TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN FUNCIONES DE CONTROL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO ZULIA
SECCIÓN DE ADOLESCENTES
Maracaibo, veintiocho (28) de Febrero de 2013.-
202° y 153°

CAUSA N° 2C-4465-2013. DECISIÓN N° 068-2013.-

LA JUEZA: HIZALLANA MARIN URDANETA.
SECRETARIA: YECSIBEL CASANOVA.

PARTES.-

MINISTERIO PÚBLICO: BLANCA YANINE RUEDA, Fiscal (A) Trigésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Penal del estado Zulia, con competencia en el Sistema de Responsabilidad Penal.
IMPUTADO: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE POR CONFIDENCIALIDAD, PREVISTA EN EL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE).
REPRESENTANTE LEGAL: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE DEL ADOLESCENTE IMPUTADO POR CONFIDENCIALIDAD)
DEFENSA PRIVADA: ABOG. JORGE LUIS GARCIA, titular de la cédula de identidad N° 13.819.948, inscrito en el Inpreabogado N° 130.407.
DELITO: LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal.
VÍCTIMAS: ERIKA ADRIANA MORELO TARRAS y ERIANA IBETH MORELO TARRAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN DE DETENIDOS (EN GUARDIA).-

En el día de hoy, miércoles veinte (20) del mes de Febrero de (2013), siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora fijada a los efectos que tenga lugar el presente acto de audiencia de presentación de detenido, por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, sección Adolescente, en atención a la solicitud invocada por la ciudadana profesional del derecho BLANCA YANINE RUEDA, en su condición de Fiscal (A) Trigésima Séptima del Ministerio Público con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, en concordancia con el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, donde aparece como imputado el adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), por la presunta comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio de ERIKA ADRIANA MORELO TARRAS y ERIANA IBETH MORELO TARRAS; de seguida, se constituye este Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, presidido por la Jueza Profesional Dra. HIZALLANA MARIN URDANETA, conjuntamente, con la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional la profesional del derecho YECSIBEL CASANOVA; en este orden, la Jueza profesional le solicitó a la secretaria se sirviera verificar la presencia de las partes, dejando constancia que se encuentran presentes la profesional el derecho BLANCA YANINE RUEDA, en su condición de Fiscal (A) Trigésima Séptima del Ministerio Público con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, el adolescente imputado en auto (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE); a la par, la Jueza Profesional pasa a preguntarle al adolescente imputado en actas que si tenía abogado de su confianza que ejerciera su Defensa Técnica, a lo que manifestó el mismo: “Ciudadana Jueza, sí cuento con un abogado de mí confianza para que ejerza mi Defensa Técnica, como lo es, el profesional del derecho JORGE LUIS GARCIA, titular de la cédula de identidad Nº 13.819.948, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 130.407, es todo.”. En tal sentido, la Jueza profesional verifica en la sala de audiencia de este órgano jurisdiccional sí se encuentra presente el profesional del derecho JORGE LUIS GARCIA, quien ha sido designado por el imputado en auto, verificada su presencia, pasa a preguntarle, lo siguiente: ¿Ciudadano JORGE LUIS GARCIA, acepta usted la designación que ha recaído en su persona para ejercer la Defensa Técnica del imputado (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE)? RESPUESTA: “Sí ciudadana Jueza, acepto.”. Vista la aceptación efectuada por el profesional del derecho para ejercer la Defensa Técnica, la Jueza profesional de seguida pasa a juramentar al mismo, y a tenor le dice: ¿Profesional del derecho JORGE LUIS GARCIA, jura usted cumplir fiel y cabalmente con las funciones inherentes al cargo de Defensor Privado, por el cual ha sido nombrado y aceptado en el día de hoy? RESPUESTA: “Sí, Ciudadana Jueza, juro cumplir fiel y cabalmente con las funciones inherentes al cargo que he sido designado, es todo.”. Nombramiento y juramentación efectuada de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal. Continuamente, se deja constancia del domicilio procesal señalado por el profesional del derecho JORGE LUIS GARCIA, el cual se encuentra ubicado en: la Villa del Rosario, calle 17 Occidente entre la avenida Central y Municipal, Escritorio Jurídico García y Araujo, teléfono 0414-6926339. Asimismo se deja constancia que se encuentra presente el Representante Legal del adolescente imputado la ciudadana (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL IMPUTADO ADOLESCENTE POR CONFIDENCIALIDAD DEL ADOLESCENTE PREVISTO EN EL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE) , la Jueza profesional declaró abierta la audiencia de presentación de detenido, y a tal efecto le concedió el derecho a las partes a fin de que expusieran sus alegatos:

DE LA EXPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.-

Acto seguido, la Jueza profesional le otorgó el derecho de palabra al representante del Ministerio Público, a la profesional del derecho BLANCA YANINE RUEDA, Fiscal (A) Trigésima Séptima del Ministerio Público con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, quien expuso lo siguiente: “Ciudadana Jueza, presento e imputo formalmente ante este Tribunal de Control, al adolescente(SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) , por su presunta participación en el delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ERIKA ADRIANA MORENO TARRAS Y ERIANA IBETH MORELO TARRAS, quien fue aprehendido el día de ayer 27-02-13, siendo aproximadamente las 10:00 de la noche, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Villa del Rosario, quienes se encontraban de servicio cuando atendieron una denuncia por la ciudadana ERIKA ADRIANA MORELO TARRAS, por agresiones físicas en su contra y en contra de su hermana, perpetradas ese mismo día siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde, por lo que se dirigieron en compañía de la misma, hasta el sector Noriega Trigo, calle principal, casa sin número de la Parroquia El Rosario, Municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia, a fin de lograr la ubicación y aprehensión de las personas denunciadas como (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) Y LEANDRY, una vez en el sitio, se entrevistaron con la ciudadana (SE OMITE EL NOMBRE DE LA PROGENITORA DEL ADOLESCENTE) quien les manifestó ser madre de crianza del ciudadano LEANDRY GONZALEZ, de 26 años, pero el mismo no se encontraba para el momento, así mismo manifestó ser la progenitora del adolescente(SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) , quien se encontraba presente en el lugar procediendo a su aprehensión, en consecuencia, por cuanto es necesario realizar diligencias de investigación en la presente causa solicito muy respetuosamente se siga los trámites del procedimiento ordinario previsto en los artículos 551 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y se le impongan las medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva, contenidas en los literales “B”, “C” y“F” del artículo 582 de la ley especial, a los fines de adelantar la investigación correspondiente confirmar o descartar la existencia de un hecho punible y sí dicho adolescente concurrió en su perpetración. Asimismo, solicito copia simple de la presente acta, es todo.”.

DE LA IMPOSICIÓN DE LOS DERECHOS y GARANTÍAS
E IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE IMPUTADO EN AUTO.-

Escuchada como ha sido la exposición del representante del Ministerio Público, la Jueza profesional se dirige al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), previo traslado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia, Sub Delegación Villa del Rosario, quien se encuentra en presencia de su representante legal, de su Defensa y de la Representante del Ministerio Público, a fin de explicarle en palabras claras y sencillas el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollaron en su presencia y el contenido y las razones legales y éticas sociales de las mismas, todo en aras de resguardar una de las garantías fundamentales que debe regir el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, como lo es, garantizar el juicio educativo; igualmente, se le explicó de manera clara y precisa los hechos que le imputó el Ministerio Público, y las medidas de coerción personal que solicitó se le impusiera, de conformidad con lo previsto en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; seguidamente, se le expuso de manera clara y precisa el significado del precepto constitucional, y se le impuso del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana, en concordancia con lo previsto en el artículo 654 literal “i” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; así mimo, se le explicó de manera clara y precisa de los derechos previstos en los artículos 127, 128, 132, 133 y 134 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, así como, de las garantías fundamentales establecidas en los artículos 538 al 547 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; seguidamente, se le preguntó si deseaban declarar, pero se le indicó que antes debía identificarse plenamente, dejando constancia este Tribunal de Control de sus datos personales y de sus características fisonómicas, por lo que, queda identificado de la manera siguiente: 1.- (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), de nacionalidad Venezolano, nacido en La Villa del Rosario de Perijá, fecha de nacimiento 23-08-1998, de 14 años, estado civil; soltero, profesión: estudiante de 8vo. Grado, residenciado en la Barrio Noriega Trigo I. Se dejó constancia de las características fisonómicas del adolescente, las cuales fueron las siguientes: aproximadamente de 1,65 mts, peso 59 kgs, contextura delgada, cabello negro malo, ojos marrones, cejas pobladas, tez trigueña, nariz chata, labios gruesos, boca normal, presenta cicatriz visible en el brazo izquierdo y no presenta tatuajes; igualmente, se deja constancia que el adolescente se encuentra vestido de la siguiente forma: franela de color celeste y jeans azul claro, zapatos deportivos de color negro; quien manifestó no haber sido objeto de maltratos físicos, y quien en relación a los hechos que se le imputan libre de coacción o apremio, sin juramento alguno, expuso: “Ciudadana Jueza, no voy a declarar, es todo”.

EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA.-

Continuamente, la Jueza Profesional le concedió el derecho de palabra al Defensor Privado JORGE LUIS GARCIA, analizadas las actas procésales que conforman la presente causa se puede evidenciar que el delito por el cual fue presentado el adolescente por parte de la representación fiscal no amerita detención preventiva razón por la cual es que solicito decrete el cese de la aprehensión policial y ordene la libertad inmediata otorgando a mi defendido la media cautelar indicada en el articulo 582 literales “B”, “C” y F, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así mismo solicito que sus presentaciones sean cada sesenta (60) días en virtud de la distancia y que el adolescente estudia y haga entrega a su representante legal, y por ultimo solicito copia simple de presente acto”.

FUNDAMENTOS DE HECHO y DE DERECHO
DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR.-

En este acto, oídas las exposiciones de las partes (Ministerio Público–Defensa Pública), este Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, sección Adolescente, con fundamento en lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pasa a efectuar los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO.-

Esta Juzgadora de Instancia, constata de la revisión efectuada a las actas procesales insertas en la presente causa penal, específicamente, al folio dos (02) y su vuelto de la causa, Acta Policial, de fecha 27-02-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia Sub Delegación Villa del Rosario, donde se deja constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que fue aprehendido el imputado adolescente; igualmente, se constata que la aprehensión del adolescente de marras, si bien no se efectuó en razón de existir una orden de aprehensión en su contra, el mismo fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia Sub Delegación Villa del Rosario, bajo uno de los supuestos en los que se configura la aprehensión bajo la modalidad de flagrancia, prevista en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, pues, del contenido del acta policial señalada, se desprende que las circunstancias de hecho y de derecho descritas en la actuación policial, se adecuan al supuesto que establece como delito flagrante, “cuando el sospechoso se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, cerca del lugar donde se cometió, perseguido por el clamor público”; todo lo cual, fue verificado por esta Juzgadora de Instancia del acta policial que fue puesta a efectum videndi ante este Juzgado de Control; circunstancias estas, que ratifican a quien aquí decide que, el adolescente imputado(SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) , fue aprehendido bajo uno de los supuestos previstos en el citado artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, que dispone los supuestos de aprehensión bajo la modalidad de flagrancia, en concordancia con el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, resulta importante citar el contenido del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que:

“Artículo 44.1 Inviolabilidad de la libertad y excepciones. La Libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” (Negrilla del Tribunal).

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, señaló respecto al principio de inviolabilidad del derecho a la libertad personal, que:

“...Omissis…el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado...” (Sentencia de fecha 02-10-2003) (Negrilla del Tribunal).

Visto lo anterior, este Tribunal de Instancia ratifica que, en el caso de marras la aprehensión del adolescente imputado(SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) , se efectuó bajo uno de los supuestos en los cuales se configura la aprehensión bajo la modalidad de flagrancia, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, y artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.-

De otra parte, se constata en actas que la aprehensión del adolescente imputado (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), se efectuó conforme a derecho, es decir, fue puesto a la orden de esta Instancia Judicial dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su aprehensión, conforme lo prevé al artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se decide.-

SEGUNDO.-

Vista la solicitud efectuada por el Ministerio Público, quien como titular de la acción penal ha señalado que se requiere de la práctica de otros actos de investigación a los fines de esclarecer lo hechos, señalamiento éste, al cual se adhirió la Defensa Pública, y de la revisión efectuada a la presente causa penal, esta Juzgadora de Instancia estima procedente en derecho seguir el trámite de la presente causa penal, a través de las reglas del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, a los fines de garantizarles a las partes el derecho a la defensa y en aras de permitir que se logren efectuar los actos de investigación que sean pertinentes para el esclarecimientos de los hechos, conforme lo refirió el Ministerio Público en su exposición; todo de conformidad con lo previsto en el artículo 551 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, en concordancia con el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Así se decide.-

TERCERO.-

Este Tribunal de Control, ACOGE provisionalmente la precalificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público, al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), como lo es, el delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas ERIKA ADRIANA MORENO TARRAS Y ERIANA IBETH MORELO TARRAS, por considerar quien aquí decide que, la conducta desplegada por el adolescente imputado en auto presuntamente se subsumen en el tipo penal que le fue atribuido, conclusión a la cual se arribó una vez examinadas las actas procesales que conforman la presente causa, es decir, 1.- La comisión de un hecho punible, perseguible de oficio, que no amerita pena privativa de libertad, y que no se encuentra evidentemente prescrito, como lo es, el delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal; 2.- Suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el imputado de auto es autor o partícipe del hecho punible que se le atribuye; elementos de convicción estos, que surgen de los siguientes actos de investigación: -Acta Policial, de fecha 27-02-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia Sub Delegación Villa del Rosario, inserta en el folio tres (03) y su vuelto de la causa; -Constancia suscrita por el Dr. José Alejandro Losada, Medico Adscrito al Hospital I Nuestra Señora del Rosario, donde jeda constancia de la atención médica prestada a la ciudadana ERICA MORELO inserta en el folio cuatro (04) de la causa, Acta de Investigación Penal, de fecha 27-02-13 inserta en el folio cinco (05) y su vuelto de la causa; -Acta de Inspección Técnica del sitio, de fecha 27-02-13 inserta en el folio seis (06) de la causa; -Acta de Notificación de Derechos, de fecha 27-02-2013, -Acta de Entrevista efectuada por la ciudadana víctima ERIANA IBETH MORELO TARRAS, por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia Sub Delegación Villa del Rosario, que corre inserta al folio ocho (08) y su vuelto de la causa; -Oficio signado con el Nro. 9700-236-SDVR-571, suscrito por el Jefe de la Sub Delegación Villa del Rosario dirigido al Jefe de la Oficina Ciencias Forenses Villa del Rosario a los fines de que le sean practicado EXAMEN DE RECONOCIMIENTO FISICO a las ciudadanas ERIANA MORELO TARRAS y ERIKA MORELO TARRAS inserto en el folio nueve (09) de la causa; elementos de convicción estos, donde se determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos que le fueron atribuidos al imputado de auto, y donde se determinan la modalidad en la cual fue aprehendido el imputado en auto, los cuales pondera esta Juzgadora de Instancia, para considerar que el imputado de auto, se encuentra presuntamente involucrado en la comisión del delito que le atribuyó el Ministerio Público. Así se declara.-

En consonancia con lo señalado, este Tribunal de Instancia considera oportuno hacer referencia al artículo titulado “Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal”, publicado en las Décimas Jornadas de Derecho Procesal Penal, por la Dra. María Trinidad Silva de Vilela, quien ha expresado respecto a los elementos de convicción, que:

“…Omissis…Lo requerido son elementos de convicción y no pruebas. Respecto a estos requisitos, es menester hacer unas precisiones. La primera, es lo que exige el legislador para dictar una medida privativa de libertad o cautelar sustitutiva durante el proceso, son elementos de convicción acerca de la comisión de un delito y la participación del imputado en ese hecho punible, en ningún caso se trata de pruebas concluyentes, ello en razón de que en el proceso no existen pruebas hasta que se producen en el debate durante la etapa de juicio, en forma oral, pública y controladas por las partes. En las etapas investigativa e intermedia del proceso, solo estamos en presencia de elementos de convicción extraídos de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público, que si bien no tienen el valor para fundamentar una sentencia, sin embargo tienen la suficiente fuerza para apoyar los actos conclusivos de la etapa investigativa o preliminar del proceso y para fundar cualquier otra decisión de las que legalmente pueden dictarse antes de establecer el fallo definitivo… De forma que, no es necesaria la prueba de estás circunstancias ello es improcedente porque en esta etapa no hay pruebas, exigirlas es un contrasentido y admitirlas es atentar contra dos principios que rigen el proceso penal venezolano, básicamente porque los elementos obtenidos durante la investigación no han sido sometidos al debido control de las partes en el proceso y si bien estas aspiran a convertirlos en pruebas durante el debate en la fase de juicio, aún no han adquirido ese carácter. “Se trata pues, en definitiva de actos que introducen los hechos en el proceso y contribuyen a formar en el juez el juicio de probabilidad.”…” (Año 2007, Pág. (s) 204 y 205) (Resaltado y subrayado del Tribunal).

De la doctrina ut supra citada se desprende que los elementos de convicción vienen a constituir los motivos y las razones respecto de las circunstancias de hecho que encierra el acto de investigación, que son tomados o extraídos por el Juez de Control para formarse un juicio de valor crítico, racional y equilibrado, sobre los hechos expuestos a su consideración, los cuales en definitiva le permiten determinar el contenido de su resolución; en tal sentido, esta Juzgadora de Instancia verifica la existencia de suficientes elementos de convicción en las actas procesales insertas en la presente causa y que fueron puestos a efectum videndi ante este órgano jurisdiccional, como ut supra se señalaron, para considerar la presunta participación del adolescente imputado (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), en el delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas ERIKA ADRIANA MORELO TARRAS y ERIANA IBETH MORELO TARRAS. Así se declara.-

No obstante, lo criterios acogidos por este Juzgado de Control, resulta prudente recordar a la Defensa que nos encontramos en una fase incipiente de la investigación, en la cual hay que darle oportunidad al Ministerio Público para que practique las diligencias de investigación que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos y emita el acto conclusivo que se derive de la investigación, entre ellos, la acusación Fiscal, el archivo Fiscal o en todo caso el sobreseimiento de la causa. Así se declara.-

Ahora bien, el Ministerio Público y la Defensa Pública han solicitado la imposición de unas Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad, de las previstas en los literales “B”, “C” y “F” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto se trata de un delito que no amerita como sanción la privación de libertad, planteamiento este, al cual no se opuso la Defensa en su petitorio, en razón de requerir a esta Instancia la libertad sin restricciones de su representado; al respecto, esta Jurisdiccente tomando en consideración la precalificación jurídica dada a los hechos, la cual no amerita privación de libertad, tal y como lo dispone el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como, los principios de “Estado de Libertad”, de “Proporcionalidad”, de “Presunción de Inocencia”, establecidos en los artículos 8, 9, 229 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordancia con los artículos 540, 544, 546 y 548 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; estima que en el caso de auto, las medidas de coerción personal, más idóneas, necesarias, adecuadas y proporcionales a imponer al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), son unas medidas de coerción personal menos gravosa, es decir, de las establecidas en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme lo solicitó el Ministerio Público; en atención a tales señalamientos, resulta procedente en derecho declarar CON LUGAR la solicitud incoada por el Ministerio Público lo cual la Defensa Privada estuvo de acuerdo, en consecuencia, se IMPONE al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), unas Medidas Cautelares Menos Gravosas de las previstas en el artículo 582 literales “B”, “C” y “F” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en atención a los razonamientos antes expuesto, de lo cual consideró esta Juzgadora de Mérito, que las resultas del presente proceso deben garantizarse con la imposición de unas medidas de coerción personal menos gravosas a favor del imputado de auto. Así se decide.-

Visto los pronunciamientos antes esgrimidos, esta Juzgadora de Instancia, pasa a IMPONER al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), Indocumentado, de las Medidas Cautelares Menos Gravosas, previstas en el artículo 582 literales “B”, “C” y “F” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; quien deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Someterse al cuidado y vigilancia del Representante Legal; 2) Presentación Periódica ante este Tribunal de Control, es decir, el adolescente, deberá presentarse ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, para su régimen de presentaciones, cada sesenta (60) días, debiendo iniciar sus presentaciones el día JUEVES VEINTIOCHO (28) DEL MES DE FEBRERO DE 2013; y 3) Prohibición de comunicarse con personas determinadas, en este caso, el adolescente imputado en auto no puede acercarse a las víctimas en la presente causa; todo ello, con fundamento en lo previsto en el artículo 582 de la ley especial que rige la materia. Así se decide.-

CUARTO:

En otro orden de ideas, esta Juzgadora de Mérito conviene en señalar a la Defensa que, la imposición de una medida de coerción personal de las contempladas el Código Orgánico Procesal Penal o en la ley especial que rige la materia, decretada por parte de los Jueces de Control, en ningún caso puede, ni debe entenderse como lesiva a los principios de proporcionalidad, inviolabilidad a la libertad personal y presunción de inocencia, pues, deben analizarse las circunstancias específicas del caso concreto, ya que en ellas el Juez nunca hace un pronunciamiento en relación a la responsabilidad penal del o los imputados, sino, sencillamente se ciñe a verificar si por las circunstancias existentes, se satisfacen o no los extremos que impone la ley, ponderando para ello el principio de proporcionalidad, es decir, para decretar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad o una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Preventiva de Libertad, conforme lo prevén los artículos 236 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal vigente y los artículos 557, 558, 559, 581 y 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1998, de fecha 22-11-06, señaló:

“…Omissis…La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…Omissis…” (Resaltado del Tribunal).

En atención a las consideraciones de derecho antes referidas, ésta Juzgadora de Instancia conviene en afirmar que con la mera imposición de una Medida de Coerción Personal, tal como ocurrió en el caso de auto, como lo fue, la imposición de unas Medidas Cautelares Sustitutivas a la Prisión Preventiva de Libertad, no se conculcan los principios de proporcionalidad, inviolabilidad a la libertad personal y de presunción de inocencia, toda vez que la misma debe ser acordada atendiendo las circunstancias particulares de cada caso y tienen como finalidad garantizar las resultas del proceso y la comparecencia del imputado al mismo. Así se declara.

QUINTO.-

Se ORDENA el CESE DE LA APREHENSIÓN POLICIAL efectuada en contra del adolescente imputado (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), por tanto, se ORDENÓ el EGRESO del adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE), del órgano policial aprehensor, así como, SE ORDENÓ su INMEDIATA LIBERTAD, y en virtud de que no se encuentra presente su Representante Legal, este Tribunal comisiona al órgano policial aprehensor para que traslade al adolescente imputado desde la sede de este Despacho hasta su residencia, debiendo informar a este Tribunal en Acta Policial la persona y la dirección exacta donde fue entregado el adolescente. Así se decide.-

SEXTO:

Se ADVIERTE al adolescente(SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE) que el incumplimiento de las medidas de coerción personal impuestas, trae como consecuencia, la revocatoria de las mismas, a solicitud el Ministerio Público o de oficio por el Juez de Control, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Así se decide.-

SÉPTIMO:

Se INSTA a la Defensa, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 654 literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solicite la práctica de las diligencias de investigación que considere pertinentes efectuar al Ministerio Público, a los fines de esclarecer los hechos que se investigan.- Así se decide.-

Se acuerda proveer las copias solicitadas por el Ministerio Público y a la Defensa, quedan notificadas las partes con la lectura y la firma de la presente acta, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, aplicado por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente. Se registro la presenta decisión bajo el Nº 068-2013. Se libró el respectivo oficio. Se declaró cerrada la audiencia, siendo las once y cuarenta y cinco horas de la mañana (11:45 a.m.). Es todo, terminó, se leyó y estando conformes firman.

LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL,

DRA. HIZALLANA MARIN URDANETA.

EL FISCAL N° 37 DEL MINISTERIO PUBLICO

ABG. BLANCA YANINE RUEDA

LA DEFENSA PRIVADA

ABOG. JORGE LUIS GARCIA

EL ADOLESCENTE IMPUTADO

(SE OMITE EL NOMBRE DEL IMPUTADO ADOLESCENTE)

LA REPRESENTANTE LEGAL

(SE OMITE EL NOMBRE DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL IMPUTADO ADOLESCENTE)

LA SECRETARIA,

ABOG. YECSIBEL CASANOVA

HMU/Ingrid.-
2C-4465-2013.-
VP02-D-2013-000244.-