TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO- JUEZA UNIPERSONAL No.2

EXPEDIENTE: 14224
CAUSA: MODIFICACIÓN DE CUSTODIA
PARTES: DEMANDANTE: Alvaro Enrique Borla Neira
DEMANDADA: Amada Rosa Villasmil

PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que en fecha 13 de Febrero de 2009, el ciudadano Alvaro Enrique Borla Neira, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.687.724, domiciliado en Santa Bárbara del Zulia, Municipio Colon del Estado Zulia, asistido por la abogada Gabriela Faria, Defensora Pública Cuarta (4°) Encargada del Sistema Autónomo de la Defensa Pública de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Zulia, en petición de MODIFICACIÓN DE CUSTODIA, establecida en contra de la ciudadana Amada Rosa Villasmil, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.901.795, del mismo domicilio, a favor de su hijo (IDENTIDAD OMITIDA EN VIRTUD A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)
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A esa demanda se le dio entrada en fecha 26 de febrero de 2008, y se procedió a admitir cuanto ha lugar en derecho la misma, ordenándose la citación de la demandada de autos y a tales fines se comisionó al Juzgado de los Municipios Colon y Francisco Javier Pulgar con facultades de sub comisionar en caso de ser necesario, del mismo modo se ordeno la elaboración de un Informe Social en el hogar de las partes involucradas, para lo que se ordeno oficiar al Equipo Multidisciplinario adscrito a éste Tribunal, por otra parte se ordeno la notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público.
En fecha 20 de Marzo de 2009, la ciudadana Amada Rosa Villasmil, confirió poder apud acta al abogado en ejercicio Melquiades Peley, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 37.885.
En fecha 31 de Marzo de 2009, se dejó constancia de la comparecencia de los ciudadanos Alvaro Enrique Borla Neira y Amada Rosa Villasmil, asistidos por la Defensora Publica Cuarta Especializada Gabriela Faria y el abogado Henry Casanova, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 68.561, respectivamente, a fin de llevar a efecto el acto conciliatorio entre las partes establecido en el articulo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes, en el cual no se llego ningún acuerdo entre los mismos.
En fecha 31 de Marzo de 2009, el abogado Melquiades Peley, actuando con el carácter de actas, presentó escrito de contestación a la demanda.
En fecha 28 de abril de 2009, se dictó sentencia declarando inadmisible la reconvención planteada por la parte actora.
En fecha 08 de Julio de 2009, la Defensora Publica Cuarta Especializada Gabriela Faria, presentó escrito de Pruebas, el cual fue admitido por éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha.
En fecha 15 de Julio de 2009, la ciudadana Amada Rosa Villasmil, asistida por el abogado Melquiades Peley, ya identificado, ratificó las pruebas promovidas en escrito de contestación a la demanda, el cual fue admitido por éste órgano jurisdiccional en auto de esa misma fecha.
En fecha 26 de Octubre de 2009, se agregó a las actas boleta de notificación del Ministerio Publico Especializado.
En fecha 10 de Junio de 2010, compareció el niño de autos a fin de emitir su opinión conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:

PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 22 de Junio de 2010; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.

De la lectura del artículo anterior se puede colegir claramente que toda instancia se extingue por el transcurso de un año (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos continuaran teniendo plena validez. La perención solo pone fin al proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pág. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley N°. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es por que no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”

Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
De lo anteriormente trascrito, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación procesal desde el día 22 de Junio de 2010, fecha en la cual se ordenó la comparecencia de los ciudadanos Alvaro Enrique Borla Neira y Amada Rosa Villasmil, a fin de sostener entrevista con la Juez Titular de éste Despacho, y a tales efectos se libraron boletas de notificación, sin que hasta la presente fecha se hayan impulsado dichas boletas, produciéndose una inactividad por parte de los sujetos procesales, lo que se traduce en una falta de interés procesal a la persecución del juicio, de conformidad con el criterio sostenido de manera reiterada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la Republica.
Pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un (01) año, en consecuencia por las razones antes expuestas, se evidencia que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por auto composición procesal; en consecuencia esta Juzgadora considera alcanzado los extremos legales exigidos para que proceda en el presente juicio la perención de la instancia. Así se declara.

PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Jueza Unipersonal N° 2, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
a) CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de MODIFICACIÓN DE CUSTODIA, intentada por el ciudadano Alvaro Enrique Borla Neira, en contra de la ciudadana Amada Rosa Villasmil, ya anteriormente identificado,
b) Se ordena el ARCHIVO del presente expediente.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio N° 02 del Despacho del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los seis (06) días del mes de Febrero de dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Juez Unipersonal N° 2,

Dra. Inés Hernández Piña. La Secretaria,
Abg. Militza Martínez Portillo
En la misma fecha, siendo las 9:25 a.m., previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia Interlocutoria bajo el No. 170. La Secretaria.
Exp. 14224
IHP/mg*.