TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 18 de Junio de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2013-008863
ASUNTO : OP01-P-2013-008863

Visto el escrito presentado por el Abogado MARIA TOMEDES, Defensora Pública Primera Penal Ordinario adscrita a la Defensa Pública Penal del estado Nueva Esparta con el carácter de Defensora del acusado JEAN FREILYS FRONTADO, a quien se le sigue el presente asunto, de fecha 30 de mayo de 2014, mediante el cual solicita según lo previsto en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, así como su solicitud posterior de que se le otorgue a su defendido una medida menos gravosa que la privación preventiva de libertad que pesa sobre él, este Tribunal, revisadas las actas que conforman la presente asunto, hace las siguientes observaciones:

1.- En fecha 26 de septiembre de 2013, el Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Público, Dr. Obel Moreno Vasquez, presentó ante este Tribunal al ciudadano JEAN FREILYS FRONTADO por la presunta comisión de uno de los delitos tipificados en el Código Penal, precalificando el mismo como ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 5 en relación con el 6 numerales 1, 2 y 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo. En ese acto de presentación, el tribunal ordenó continuar el proceso por la vía del procedimiento ordinario y decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad del hoy acusado, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar llenos los extremos establecidos en los mencionados artículos.

2.- En fecha 6 de noviembre de 2013, La Fiscalía Tercera del Ministerio Público presentó acusación en contra de JEAN FREILYS FRONTADO, a quien atribuyó la comisión de l mencionado delito precalificado en la Audiencia de Presentación, cual es el de Robo de Vehículo Automotor.

Ahora bien, para decidir este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

Nuestra Constitución, establece en su Capitulo III, los derechos civiles de toda persona, señalando en su artículo 44, lo siguiente:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1.- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…. Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”. (Negrillas y subrayado por el Tribunal).

Siendo la libertad personal un derecho declarado inviolable por la Constitución de la República, es obvio que las disposiciones que autorizan su restricción o privación se interpretan restrictivamente, como lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 9 y 242.

La detención preventiva es una medida excepcional ante la regla que consagra a la libertad por principio rector del proceso penal, es más, por ministerio del artículo 242, aparte único, solo puede aplicarse, cuando las medidas cautelares no privativas de la libertad sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Precisamente, por atender exclusivamente a las finalidades del proceso, el legislador a fijado un límite temporal a la detención preventiva en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual en ningún caso la detención preventiva podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

La detención preventiva, solamente encuentra justificación cuando persigue alguno de los fines siguientes: 1.- Asegurar la presencia procesal del imputado; 2.- Permitir el descubrimiento de la verdad; y 3.- Garantizar la actuación de la Ley Penal sustantiva. Estos fines son de estricto carácter procesal y ubican a la detención preventiva en su exacto lugar de medida cautelar. Ahora bien, el poder discrecional del juez, otorgado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo lleva a analizar el caso en concreto.

En el proceso penal se produce una situación procesal, que se trata del aseguramiento del imputado, es decir, la decisión de que hacer con la persona sindicada del delito investigado, una vez que se le ha detenido o señalado como implicado en el hecho punible y que medidas cautelares deben adoptarse respecto a esa persona para asegurar las resultas del proceso. La defensa al pedir la revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, alega que sus defendidos tienen arraigo en el país por cuanto son venezolanos por nacimiento y toda su familia reside en Venezuela, que no hubo daño causado y que tienen buena conducta; pero hay que tomar en cuenta en el presente caso, el delito imputado por el Ministerio Público, es el ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 5 en relación con el 6 numerales 1, 2 y 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo, cuya pena es de ocho (8) a dieciséis (16) años de prisión, se evidencia de la decisión emitida por la Juez de Control, que para dictar la privación del acusado JEAN FREILYS FRONTADO, tomó en consideración, además de los dos primeros extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual manera para asegurar las resultas del proceso, el peligro de fuga o de abstracción del proceso por la pena que podría llegar a imponerse, observando pues quien aquí decide, que esta situación no ha sido desvirtuada por la defensa. Cabe estacar, que en esta fase de juicio el juez solo puede analizar hechos y pruebas, única y exclusivamente en el debate oral y público, y una vez controlados estos medios de prueba, llegar a la verdad de los hechos y dictar la respectiva decisión, pudiendo ser ésta Absolutoria o Condenatoria. En razón de ello, este Tribunal considera ajustado a derecho negar la solicitud de la Defensor Pública Penal, y así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No. 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD del acusado JEAN FREILYS FRONTADO, solicitada por la Defensora Pública Penal ABG. MARIA TOMEDES. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Notifíquese a las partes esta decisión.

LA JUEZ DE CONTROL No. 4

DRA. EMILIA VALLE ORTIZ

LA SECRETARIA,

Abg. YINESKA GUERRA