Expediente N° 1722 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando como primera instancia; según Resolución N° 2009-0006 de la Sala Plena del Supremo Tribunal, dictada en fecha 18 de Marzo de 2.009, donde se modificó a Nivel Nacional las competencias de los Juzgados Cabimas, ocho (8) de Enero del 2.014 203º y 154º Demandante: RAFAEL GREGORIO AMAYA ALBORNOZ, venezolano, mayor de edad, soltero, Abogado en Ejercicio, titular de la cédula de identidad número 9.748.779 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula 120.201, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de Apoderado Judicial del ciudadano RUTILIO DE JESÚS AMAYA BRACHO, quien es venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cédula de identidad número 1.662.191, de igual domicilio. Demandado: ROQUE DE JESÚS FARÍA GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.154.344, domiciliado en el Municipio Cabimas, estado Zulia. Motivo: DESALOJO Ahora bien, del estudio exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, observa éste Tribunal que el contrato de arrendamiento es ley entre las partes y que los mismos suscribieron en la cláusula décima tercera lo siguiente: “...Para todos los efectos jurídicos que se generen en éste contrato, se elige como domicilio especial a la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse…” Siendo así las cosas, se obliga ésta Juzgadora a realizar las siguientes consideraciones relativas a la competencia de este Órgano Jurisdiccional: Al respecto, según el ilustre DEVIS ECHANDIA, la competencia es la facultad que cada Juez o Magistrado de una rama jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de ciertos territorios. La competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado en razón de la materia, la cuantía o el territorio. De este mismo modo, se considera como la medida de la jurisdicción que pueda ejercer cada juez en concreto. En referencia a eso, se debe resaltar que, si bien es cierto que la jurisdicción como facultad de administrar Justicia incumbe a todos los Jueces y Magistrados, no es menos cierto que es difícil que todos los Tribunales ejerzan la Jurisdicción plena en todos sus grados y clases dentro del país, y por ello es necesario limitarles el ejercicio de la función jurisdiccional, bien sea por la extensión del territorio o por la especialidad de los asuntos que puedan conocer y además, deben estar divididos en categorías o grados, de tal manera que los interesados sepan antes de acudir a ellos si tienen posibilidad de impartir justicia en el caso concreto, de acuerdo con las atribuciones y poderes que objetivamente le asigna la ley al tribunal respectivo. Los limites de la jurisdicción del Juez, que le imponen las reglas de la competencia, están destinados a operar, exclusivamente, entre los diversos Órganos del Poder Judicial de la República, que es a quien corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional, y operan esos limites en sentido positivo, de atribución de cierta esfera de poderes y deberes que idealmente están comprendidos en la función genérica de administrar justicia. Por lo tanto, cada vez que se propone una demanda, o en el caso bajo estudio, una solicitud ante un juez a quien no le corresponde conocerla según las reglas de competencia, debe declararse incompetente. Evidentemente, sobre la base de los fundamentos legales expuestos y atendiendo al principio de Competencia Territorial, considerando que la misma es de carácter improrrogable, indelegable, de orden público y aplicable de oficio, debe declararse éste Tribunal incompetente por el territorio, en virtud del domicilio especial establecido por las partes de común acuerdo en el contrato de arrendamiento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Cabimas, en fecha 28/12/1.998, quedando anotado bajo el N° 63, Tomo N° 130; el cual para ésta Juzgadora alcanza solo los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. De lo antes transcrito y en aras de mantener una tutela judicial efectiva y el debido proceso, éste Tribunal declina su competencia. Así se decide.- DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, éste JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando como primera instancia; según Resolución N° 2009-0006 de la Sala Plena del Supremo Tribunal, dictada en fecha 18 de Marzo de 2.009, donde se modificó a Nivel Nacional las competencias de los Juzgados, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INCOMPETENTE por el territorio, y declina su competencia al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo. SEGUNDO: Remitir las presentes actuaciones mediante Oficio a la OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo, una vez que se halla vencido íntegramente el lapso establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en Costas, en virtud del dispositivo del fallo. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas a los ocho (8) días del mes de Enero del año dos mil catorce (2.014).- Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.- LA JUEZA, Dra. MIGDALIS DEL VALLE VÁSQUEZ MATHEUS. LA SECRETARIA, Dra. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES. En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de éste Tribunal a las puertas del Despacho, siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (2:45 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrada bajo el número 05-2.014.- LA SECRETARIA, Dra. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES. MVVM/zrbo/mcgd.-