TSJ Regiones - Decisión

Solicitud Nº 1029
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas.
Cabimas, diecinueve (19) de Junio del año dos mil catorce (2.014).
-203º y 155º-

Recibida la anterior solicitud de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, Cabimas Estado Zulia, signada con el N° BV-MC-135-2014, junto con sus anexos, todo constante de seis (6) folios útiles, se le da entrada. Fórmese solicitud y numérese.
Vista la solicitud de Inspección Judicial Extralitem, formulada por el ciudadano ALBERTO RAMON QUIJADA PARRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.708.580, domiciliado en el Municipio Cabimas del estado Zulia, debidamente asistido por la Profesional del Derecho, Ciudadana ZOILA ESPERANZA MEDIDA OLLARVEZ, titular de la cédula de identidad número V- 710.083.306 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 114.178, éste Tribunal observa:
En el caso de autos, se trata de una solicitud de jurisdicción voluntaria, regulada en el artículo 1429 del Código Civil, en armonía con el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil, que establecen:
“Artículo 1.429: En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los interesados podrían promover la inspección ocular antes del juicio, para hacer constar el estado o circunstancia que puedan desaparecer y modificarse con el transcurso del tiempo”.
“Artículo 938: Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por objeto poner constancia del estado de las cosas antes de que desaparezcan señales o marcas que pudieran interesar a las partes, la inspección ocular que se acuerde se efectuara con asistencia de prácticos; pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del estrago o sobre puntos que requieran conocimiento periciales”.
En ese orden de ideas, en fallo Nº 399, de fecha 30 de noviembre de 2000, la Sala de Casación Civil ,del Tribunal Supremo de Justicia, dejó establecido con respecto a la procedencia de la Inspección Judicial extra litem lo siguiente:
“Al respecto, nuestra doctrina y la ley han señalado que la inspección judicial preconstituida es procedente, cuando se pretenda hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Es cierto que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, en su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o perjuicio por retardo que pueda ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Esta condición de procedencia debe ser alegada al juez ante quien se promueve, para que éste, previo análisis breve de las circunstancias, así lo acuerde.”
Ahora bien, analizada la solicitud de Inspección Judicial extra- litem y los particulares a que se contrae la misma, éste Tribunal observa, que el solicitante ALBERTO RAMON QUIJADA PARRA, ya antes identificado, coloca a disposición del tribunal su vehiculo placa: YCM591 para ser presentado donde lo ordene a los fines de que sea practicada la experticia solicitada.
Después de un minucioso estudio de las actas del libelo de solicitud, observa esta Juzgadora, que existe contradicción en la naturaleza de la misma, por cuanto la parte solicitante acude requiriendo una Inspección Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil pero en la argumentación planteada lo que requiere es de una experticia, donde se determine el estado físico y mecánico en su vehiculo y se verifique los seriales que aparecen en el certificado de registro de Vehiculo N° KC1K5KRV307724-1-3, de fecha 14 de Marzo de 2.012, lo cual es incompatible o desvirtúa la naturaleza jurídica de la inspección.
La experticia o prueba pericial consiste en la aportación al Juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida; esta regulada en el Código de Procedimiento Civil mediante su Articulo 451, el cual establece: “… La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley o a petición de parte. En este ultimo caso de promoverá por escrito, o por diligencias, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar…”. Su razón de ser está en la evidencia de que el Juez no puede poseer todos los conocimientos científicos que requiere la apreciación de las diversas cuestiones que se plantean en los litigios. Para suplir esto se recurre a los expertos en la materia, quienes ilustran al Juez sobre el particular. Este asesoramiento constituye la experticia o prueba pericial.
En cambio, la inspección judicial consiste en el medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la petición, y así se deduce del principio general establecido en el Articulo 1.429 del Código Civil Venezolano, el cual establece que “… En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los interesados podrán promover la inspección ocular antes del juicio, para hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo…”.
Dentro de este orden de ideas, si bien es cierto que la experticia y la inspección judicial coinciden en la prueba del hecho, resulta conveniente diferenciarlas, por cuanto la última es la constatación directa y personal que hace el operador de justicia por si mismo, de la existencia de los hechos que se debaten, mientras que en la experticia no hay esa captación directa, por lo que se requiere subjetivamente de expertos, los cuales determinan las causas y efectos de los hechos y las razones de orden técnico que pueden pasar desapercibidas a primera vista.
Si observamos los particulares en referencia, a los fines de su evacuación, tiene que ser obtenidos a través de experticia, efectuado por ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, por un funcionario o funcionaria especializados en la materia, quienes son los competentes para evacuar dichos particulares, sobre todo en el presente caso, que el solicitante manifiesta “…a dicho vehículo le fueron practicadas las Experticias de reconocimiento técnico e improntas por el experto reconocedor al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalisticas Sub-Delegación Cabimas, arrojando como resultado la adulteración en uno de los Seriales de Seguridad…”. (Negrillas del Tribunal).
A respecto, se dispone en los artículos 54 y 55 de la Ley de Transporte Terrestre, establece los procedimientos de la revisión.
“Artículo 54.- El Instituto Nacional de transporte terrestre, establecerá los procedimientos específicos de la revisión técnica, mecánica y física de vehículos, así como las medidas aplicables en los casos de vehículos que no aprueben la revisión…”.
Artículo 55.- Toda persona, a fin de verificar las condiciones legales de cualquier unidad, puede consultar el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras; si existiere interés legitimo, podrá solicitarla realización de la experticia de verificación de seriales y características por ante los funcionarios especializados o funcionarias especializadas del Cuerpo Técnico de Vigilancia del transporte terrestre. A estos fines, tanto el Instituto, como el Cuerpo Técnico de Vigilancia del transporte terrestre, mantendrán los sistemas de información y de verificación correspondientes. La forma de acceder a tales sistemas se establecerá en el Reglamento de esta Ley…”.
Aunado a ello, los artículos 21, 135 y 137 del Reglamentote la Ley de Transporte Terrestre, establece:
“Artículo 21.- Ningún vehiculo podrá ser modificado en sus características originales salvo autorización expresa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para efectuar cualquier transformación, modificación o cambio que altere la estructura, función o aspecto de un vehículo, pero en ningún caso afecte la seguridad del tránsito terrestre, se expedirá autorización por medio del órgano competente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones…”.
Artículo 135.- La revisión técnica de vehículos comprende las siguientes modalidades:
1) Revisión periódica para todo tipo de vehículos automotores.
2) Revisiones extraordinarias.
3) Avalúos de siniestro de tránsito.
4) Revisión previa al registro del vehículo.
Artículo 137.- La revisión técnica de vehículos deberá realizarse en una Estación fija o móvil correspondiente a la red de Estaciones de Revisión Técnica de Vehículos. (Resaltado del Tribunal).
Por lo tanto, acordar el contenido de los mismos, a través de una inspección; se estaría desvirtuando la esencia de la Inspección Judicial Extralitem, conforme a lo establecido en los artículos artículo 1429 del Código Civil, en armonía con el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil. Así como también, se estaría usurpando funciones administrativas: cuando una autoridad perteneciente a una de las ramas del Poder Público usurpa funciones correspondientes a otra rama del mismo Poder Público, y a discernimiento de esta operadora de justicia, no nos corresponde porque carecemos de esa competencia, así como también del funcionario especializado en la materia e igualmente de una Estación de revisión fija o móvil que tenga el material o herramientas requeridos para la revisión técnica correspondiente, y como se ha manifestando anteriormente, existe otra Institución Pública, a quien el Estado le otorgó esa competencia administrativa. En consecuencia, no tiene objeto dársele curso a un acto nulo que no puede crear Derecho ni puede convertirse en instrumento judicial. Así se establece.-
DISPOSITIVO:

En razón de lo antes expuesto, éste JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas,
administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA INSPECCION EXTRALITEM SOLICITADA, por el Ciudadano ALBERTO RAMON QUIJADA PARRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.708.580, domiciliado en el Municipio Cabimas del estado Zulia, debidamente asistido por la Profesional del Derecho, Ciudadana ZOILA ESPERANZA MEDIDA OLLARVEZ, titular de la cédula de identidad número V- 710.083.306 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 114.178, ambos domiciliados en el Municipio Cabimas del estado Zulia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DEJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas ,a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos catorce (2.014).- Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.-
La Jueza,
(fdo)
Dra. Migdalis del Valle Vásquez Matheus.
La Secretaria,
(fdo)
Dra. Zulay Raquel Barroso Ollarves.

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de éste Tribunal a las puertas del despacho y siendo las tres y veinte minutos (3:15 p.m) de la tarde, se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el Nº 192-2.014.
La Secretaria,
(fdo)
Dra. Zulay Raquel Barroso Ollarves.

Quien suscribe, la secretaria de éste Tribunal hace constar que el anterior fallo es copia fiel y exacta a su original. Hay sello en tinta negra del Tribunal. LO CERTIFICO. Cabimas, diecinueve (19) de Junio del año dos mil catorce (2.014).
La Secretaria,

Dra. Zulay Raquel Barroso Ollarves.

MVVM/.-