REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO- JUEZ UNIPERSONAL No. 03
Sentencia Nº ___.-
Expediente Nº 24.162
Motivo: Divorcio con fundamento en el 185-A del Código Civil.
Solicitantes: Leomar Montiel Montiel y Jesús Ángel Amaya Araujo, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.591.082 y V-11.285.027, respectivamente, domiciliados en el municipio Maracaibo, del estado Zulia.
Niño(s), niñas(s) y/o adolescente(s): (NOMBRE OMITIDO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNNA), de ocho (08) años de edad.
PARTE NARRATIVA
Comparecen ante este Órgano Jurisdiccional los ciudadanos Leomar Montiel Montiel y Jesús Ángel Amaya Araujo, antes identificados, asistidos por el abogado en ejercicio Noel Enrique Navarro, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.256, para solicitar que se declare disuelto el matrimonio que los vincula, conforme a lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil.
Narran los solicitantes que contrajeron matrimonio en fecha tres (03) de agosto del 2.000, por ante el Jefe Civil y Secretario de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, del municipio Maracaibo, del estado Zulia, según se evidencia del acta de matrimonio consignada en actas signada bajo el Nº 232. Que luego de contraído el matrimonio fijaron su domicilio conyugal en el municipio Maracaibo del estado Zulia, donde habitaron hasta que la vida conyugal fue interrumpida en el mes de enero del año 2.008 y hasta la fecha no ha sido reanudada. Que durante su unión matrimonial procrearon una (01) hija que lleva por nombre: (NOMBRE OMITIDO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNNA), de ocho (08) años de edad. Alegan estar separados de hecho desde hace más de cinco (5) años.
Fue recibida la solicitud del órgano distribuidor en fecha veintiuno (21) de octubre del 2.013 y el Tribunal mediante auto de fecha veintiocho (28) de octubre de 2.013, la admitió por no ser contraria al orden público y a ninguna disposición expresa de la ley y ordenó la citación del Fiscal Especializado del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia.
En fecha seis (06) de diciembre de 2.013, fue agregada boleta donde consta que se citó a la Fiscal Trigésima (30°) Especializada del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia.
Cumplidos los trámites procesales dispuestos por la Ley y llegada la oportunidad para dictar sentencia, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
En el presente caso los cónyuges-solicitantes fundamentan su pretensión en el artículo 185-A del Código Civil, alegando ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (5) años. Este artículo establece: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común”.
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales acompañadas, es decir, las copias certificadas del acta de matrimonio y del acta de nacimiento de los hijos niños, niñas y/o adolescentes; las cuales se valoran como documentos público de conformidad con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, observa este Juzgador que está demostrada la afirmación de ambos cónyuges de estar separados de hecho desde hace más de cinco (5) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, por haber ruptura prolongada de la vida en común.
Por otra parte, no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud de divorcio planteada debe ser proveída. Así se declara.
En otro orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la LOPNNA, este Sentenciador acoge lo acordado por las partes en cuanto a las instituciones familiares, por lo cual, la Patria Potestad y de la Responsabilidad de Crianza serán ejercidas de forma conjunta por el padre y la madre de acuerdo con lo establecido en el artículo 358 de la LOPNNA. La custodia de la niña y/o adolescente (NOMBRE OMITIDO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNNA), de ocho (08) años de edad, será ejercida por la progenitora, la ciudadana Leomar Montiel Montiel.
Con respecto al régimen de convivencia familiar, el progenitor mantiene un régimen de convivencia familiar abierto, los días y fines de semana que disponga para hacerlo, sin embargo, respetara sus horas de descanso y horario escolar. En cuanto a las navidades, la hija pasara alternativamente con sus progenitores y la familiar materna y paterna según sea el caso, todo esto de mutuo acuerdo entre ellos como progenitores siempre oyendo y respetando la opinión de la hija. En cuanto a los asuetos correspondientes al carnaval y semana santa la hija pasara de manera alternativa e interanualmente con los respectivos progenitores, todo ello de mutuo acuerdo entre ellos y siempre oyendo y respetando la opinión de la hija. En cuanto al dia de la madre y el dia del padre, la hija podrá disfrutar con cada uno de los progenitores el dia respectivo a la celebración pertinente, es decir, si es el dia de la madre lo pasa con la madre y si es el dia del padre lo pasara con el padre.
Al respecto, este Sentenciador advierte que el artículo 386 de la LOPNNA establece: “Contenido de la convivencia familiar: La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, sí se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”.
En relación con la obligación de manutención, el progenitor se compromete a suministrarle a su hija la cantidad de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) mensuales, los cuales serán depositados en la cuenta corriente que tiene la progenitora en el Banco de Venezuela, signada con el N° 01020454210100016606. El monto señalado será administrado por la progenitora, y en el ejercicio de la administración no estará sujeta a obligación de rendir cuentas, salvo el caso de que se hiciere menester incrementar su cuantía. Gastos médicos y medicinas todo lo referente a este particular será cubierto conjuntamente por ambos padres en partes iguales. En época escolar inscripciones serán cubiertas en su totalidad por la progenitora, y el progenitor cubrirá las mensualidades, es decir la cantidad de Seiscientos Setenta Bolívares (Bs. 670,00) mensuales, (En caso de aumento del monto de la matricula será cubierto en su totalidad por el progenitor), útiles y uniformes escolares en la oportunidad correspondiente a la preparación de la hija para el inicio del año escolar, ambos proveerán todo lo referente a útiles y uniformes escolares en partes iguales.
PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio-Juez Unipersonal Nº 3, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, hecha por los ciudadanos Leomar Montiel Montiel y Jesús Ángel Amaya Araujo, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.591.082 y V-11.285.027, respectivamente, domiciliados en el municipio Maracaibo, del estado Zulia, en consecuencia
b) Disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron en fecha tres (03) de agosto del 2.000, por ante el Jefe Civil y Secretario de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, del municipio Maracaibo, del estado Zulia, según se evidencia del acta de matrimonio consignada en actas signada bajo el Nº 232.
c) En relación con el régimen de los hijos: La Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza serán ejercidas por ambos progenitores. Con respecto al ejercicio de la custodia, el régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención, el Tribunal acoge lo establecido por los progenitores de común acuerdo, ya narrado en la presente decisión.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Para cumplir lo ordenado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº TPE-11-123 de fecha 27 de junio de 2011, se acuerda oficiar a la Oficina Regional Electoral del estado Zulia del Consejo Nacional Electoral remitiendo copia certificada de la presente sentencia, a los fines previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Despacho del Juez Unipersonal No. 3, en la ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días del mes de enero del 2.014. Año 203° de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez Unipersonal No. 3 (P): La Secretaria:
Abg. Gustavo A. Villalobos Romero Abg. Carmen A. Vilchez.
En la misma fecha, a las 10:00 a.m., se publicó el fallo anterior y quedó registrado bajo el Nº ___, en el libro de sentencias definitivas llevado por este Tribunal. La suscrita secretaria de este Tribunal hace constar que las copias que anteceden son un traslado fiel y exacto de su original. Lo certifico en Maracaibo a los trece (13) días del mes de enero de 2.014. La Secretaria
GVR/raúl
Exp. 24.162
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