el Libro de Registro llevado por esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en el presente año. LA SECRETARIA MARÍA EUGENIA PETIT BARRIOS VAB/elba.*- VP02-R-2014-000405