TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 06 de Abril de 2014
203° y 154°

CAUSA Nº 7C-30169-14 DECISIÓ Nº 487-14.

En el día de hoy, Domingo seis (06) de Abril del año Dos Mil Catorce (2.014), siendo las doce del mediodía (12:00 m.), se constituyó este Juzgado Séptimo Estadal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en su sede natural ubicada en la avenida 15 Las Delicias, entre calles 93 y 94 Palacio de Justicia, diagonal al Diario Panorama, presidido por el profesional del derecho DR. ROMULO JOSE GARCIA RUIZ, en su carácter de Juez de Control junto a la también profesional del derecho ABOG. LIS NORY ROMERO, desempeñándose como secretaria del mismo despacha con el objeto de llevar a efecto el acto de Audiencia Oral de Individualización del ciudadano JULIO ALBERTO MACHADO MORILLO, quien fuera aprehendido por funcionarios adscritos Al Cuerpo de Policía Bolivariana de Venezuela, por encontrarse solicitado el ciudadano por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, según oficio N° 382-13, expediente 5U-704-12, de fecha 13-02-2013. Seguidamente se le pregunta al imputado si tiene defensor de confianza que lo asista en este acto; manifestando este lo siguiente: “Ciudadano Juez, no poseo defensa que me asista por lo que quiero que el tribunal me nombre uno. Es todo”. Dicho lo anterior, la secretaria de este despacho procedio a realizar una llamada a la defensora publica, siendo atendido este llamado por la defensora publica auxiliar ABG. LUZ ESPINA, defensora 24°, quien se apersono al tribunal para manifestar su aceptación al cargo, seguidamente se le otorgo un tiempo prudencial a la defensa junto a su defensa a fin de que se impidieran de las actas”, luego se le concede la palabra a la representación Fiscal.-

DE LA EXPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Seguidamente, se le concede la palabra a las representantes de La Fiscalia de Flagrancia del Ministerio Público de La Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quienes a los efectos expone: “En este acto, actuando con el carácter de Fiscales Auxiliares Interinas de la Sala de Flagrancia adscritas a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia con sede en Maracaibo, y en uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 44 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 numeral 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, artículos 111 ordinales 08, 11 y 13, y artículos 354 y 356 último aparte del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 6078 Extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012, estando de guardia, ante usted acudimos para presentar y dejar a disposición de este tribunal al ciudadano JULIO ALBERTO MACHADO MORILLO quien fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia en fecha 04 de Abril de 2014, siendo las 11:00AM, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desprenden del acta policial suscrita por los funcionarios actuantes en las cuales se evidencia que, el ciudadano luego de ser verificado a través del Sistema Integral de Información SIIPOL constato la comisión que el mismo SE ENCUENTRA SOLICITADO ANTE EL JUZGADO QUINTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA DE FECHA 13/02/2013 EXPEDIENTE 5U/704/2012, NO INDICA DELITO; razón por la cual solicitamos se mantenga la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 236 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL COORDINANDO EL TRASLADO A ESE JUZGADO, DECLINÁNDOSE LA COMPETENCIA DEL REFERIDO ASUNTO A SU JUEZ NATURAL, ello de conformidad con el articulo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines legales consiguientes, es todo; asimismo, solicitamos copia simple del acta de presentación. Es Todo”.

DE LA IMPOSICIÒN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS AL IMPUTADO DE AUTOS
Escuchada como ha sido la exposición del Ministerio Público, el ciudadano Juez, se dirige al imputado de actas, en presencia de su Defensor Privado y de la Representante del Ministerio Público, a fin de explicarle en palabras sencillas el motivo de su detención, así como de imponerlo de sus derechos y garantías, establecidas en el artículo 49, ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los establecidos en los artículos 127, 128, 132, 133 y 134 del Código Orgánico Procesal Penal, quien manifestó, ser y llamarse: JULIO ALBERTO MACHADO MORILLO, Venezolano, Natural de Paraguaipoa, Titular de la cedula de identidad Nº 9.720.210, fecha de nacimiento 12-05-1968, de 46 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, hijo de OLGA MORILLO y JULIO MACHADO, residenciado Barrio Brisas del Sol avenida 34, calle 126, casa D-53;, Telf. (NO POSEE), quien posee las características fisonómicas siguientes: Cabello negro, ojos color marrones, cejas pobladas, nariz alargada, boca: normal, contextura flaca, estatura 1.72 metros aproximadamente, y se deja constancia que el ciudadano no presenta otras características diferenciales, quien en presencia de su Defensor de forma libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, coacción o apremio expone: “No voy a declarar me acojo al precepto constitucional, es todo”.
EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA

Seguidamente, se le concede la palabra a la defensora pública auxiliar ABG. LUZ ESPINA, en su carácter de defensora del ciudadano imputado, quien a los efectos expuso: “esta defensa técnica vista y revisada las presentes actas, solicita muy respetuosamente al tribunal la declinatoria de la causa a su juez natural, asimismo solicito que se mantenga en el mismo órgano aprehensor hasta tanto se realice el traslado hasta el Juzgado Quinto de Juicio de esta Misma Circunscripción Judicial, por ultimo solicito de me expida copia de la presente acta, es todo. Es todo”.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE ESTE TRIBUNAL
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en muchas de sus decisiones ha hecho referencia al derecho constitucional a ser juzgado por el juez natural y su conexión con la competencia atribuida por ley a los juzgadores, estableciendo específicamente en la Sentencia No. 144 dictada el 24 de Marzo de 2000, recaída en el caso Universidad Pedagógica Experimental Libertador, lo siguiente: “En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. El requisito de la idoneidad es relevante en la solución del presente caso, y es el resultado de lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que exige concursos de oposición para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, lo que se ve apuntalado por la existencia de Normas de Evaluación y Concursos de Oposición de Funcionarios del Poder Judicial dictados por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicadas en la Gaceta Oficial No. 36.899 de 24 de febrero de 2000. Este requisito no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un sólo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales; y 6) que el juez sea competente por la materia.” El Debido Proceso es la suma de las Garantías Constitucionales mínimas que debe reunir todo proceso, sea o no sea judicial, para que pueda calificársele de justo, razonable y confiable, que garantice al ciudadano la efectividad de su derecho material. Este conjunto de garantías aseguran los derechos de los ciudadanos frente al Poder Judicial y que establecen los límites al poder Jurisdiccional del Estado para afectar los derechos de las personas, por lo que el debido proceso al juicio imparcial, transparente e idóneo, es el instrumento más importante del ser humano en defensa de su vida, libertad, valores, bienes y derechos. El Debido Proceso, como principio constitucional alude a la suma de los derechos y garantías procesales consagradas en la Constitución que le permite al justiciable obtener una justicia pronta y efectiva, de manera que no puede cerrarse el contenido del debido proceso, sino que el mismo debe atender a un elenco de garantías procesales, tales como la Celeridad Procesal, La Motivación, La Congruencia, La Transparencia, El Juez Natural, Proceso sin Formalismos Inútiles, La Tutela Judicial Efectiva, El Derecho a la Defensa, La Presunción de Inocencia, El Principio de Publicidad y otros similares, derechos y garantías estas definidas en el Artículo 49 de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de lo antes expuesto, tal y como lo establece el Articulo 80. “…En cualquier Estado del proceso el Tribunal que este conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto motivado en otro Tribunal que considere competente…”, y en virtud de que aun no esta clara su situación jurídica por cuanto aun aparecen como requeridas en pantalla por los referidos juzgados señalados en el acta policial, en razón de lo antes expuesto y a los fines de garantizar el Principio del Juez Natural, y con ello el Debido Proceso, este Tribunal Séptimo de primera Instancia en funciones de Control ACUERDA Declinar la Competencia de la presente causa signada con el No. 7C-30169-14, al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quien es el Competente para el conocimiento de la referida causa seguida al ciudadano ut supra indicado. Declinese la competencia del conocimiento de la causa, así como del detenido descrito al Juzgado Cuarto de Control de Guarico, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal. Razón por la cual se ordena su ingreso preventivo a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, ordenando su trasladado al Juzgado antes indicado con carácter de extrema urgencia, a los fines de solventar su situación jurídica comisionando al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para que canalice lo concerniente al traslado. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO:
DECLINAR LA COMPETENCIA, de la presente causa signada con el No. 7C-30169-14, seguida en contra del ciudadano imputado JULIO ALBERTO MACHADO MORILLO, Venezolano, Natural de Paraguaipoa, fecha de nacimiento 12-05-1968, de 46 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, hijo de OLGA MORILLO y JULIO MACHADO, residenciado Barrio Brisas del Sol avenida 34, calle 126, casa D-53;, Telf. (NO POSEE) al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto el mismo presenta orden de aprehensión según oficio Nº 382-13, expediente 5U-704-12, de fecha 13-02-2013, Tribunal Competente para el conocimiento de la presente causa, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal.-
TERCERO:
Remítase la causa original al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y asimismo se ordena oficiar al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, a los fines de notificarlo de la presente decisión y los fines de que procedan a efectuar el traslado del imputado hasta la sede de ese organismo y practiquen el traslado del referido ciudadano hasta la Sede del Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Se acuerdan las copias solicitadas. Se termino el acto siendo las doce (02.30 P.M.) de la Tarde. Se termino, se leyó y conformes firman. Regístrese, notifíquese, ofíciese y remítase y compulsase.
EL JUEZ SÉPTIMO DE CONTROL,

DR. ROMULO JOSE GARCIA RUIZ

FISCALIA DE FLAGRANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ABOG. INDIRA IVONNE CARDENAS MIRANDA
ABOG. NIVIA MARGARITA RINCON RAMIREZ

IMPUTADO

JULIO ALBERTO MACHADO MORILLO

LA DEFENSA PUBLICA Nº 24

ABG. LUZ ESPINA

LA SECRETARIA,

ABOG. LIS NORY ROMERO BARRIOS

RJGR/Daniel
Causa No. 7C-30163-14
Asunto No. VP02-P-2014-014751