TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección de Niños; Niñas y Adolescentes
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio - Juez Unipersonal Nº 1

PARTE NARRATIVA

Consta de los autos que en fecha veinte (20) de Enero de dos mil doce (2012), se recibió solicitud de HOMOLOGACION DE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR por los ciudadanos ANGIE CATHERINE CASTILLO MATTOS Y CARLOS EDUARDO TREJO FRANCO, venezolanos, mayores de edad, cédula de identidad N° 17.835.039 y 16.018.972 respectivamente, asistida la primera por el Abogado CARLOS MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 152.281 y el segundo por la Abogada LIZ GODOY Defensora Publica adscrita a la Unidad de Defensa Publica del Estado Zulia, en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en beneficio de la niña CARLA KATHERINE TREJO CASTILLO.
Mediante auto de fecha 24 de Enero de 2012, este Tribunal le dio entrada, ordenando formar expediente y numerarlo.
El día 03 de Febrero de 2012, este Tribunal recibió escrito de la ciudadana ANGIE CATHERINE CASTILLO MATTOS, ya identificada, asistida por el Abogado CARLOS MEDINA, en la cual expuso que el ciudadano CARLOS EDUARDO TREJO FRANCO no le había suministrado el número de cuenta y por ende le entregaría un cheque a su nombre. Adicionalmente expuso que se encontraba imposibilitada de dar cumplimiento al régimen de convivencia familiar durante el periodo del 11 de Febrero del 2012 al 28 de Febrero del 2012 ya que se debía ausentar de la ciudad de Maracaibo por circunstancias de trabajo, por lo tanto solicitaba autorización a este Tribunal.
Mediante auto de fecha 16 de Febrero de 2012, este Tribunal ordeno la comparecencia de los ciudadanos ANGIE CATHERINE CASTILLO MATTOS Y CARLOS EDUARDO TREJO FRANCO titulares de la cedula de identidad No. 17.835.039 y 16.018.972, al segundo día de Despacho siguiente a la constancia en autos de la notificación de los ciudadanos.
A partir de la fecha 16 de Febrero de 2012, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de los ciudadanos ANGIE CATHERINE CASTILLO MATTOS Y CARLOS EDUARDO TREJO FRANCO.

Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional entra ahora a resolver el presente caso de homologación de Régimen de Convivencia Familiar:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el 16 de Febrero de 2012; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.

De la lectura de este artículo se pude interpretar que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.

El efecto de la Perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos, continuaran teniendo plena validez. Simplemente, la Perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de la misma.

El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:

“1) Concepto.
El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.

Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.

En tal sentido, la Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.

Lo cual conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal.

II

Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.

Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”

En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha de 16 de Febrero de 2012, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento o de impulso procesal; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la Perención de la Instancia; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de HOMOLOGACION DE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR incoada por los ciudadanos ANGIE CATHERINE CASTILLO MATTOS Y CARLOS EDUARDO TREJO FRANCO, cédula de identidad N° 17.835.039 y 16.018.972 respectivamente, en beneficio de la niña CARLA KATHERINE TREJO CASTILLO
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.

Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los (20) días del mes de Febrero de dos mil catorce. 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez Titular Unipersonal N° 1 (Titular),

Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero

La Secretaria

Mgs. Angélica María Barrios.

En la misma fecha, en horas de despacho, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No.____ La Secretaria.

Exp.: 21171.
HRPQ/876*