REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 13 de junio de 2013
203º y 154º

ASUNTO: OH03-S-2006-000271
Se inicia la presente por solicitud de Colocación Familiar de las entonces adolescentes (Identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA), que fuere incoada por la Fiscal VIII del Ministerio Público especializada en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Doctora Angélica Pérez Herrera, para ser ejecutada en el hogar de su tia materna, la ciudadana MARITZA MORALES DE RODIGUEZ, titular de la cédula de identidad número 5.487.483. Es admitida en su oportunidad por la Jueza Unipersonal N° 2 del extinto Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, ordenándose las diligencias de sustanciación necesarias tendentes a darle continuidad, tales como la notificación de la madre de las adolescentes, ciudadana MAGALYS MARGARITA MORALES, titular de la cédula de identidad número 8.242.340, la del Ministerio Público especializado en la materia, y la realización de las evaluaciones necesarias para la decisión de la causa.
Con ocasión de la redistribución de las causas existentes en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, en virtud de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la ponencia del presente asunto correspondió a quien suscribe; en razón de lo cual me aboque a su conocimiento, ordenándose la notificación de la solicitante, toda vez que para aquel momento no había sido posible ubicar a la madre. Habiéndose obtenido de los organismos competentes la dirección de la demandada se gestionó lo conducente para su notificación, y a tal efecto se libró exhorto a los Tribunales Competentes en razón de su domicilio, cuyas resultas no constan a la fecha a pesar de haber sido requeridas en reiteradas oportunidades, pero es el caso que consta a los folios 3 y 4 copias de las partidas de nacimiento de las beneficiarias, de las cuales se desprende que nacieron en fecha 21.04.1992 y 26.09.1989, por lo que a la fecha ambas han alcanzado la mayoría de edad.
Expuesto ello cabe acotar que la presente se inicia con ocasión de la necesidad de proveer a las entonces adolescentes de las condiciones que permitiesen su protección física, así como para asegurar su pleno desarrollo moral, educativo y cultural, en un ambiente de amor y protección. En este sentido, cabe mencionar que la Colocación Familiar tiene por objeto, otorgar la Responsabilidad de Crianza de un niño, niña o adolescente de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo; y como consecuencia de ello comprende para la solicitante el deber y el derecho de amar, criar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente al niño, así como la facultad de aplicarle correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En este orden de ideas es menester destacar lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley Especial, que define lo que debe entenderse por niño, niña y adolescente de la siguiente manera: “Se entiende por niño o niña toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad”. (Subrayado y resaltado del Tribunal). Respecto de dichos sujetos de derechos es que corresponde a los padres el ejercicio de la patria potestad y por ende, el de la responsabilidad de crianza como uno de sus atributos, tal como lo dispone el artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a saber: “Se entiende por Patria Potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas”. (Subrayado y resaltado del Tribunal). No obstante ello, cuando sea inviable por encontrarse los padres impedidos para ello, es cuando debe hacerse uso de la figura establecida en la Ley Especial conocida como familia sustituta, siendo una de sus modalidades la colocación familiar, lo cual se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela : “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse, en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la Ley.” en concordancia con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que estatuyen el derecho del niño, niña y Adolescente a vivir en su familia de origen y solo excepcionalmente podrá vivir en una familia sustituta, así como también, el Artículo 396 EJUSDEM, el cual contempla que:“La Colocación Familiar o en entidad de atención tiene por objeto otorgar la Responsabilidad de Crianza de un niño, niña o adolescente, de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo”.
En el caso de bajo estudio, efectivamente en su oportunidad se procuró asegurar a las adolescente un hogar donde se le garantizase su derecho a vivir, criarse y desarrollarse dentro un grupo familiar, no obstante consta como ya se expresó, que las beneficiarias de la medida de protección han superado la edad de dieciocho años, y por ende el pleno goce y ejercicio de sus derechos y obligación por haberse extinguido la patria potestad conforme a lo dispuesto en el artículo 356 eiusdem, normativa que expresamente establece: “La Patria Potestad se extingue en los siguientes casos: a) Mayoridad del hijo o hija.“; patria potestad que en principio correspondía a su madre, no obstante ello dadas las circunstancias que rodearon el caso, se había hecho necesario proveerlas de protección, pero es el caso que a partir de dicha mayoridad, las jóvenes no ameritan representación alguna, por haber alcanzado el pleno ejercicio de sus deberes y derechos, no requiriéndose a partir de dicho momento orientación por parte de sus padres o responsables para el ejercicio de los mismos, salvo casos excepcionales previstos en la ley, y que no han sido acreditados en autos; razones de hecho y de derecho que permiten concluir que la tramitación del presente asunto se hace innecesaria con ocasión de la mayoría de edad alcanzada por las jóvenes, toda vez que ha operado la extinción de la Patria Potestad, y así se declara.
En tal virtud, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley; atendiendo lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece que las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en cualquier momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen, lo que efectivamente ocurrió en el presente caso; es por lo que en uso de sus atribuciones legales decreta: PRIMERO: CESE de la MEDIDA de COLOCACIÓN FAMILIAR en beneficio de las jóvenes (Identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA), que fuere incoada por la Fiscal VIII del Ministerio Público especializada en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Doctora Angélica Pérez Herrera, para ser ejecutada en el hogar de su tía materna, la ciudadana MARITZA MORALES DE RODIGUEZ, titular de la cédula de identidad número 5.487.483. Así se declara.
SEGUNDO: CIERRE y ARCHIVO DEFINITIVO del presente asunto, y su remisión al archivo regional para su custodia y cuido definitivo. Así se declara.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en La Asunción a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil trece. (2013). Años 203º de La Independencia y 154º de La Federación.
La Jueza.

Carmen Milano Vásquez.
La Secretaría.

Maria Teresa Millán
Conforme a lo ordenado se dio cumplimiento en autos.
La Secretaría.

Maria Teresa Millán