REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta

La Asunción, veintiuno de febrero de dos mil catorce
203º y 155º
ASUNTO: OP02-K-2012-000002

PARTE ACTORA: ciudadana Caridad del Carmen Peña Díaz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 13.771.852, en nombre y representación de su hija, la niña “cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente”, de nueve (09) años de edad, asimismo representada por el Abogado José Vicente Santana Romero, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.906.

PARTE DEMANDADA: Empresa Desarrollos Inrasa, C.A..

MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.

Se inició el presente asunto por solicitud presentada ante este Tribunal, se admitió el 20/04/2012 y se ordenó un despacho saneador a la parte actora, no obstante, no consta en autos que la parte actora haya procurado darle continuidad al presente asunto, siendo que se constata que la ultima actuación tuvo lugar ese mismo día.
Para decidir se observa:
La perención se basa en una condición que consiste en el transcurso de un (01) año de inactividad procesal de las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
La Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01855 de fecha 14/08/2001, partiendo del dispositivo contenido en el articulo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que el fundamento de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso; dejando establecido además, que siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: una, la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la otra, la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. Criterio que ha sido compartido por la Sala de Casación Civil la cual en sentencia Nº 369 de fecha 15 de noviembre de 2000, ratifica tal señalamiento al dictar sentencia Nº 211, de fecha 21 de junio del 2000, expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, que dejó sentado lo siguiente:
“…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.
Asimismo la Sala Constitucional, ha sostenido respecto a la perención, lo siguiente:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el Artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”


Criterios que aplica y comparte esta Jueza en todas y cada una de sus partes y por lo antes expuesto, tomando en consideración que desde la fecha indicada, los interesados no han impulsado la tramitación del presente asunto, consumándose con ello una absoluta inactividad en este juicio, es por lo que la Perención de la instancia en el presente caso, debe prosperar; y así se declara.
En razón de todas las consideraciones anteriormente expuestas es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCIÓN de la instancia en la solicitud seguida por la ciudadana Caridad del Carmen Peña Díaz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 13.771.852, en nombre y representación de su hija, la niña “cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente”, de nueve (09) años de edad, asimismo representada por el Abogado José Vicente Santana Romero, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 58.906 contra la Empresa Desarrollos Inrasa, C.A. por Cobro de Prestaciones Sociales.
En consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el Articulo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, La Asunción, 21 de febrero de 2014. Años 203º de La Independencia y 155º de La Federación.
La Jueza.

Fanny Luz Márquez
La Secretaria.

Yelitza Guaramaco Terán.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de ley, siendo la hora que establece el Sistema Iuris 2000.
La Secretaria,

Yelitza Guaramaco Terán.