TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, dos (02) de julio de dos mil catorce (2014).
204º y 155º

ASUNTO: VP01-L-2010-001875

PARTES CODEMANDANTES:
Ciudadanos FRANCIELA NUÑEZ, ALVIS BLANCO VERA y EDIXON JOSÉ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.429.215, V-10.211.629 y V-12.999.591 respectivamente, domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADOS JUDICIALES DE LOS CODEMANDANTES:
Ciudadanos MIGUEL JAVIER PUCHE URDANETA y GERVIS MEDINA, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nos. 140.478 y 140.461, respectivamente.

PARTES DEMANDADAS:
Sociedad Mercantil CENTRO RAFAEL URDANETA S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 30 de Mayo de 1998, cuya última reforma de Estatutos consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 23 celebrada en fecha 19 de febrero de 2004, inserta por ante la misma oficina de Registro en fecha 11 de junio del 2004, bajo el No. 18 Tomo 29-A. Y ENTIDAD FEDERAL ESTADO ZULIA (GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA).

APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES DEMANDADAS:
Ciudadanos EMIDIO RAFAEL RIVERA GONZÁLEZ y JANETH TERESA GONZALEZ COLINA, venezolanos, mayores de edad, abogado en ejercicio el primero, y Procuradora General del Estado Zulia la segunda, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el No. 108.550 y 20.163, respectivamente.

MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS LABORALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:

HOMOLOGACION DE ACUERDO TRANSACCIONAL:

En el juicio que por diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos laborales tiene incoado los ciudadanos FRANCIELA NUÑEZ, ALVIS BLANCO VERA y EDIXON JOSÉ GONZALEZ antes identificados, comparecieron ante este Tribunal en fecha 30 de Junio de 2014; la parte demandante, representada por su apoderado judicial abogado GERVIS MEDINA; y la parte demandada Sociedad Mercantil CENTRO RAFAEL URDANETA S.A., representada por su representante judicial abogado EMIDIO RIVERA y la ENTIDAD FEDERAL ESTADO ZULIA (GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA) representada por la Procuradora General del Estado Zulia abogada JANETH TERESA GONZALEZ COLINA; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 18 numeral 4° y 19 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (derogada); ambas partes celebraron una transacción laboral; donde con el objeto de evitar los gastos y costos que pudieran generarse para las partes, en aras de evitar también el transcurso del tiempo que implica un proceso de esta naturaleza difícil y costoso; y constatada la existencia de derechos reclamados, litigiosos y contradictorios, susceptibles de ser objeto de una transacción; ambas partes, de mutuo y común acuerdo, a los fines de poner fin al actual proceso y de precaver un futuro y eventual litigio, convinieron en celebrar ACUERDO TRANSACCIONAL, sobre la controversia planteada; regulada en los términos y condiciones convenidos por ambas partes; ofreciendo LAS DEMANDADAS la cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.31.910,57) a la ciudadana FRANCIELA NUÑEZ pagadero mediante cheque signado con el No. 1252, girado contra el Banco Occidental de Descuento (BOD), de fecha 22/05/2014; la cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 27.180,00) al ciudadano ALVIS BLANCO VERA pagadero mediante cheque signado con el No. 1253, girado contra el Banco Occidental de Descuento (BOD), de fecha 22/05/2014; y el monto de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 27.481,91) al ciudadano EDIXON JOSÉ GONZALEZ pagadero mediante cheque signado con el No. 1254, girado contra el Banco Occidental de Descuento (BOD), de fecha 22/05/2014; a tal efecto se observa que las referidas cantidades fueron efectivamente canceladas mediante los cheques antes identificados a nombre de cada uno de los accionantes y comprenden para cada uno de los accionantes los siguientes conceptos: Antigüedad, intereses de prestaciones sociales, diferencia de vacaciones y bono vacacional, retroactivo aumento de salario años 2004-2010 de acuerdo a la cláusula 18 de la Convención Colectiva 2004-2006 del CRUSA, diferencia en el pago de utilidades durante los años 1997-2010, pago pendiente bono único según cláusula 14 de la Convención Colectiva 2004-2006 del CRUSA. Así mismo se observa, que ambas partes declaran estar absolutamente de acuerdo con los términos expresados en la transacción, recibiendo en el acto los pagos descritos, todo ello en razón que han quedado plenamente satisfechas y liquidadas en su totalidad las prestaciones sociales surgidas con ocasión a la relación laboral que sostuvieron los demandantes con la demandada. Igualmente los actores reconocen y declaran que la accionada nada queda a deberles por este ni por otros conceptos tales como: Horas extras, bonos nocturnos, bonificación de fin de año y sus incidencias, vacaciones, bono vacacional, incidencia de bono vacacional, tiempo de reposo y comida, fideicomiso, prestaciones de antigüedad, salarios dejados de percibir, entre otros conceptos ampliamente detallados en la cláusula Décima del escrito Transaccional. En tal sentido, queda incluido en la presente homologación todo lo contenido en la Cláusula Quinta, Sexta, Séptima, Novena, Décima, y Décima primera de la transacción laboral celebrada por las partes.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establece el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, o credo o por cualquier otra condición.
6) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social. (Cursiva del Tribunal).

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en sus artículos 3, 18 numeral 4° y 19 consagra:

Artículo 3. “Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni relajables por convenios particulares…”. (Cursiva del Tribunal).

Artículo 18. “El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza…”
“…4. Los derechos laborales son irrenundables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos…”

Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.” (Cursiva del Tribunal).

Igualmente, el artículo 10 y 11 del Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo (derogada), disponen lo siguiente:

Artículo 10: Principio de irrenunciabilidad (Transacción Laboral). “De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”. (Cursiva del Tribunal).

Artículo 11: Efectos de la Transacción Laboral. “La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.
Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. (Cursiva del Tribunal).

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal observa que en materia laboral, al ser los derechos debatidos de orden público, es irrenunciable el derecho por parte del trabajador a aquellas normas y disposiciones que lo favorezcan, según lo establecen claramente los ya citados artículos 3, 18 numeral 4° y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, pero dejando estas mismas normas abierta la posibilidad de conciliación o transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos; es decir que la transacción o conciliación en materia laboral es posible siempre y cuando se respeten aquellos derechos de orden público que protejan al trabajador y tutelados por la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento.

A tal fin, la Ley establece una serie de requisitos para la validez de toda transacción o conciliación laboral, tales como: 1) Debe versar sobre derechos litigiosos discutidos; 2) Que consten por escrito; 3) Que contengan una relación circunstanciada de los hechos; 4) Cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno. No obstante, cabe destacar que dichos requisitos fueron concurrentes hasta que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de Marzo de 2004, caso Cesar Augusto Villareal contra Panamco de Venezuela, S.A.; con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, dejó sentado lo siguiente:

“Debe señalar ésta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9° y 10° de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es, homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificaran si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.
Si bien es cierto que en el parágrafo primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de Ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún, cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia…”. (Cursiva del Tribunal).
Ahora bien, esta Sentenciadora, sin perjuicio de lo antes citado, observa que en el presente caso se cumplen los requisitos legales que hacen procedente la homologación de la transacción celebrada entre las partes en esta causa con miras a poner fin al presente juicio, por lo que de manera consecuente se procederá a homologar tal y como se expresará en el dispositivo del presente fallo dicho medio de auto composición procesal. Así se establece.

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1.- SE HOMOLOGA LA TRANSACCION celebrada entre los ciudadanos FRANCIELA NUÑEZ, ALVIS BLANCO VERA y EDIXON JOSÉ GONZALEZ; la Sociedad Mercantil CENTRO RAFAEL URDANETA S.A. y ENTIDAD FEDERAL ESTADO ZULIA (GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA), ambas partes suficientemente identificadas en las actas procesales; en consecuencia se le imparte el carácter de Cosa Juzgada, a dicho mecanismo de autocomposición procesal.

2.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo y por haberlo así convenido las partes.

3.- Se ordena la notificación de la presente decisión a la PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO ZULIA, conforme lo establecido en el artículo 97 del DECRETO No. 6.286 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA publicado en No. 5.892 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ofíciese.

4.- Se abstiene este Tribunal de ordenar el archivo definitivo del expediente y declarar Terminado el mismo, hasta tanto conste en actas el cumplimiento efectivo de la notificación ordenada.

Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA JUEZ,

ABOG. BREZZY MASSIEL AVILA URDANETA.

EL SECRETARIO,

ABOG. JOAN PAULT ANDRADE.

En la misma fecha siendo las diez y cincuenta y nueve minutos de la mañana (10:59 a.m.) se dictó y publicó el fallo anterior.

EL SECRETARIO,

ABOG. JOAN PAULT ANDRADE.

BAU.-
Sentencia No. 2014-072.-