TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación Sección Adolescentes con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, 22 de Noviembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-S-2013-006360
ASUNTO : VP02-R-2013-001206

DECISION Nº 226-13
PONENCIA DEL JUEZ PROFESIONAL: DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL.
Han subido a esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas del Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por la Abogada FATIMA SEMPRUN, Defensora Pública Segunda Especializada en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de Defensora del Imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2013, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra Las Mujeres del Circuito Judicial, mediante la cual declaró con ocasión a la Celebración de la Audiencia de Presentación de Detenidos, lo siguiente: 1) CON LUGAR la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y DECRETA el Procedimiento Especial, establecido en el artículo 94 ejusdem. 2) DECRETA la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 3) DECRETA la Medidas de Protección y Seguridad a favor de la victima de actas, de las contenidas en los ordinales 3, 5, 6, 8 y 13 del artículo 87 de la Ley Especial en Materia de Género.
Recibida la causa, en fecha 14 de noviembre de 2013, por esta Sala constituida por el Juez Presidente DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL, y por las Juezas Profesionales DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ y DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA, siendo designado como ponente, según el Sistema de Distribución Iuris 2000, el Juez Profesional DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 15 de noviembre de 2013, mediante resolución No. 222-13, se efectuó la Admisibilidad del Recurso de Apelación de Autos interpuesto, en atención a lo establecido en el artículo 439.4.5 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a “Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva” “ Las que causen una gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código”, artículo aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Especial que rige esta materia de Violencia contra las Mujeres, en virtud de ello esta Corte Superior procede a resolver el fondo de la presente controversia, y por lo tanto pasa a hacer las siguientes consideraciones jurídicas procesales:
I
PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION DE AUTO INTERPUESTO

La Abogada FATIMA SEMPRUN, Defensora Pública Segunda Especializada en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de estado Zulia, en su condición de Defensora del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, ejerce su Recurso en contra de la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en los siguientes términos:
Inicia quien recurre esbozando el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del recurso que plantea, para luego precisar en el particular denominado “Falta de Motivación de la Decisión”, que entiende del acta de audiencia de presentación, que el Ministerio Público puso a disposición del Tribunal a su representado por el delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que en virtud de unos hechos que reposan en actas, de los cuales se aprecian las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se solicitó la aprehensión en flagrancia, la privación de libertad, medidas de protección y seguridad a favor de la victima; solicitudes estas, de las que el Tribunal hace una larga disertación sobre los aspectos de la justicia de género, analizando los elementos de convicción traídos por el Ministerio Público y acordando todo lo solicitado por el mismo.
Arguye la Defensa Pública, que existe una falta grave de motivación en la decisión que hoy impugna, puesto que a su entender, la misma se afianza en las actas procesales, cuando la decisión debe ser motivada y debe bastarse a sí misma, máxime cuando se está frente a una decisión que acuerda la Privación Judicial Preventiva de Libertad a un justiciable.
Asevera la recurrente, que en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la posibilidad de decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos allí descritos, dentro de los cuales destaca la Defensa, el siguiente: “3. una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”
En este mismo orden de ideas, quien acciona señala de igual forma, que el artículo 237 de la Ley Adjetiva Penal configura los supuestos en los cuales debe entenderse la existencia del peligro de fuga, y a tal efecto, la Defensora considera indispensable acotar que su defendido posee arraigo en el país, pues el mismo posee su residencia, lugar de empleo y familiares, en el “SECTOR LOS ESTANQUES BARRIO MI TRIUNFO CASA 50-52 AL FONDO DEL MERCADO EXTRA, DEL ESTADO ZULIA”
Así las cosas, aduce la impugnante, que la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso no excede del lapso de diez años, contemplado en el mismo artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, en cuanto a la magnitud del daño causado, la Defensa manifiesta que no existen suficientes elementos de convicción que permitan hacer presumir que su representado efectivamente haya causado un daño irreparable a la victima, siendo que el imputado ha expresado su voluntad de someterse a cualquier proceso a fin de demostrar su inocencia.
Por lo argumentos explanados, la Defensa Pública asevera que se destruye por completo el peligro de fuga que pueda justificar el mantenimiento de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, siendo procedente, a juicio de la apelante, la sustitución de la medida por una menos gravosa, como de las contenidas en los ordinales 3° y 4° del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.
Citando la sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 0948, de fecha 11-07-00, Exp. N° C990080, con ponencia del Magistrado JORGE ROSELL SENHENN, la Defensora Pública, afirma que al trasladar la misma al caso bajo estudio, se observa que en el cuerpo de la decisión accionada falta la determinación de los hechos que se estiman acreditados; las circunstancias de hecho y de derecho de la decisión, de la calificación jurídica y la parte dispositiva.
Expone quien recurre, que no basta indicar en las decisiones todos los requisitos, intrínsecos para que la misma tenga validez legal, sino que éstos deben quedar claramente definidos y explicados en el cuerpo del fallo judicial, de manera tal que no sea necesario recurrir a otras actas, para lograr una mejor comprensión de ella, ya que la sentencia debe bastarse por si misma de lo contrario incurriría en el vicio de indeterminación; señalando al respecto, extracto de la Sentencia Nº RC-00176, de fecha 25-04-C3 Exp Nº 00-951, con ponencia de Magistrado Carlos Oberto Vélez, emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, así como comentario del autor Rengel Romberg Arias, en Tratado de Derecho Procesal.
Solicita la Defensa Pública la nulidad de la decisión y la reposición al momento de efectuarse nuevamente la audiencia de presentación de imputado, y posteriormente promueve como pruebas “…COPIAS CERTIFICADAS DE EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS DE FECHA 20-10-2013, CONTRA LA CUAL SE RECURRE, por ser válidas, necesarias, útiles y pertinentes para demostrar las violaciones de derechos expuestas en la presente”.
Finalmente, solicita sea declarado ADMISIBLE el presente recurso y se declare CON LUGAR en la definitiva, y en consecuencia se anule la decisión recurrida y se ordene la celebración de una nueva audiencia de presentación de imputados, sin los vicios expuestos en la decisión anulada.

II
DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN
Las Abogadas MARIA LOURDES PARRA DE FUENMAYOR y ANA BEATRIZ BOHORQUEZ GUTIERREZ, en su condición de Fiscala Provisoria y Fiscala Auxiliar Interinas adscritas a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, da contestación al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada FATIMA SEMPRUN, Defensora Pública Segunda Especializada en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de estado Zulia, en su condición de Defensora del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con ocasión a la celebración de la Audiencia de Presentación de Imputado; bajo en los siguientes términos:
Inicia quien contesta, exponiendo en el capitulo referido a la “RELACIÓN DE LOS HECHOS”, que en fecha 20 de octubre de 2013, esa representación fiscal colocó a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, al ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN); ello en virtud de las actuaciones recibidas por ante ese Despacho Fiscal, provenientes del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Maracaibo, donde se deja constancia del procedimiento policial en flagrancia, en el cual resulta aprehendido el hoy imputado, bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar plasmadas en el acta policial, cuya actuación es ofrecida por la Vindicta Pública para demostrar la existencia de dicho procedimiento policial con las particularidades del caso.
De igual forma, asevera el Ministerio Público, que en la decisión que hoy es impugnada el Juez a quo realizó una revisión detallada de las actuaciones policiales; así como del decreto de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad y de las Medidas de Protección y Seguridad, con la base legal anteriormente explanada, la cual solicita se confirme en todas y cada una de sus partes, a saber: 1) Acta Policial, de fecha 19-10-2013, mediante la cual los funcionarios actuantes dejan constancia del procedimiento realizado, indicando que según el dicho de la ciudadana LUZ BARROSO, fue agredida físicamente por su concubino JEAN CARLOS GIL, al momento que este la golpeara con un objeto, que a la vista de la victima, fungía ser un machete. 2) Acta de Denuncia Verbal de la ciudadana LUZ BARROSO, rendida ante el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Maracaibo. 3) Acta de Inspección Técnica, de fecha 19-10-2013. 4) Oficio de Remisión a Medicatura Forense OR-IAPDM-2903-2013 de la ciudadana LUZ VIRGINIA BARROSO. 5) Listado de Antecedentes, impreso por la Coordinación de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual se refleja que el imputado de actas presenta registro de asuntos penal, por ante el Tribunal Duodécimo de Control Penal Ordinario y por el Tribunal Primero de Control Especializado en Materia de Género; en el primero de los nombrados por el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO y, en el segundo de los nombrados por los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, AMENZA y VIOLENCIA FÍSICA, en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN).
En referencia al motivo de apelación alegado por la Defensa Pública, como lo es la falta de motivación en la decisión, la Vindicta Pública delimita las denuncias expuestas por la parte recurrente mediante la cual fundamentó su apelación; y al efecto señala, que de manera diáfana puede evidenciarse que el Ministerio Público precalifico el delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con base a ello solicitó al Tribunal de la Instancia declarara la aprehensión en flagrancia, siendo que de la lectura de las actas y de la denuncia emerge solo ese tipo penal; para lo cual, las Fiscalas proceden a transcribir textualmente parte de la denuncia rendida por la victima de actas.
Dirigiéndose al planteamiento de la Defensa, de que no constan suficientes elementos de convicción, el Ministerio Público afirma, que con la sola revisión de la propia acta policial, se evidencia que desde el primer momento la victima fue remitida a un hospital, donde se le emitió un informe provisional, el cual describe el sufrimiento físico del cual fue objeto la ciudadana LUZ BARROSO; observando la Vindicta Pública, que existe perfecta armonía y congruencia entre el dicho de la victima y el aludido informe médico emitido por el Dr. Javier Arena, adscrito al Hospital Dr. Urquinaona, razón por la cual le fue imputado al ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, el delito de VIOLENCIA FÍSICA, calificación jurídica acogida por el Tribunal de la Instancia.
Indica quien contesta, que el Tribunal a quo en la decisión apelada, analiza los elementos de convicción llevados por el Ministerio Público, y no sólo dictaminó la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado de actas en base a esos elementos de convicción, sino que también, constató la conducta predelictual del mismo, con el listado de antecedentes emanado del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; lo cual permitió que se encontraran llenos los extremos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal y se actuara en aras de garantizar la integridad física de la victima de autos.
Manifiesta la Representación Fiscal, que de la revisión que se efectuara a la resolución apelada, se determina que hubo pronunciamiento expreso por parte del Juzgador para fundamentar tanto la calificación jurídica dada por el Ministerio Público, como para declarar procedente la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el imputado de autos; así mismo, afirma que de la decisión se puede evidenciar que la misma cuenta con las garantías del debido proceso y por ende de la tutela judicial efectiva, por lo que, a entender de quien contesta, mal puede la defensa sustentar los motivos en los cuales fundamentó su recurso de apelación en un gravamen irreparable, siendo que tal transgresión nunca se produjo.
En cuanto a la consideración de la Defensa, en el sentido de que el peligro de fuga se encuentra desvirtuado, por cuanto su defendido aportó una dirección al momento del acto de presentación; arguye quien detenta la acción penal, que se debe estimar también como elementos a ponderar, la pena que eventualmente pudiera llegar a imponerse y la conducta predelictual del imputado, situación esta que no permite, según lo establecido en el artículo 242 del la Ley Adjetiva Penal en su parte in fine, el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, siendo que en el caso de autos, el imputado se encuentra sometido a dos Medida Cautelares, en los asuntos que fueron descritos con anterioridad.
Por todos los argumentos antes plasmados, la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, solicita a este Tribunal Superior se declare SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, en contra de la decisión de fecha 20 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con ocasión a la celebración de la Audiencia Oral de Presentación de Imputado, en la que se le imputó al aludido ciudadano, la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN), y fue decretada en su contra la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia se CONFIRME en todas sus partes la decisión accionada.

III
DE LA DECISIÓN RECURRIDA
El fallo apelado corresponde a la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declaró con ocasión a la Celebración de la Audiencia de Presentación de Detenidos, entre otros particulares, lo siguiente: 1) CON LUGAR la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y DECRETA el Procedimiento Especial, establecido en el artículo 94 ejusdem. 2) DECRETA la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 3) DECRETA la Medidas de Protección y Seguridad a favor de la victima de actas, de las contenidas en los ordinales 3, 5, 6, 8 y 13 del artículo 87 de la Ley Especial en Materia de Género.
IV
FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR
De la revisión efectuada a las actas que conforman la presente incidencia recursiva, observa la Sala que el aspecto principal del presente Recurso de Apelación, estriba en impugnar la declaratoria de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en el acto de presentación de imputado, por cuanto a juicio de la apelante dicha decisión no se encuentra debidamente motivada, ocasionándole a su defendido con ello un gravamen irreparable, por conculcar derechos constitucionales y procesales; por lo que esta Alzada pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente manera:
En relación al primer motivo de impugnación, fundamentado en el artículo 439.4 del Código Orgánico Procesal Penal, debe señalarse, que la fase de investigación dentro del proceso penal, tiene por objeto ordenar la practica de todas las diligencias necesarias para hacer constar las circunstancias que permitan verificar la comisión del delito investigado, aquellas que puedan influir en su calificación, y en la responsabilidad del autor, y en fin las encaminadas al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito, todo ello a fin de reunir los elementos de convicción necesarios para determinar la inculpación o exculpación del imputado y que en definitiva permitirán al órgano titular de la acción penal, establecer los fundamentos serios, ciertos y concretos en los que se fundará su correspondiente acto conclusivo, en tal sentido los artículos 262, 263 y 265 del Código Orgánico Procesal Penal disponen que:
“Artículo 262. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado o imputada”.

“Artículo 263. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que lo o la favorezca”.

“Artículo 265. Investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.

Sin embargo, durante el transcurso de esta investigación es muy común que el director de la investigación a los efectos de mantener aseguradas las resultas del proceso pueda -como ocurrió en el presente caso-, solicitar al momento de hacer la formal imputación en audiencia de presentación; la imposición de una medida de coerción personal, que atendiendo a las circunstancias del caso puede consistir en una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad o en su forma más gravosa como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 673, de fecha 07 de Abril de 2004, señaló:
“...El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal ...”.

Ahora bien, la imposición de estas medidas de coerción personal a los fines de asegurar las resultas del proceso, (Vid. Sentencia Nº 504 de fecha 06 de Diciembre de 2011, de Sala de Casación Penal, con Ponencia de la Ex Magistrada Ninoska Queipo Briceño), deben ser decretadas ponderadamente tomando en consideración, las circunstancias propias que rodean cada caso en particular. Criterios estos que la Sala considera fueron observados por el Juez de la recurrida al momento de decretar en contra del imputado de autos la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por cuanto del estudio de las actuaciones se aprecia que efectivamente están satisfechos todo y cada uno de los extremos legales previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, pues evidentemente está acreditado la existencia de:
1.- Un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; como lo es el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, siendo este delito de acción pública, perseguible de oficio, que por el quantum y la naturaleza de la pena que tienen asignada, así como por la fecha en el está acredita su comisión, se evidencia que no se encuentra prescrito.
2.- Igualmente está acreditada hasta la presente fecha, la existencia de elementos de convicción para estimar que el hoy imputado ha tenido participación en la presunta comisión del hecho punible imputado, lo cual se desprende del contenido de las actuaciones que corren insertas en la presente causa, arrojando fundados y plurales elementos de convicción que permiten estimar suficientemente la participación del imputado, en la comisión del delito atribuido por la Representación Fiscal, en el caso bajo estudio se acreditó la presunta comisión del hecho punible, con los siguientes elementos de convicción: 1) ACTA POLICIAL DE FECHA 19/10/2013, SUSCRITA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, en la cual se dejaron constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos acaecidos en esa misma fecha; 2) ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS COSNTITUCIONALES DE FECHA 19/10/2013, CORRESPONDIENTE AL IMPUTADO DE AUTOS JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, SUSCRITA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, 3) ACTA DE DENUNCIA VERBAL DE FECHA 19/10/2013, RENDIDA POR LA CIUDADANA (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN), ANTE EL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, 4) ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE FECHA 19/10/2013, PRACTICADA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTONOMO DE POLICÍA DEL MUNICPIO MARACAIBO, 5) OFICIO DE REMISIÓN A LA MEDICATURA FORENSE DE FECHA 21/10/2013, donde se solicita que se practique Reconocimiento Médico-Legal (Físico) a la victima de actas ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN).
En este sentido, estas Juzgadoras y este Juzgador convienen en aclarar a los efectos de la presente decisión, que si bien es cierto la investigación no se encuentra concluida y además sólo será en la fase de juicio oral y público, en la que luego de la práctica de todas las pruebas y el desarrollo del contradictorio, se podrá establecer la existencia o no de responsabilidad penal del imputado, no obstante hasta el presente estado procesal está demostrado a los solos efectos de la imposición de una Medida de Coerción Personal como lo es la prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación del referido imputado en la comisión del delito atribuido lo cual hacía procedente, -como bien lo estimó el Juzgador Especializado-, el decretó de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Así, debe dejarse asentado que tal situación en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del Ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, pues los elementos cursantes en autos y aquí evaluados por estos Jurisdicentes se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la medida coerción personal que correctamente fue decretada, como lo es, la de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
3.- Y finalmente, la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia esta Alzada, partiendo del fundamento realizado por la Instancia, que existe una presunción razonable del peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, observando el a quo, y así lo reflejó en actas, la certeza que el imputado puede obstaculizar la investigación, es decir, que destruya, modifique, oculte o falsifique los elementos de convicción, dado que el presunto agresor es concubino de la víctima, corriendo el riesgo de que ejerza actos de intimidación, persecución y acoso en contra de esta.
Como corolario de lo anterior, es preciso traer a colación Sentencia Nº 3389 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de Agosto de 2010. Expediente Nº A09-065, la cual señala:
“igualmente en atención a las decisiones que se dicten con arreglo a las medidas privativas de libertad, el Juzgado deberá razonar y exponer, con argumentos basados en autos y criterios jurídicos propios, por qué en su concepto, además de los presupuestos de procedencia relatados en el artículo 250 del Código Adjetivo, existe en el caso sometido a su prudente arbitrio un real peligro de fuga, de acuerdo a los parámetros del artículo 251 ejusdem, o por qué existe el peligro de obstaculización (artículo 251 ibidem), en el proceso en curso.
Tal criterio judicial, fue explicado por la Sala de Casación Penal, en varias ocasiones, y particularmente, en una oportunidad, reflexionó así:
“…del artículo trascrito se infiere que estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino por el contrario deben analizarse con los diversos elementos presentes en el proceso, que permitan juzgar si existe objetivamente una presunción de real de fuga o de obstaculización de la investigación y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los supras citados artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal …” (Decisión Nº 242 de fecha 28 de abril de 2008.) (Subrayado de la Sala)

En este sentido, la imposición de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme al principio de legalidad que rige las medidas de coerción personal, sólo está sujeta a las causales de improcedencia que impone las propias disposiciones que en tal sentido prevé el Código Orgánico Procesal Penal; siendo precisamente una de ellas, la contenida en el artículo 239 ejusdem, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cuyo contenido es del tenor siguiente:
“Artículo 239. Improcedencia. Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado o imputada haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas. (Negritas y subrayado de la Sala).

Ahora bien, en el caso sub examine, la imputación ejercida por el Ministerio Público al Ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, si bien no excede de los tres años, a los que hace alusión la referida norma procesal, en actas quedó demostrado, mediante planilla emitida por el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, que el mencionado imputado se encuentra sometido ante dos (02) procesos penales distintos al caso bajo estudio, a saber: 1) Asunto N° VP02-P-2009-022104, Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO y, 2) Asunto N° VP02-S-2011-002642, Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, siendo que en este último asunto nombrado la victima es la ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN); por lo que resulta evidente que la prohibición de aplicación de la medida privativa de libertad no rige al caso de autos, en atención al séptimo aparte del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal; en virtud que quedó demostrado que el imputado de autos no tiene buena conducta predelictual; de allí que, aunado precisamente a la libertad para el Juzgador o Juzgadora, quien de acuerdo a una valoración racional y debidamente ponderada, estimará cuál es el tipo de medida coercitiva a aplicar para asegurar las resultas del proceso, es decir, pudiendo en consecuencia ésta, consistir; en una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, o bien en una medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, dado que no existe ningún obstáculo de índole legal, que le prohíba en un momento dado decretar la privación del imputado cuando las necesidades del proceso así lo requieran, tal como ocurrió en el caso de actas.
En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado observa que el Juez a quo al momento de tomar su decisión evaluó en su conjunto, la gravedad del delito, las circunstancias de su realización, la posible sanción a imponer y muy especialmente el peligro de obstaculización de la investigación, dadas las circunstancias antes referidas, que ponen el peligro no solo a la victima de actas debido al vinculo existente con el agresor, sino también a la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia; siendo que, las medidas de coerción personal, restrictivas o privativas de libertad, dada su naturaleza cautelar y no sancionadora, tienen el exclusivo propósito de asegurar los fines del proceso penal, de modo tal que el imputado o imputada se encuentre presente durante la investigación, y en los momentos que tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional lo requieran, concluye esta Alzada que, ante la evaluación en su conjunto de todos las circunstancias ut supra indicadas, resultó acertado el dictamen de la Medida de Privación Judicial Preventiva e Libertad.
Vista así las cosas, quienes aquí deciden convienen en acotar, que si bien es cierto, la libertad constituye la regla, no es menos cierto que tal regla tiene su excepción, la cual nace de la necesidad del aseguramiento del imputado o acusado, -según el caso-, de quedar sujetos al proceso penal, cuando como en el presente caso, existan fundados elementos en su contra que comprometan por una parte su participación en la comisión de un delito, y de otra su voluntad de no someterse a la persecución penal, en tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 2654, de fecha 02 de Octubre de 2003, señaló que:
“... Ahora bien, el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado...” (Negritas de la Sala)

Así las cosas, precisa esta Sala, que si bien es cierto, por mandato expreso de los artículos 157, 232 y 240, todos del vigente Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones mediante las cuales se decreten medidas de coerción personal requieren estar debidamente fundadas, a los efectos de brindar seguridad jurídica a las partes intervinientes, expresando cuales fueron los elementos que llevaron al Juzgador o Juzgadora a decretar la medida impuesta; no es menos cierto que las decisiones dictadas en Audiencia de Presentación, mediante las cuales se impone una Medida de Coerción Personal, por lo inicial o primigenio en que se encuentra el proceso, no se les puede exigir las mismas condiciones de exhaustividad que se puede y debe esperar de una decisión llevada a cabo en un estado procesal posterior, como lo sería el de Audiencia Preliminar, las tomadas en la Fase de Juicio o en Ejecución, pues los elementos con los que cuenta el Juzgador o la Juzgadora en estos últimos casos, no son iguales ni en su cantidad, ni en su comprensión, a los que posee un Juez o la Jueza en Audiencia de Presentación.
En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de justicia en decisión Nº 499 de fecha 14 de Abril de 2005, ratificando el criterio sustentado por la decisión Nº 2799 de fecha 14 de Noviembre de 2002, señaló:
“…En todo caso, debe recordarse, a estos efectos, que la Sala ha establecido que, en virtud de la etapa del proceso en la cual es dictada, no es exigible, respecto de la decisión por la cual se decrete, en la audiencia de presentación del imputado, la medida cautelar de coerción personal, una motivación que se desarrolle con la exhaustividad que es característica de otras decisiones. Así, en su fallo n.° 2799, de 14 de noviembre de 2002, esta Sala estableció lo siguiente:
“La decisión que se impugnó en la presente causa fue dictada con ocasión de la audiencia que, con arreglo a lo que disponen los artículos 130 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal tenía por objeto, esencialmente, la audiencia de los imputados y el pronunciamiento del Tribunal, en lo atinente a la ratificación o revocación de la orden previa de aprehensión, o bien, la sustitución de la medida cautelar privativa de libertad por algunas sustitutivas menos gravosas que aquélla, de las que contiene el artículo 256 eiusdem. El Juez constitucional de primera instancia estimó que la decisión del Juez de Control, por la cual impuso las medidas sustitutivas adolecía de falta de motivación o fundamentación, de lo cual derivó, en perjuicio del imputado José Miguel Márquez Rondón -que fue, en definitiva, el único sujeto procesal respecto de quien el a quo admitió la presente acción de amparo-, la lesión del derecho a la libertad que reconocen los artículos 44 y 243, de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, así como al derecho a la defensa, que establece el artículo 49.1 de nuestra Carta Magna, que se concreta en el derecho que tiene toda persona a que se le notifiquen los cargos por los cuales se le investiga y las razones por las cuales se le priva o se le restringe su libertad. Ahora bien, se observa que, contrariamente a lo que afirmó el juez a quo:
Si bien es cierto que el referido pronunciamiento judicial debía ser motivado y que tales motivaciones no están expresadas en el objetado auto que dictó el Juez de Control, como culminación de la antedicha audiencia, no lo es menos que tal fundamentación se encuentra suficientemente desarrollada en el auto de imposición de medida de coerción personal que, el 16 de abril de 2002, produjo el legitimado pasivo, conforme lo exigía el último párrafo del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, el Juez de Control sí expresó una motivación, la cual esta Sala estima suficiente, por cuanto, si se toma en cuenta el estado inicial del proceso penal, a la misma no pueden serle exigidas las mismas condiciones o características de exhaustividad que corresponden a otros pronunciamientos, como los que derivan de la Audiencia Preliminar o el Juicio Oral. Por otra parte, estima la Sala que, en el acta de la audiencia de presentación, el legitimado pasivo razonó satisfactoriamente su decisión de sustitución de la medida cautelar privativa de libertad por las menos gravosas que antes fueron mencionadas. Por tanto, concluye esta Sala que, respecto a este punto de impugnación, el legitimado pasivo actuó conforme a derecho y que, en consecuencia, no lesionó derechos constitucionales del supuesto agraviado de autos. En todo caso, habiendo sido suficientemente motivada la decisión de privar preventivamente de su libertad al predicho imputado, se debe concluir que, aun si se considerara que el decreto de sustitución de dicha medida por otras menos gravosas no fue fundado, o lo fue insuficientemente, dicho pronunciamiento fue, más bien, favorable a la preservación de la libertad, incluso con las señaladas limitaciones que impuso el Juez; por tal razón, se estima que, por lo menos, en cuanto toca al amparo constitucional, no hubo agravio que justifique el ejercicio de la presente acción tutelar. Así se declara”…”.

Por su parte, y en relación al argumento explanado por la recurrente, dirigido a la no existencia de suficientes elementos de convicción que hagan presumir la responsabilidad de su defendido en el hecho, resulta oportuno para esta Sala de Alzada dejar constancia de los elementos de convicción, que el Juez de la Instancia estimó suficientes para presumir la responsabilidad del ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, en los hechos que le atribuye la representación fiscal, los cuales son: 1) ACTA POLICIAL DE FECHA 19/10/2013, SUSCRITA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, en la cual se dejaron constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos acaecidos en esa misma fecha; 2) ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS COSNTITUCIONALES DE FECHA 19/10/2013, CORRESPONDIENTE AL IMPUTADO DE AUTOS JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, SUSCRITA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, 3) ACTA DE DENUNCIA VERBAL DE FECHA 19/10/2013, RENDIDA POR LA CIUDADANA (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN), ANTE EL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPIO MARACAIBO, 4) ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE FECHA 19/10/2013, PRACTICADA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO AUTONOMO DE POLICÍA DEL MUNICPIO MARACAIBO, 5) OFICIO DE REMISIÓN A LA MEDICATURA FORENSE DE FECHA 21/10/2013, donde se solicita que se practique Reconocimiento Médico-Legal (Físico) a la victima de actas ciudadana (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN); todos estos elementos permitieron generar en el Juez de la Instancia, la convicción de la posible participación o autoría del mencionado imputado en los hechos acaecidos en fecha 19 de octubre de 2013, y por los cuales el Ministerio Público lo imputo por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De manera que, en el presente caso, esta Sala estima que resultan insuficientes tales argumentos expuestos por la parte recurrente, para desvirtuar los elementos de convicción a que se refiere el artículo 236.2 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, ya que se observa que quien recurre parte de un falso supuesto por cuanto se evidencian de las actas procesales que la víctima fue trasladada a un Centro Público Asistencial, en el cual fue atendida la victima de actas de actas, siendo remitida de igual manera a la Medicatura Forense para la practica de evaluación Medico-Legal (Física), a fin de determinar las lesiones denunciadas por la misma, asimismo corre inserta, el acta policial suscrita por funcionarios del Instituto Autónomo Policía Municipio Maracaibo, en la que se deja constancia de las circunstancias de lugar, tiempo y modo, bajo las cuales se produjo la aprehensión del ciudadano JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, resaltando el señalamiento directo que hizo la ciudadana victima (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE N° 11-0855 CON PONENCIA DE LA DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN), concubina del imputado, en el propio sitio de los hechos, y de igual manera, acta de inspección técnica del sitio del suceso; es por lo que, el considerando mediante el cual la Defensa Pública insiste que no existen elementos de convicción que demuestren la responsabilidad penal de su defendido en los hechos presuntamente ocurridos, debe ser desestimado por este Tribunal Superior, una vez constatados la existencia y suficiencia de esos elementos que la recurrente tildó de insuficientes, para estimar la responsabilidad del imputado de actas en la comisión del hecho punible.
Por ello, estando en el presente caso llenos los supuestos establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, para decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, consideran estas Jurisdicentes y este Jurisdicente, que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el presente motivo de impugnación. Y así se declara.
Atendiendo a la segunda denuncia del recurso subjudice, concerniente al gravamen irreparable, fundamentado en el artículo 439.5 del Código Orgánico Procesal Penal, aducido por la apelante, quienes aquí deciden dejan por sentado que efectivamente existen suficientemente elementos de convicción, los cuales el Juez a quo consideró y plasmó en la resolución motivada que hoy se recurre, de manera pues que sí realizó un pronunciamiento ajustado a todos y cada uno de los extremos exigidos por el artículo 236 del vigente Código Orgánico Procesal Penal; además de evidenciarse que en el caso de autos, la aprehensión se efectuó de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, de manera flagrante, y siendo que el carácter de la Medida Privativa de Libertad, es precisamente preventiva, no se puede marginar la presunción de inocencia ni adelantar una pena, antes de que se produzca una condena, y dado que sólo se limita la libertad en casos de estricta necesidad, en función del proceso, y realizado un análisis exhaustivo de las actas que integran la presente causa, es por lo que no se evidencia la violación del derecho a la libertad personal, debido proceso, tutela judicial efectiva, la proporcionalidad, el principio de in dubio pro-reo y presunción de inocencia, estatuido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados en el Código Orgánico Procesal Penal.
De manera que, –tal como es el caso de marras-, el carácter típico, antijurídico y culpable del hecho que imputa la Representación Fiscal, en estas audiencias de presentación, constituyen hechos complejos y seriamente controvertidos, en consecuencia, tales elementos del delito, no pueden ser, a priori estimados por la primera instancia, a través de estas audiencias, pues requieren de exhaustividad en la investigación, cumpliendo con el principio del Debido Proceso, reuniendo y respetando las garantías indispensables para que exista una Tutela Judicial Efectiva a los derechos y garantías constitucionales y procesales del imputado, sin menoscabo del deber del Estado en el ejercicio del ius puniendi.
Así las cosas, constata esta Alzada que, en el presente caso, no se evidencia, como se señaló anteriormente, violaciones de derechos constitucionales ni procesales, ya que una vez concluida la investigación, que arroje como posible acto conclusivo la acusación en contra del imputado, y un eventual juicio oral donde se debatan los hechos y se presenten las pruebas, es cuando definitivamente se demostrará la culpabilidad o no del procesado. Asimismo, es de hacer notar que, el decreto de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, como medida cautelar para asegurar las resultas del proceso, no es un acto irreparable, ya que –como se señalo ut supra- nos encontramos en una fase incipiente del proceso, y tal medida puede ser examinada y sustituida de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual manera no se observa inmotivación en la decisión que se recurre, todo lo contrario la decisión se basta así misma y esta ajustada a derecho.
Ahora bien, sobre el gravamen irreparable, esta Alzada considera oportuno citar extracto de la Sentencia Nº 466 de fecha 07 de Abril de 2011, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Marco Tulio Dugarte Padrón, que señala:
“Las decisiones que generen un gravamen irreparable no son fácilmente determinables, pues se caracterizan por constituir una decisión contraria a la solicitud realizada al Juez cuando la misma no encontrare reparación durante el proceso o en la sentencia definitiva. En nuestro país, es el juez quien debe determinar del análisis planteado si el daño denunciado se pueda calificar como” gravamen irreparable”, una vez que el recurrente haya alegado y demostrado tales agravios en su apelación, debiendo igualmente demostrar –el recurrente- el por qué considera que es irreparable, ya que la Ley no contiene una definición o criterio que pueda guiar al juez a este punto, en razón a que puede ocurrir que el supuesto gravamen que conlleve la sentencia interlocutoria desaparezca al decidir la materia principal o única del litigio en la definitiva”. (Destacado de la Sala).

En igual sentido, es oportuno citar y transcribir Sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta, de fecha 14 de Enero de 2003, donde pedagógicamente señalan lo que se entiende por gravamen irreparable y expresan:
“…En primer término, la Sala advierte, que la parte recurrente, fundamenta su escrito de apelación en el ordinal 5° del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal el cual se refiere, a los fallos judiciales que causen gravamen irreparable. Por tal motivo, es necesario determinar si la recurrida causó realmente tal gravamen. La ratio legis de la disposición citada, establece como propósito fundamental el subsanar y reestablecer de inmediato la situación jurídica quebrantada, que causa perjuicio grave a una de las partes a quien la decisión judicial, no solo le ocasione un gravamen, sino que además éste debe ser irreparable, y por tanto recurrible por ante este Tribunal Colegiado. Ahora bien, debemos determinar con seguridad lo que significa un gravamen irreparable. Algunos autores como Ricardo Henrique La Roche, tratadista de varias obras de Derecho Procesal Civil, nos orienta en ese sentido: “El gravamen irreparable, puede ser reparado por la sentencia definitiva de la instancia de un modo directo porque desdiga la providencia preparatoria o de mera sustanciación adoptada, o de un modo indirecto al declarar procedente la pretensión o contrapretensión de la parte agraviada por la interlocutoria”. Por su parte, el tratadista Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, al conocer sobre las sentencias definitivas e interlocutorias, cuales pueden estar sujetas a apelación, dice textualmente: “Como la apelabilidad de las sentencias interlocutorias dependen de que produzcan gravamen irreparable, la cuestión fundamental que se plantea al juez para admitir la apelación consiste en determinar si producen o no gravamen irreparable. No contiene la Ley una definición o criterio que pueda guiar al Juez a este punto; pero es de doctrina y jurisprudencia constante de reparabilidad o irreparabilidad del gravamen que se plantea siempre en relación a la sentencia definitiva, en razón a que puede ocurrir que el gravamen que conlleve la sentencia interlocutoria desaparezca al decidir la materia principal o única del litigio…” Tomando en cuenta que las normas contenidas en el Proceso Civil, pueden ser aplicadas al Proceso Penal, por ello, la reparabilidad o irreparabilidad del gravamen tiene relación directa tanto para la sentencia definitiva, como para el hecho, donde el supuesto gravamen puede ser reparado o desaparecer en el desarrollo del proceso penal por medio de las vías procesales contenidas en el Código Adjetivo Penal y Leyes Especiales que sistematizan la materia, y por lo tanto, nuestro Máximo Tribunal mantiene dicho criterio, apegado a la doctrina patria...” (Subrayado y Negrilla de la Sala).

Así las cosas, estiman estas y este Jurisdicente que tampoco le asiste la razón a la Defensa Pública en relación al presente motivo de impugnación, por lo que es ajustado a derecho declararlo SIN LUGAR. Y así se declara.
Por tanto, una vez verificado por este Tribunal Colegiado, que la decisión recurrida emitida por el Juzgado a quo, se encuentra ajustada a derecho y motivada, no violentando garantías legales ni constitucionales, ni mucho menos se observa algún acto que comporte un gravamen irreparable, en consecuencia lo procedente en derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada FATIMA SEMPRUN, Defensora Pública Segunda Especializada en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de estado Zulia, en su condición de Defensora del Imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, y se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, todo ello, con ocasión a la celebración de la Audiencia Oral de Presentación de Imputado, conforme lo establece el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.

V
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada FATIMA SEMPRUN, Defensora Pública Segunda Especializada en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de estado Zulia, en su condición de Defensora del Imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ.
SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión de fecha 20 de octubre de 2013,, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial con competencia en Delitos de Violencia contra las Mujeres, mediante la cual declaró con ocasión a la Celebración de la Audiencia de Presentación de Detenidos, lo siguiente: 1) CON LUGAR la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y DECRETA el Procedimiento Especial, establecido en el artículo 94 ejusdem. 2) DECRETA la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del imputado JEAN CARLOS GIL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 3) DECRETA la Medidas de Protección y Seguridad a favor de la victima de actas, de las contenidas en los ordinales 3, 5, 6, 8 y 13 del artículo 87 de la Ley Especial en Materia de Género; todo ello conforme lo establece el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, diarícese, publíquese, déjese copia certificada en archivo.
EL JUEZ PRESIDENTE,

DR. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL
Ponente

LAS JUEZAS PROFESIONALES,

DRA. VILEANA MELAN VALBUENA DRA. LEANI BELLERA SANCHEZ

EL SECRETARIO (S),

ABOG. HUMBERTO SERMPRUN MORA

En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión bajo el Nº 226-13, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por esta Corte.

EL SECRETARIO (S),

ABOG. HUMBERTO SERMPRUN MORA

JADV/dph.-
VP02-R-2013-001206