TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA

Recibida la anterior solicitud de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial, signada con el número TM-MO-1333-2014, , y firmada por sus presentantes en fecha 23 de Julio de 2014, constante de Catorce (14) folios útiles entre los cuales se encuentran: 1) Una copia simple de documento de venta debidamente protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, de fecha 07 de junio de 2006, bajo el No. 49, Protocolo Primero, Tomo 26; 2) Original del Certificado de Registro de Vehículo signado con el No. 27846373, de fecha 19 de Agosto de 2010, No. de Autorización 6135LG807625; 3) Una (01) copia certificada de sentencia de divorcio proferida por el Tribunal Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha veintiocho (28) de marzo de 2014, ejecutoriada en fecha cuatro (04) de abril de 2014; 4) Copia simple de cédulas de identidad. Se le da entrada. Se ordena formar expediente, numerarlo y se ordena hacer la anotación en el libro respectivo.
La presente solicitud de Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal, fue interpuesta por los ciudadanos VICTOR MANUEL FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, titular de la Cédula de Identidad No. 8.463.421, asistido por la abogada en ejercicio XIOMARA J. COLINA C., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 41.422, y, la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.496.580, asistida por abogada ROSA A. CHACIN CABALERO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 37.631.
Arguyen en el escrito en cuestión que durante la vigencia de la relación conyugal, que fuere disuelta por el Tribunal Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veintiocho (28) de marzo de 2014, sentencia debidamente ejecutoriada en fecha cuatro (04) de abril de 2014, adquirieron los bienes que a continuación se describen:
PRIMERO: Un inmueble constituido por una zona de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el No. 67B-70, ubicada en la calle 67-A del Barrio Los Olivos, en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo Parra Pérez del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, comprendido el terreno dentro de los siguientes medidas y linderos: NORTE: Mide Treinta Metros (30,oo Mts) y linda con propiedad o posesión que es o fue de Zoila Rubio; SUR: Mide Treinta Metros (30,oo Mts) y linda con propiedad o posesión que es o fue de Nelson Aguirre; ESTE: Mide Catorce Metros (14,oo Mts) y linda con propiedad o posesión que es o fue de Danilo Bravo; y OESTE: Mide Once Metros con Treinta Centímetros (11,30 Mts) y linda con vía Pública, la citada calle 67-A, el cual ambas partes acordaron avaluar dicho inmueble en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,oo) y que el mismo sea adjudicado en plena propiedad a la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, antes identificada, en virtud de la cesión del 50% de los derechos pro indivisos que en el escrito libelar declara hacer el ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, antes identificado, hasta por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,oo).
SEGUNDO: Un Vehículo CLASE: CAMIONETA, MARCA: CHEVROLET, TIPO: SPORT WAGON, MODELO: GRAN VITARA, COLOR: PLATA, AÑO: 2000, PLACAS: KAU22Y, SERIAL DE CARROCERIA: 8LDFTL52VY0002510, SERIAL DEL MOTOR: 156887, USO PARTICULAR, Certificado de Registro de Vehiculo No. 27846373 de fecha 19 de Agosto de 2010, ambas partes acordaron avaluar dicho vehículo en la suma de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) y que el mismo sea adjudicado en plena propiedad al ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, antes identificado, en virtud de la cesión del 50% de los derechos pro indivisos que en el escrito libelar declara hacer la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, antes identificada, hasta por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,oo).
TERCERO: Las prestaciones sociales, fideicomiso, retroactivo, caja de ahorro y demás conceptos laborales devengados por el ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, antes identificado, como trabajador al servicio de la Universidad del Zulia, ambas partes acordaron que dichos conceptos sean adjudicados en plena propiedad en su totalidad al ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, en virtud de la renuncia y cesión del 50% de los derechos proindivisos que en el escrito libelar declara hacer la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, antes identificada, sobre el señalado concepto.
CUARTO: Las prestaciones sociales, fideicomiso, retroactivo, caja de ahorro y demás conceptos laborales devengados por la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, antes identificada, como trabajadora al Servicio de la empresa NOROESTE, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ambas partes acordaron que dichos conceptos sean adjudicados en plena propiedad en su totalidad a la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, en virtud de la renuncia y cesión del 50% de los derechos proindivisos que en el escrito libelar declara hacer el ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, antes identificado, sobre el señalado concepto.
QUINTO: Los Bienes muebles esenciales para la satisfacción de las necersidades del hogar (Menaje), valorados de común acuerdo entre las partes en CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,oo), ambas partes acordaron que dichos conceptos sean adjudicados en plena propiedad en su totalidad a la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, en virtud de la renuncia y cesión del 50% de los derechos proindivisos que en el escrito libelar declara hacer el ciudadano VICTOR MANUEL FIGUEROA, antes identificado, sobre el señalado concepto.
Ambas partes declararon que los pasivos existentes a la fecha serán de la única y cuenta y responsabilidad de quien los haya adquirido o contraído, incluyendo los créditos bancarios, tarjetas de crédito y deudas de cualquier tipo a quien exclusivamente corresponda, sin hacer cualquier otro reclamo a otro; y, que no existen otros bienes comunes que partir y liquidar.
Peticionan al Tribunal homologue la partición y liquidación de los referidos bienes bajo los términos y condiciones acordados en el escrito libelar, y que, con las adjudicaciones recíprocas planteadas queda extinguida la comunidad conyugal fomentada y nada quedan a deberse o reclamarse en su condición de comuneros sobre la existencia de ese patrimonio.

El Tribunal para decidir observa:
La partición constituye el instrumento a través del cual, de mutuo acuerdo o mediante juicio, se hace posible la división de las cosas comunes para adjudicar a cada comunero la porción de los bienes comunes, conforme a la cuota que a cada uno corresponda en las mismas, partiendo del principio que nadie puede obligarse a permanecer en comunidad. (Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos, autor Abdón Sánchez Noguera).
Le es optativo a los sujetos que conforman una comunidad continuarla o extinguir la comunidad forjada, con el objeto de que a cada quien se le adjudique su equivalente a la alícuota (ex artículo 777 del Código de Procedimiento Civil). Como se dijo anteriormente, en materia de partición de la comunidad se ha determinado que ésta puede verificarse por mutuo acuerdo de los comuneros o mediante juicio, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 768 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y el criterio jurisprudencial reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual le da el carácter de especial.
Sobre este particular, esta Sentenciadora se encuentra obligada a aclarar que el procedimiento de partición de la comunidad –ordinaria, hereditaria o conyugal– es de carácter especial. Para ello, es preciso invocar el artículo 778, que dispone:
“En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento”. (Negrillas del Tribunal).

En razón de la reproducida disposición, le es permitido a esta Sentenciadora afirmar que según el trámite procedimental aplicable en aquellos juicios en los que se pretende partir los bienes que integran la comunidad, la parte demandada en el lapso de contestación, primero, puede que acepte los hechos y el derecho invocado, o segundo, oponerse o manifestar su desacuerdo con el carácter o cuota de los interesados, en el último caso se discurrirá la causa por el procedimiento ordinario.
En crédito de lo transcrito, el Tribunal infiere que la naturaleza del juicio depende de la suerte que corra, configurándose con el carácter de contencioso cuando se formulare oposición y con ella la ordinarización del mismo, o no contencioso cuando la parte contraria se allana a los términos arribados, siempre que se encuentre amparada la existencia de la comunidad con instrumentos fehacientes.
Ello así, asume quien suscribe, que el asunto bajo examen trata de un procedimiento especial no contencioso, en cuyo caso no existe controversia en relación a la partición de los bienes, por el contrario los comuneros se encuentran contestes con la adjudicación acordada. Como quiera que se le dio el carácter de mutuo acuerdo, quien aquí decide está en el deber de advertir que asume la competencia para tramitarla, en virtud de la resolución dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, en la que en el artículo 3, suprimió la competencia a los Tribunales de Primera Instancia en los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosas en materia civil, mercantil y de familia, asignándoselas a los Tribunales de categoría C.
En atención a las anteriores líneas argumentativas es menester reproducir el contenido del artículo 148 del Código Civil, que estatuye:
“Entre marido y mujer, sino hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”.

A su vez prevé el artículo 173, que:
“(…) La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales (…)” Negrilla del Tribunal.

La comunidad conyugal nace entre los cónyuges desde el momento en que contraen nupcias, y fenece por la disolución del vínculo matrimonial, basado en algunas de las causales tipificadas en la ley. El caudal de gananciales está conformado por todos los bienes adquiridos durante la relación conyugal correspondiendo de por mitad a cada uno de los cónyuges, indiferentemente de cuanto hubiesen aportado.
La disolución matrimonial trae indefectiblemente la extinción del régimen patrimonial de los cónyuges, disolución que pudiere originarse por la muerte, la declaratoria de nulidad del matrimonio o por mandato judicial que dirime el divorcio. En este supuesto, al tratarse de un procedimiento especial no contencioso, en el que las partes de mutuo acuerdo solicitan la disolución amigable de los gananciales que conforman la comunidad adquirida, viene consigo la aceptación de los hechos, por lo que a simple vista no existe controversia entre las partes pendiente por resolver y el Tribunal se encuentra limitado a verificar los requisitos intrínsecos consagrados en la ley para su procedencia:
La normativa impone a los comuneros demostrar la existencia de la comunidad que se pretende liquidar, la cual se constata mediante instrumento fehaciente que acredite el derecho que recae sobre los bienes, argumento ratificado por la Sala Constitucional mediante fallo dictado en fecha 17 de Diciembre de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, que indicó:
“…Quiere la Sala apuntar, que, en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que sólo así podrá conocer con precisión los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condóminos, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil)…”

En consideración del extracto decisorio transcrito, esta Sentenciadora observó que los comuneros para crear convicción de la disolución del vinculo matrimonial alegado, acompañaron copia certificada de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha veintiocho (28) de marzo de 2014, ejecutoriada en fecha cuatro (04) de abril de 2014. Al mismo tiempo, para demostrar la existencia de la comunidad conyugal, consignaron copia simple del documento de propiedad del bien inmueble que pretenden liquidar, el cual se encuentra debidamente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 07 de Junio de 2006, anotado bajo el No. 49, Tomo 26° del Protocolo Primero, así como Original del Certificado de Registro de Vehículo expedido por el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, signado con el No. 27846373, de fecha 19 de Agosto de 2010, No. de Autorización 6135LG807625, donde constan los datos del vehículo objeto de partición.
No cabe duda, que los postulantes cumplieron con los requisitos exigidos en los artículos aplicables al presente procedimiento, por lo que no existe óbice que impida la procedencia del procedimiento especial no contencioso incoado y así se decide expresamente.
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE cuanto ha lugar en derecho y HOMOLOGA la liquidación y partición de bienes de la comunidad conyugal, propuesta por los ciudadanos VICTOR MANUEL FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, titular de la Cédula de Identidad No. 8.463.421 y la ciudadana NELLY DEL CARMEN MONTILLA TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.496.580 respectivamente, ambos domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en la forma términos y condiciones acordados en el escrito en cuestión, el cual se da por reproducido en el presente fallo; y, le da el carácter de cosa Juzgada, quedando de esta forma definitivamente extinguida la comunidad conyugal que existió entre ambos cónyuges.
Igualmente, en atención a los pedimentos formulados en el escrito en estudio, este Tribunal ordena la expedición de dos copias certificadas, para lo cual se insta a los postulantes a consignar los fotostatos correspondientes.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada, y firmada, en la Sala de Despacho del Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia , en Maracaibo, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto del año Dos Mil Catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-
La Juez,

Dra. Martha Elena Quivera El Secretario,

Abg. Aníbal Antonio Pernia Prieto
En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se dictó y publicó la resolución que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.
El Secretario,

Abg. Aníbal Antonio Pernia Prieto