REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 14 de Junio de 2013
203° y 154°
Expediente: 13.829
PARTE DEMANDANTE:
Marisela Sudano Pinto, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.103.190.
Apoderada judicial:
Pablo Corzo Leal, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 33.708.
PARTE DEMANDADA:
Semidan Pacheco Estebes venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número .14.306.404
Fecha de entrada: 27 de Mayo de 2013
Motivo: Cumplimiento de contrato
En escrito de fechas 12 de Junio de 2013, suscrito por el Abogado Pablo Corzo Leal actuando como apoderado judicial de la ciudad Marisela Sudano Pinto ambos identificadas previamente, solicitó Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre el inmueble objeto del presente cumplimiento de contrato , con fundamento en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, estatuye el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
La normativa in comento, prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora).
Desde el punto de vista jurisprudencial, se ha establecido: “…En cuanto al Periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…”. Sentencia, SCS, Sala Especial Agraria, 04 de junio de 2004, Ponente Conjuez Dra. Nora Vásquez de Escobar, Exp. N° 03-0561, S. RC. N° 0521.
Por otra parte, luego de fijar los requisitos de procedencia de las medidas cautelares típicas, la norma 588 de la ley adjetiva civil señala las siguientes:
“…1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles…”
En tal sentido, de las circunstancias fácticas esgrimidas en el escrito de solicitud de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, así como de los instrumentos anexos a la pieza principal de este expediente, presume esta Jueza que en el caso bajo examen, se encuentran acreditados y cubiertos los extremos de Ley, pautados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, en aras de garantizar el elemento subjetivo de la pretensión decreta:
Media de Prohibición de Enajenar y Gravar, establecida en el ordinal 3° del artículo 588 del texto adjetivo antes mencionado, sobre un inmueble constituido por
Una casa familiar pariada continua, destinada a vivienda principal con todas sus construcciones, mejoras ad herencias y pertenencias y la parcela de terreno propio, sobre la cual se encuentra construida, distinguida con el Nº 26 situada en el parcelamiento denominado CONJUNTO RESIDENCIAL PUNTA ARAYA, ubicado en el lugar denominado Santa Rosa de Tierra vía al colegio Rosmini calle 25 Nº 10 C-140 en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia; cuya superficie aproximada es de CIENTO QUINCE METROS CUADRADOS (115 Mts2) y sus linderos son NORTE: Linda con la parcela No 27; SUR Linda con la parcela No 25; ESTE: su fondo linda con propiedad de Dunas del Mar, C.A; y OESTE: su frente con vía interna del pacerlamiento, el cual es propiedad del ciudadano SEMIDAN PACHECO ESTEVEZ, ya identificado, mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 28 de febrero de 2003, quedando anotado bajo el número 16, tomo 15°, protocolo 1°. En tal sentido, para la ejecución de la medida antes decretada, se ordena oficiar al registrador para que estampe las notas marginales correspondientes en todos y cada uno de los documentos antes descritos. Ofíciese.
La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón
La Secretaria
Abog. María Rosa Arrieta Finol
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior resolución bajo el número 18 , y se ofició bajo el número 635 .
La Secretaria
Abog. María Rosa Arrieta Finol
ICVR/yp
Exp. 13829
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 14 de Mayo de 2013.
203° y 154°
Oficio Nro. 635-2013.
Exp. 13829.
Ciudadano (a) Jefe (a):
Oficina Subalterna del Primer Circuito
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia
Su despacho.
Participo a usted, que este juzgado por resolución de esta misma fecha, ordenó oficiarle, a fin de informarle que en el juicio de Cumplimiento de Contrato, iniciado por la ciudadana Marisela Sudano Pinto venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.103.190.en contra del ciudadano Semidan Pacheco Estebes venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número .14.306.404, se decretó medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, establecida en el ordinal 3° del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, sobre un inmueble constituido por una casa familiar pariada continua, destinada a vivienda principal con todas sus construcciones, mejoras ad herencias y pertenencias y la parcela de terreno propio, sobre la cual se encuentra construida, distinguida con el Nº 26 situada en el parcelamiento denominado CONJUNTO RESIDENCIAL PUNTA ARAYA, ubicado en el lugar denominado Santa Rosa de Tierra vía al colegio Rosmini calle 25 Nº 10 C-140 en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia; cuya superficie aproximada es de CIENTO QUINCE METROS CUADRADOS (115 Mts2) y sus linderos son NORTE: Linda con la parcela No 27; SUR Linda con la parcela No 25; ESTE: su fondo linda con propiedad de Dunas del Mar, C.A; y OESTE: su frente con vía interna del pacerlamiento, el cual es propiedad del ciudadano SEMIDAN PACHECO ESTEVEZ, ya identificado, mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 28 de febrero de 2003, quedando anotado bajo el número 16, tomo 15°, protocolo 1°.
Comunicación que se le hace a los fines legales consiguientes.
Dios y Federación
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón
La Jueza Provisoria
ICVR/yp
|