REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO ZULIA.

Producto de la distribución de Ley correspondió conocer a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA de la INHIBICIÓN planteada por la DRA. EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.445.290, en su condición de JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, quien conocía del juicio que por TACHA sigue el ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.453.677, contra la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 13 de mayo de 2008, bajo el Nº 29, tomo 31-A, domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia.

Recibidas las actuaciones correspondientes, se pasa a decidir sobre la inhibición propuesta en los términos siguientes:

PRIMERO
DE LA COMPETENCIA

Este Tribunal resulta competente para conocer de la decisión de la presente inhibición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA el Tribunal de Alzada competente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma localidad y circunscripción judicial. ASÍ SE DECLARA.

SEGUNDO
DE LA INHIBICIÓN

Del análisis de todas las actuaciones que conforman la presente incidencia, se evidencia que, mediante acta levantada en fecha 3 de octubre de 2013, por la Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción judicial, DRA. EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, se planteó inhibición en la forma indicada en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, fundada en la doctrina expresada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 2141, de fecha 7 de agosto de 2003, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, la cual fue reiterada en sentencia No. RC-00005, de fecha 4 de marzo de 2008, por la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal, con expresión de los hechos y fundamentos de derecho que le impiden seguir conociendo de la presente causa, los cuales son del tenor:

(…Omissis…)
“(…) en fecha veinte (20) de septiembre de 2013, me inhibí del conocimiento de la acción interdictal de amparo, incoada por la sociedad mercantil Inversiones Euroamérica, s.a., en contra del ciudadano Jesús Manuel Campos López, en virtud de que habiendo declarado la misma inadmisible por resolución del 15 de marzo de 2013, el referido fallo fue revocado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de julio de 2013, con lo cual se había configurado un adelanto de opinión. En este caso, nos encontramos con juicio que se encuentra ligado de manera inescindible aquella acción interdictal, la cual involucra exactamente a los mismo sujetos de derecho, sólo que en condiciones jurídico-procesales inversas. Ambos juicios tienen una inminente conexidad, la cual (…) implica que la decisión en una causa se relacionará con la otra. Así, por ejemplo, este Tribunal decidió que la sociedad de comercio Inversiones Euroamérica, s.a., no le asistía el derecho de acudir a la vía interdictal posesoria, por acusarse la condición de propietario del inmueble objeto de perturbación, tal y como se corroboró de las actas; esta condición contó con la aquiescencia de este Tribunal (…) para poder impedir el paso a la vía interdictal, precisamente por creerlo propietario conforme al documento de propiedad. Por otra parte, ese mismo documento es atacado a través de la tacha, lo que evidentemente comprometería la condición de propietario que se acusa en la sociedad mercantil Inversiones Euroamérica, s.a., y que le arroga este mismo Tribunal, lo que evidentemente pondría en una situación de desventaja procesal ab initio al tachante. La infrascrita está consciente que la causal constituida por el adelanto de opinión debe haberse configurado en el mismo juicio del cual se inhibe. Pero a juicio de quien suscribe, la condición de juez natural (…) no consigue acogida jurídica si se le estima como una simple prerrogativa técnica en la asignación del conocimiento de la causa a uno u otro juez (…). El juez no puede estar influenciado sino por sus propios valores (jurídicos o metajurídicos) y por los principios que importan al derecho procesal y al derecho en general. Cualquier otro condicionante (…) se transforma -en lo que al trámite procesal concierne- en una causa atípica e innominada de de inhibición, tal como lo sostenido la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo n° 2141, del 7 de agosto de 2003. Es así como esta Juzgadora, en atención al criterio jurisprudencial referido, se declara incursa en una causal atípica e innominada de incompetencia subjetiva relacionada con el derecho al juez natural. Es por ello que cumplo con mi obligación de inhibirme (…)”.
(...Omissis...)

TERCERO
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Juzgador Superior pasa a resolver definitivamente la presente incidencia de inhibición y en tal sentido, a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión a ser proferida en esta instancia, es menester esbozar los siguientes fundamentos y consideraciones:

De manera determinante el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil señala que:

“(…) El Funcionario Judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido (…)”.

En tal orden, el ilustre procesalista patrio ARMINIO BORJAS puntualiza: “la justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los dispensadores de justicia, sufre de incompetencia personal y es inhábil para conocer del negocio o para intervenir en él. Es natural que por motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de toda intervención en el asunto”.

Por su parte, el procesalista ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG, expresa: “Para que la jurisdicción pueda cumplir la finalidad jurídica y social de la justa composición de la Litis, es indispensable no solamente sacar la controversia del ámbito privado de las partes interesadas, para entregarle a un ente público (Tribunal) que la solucione, sino también asegurarse de que este órgano, extraño a la controversia, sea además imparcial, por no estar interesado en ella, pues así como las partes, por el interés recíproco que hacen valer, no pueden ser los jueces de su propia causa…del mismo modo, el ejercicio de la jurisdicción del Juez, en un caso concreto, debe quedar excluido cuando su imparcialidad se vea comprometida por las especiales relaciones en que se encuentre el Juez con las partes o con el objeto de la controversia concreta que le corresponde decidir…” (…omissis…). (Subrayado del Tribunal) (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1.987, Tomo I, Teoría General del Proceso. Organización Gráficas Carriles, C.A. Caracas, Págs.: 407 y 408).

Así, es criterio de este Jurisdicente Superior que no obstante que para algunos doctrinarios del Derecho las causales establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil fueron expresadas por el legislador de forma taxativa, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que postula en su artículo 26 que el Estado garantizará una justicia imparcial e idónea, el Juez que, de manera consciente, sospeche que su competencia subjetiva estaría comprometida o inclinada a favor o en contra de una o cualesquiera de las partes litigantes en el asunto sometido a su decisión, tiene el deber insoslayable de apartarse en forma inmediata del conocimiento del asunto, y de no hacerlo estaría siendo un operador de justicia parcial, lo que lo colocaría al margen de la Constitución, pues la competencia subjetiva que debe tener todo Juzgador se origina y se perpetúa por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa, ello, en íntima correlación con el dispositivo normativo previamente señalado y la opinión doctrinaria antes expuesta.

Para fundamento in extenso de la naturaleza jurídica de la posibilidad procesal del operador de justicia, en el proceder de su inhibición, se afirma que para CUENCA “la inhibición es una abstención voluntaria” en tanto que FEO “la concibe como un deber; la doctrina extranjera, por su parte, la define como una “facultad - deber”. Sobre este aspecto, sostiene el Dr. ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG que la inhibición “es el acto de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación.” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1.987, Tomo I, Teoría General del Proceso. Organización Gráficas Carriles, C.A. Caracas, 2001).

Dicho lo anterior, este arbitrium iudiciis participa del criterio doctrinal que la inhibición se constituye en el deber que tiene todo Juzgador de apartarse en forma voluntaria del conocimiento de una causa por encontrarse incapacitado legalmente para desempeñarse en la función de conocer y decidir un caso concreto. De allí que el ilustre procesalista EDUARDO COUTURE afirma que “la inhibición es el género y la recusación es la especie”.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 7 de agosto de 2003, expediente 02-2403, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, establece:

(...Omissis...)
“…visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad… La Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del C.P.C…”.
(...Omissis...)

Asimismo, se ratificó en sentencia No. RC-00005, de fecha 4 de marzo de 2008, por la Sala de Casación Civil del Más Alto Tribunal de la República, la cual señalo lo siguiente:

(...Omissis...)
La Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en decisión número 2140 de fecha 7 de agosto de 2003 (Exp. 02-2403), ratificó el criterio establecido en la sentencia N° 144 del 24 de marzo de 2000, según el cual “... en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.”, lo que indica que el juez puede inhibirse o ser recusado por causas distintas a las establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
(...Omissis...)

En consecuencia, se constata que, en fecha 15 de marzo de 2013, el Tribunal que preside la Juez inhibida declaró inadmisible la demanda interdictal incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A., contra el ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, con fundamento en la condición de propietario que ostenta la aludida sociedad mercantil sobre un inmueble constituido por un terreno propio y casa de habitación ubicada en la calle 72, entre avenidas 11 y 12, Nº 11-15, en jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del estado Zulia (según documento protocolizado por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, de fecha 23 de diciembre de 2011, quedando registrado bajo el No. 2011.2992, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el No. 479.20.5.6.3518 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2011); así como también, se observa que, en fecha 10 de julio de 2013, este Sentenciador ad quem revocó la inadmisibilidad en cuestión ordenando la admisibilidad de la antedicha demanda interdictal; y, además, se colige que la presente demanda de tacha interpuesta por el ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, contra la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A., versa sobre el documento por el cual la mencionada sociedad mercantil se atribuye el carácter de propietario del citado inmueble.

Por ende, y dada la irremediable vinculación entre los dos procesos antes mencionados, se considera que la genealogía de los eventos procesales ya singularizados se subsume en un supuesto fáctico que, de acuerdo con la óptica de quien hoy decide, activa ese debe del Juzgador apartarse del conocimiento de la causa cuando considera que su imparcialidad está en entredicho. Y ASÍ SE CONSIDERA.

En efecto, el hecho de haberle atribuido, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción judicial, el carácter de propietario, del inmueble objeto de la litis, a la precitada sociedad de comercio, en su sentencia de fecha 15 de marzo de 2013, se traduce, para el suscriptor de este fallo, en un elemento que afecta la objetividad de la Juez del indicado Juzgado de Primera Instancia en la causa in commento (la cual versa, como ya se expresó, sobre la tacha del documento por el cual la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A. se atribuye el carácter de propietario del inmueble previamente individualizado). Y ASÍ SE ESTABLECE.

En derivación, obró correctamente la DRA. EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, en su condición de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al inhibirse del conocimiento de la causa relativa al juicio que por TACHA sigue el ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, contra la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A.; lo cual responde a una idónea correlación entre los dictados intangibles de su consciencia y la normativa legal que regula la materia y la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de agosto de 2003, por ende, se declara CON LUGAR la inhibición in examine; lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por TACHA sigue el ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, contra la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMERICA, S.A., declara CON LUGAR la inhibición para conocer del mismo planteada por la DRA. EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ en su condición de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

PUBLÍQUESE la presente sentencia y a los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.

NOTIFÍQUESE por oficio de esta decisión al Juez Inhibido en acatamiento de la sentencia Nº 1175, de fecha 23 de noviembre de 2010, expediente Nº 08-1497, proferida con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR PROVISORIO,

Dr. LIBES GONZÁLEZ GONZÁLEZ
LA SECRETARIA


Abog. ANY GAVIDIA PEREIRA

En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se dictó y publicó el fallo anterior. Y se ofició bajo el Nº S2-355-13.

LA SECRETARIA,


Abog. ANY GAVIDIA PEREIRA






LGG/ag/ff