Ocurrió ante este órgano jurisdiccional, el ciudadano PROFETA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-3.544.953, de este domicilio, debidamente representado por los abogados Jairo Arcila y Silbana Pirela, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 34.517 y 42.595, a interponer QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO en contra de la ciudadana ROSA MÁRQUEZ. I RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES Proveniente del Órgano Distribuidor, mediante auto de fecha 15 de marzo del año 2000, este Juzgado admitió la demanda cuanto ha lugar en Derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. Por auto de fecha 14 de diciembre de 1995, se libró comisión a fin de proceder a la fijación del decreto de amparo. Mediante auto de fecha 22 de enero de 1996, se ordenó abrir el lapso de pruebas, previa citación del querellado. Las cuales fueron admitidas por auto de fecha 29.02.96 En fecha 15 de marzo de 2004, quien suscribe procedió a avocarse al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación de la partes. Por exposición efectuada en fecha 31.05.04, la Secretaría dejó constancia del cumplimiento de las formalidades del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente por pronunciamiento de fecha 11 de agosto del 2005, este Juzgado repuso la causa al estado de verificar la citación de la parte querellada, y declaró nulas las actuaciones suscitadas en la causa, a partir del auto de fecha 22.01.96. En fecha 19.01.06, el Alguacil de este Juzgado expuso la imposibilidad de citar a la ciudadana ROSA MÁRQUEZ. Previa solicitud de parte interesada en fecha 27.01.06, se libró cartel de citación, formalidades que fueron debidamente cumplidas según exposición de Secretaría de fecha 18.04.06. Por auto de fecha 30.05.06, se proveyó conforme la petición de la parte querellante y se designó defensor Ad Litem de la parte querellada, librándose boleta de notificación en la misma fecha. Notificado según exposición de fecha 01.06.06, se procedió a juramentar al Defensor Ad Litem en fecha 07.06.06. En fecha 29.11.06, se dictó auto ordenando la citación del Defensor Ad Litem de la querellada, cuyo recaudo fue librado en fecha 21.02.07. Habiendo efectuado el debido estudio en su conjunto a las actas procesales que conforman el expediente de esta causa, se observa que la parte accionante no realizó otras actuaciones. II CONSIDERACIONES La Perención de la Instancia, término propio del latín perimire, es una figura legal establecida como fórmula de castigo al desinterés de las partes en el proceso, encontrándose regulada por la normativa contenida en el artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: "Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...” Han sido numerosos los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia referidos a la institución de la Perención. En los siguientes términos el más alto Tribunal de esta República, ha expresado, en Sala de Casación Civil, mediante Sentencia No. 208, de fecha el veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000) lo siguiente y se cita: “La perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal (…) y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción.” Y en Sala Político Administrativa, mediante Sentencia No. 01855, proferida en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil uno (2001) indicó: "(…) el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley (…), lo cual comporta la extinción del proceso.(…)” Señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Instituciones del Derecho Procesal, que el fundamento del instituto de la Perención de la Instancia reside en dos distintos motivos: de un lado la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, constituyendo de esta manera un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida esta como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y que cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir. Hechos los estudios y el cómputo pertinente, se evidencia que desde el día 08 de enero de 2007, fecha en la cual se verificó la última diligencia de parte interesada, hasta la presente fecha, han transcurridos más de seis (6) años sin que la parte accionante diera impulso procesal alguno tendiente a dar continuidad al proceso. Así se considera. Seguidamente, se observa que en la misma Sentencia No. 01855, citada ut supra, la Sala Político Administrativa expresó: “(…) Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. (…)” Respecto a la declaratoria de oficio de la Perención de la Instancia, la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 211, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000), ha establecido: “La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”. (Negrillas y subrayado del Tribunal). Por ende, no queda más a este Juzgador que declarar consumada la Perención de la Instancia establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. III DISPOSITIVO Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: • PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO incoada por el ciudadano PROFETA MARTÍNEZ, en contra de la ciudadana ROSA MÁRQUEZ. ambos plenamente identificados. • NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte actora. Déjese copia fotostática certificada por la Secretaría de este Despacho de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los VEINTIDÓS ( 22) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Año: 203° de la Independencia y 154º de la Federación. EL JUEZ ABG ADAN VIVAS SANTAELLA LA SECRETARIA, ABG ZULAY VIRGINIA GUERRERO.