Recibida la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, requerida por el ciudadano HECTOR DE LOS SANTOS QUINTERO, .....; asistido en este acto por la Abg. AURISTELA PÉREZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 59.189, por presunta violación al debido proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:
FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO

En fecha 04 de junio de 2013, el ciudadano, el ciudadano HECTOR DE LOS SANTOS QUINTERO, .....; asistido por la Abg. AURISTELA PÉREZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 59.189, requiere de este Juzgado AMPARO CONSTITUCIONAL, por la presunta violación al debido proceso, en que presuntamente incurrió la ciudadana Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con Competencia para la Defensa de la Mujer, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por estimar que se atentó y violentaron sus derechos y garantías constitucionales.
El accionante manifiesta que le fueron violentados estos derechos por los siguientes hechos que textualmente expone de la siguiente manera:

“…acudo respetuosamente para exponerEn (sic) mi caso fui denunciado por mi esposa, por un presunto delito de los contemplados por la Ley Orgánica sobre el Derecho de loa Mujeres a una vida Libre de Violencia. Para estos casos existe un Procedimiento Especial: Recibida la denuncia, por ante cualesquiera de los órganos que la Ley señala, éste debe: Dictar medidas, Notificar de inmediato al Fiscal, para que dicte la orden de inicio de la investigación, practicadas todas las diligencias necesarias y urgentes; efectuadas estas actuaciones, las cuales no excederan (sic) de un plazo de quince (15) dias,(sic) debe remitir las actuaciones al fiscal para que continue (sic) la investigación, artículos 94,95,96,97, y 98 ejusdem.

Mi expediente, se encuentra en la Fiscalía, esto quiere decir, que ya recorrió las etapas de. Denuncia ante(sic) órgano receptor,(sic) dictaron medidas y efectuaron las averiguaciones urgentes y necesarias. Fui citado por la Fiscalía 28, y alli (sic) se me impone de unas determinadas medidas que se me habían impuesto. Encontrandonos (sic) en la etapa de la Averiguación de los hechos denunciados, entran en vigencia los artículos 77,78,79,80,y 81 ejusdem. (sic) Fiscal debe investigar y hacer constar los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción, como aquellos que favorezcan a la defensa del imputado o imputada.

Durante la investigación el imputado tendrá los derechos establecidos en la Constitución, C.O.P.P y la presente Ley. Tiene cuatro (4) meses para investigar, prorrogable. Se admitirán, todo tipo de pruebas. (sic) Juez de Control podrá autorizar pruebas anticipadas.

El artículo 49, numeral 1ero de la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece:” El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas: en consecuencia: 1ero (sic) La defensa y la asistencia jurídica son derechos INVIOLABLES en todo estado y grado de la INVESTIGACION y del proceso”. Permite a toda persona notificada de los cargos por los cuales se le investiga de acceder a las pruebas y de disponer de los medios adecuados y del tiempo para ejercer su defensa. Declara nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

Fui debidamente notificado, de que se me impusieron unas medidas, como consecuencia de una denuncia por violencia contra la Mujer, se me permitió el nombramiento de un defensor, la suscrita y otro abogado. No queda duda alguna de que nos encontramos frente a una averiguación de las contenidas en la Ley orgánica sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, regida por el procedimiento especial allí establecido.

Según articulo 77 ejusdem, el fiscal debe investigar y hacer constar todos los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción; también debe hacer constar los hechos que favorezcan a la defensa del imputado. Según el artículo 78, (sic) imputado tendrá todos los derechos establecidos en la Constitución, C.O.P.P., y la presente ley. Entra en vigencia el artículo 49, numeral 1 de la Constitución. Defensa es derecho inviolable en todo estado y grado de la INVESTIGACIÓN del proceso.

Presentamos unas pruebas las cuales pedíamos a la ciudadana Fiscal evacuar. Esta las niega verbalmente, no por escrito. Sostiene – que el señor Quintero no esta imputado, consecuencia: No puede promover ningún tipo de pruebas, es decir, NO PUEDE DEFENDERSE, en una investigación. Llego (sic) a decir,- que violaría la fiscalía, el derecho a la defensa a la mujer, de admitir esas pruebas-. Introdujimos otro escrito, en el cual intentábamos aclarar la situación del Señor Quintero, el cual tenemos que llamar INVESTIGADO, en esta investigación que efectúa la Fiscalía; transcurrido un tiempo prudencial, no hemos obtenido respuesta.

De la lectura del procedimiento especial de violencia contra la mujer podemos distinguir tres (3) etapas o fases, por las cuales puede pasar la persona a la cual se le atribuya (sic) un hecho punible de esta naturaleza. Primera: Se investiga el hecho, como existe, casi la obligación de dictar medidas, se señala a una determinada persona como autor del hecho, contra él se dicta la medida, se investiga el hecho, que puede que resulte otra persona culpable; pero no hay ninguna duda de que, para el momento en que le dictan la medida, él es el principal sospechoso, esta siendo investigado. Debe el Fiscal, agotar la investigación contra él y contra cualesquiera contra el cual surjan indicios de ser autor de los hechos. Segunda: Imputado. Su definición, según el artículo 126 del C.O.P.P., es: “se denomina imputado a toda persona a quien se señale como autor, o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en este código”. En su párrafo final, el artículo, dice: “La denominación de imputado podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso”. Esta definición nos permite aclarar conceptos: Si el órgano receptor de la denuncia, autoridad encargada de las persecución penal, conforme a la Ley, señala como autor a una determinada persona, le impone medida cautelar, puede ser llamado IMPUTADO. No tenemos que esperar que el cuidadano fiscal haga la imputación formal, con presencia del defensor. Tercera: Dice la Ley, artículo 126 ejusdem: “Con la admisión de la acusación, el imputado adquiere la condición de acusado”

Las narradas son fases, etapas por las cuales transita la averiguación y juzgamiento de un hecho penal, no puede ser “glosadas” como acostumbraban interpretar antiguamente, siguiendo, el sentido de las preguntas frases o palabras, tiene que ser interpretadas, entendidas en su conjunto.

Una persona puede resultar denunciada por un hecho punible, averiguado el hecho, nada se demuestra contra él, no puede ser imputado, no puede ser acusado. En esta fase, se lo podría llamar Imputado, sometido a una averiguación penal. Puede que se consigan elementos probatorios que lo inculpen, se le imputa, pasa a ser imputado; si el Fiscal encuentra méritos para acusarlo, plantea acusación, si el juez admite, deviene en acusado, debe ir a juicio. En cualquiera de esas fases, etapas, tiene el derecho a la defensa, inviolable en todo estado y grado de la INVESTIGACION y del PROCESO, según artículo 49, numeral 1 de la Constitución.-

Por las razones expuestas es por lo que acudo por ante su competente autoridad para pedirle se me ampare, en mi derecho constitucional a la defensa que me viene siendo conculcado en la presente investigación.”



DE LA COMPETENCIA

Debe previamente este Juzgado Especializado actuando en sede constitucional, determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, son componentes para la determinación de la competencia en materia de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo y en caso de dudas, se deben observar las normas de competencia en razón de la materia.
En aplicación de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establecida en Sentencia del 20 de enero de 2000, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Caso: Emery Mata Millán, ratifica este criterio de determinación de competencia al expresar textualmente:
“Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:
1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
2.- Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta. (Subrayado y negrillas del tribunal)”

El anterior criterio se complementó en la sentencia de la Sala Constitucional con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, de fecha 08 de diciembre de 2000, caso Yoslena Chanchamire Bastardo, se dispuso lo siguiente:
“A) Excepto lo dispuesto en el literal D) de este fallo (infra), los amparos, conforme al artículo 7 eiusdem, se incoarán ante el juez de Primera Instancia con competencia sobre los derechos subjetivos a que se refiere la situación jurídica infringida, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Este puede ser un Tribunal de Primera Instancia, si fuere el caso, de una jurisdicción especial, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en otras leyes, o que se creare en el futuro, pero si la situación jurídica infringida no es afín con la especialidad de dicho juez de Primera Instancia, o su naturaleza es de derecho común, conocerá en primera instancia constitucional el Juez de Primera Instancia en lo Civil, siempre que no se trate del supuesto planteado en el literal D) del presente fallo”.

Este criterio expresado en la norma y en la decisión parcialmente trascrita es lo que se ha denominado en la doctrina criterio de afinidad, por lo que estima esta Juzgadora que es primordial determinar si es competente para el conocimiento del presente asunto, y para ello se debe analizar si la acción de amparo incoada es materia afín a este Tribunal.
En tal sentido, se debe destacar que los Tribunales de Violencia contra la Mujer fueron creados por mandato de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo artículo 1 dispone como objeto de este cuerpo normativo la de garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica.
Entre los principio rectores que rigen este cuerpo normativo especial se disponen entre otros el de garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos exigibles ante los órganos y entes de la Administración Pública, y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto, así como fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias jurisdiccionales.
En consecuencia, siguiendo el criterio de afinidad referido ut supra, corresponde a los Tribunales de Violencia contra la Mujer como tribunales que conocen materia afín con la pretensión de amparo requerida en el presente asunto.
En tal sentido, la competencia atribuida a los Tribunales Especializados esta definida en el artículo 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual dispone textualmente lo siguiente:
“Artículo 118. Los Tribunales de violencia contra la mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la presente Ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido.

En el orden civil, conocerán de todos aquellos asuntos de naturaleza patrimonial”.

De la norma antes transcrita, se deduce de manera clara que la competencia de los Tribunales de Violencia contra la Mujer es de naturaleza penal, por lo que a los fines de determinar el Tribunal Competente al que correspondería el conocimiento de una acción de amparo autónomo, debemos aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de no estar regulada la competencia en sede constitucional de los Tribunales Especializados.
Al respecto, dispone el artículo 68.4 del Código Orgánico Procesal Penal, que es competencia de los Tribunales de Juicio Unipersonal el conocimiento de las acciones de amparo autónomas, cuando el derecho o la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, motivo por los cuales correspondería la competencia a un Tribunal de Juicio con Competencia en Violencia contra la Mujer, la resolución de la acción de amparo requerida por el accionante. Y ASI SE DECIDE.
Finalmente debe precisarse que el Tribunal Competente por el Territorio, es el del sitio donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motive la solicitud de amparo, por lo que habiéndose señalado por la accionante que los hechos ocurrieron en la ciudad de El Tocuyo, Municipio Morán del Estado Lara, estima este Tribunal de Juicio con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Lara, que efectivamente es el competente para el conocimiento de la presente acción de amparo.
En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer, se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo. Y ASI SE DECIDE.
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Examinado como ha sido el escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional aquí deducida; establecida como ha quedado la competencia de este Tribunal para el conocimiento de la presente causa, actuando en sede Constitucional como Primera Instancia, pasa a hacer algunas precisiones, aplicables al caso sub examine:
La acción de amparo constitucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene por finalidad impedir que una situación jurídica sea lesionada en forma irreparable, por la violación de derechos o garantías constitucionales de aquél que se encuentre en dicha situación, impidiendo que el daño a ella se cause o que no continué, caso en que el amparo persigue se restablezca la misma situación existente antes de la lesión, o una semejante a ella, si no pudiera lograrse un restablecimiento idéntico. En consecuencia, la acción de amparo constitucional es consagrada como una garantía constitucional específica, por tanto no subsidiaria, tampoco extraordinaria, sino de discrecionalidad constitucional determinada por el problema para el que se exige tutela constitucional.
Sobre esta acción relativa a la tutela de los derechos y garantías constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia pacifica y reiterada, ha señalado que se trata de un recurso extraordinario, que sólo es procedente cuando no existen una vía o recurso ordinario para obtener el reestablecimiento de la situación jurídica infringida, o que habiéndose agotados los mismos, dicha restitución o cese de la violación de los derechos y garantías no se haya materializado, por lo que se requiere para su admisibilidad y procedencia, además de la denuncia de violación de derechos fundamentales, que no exista otro medio procesal ordinario y adecuado.

En el caso que nos ocupa, el accionante pretende por esta vía que se atienda y se le de respuesta acerca del ofrecimiento de un medio probatorio el cual le fue negado por la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con Competencia para la Defensa de la Mujer

En fecha 14/10/ 2008, sentencia Nro. 520 la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia expresó:
“En este punto, es importante destacar que el proceso penal está dividido en tres fases: la preparatoria o de investigación, la intermedia o preliminar y la del juicio oral.
En cuanto a la fase preparatoria o de investigación, su fin es practicar las diligencias dirigidas a determinar si existen o no razones para interponer acusación contra una persona y, solicitar su enjuiciamiento o en caso contrario, requerir el sobreseimiento de la causa. Igualmente forma parte de la conclusión de ésta fase, el archivo de las actuaciones, lo que será procedente cuando no existan contra el imputado, elementos suficientes para que sea formulada una acusación ni para solicitar el sobreseimiento de la causa.
Por otra parte, la fase intermedia o preliminar tiene por objeto la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el tribunal de control una vez finalizada ésta deberá admitir total o parcialmente la acusación propuesta por el Ministerio Público o de la víctima y ordenar su enjuiciamiento, y en caso de no admitirla deberá sobreseer, en esta etapa del proceso penal el tribunal de control también puede ordenar corregir vicios de forma de la acusación, resolver excepciones, homologar acuerdos reparatorios, ratificar, revocar o sustituir o imponer una medida cautelar, ordenar la práctica de pruebas anticipadas, sentenciar conforme con el procedimiento por admisión de los hechos.
La fase del juicio oral, tiene por finalidad básicamente la celebración de la audiencia pública, la cual deberá efectuarse conforme a los principios de oralidad, publicidad (salvo las excepciones establecidas en la ley), concentración e inmediación, la cual está orientada a la comprobación de los hechos objetos del proceso y la participación del acusado en los mismos, a través del acervo probatorio ofrecido en el juicio, finalizando la misma con la emisión del respectivo fallo”.
Así las cosas resulta preciso destacar, que conforme a lo dispuesto en la Ley especial, el procedimiento especial contemplado en la misma inicia como lo indica el Art. 95:
“La investigación de un hecho que constituya uno de los delitos previstos en esta Ley, se iniciará de oficio, por denuncia oral, escrita o mediante querella interpuesta mediante el órgano jurisdiccional competente”.

Asimismo, es importante destacar que los delitos de violencia contra la mujer son delitos de acción pública y el ius puniendi corresponde al Ministerio Público; ahora bien, señala el agraviado que fue citado por el Ministerio Público para comparecer ante la sede de la Fiscalía 28 del estado Lara por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley especial, imponiéndosele en su contra de las medidas de protección y seguridad de conformidad con lo establecido en el Art., 87 numerales 5 y 6 de la Ley Sobre los Derechos y Garantías de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

Ahora bien, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 96 le otorga la facultad al Ministerio Público y el deber de ordenar el inicio de la investigación y de disponer que se practiquen todas las medidas de protección y de seguridad establecidas en la Ley. Las medidas de protección y seguridad están consagradas a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, y su entorno familiar de forma expedita y efectiva, las cuales se encuentra previstas en el artículo 87, y deben ser impuestas por la autoridad competente, es decir, los órganos receptores de denuncias, como en este caso fue impuesta por el Ministerio Público.

Señaló el agraviado en su exposición que la cualidad de imputado que le otorga el Código Orgánico Procesal Penal, le permite ejercer el derecho de promover pruebas para su defensa, por lo que esta juzgadora estima que es importante destacar que en el proceso penal venezolano existen diversos actos de imputación, entre los que podemos diferenciar: la imputación material e imputación formal o instructiva de cargos; pues la primera encierra una connotación eminentemente probatoria ya que es la que determina cuando se adquiere la calidad de imputado, mientras que la segunda, sobre esa base probatoria, tiene un carácter constitucional y procesal, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del imputado.

En consecuencia, si al momento en que determinado señalamiento (imputación material) atribuye la calidad de imputado a una persona y el fiscal del Ministerio Público, con la urgencia del caso, labra el acta en cuestión existiría fecha cierta de la adquisión del estatus de imputado, y quedaría al descubierto cualquier retardo con respecto a la celebración del acto de imputación formal o instructiva de cargo como pruebas ante recursos ulteriores bien ante el juez de control mediante el CONTROL JUDICIAL establecido el Art. 264 del C.O.P.P., o sobre la base del Art. 447 ejusdem, ante la Corte de Apelaciones por la inconformidad por decisiones emitidas por el Juez de Control sobre violaciones constitucionales cometidas por el fiscal del Ministerio Público en perjuicio del debido proceso, específicamente desconocimiento del derecho a la defensa en la fase de investigación.

Ahora bien, en el presente caso el accionante en su solicitud no expuso motivo alguno que permita a esta este Tribunal llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual se declara INADMISIBLE. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio en Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, la Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano HECTOR DE LOS SANTOS QUINTERO, .....; asistido por la Abg. AURISTELA PÉREZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 59.189, por la presunta violación al debido proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que el accionante no agotó las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, previstos en los artículos 282 y 447 del C.O.P.P., así como también los establecidos en la Seccion Sexta “Del Procedimiento Especial” de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Notifíquese al accionante y a su abogado asistente.
Dada, firmada y sellada, en el Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Lara. Barquisimeto, a los siete (7) días del mes de Junio del año dos mil trece (2013). Años: 203° y 154°. Publíquese y Regístrese. Cúmplase.
LA JUEZA DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 2

ABG. CAROLINA MONSERRATH GARCÍA CARREÑO