REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
203º y 154º
Exp. N° 33.213
DEMANDANTE: NIEVES MARIELIS TORRES MOLEIRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.719.954, de este domicilio.
DEMANDADO: JUAN SEBASTIAN SEGNINI HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.853.955, de este domicilio
MOTIVO: OBLIGACION DE MANUTENCIÓN.
Se abre el presente cuaderno de medidas. Vista la anterior diligencia presentada por el ciudadano MIGUEL ANGEL SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.537.346, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 91.943, de este domicilio, donde solicita que se decrete medida de embargo por los siguientes conceptos: PRIMERO: sobre el 50% de las utilidades y la liquida del presente año 2.013; SEGUNDO: Embargo sobre el 50% de las prestaciones de antigüedad y sus intereses; TERCERO: Embargo sobre el 50% del Fideicomiso y sus intereses; CUARTO: Embargo sobre el 50% sobre vacaciones y Bono Vacacional; QUINTA: Embargo sobre el 50% del Fondo de ahorro (IFA) que le correspondan al demandado como trabajador de la Empresa PDVSA, en caso de retiro, este Juzgado, en fundamento con el articulo 2 de nuestra constitución Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “…Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la liberta, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derecho humanos, la ética y el pluralismo político…” y en virtud de lo establecido en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil que establece…. En conformidad con el articulo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° EL embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualquier disposiciones complementaria para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
PARAGRAFO PRIMERO: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previsto en el articulo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se decrete alguna de las providencia cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este articulo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en el Articulo 602, 603 y 604 de este Código.
PARAGRAFO TERCERO: El Tribunal podrá, atendiendo a la circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Artículo 589….
Por cuanto no están llenos los extremos de ley, ya que el presente juicio es de OBLIGACION DE MANUTENCIÓN, rigiéndose el mismo por el procedimiento ordinario, En cuanto que “…las normas procesales cumplen también una función social; que ellas, aunque permitan interpretaciones diversas con mayor o menor amplitud influyen en la aplicación del derecho sustantivo, beneficiando a alguien, y se proyectan, por tanto, socialmente; de manera que no podemos seguir pensando que los jueces están limitados sólo a dirimir conflictos de intereses individuales…” (Molina Galicia, René. “Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su tendencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno Judicial? Caracas, Ediciones Paredes, 2002, p 123. Y establece el articulo 23 del Código de Procedimiento Civil, Cuando la ley dice que: “ El Juez puede o podrá se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio consultando siempre lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad”. Este Tribunal considera que la parte demandante no aporto elementos convincente para que este Tribunal pueda decretar las medidas solicitadas, es por lo que NIEGA tal solicitud.
Abg. ARTURO JOSE LUCES TINEO,
El Juez,
La Secretaria
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. Conste.
La Stria.
Exp. N° 33.123
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