TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA

Expediente Nro. 705-07
Perención

En fecha treinta y uno (31) de enero de 2007, se recibió proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, recurso contencioso tributario con amparo cautelar interpuesto por el abogado LUIS CEPEDA CASTILLO, en su carácter de apoderado judicial de DRACO, S.A., según documento poder que corre a los folios 9 y 10 del expediente judicial, sociedad mercantil domiciliada en la urbanización La Victoria, 2da. Etapa, calle 71, Nro. 78A-28 del Municipio Maracaibo del Estado Zulia e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 27 de agosto de 1993, bajo el Nro. 2, tomo 35-A, en contra de la Resolución (Incumplimiento de Deberes Formales) GRTIRZ-DFC-3843 de fecha 15 de julio de 1999, emanada del Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que impuso sanción de multa e intereses moratorios por presentar fuera del plazo legal las declaraciones de impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor.
El mencionado Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental le dio entrada en fecha 11 de octubre de 2006. El día 7 de noviembre de 2006 emitió Resolución Nro. 141, mediante la cual se declara incompetente por la materia para conocer y decidir de la causa y ordenó remitir el expediente a este Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región Zuliana.
En fecha 22 de marzo de 2007, este Tribunal mediante Resolución Nro. 079-2007 se declaró competente para conocer del recurso y ordenó la notificación de la Procuradora General de la República, Contralor General de la República, Fiscal Cuadragésima del Ministerio Público y Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Seniat.
El 15 de junio de 2007 se libraron los oficios de notificación ordenados. Luego del proceso de notificación, el 19 de mayo de 2008 el apoderado de la contribuyente diligenció solicitando la admisión del recurso.
En fecha 7 de octubre de 2008 este Tribunal mediante Resolución Nro. 291-2008 admitió el recurso contencioso tributario y ordenó notificar a las partes. El 8 de octubre de 2008 se libraron las notificaciones a la contribuyente, Procuradora General de la República, Contralor General de la República, Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público y Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Seniat.
Los días 23, 27 de octubre de 2008, 13 y 22 de enero de 2009, el Alguacil consignó las notificaciones del Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público, contribuyente, Gerente Regional del Seniat y Procuradora General de la República, respectivamente, debidamente practicadas.
El 9 de marzo de 2009 se recibió oficio 004590 del 19 de febrero de 2009 emanado de la Oficina Regional Occidental de la Procuraduría General de la República. En fecha 22 de junio de 2009, el abogado Gerardo Luzardo, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 40.644, en su carácter de apoderado judicial sustituto del Procurador General de la República, solicitó cómputo de los lapsos procesales; el cual fue proveído 25 de junio de 2009.
Y, el 15 de marzo de 2010 el Alguacil de este Tribunal consignó la notificación del Contralor General de la República, debidamente practicada.
DEL ABOCAMIENTO
Vista la designación efectuada por la Comisión Judicial en fecha 22 de febrero de 2013 a la Dra. Iliana Contreras Jaimes, titular de la cédula de identidad Nro. 5.169.310 y juramentada el 20 de marzo de 2013 ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza Temporal del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana; la mencionada Jueza asume la Rectoría de este órgano Jurisdiccional y con tal carácter se ABOCA al conocimiento de la causa llevada bajo el expediente Nro. 705-07 de la nomenclatura de este Tribunal, contentivo de recurso contencioso tributario.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
1. Es deber de las partes impulsar todo proceso desde su inicio hasta su propia culminación, en aras de colaborar para la administración de justicia rápida conforme los postulados del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de ello el ordenamiento jurídico establece normas para sancionar la falta de colaboración de las partes en el rápido desarrollo del proceso y al respecto encontramos que el artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece:
“La instancia se extinguirá por el transcurso de (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa no producirá la perención”
Disposición que concuerda con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado Ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
Así mismo, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”.
En sentencia Nro. 00696 de fecha catorce (14) de julio del año dos mil diez (2010), la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado en cuanto a la institución de la perención lo siguiente:
“En este orden de ideas, más recientemente esta Sala en sentencia N° 01256 de fecha 13 de agosto de 2009, caso: Smith Internacional de Venezuela, C.A., ratificado en su fallo N° 00197 del 4 de marzo de 2010, caso: El Wiljor, ha indicado en cuanto a la perención lo siguiente:
“En orden a lo anterior, debe esta Alzada realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año.
Dicho modo de terminación procesal no es más que una sanción, que tiene por objeto evitar que los procesos en que existe falta de instancia o interés de las partes se prolonguen indefinidamente.
A tal efecto, se observa que la figura de la perención se encuentra prevista en las normas dispuestas en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del vigente Código Orgánico Tributario, en los términos que a continuación se transcriben:
(…)
En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad”.
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma.
(…)
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Sala considera necesario transcribir el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Tributario vigente, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 264- Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único.- Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o los actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo”.
De conformidad con lo dispuesto en la norma previamente transcrita, se entiende que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpone el recurso contencioso tributario; y cuando éste no haya sido interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, y solicitará el respectivo expediente administrativo. (Vid. sentencia SPA N° 00159 del 4 de febrero de 2009, caso: Toyota de Venezuela, C.A.)
(…)
En el caso bajo examen, la Sala observa que la contribuyente NANCY DEL VALLE GONZÁLEZ DE LACAVA, asistida por el abogado Wilmer Rosales Díaz, interpuso el recurso contencioso tributario en fecha 31 de enero de 2007. Por auto del 1° de febrero de 2007, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas le dio entrada al mencionado recurso, y ordenó librar las notificaciones al Contralor General de la República, Procurador General de la República, Fiscal General de la República, así como a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En la misma fecha (1° de febrero de 2007), se libraron las boletas de notificación ordenadas, siendo consignadas sólo las correspondientes al Fiscal General de la República (el 28 de febrero de 2007), a la Procuradora General de la República (el 8 de marzo de 2007) y al Contralor General de la República (el 15 de marzo de 2007).
Estando la contribuyente y la representación fiscal a derecho, y notificada tanto la Fiscalía General de la República como la Contraloría General de la República, estaba pendiente por consignarse sólo la notificación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para decidir la admisión del recurso contencioso tributario. Circunstancia que no impedía a la parte apelante diligenciar para impulsar el procedimiento. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00807 del 9 de julio de 2008, caso: Vensea Marine, S.R.L.).
Con fundamento en lo anterior, se aprecia que desde el 15 de marzo de 2007, fecha en la cual se consignó en el expediente la boleta de notificación librada al Contralor General de la República, hasta el día 9 de julio de 2008, fecha en que la representación fiscal, solicitó se declarara la perención de la instancia, no existe actividad procesal alguna dirigida a movilizar y mantener el proceso, toda vez que si bien la abogada sustituta de la Procuradora General de la República el 07 de noviembre de 2007, diligenció en el expediente solicitando copias simples del mismo, de conformidad con el criterio de esta Sala (Vid. sentencias Nros. 00159 y 00001 de fechas 03 de febrero de 2009 y 13 de enero de 2010, casos: Toyota de Venezuela, C.A. y Buroimport, C.A., respectivamente) dicha actuación no comporta un acto de procedimiento dirigido a impulsar el juicio. Así se declara.
Conforme a lo precedentemente expuesto, queda demostrado que en el presente caso, tal como lo declaró el a quo el período de inactividad de las partes superó el lapso establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario vigente, antes citado, razón por la que se desestima la denuncia relativa al error de juzgamiento formulada por el apoderado judicial de la contribuyente”.

En virtud de la sentencia anteriormente trascrita, se observa que la institución de la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, pues se trata del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa.
Así mismo expresa la sentencia en comento, que el recurrente se encuentra a derecho una vez interpuesto el recurso contencioso tributario, cuando éste es interpuesto directamente ante el tribunal competente; y, que la falta de consignación de una notificación por parte del Alguacil para decidir algo pendiente, no es óbice para que la parte interesada diligencie para impulsar el procedimiento.
En razón de lo anterior, observa este tribunal que en el presente caso desde la fecha en que se libraron las notificaciones de las partes sobre la admisión del recurso contencioso tributario (8-10-2008) fueron consignadas por el Alguacil las correspondientes al Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público (23-10-2008), a la contribuyente (27-10-2008), al Gerente Regional del Seniat (13-01-2009) y Procuradora General de la República (22-01-2009), quedando pendiente por consignar sólo la notificación del Contralor General de la República, circunstancia que no impedía a la parte apelante diligenciar para impulsar el procedimiento.
Y, siendo que en fecha 15 de marzo de 2010, fue cuando el Alguacil consignó la mencionada notificación, verificándose el transcurso de un año y tres meses, por lo cual es evidente la pérdida del interés en sostener el presente recurso y es procedente la figura de la perención de la instancia, la cual se verifica de pleno derecho. En razón de lo cual, este Tribunal declara la perención de la causa, conforme a lo previsto en la sentencia anteriormente citada y del contendido del artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Así se resuelve.
2. En cuanto a las costas del proceso, el Código de Procedimiento Civil establece:
“Artículo 283: La perención de la instancia no causará costas en ningún caso”.
Las costas son todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, que no revisten el carácter de una pena sino el de una indemnización debida al vencedor por los gastos que le ocasione su contrincante.
En el caso de las costas en la perención, rige el principio de que como no hay vencedores ni vencidos en el orden sustancial, ni procesal, no procede la condenatoria en costas. En razón de lo cual, en el dispositivo de la sentencia, se declarará que no habrá condenatoria en costas de conformidad con lo observado anteriormente. Así se declara.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, resuelve:
1.- PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente extinguido el presente proceso que se sustancia bajo expediente No. 705-07, contentivo del recurso contencioso tributario interpuesto por DRACO, S.A., sociedad mercantil domiciliada en la urbanización La Victoria, 2da. Etapa, calle 71, Nro. 78A-28 del Municipio Maracaibo del Estado Zulia e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 27 de agosto de 1993, bajo el Nro. 2, tomo 35-A, en contra de la Resolución (Incumplimiento de Deberes Formales) GRTIRZ-DFC-3843 de fecha 15 de julio de 1999, emanada del Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que impuso sanción de multa e intereses moratorios por presentar fuera del plazo legal las declaraciones de impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor.
2.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Notifíquese a la Procuradora General de la República y a la contribuyente. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Año: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-
La Jueza Temporal,

Dra. Iliana Contreras Jaimes. La Secretaria,

Abog. Yusmila Rodríguez Romero.
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, y se registró bajo el N° ______ _- 2013. Igualmente, se libró Oficio Nro. _________ -2013 a la Procuradora General de la República y boleta a la contribuyente.-
La Secretaria,

ICJ/mtdlr.-