TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO – JUEZ UNIPERSONAL No. 3

Sentencia No.: 119.
Parte demandante: ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.709.066, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Abogada asistente: Anni Fuenmayor Hernández, Defensora Pública Décima Cuarta (14º).
Parte demandada: ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.219.443, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Niño(a)s y/o adolescentes beneficiario(a)s: (Omitido artículo 65 LOPNNA), de once (11) años de edad.
Motivo: Revisión de Sentencia por Aumento de Obligación de Manutención.
PARTE NARRATIVA
I
El presente procedimiento se inició ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 3, mediante escrito contentivo de demanda por Revisión de Sentencia por Aumento de Obligación de Manutención, incoada por la ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas, ya identificada, en contra del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, ya identificado, en beneficio del niño y/o adolescentes (Omitido artículo 65 LOPNNA).
Narra la demandante que de la relación Matrimonial que mantuvo con el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, procrearon un (01) hijo, quien lleva por nombre (Omitido artículo 65 LOPNNA) quien se encuentra bajo su custodia. Manifiesta que en fecha 25 de noviembre de 2009, el Juez Unipersonal No. 2 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Zulia, dictó sentencia signada bajo el No. 582, en el expediente Nº 15.289, contentivo de Divorcio 185-A, en la cual se estableció en relación con la obligación de manutención que el progenitor del niño se comprometía a suministrarle a su menor hijo la cantidad de ochocientos bolívares mensuales (Bs. 800,00) para cubrir sus gastos, y la misma cantidad para el mes de agosto y para la época decembrina, estableciendo que dicho monto sería aumentado automáticamente para el momento en que se incrementará el salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional.
Por auto dictado en fecha 03 de diciembre de 2012, esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 3 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, admitió la presente demanda, ordenándose la citación del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, antes identificado y la notificación de la Fiscal Especializada del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
En fecha 13 de diciembre de 2012, fue agregada a las actas la boleta donde consta la notificación de la Fiscal Especializada Trigésima Cuarta (34°) del Ministerio Público.
En fecha 17 de diciembre de 2012, fue agregada a las actas la boleta donde consta la citación del ciudadano Alexander Rafael Álvarez Maza.
Mediante acta de fecha 08 de enero de 2013, se dejó constancia que siendo el día y hora fijados para llevar a cabo el acto conciliatorio entre las partes en presencia del Juez, no se pudo llevar a cabo por cuanto solo compareció la parte demandante.
En fecha 09 de enero de 2013, la ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas asistida por la abogada Anni Fuenmayor Hernández, presentó escrito de promoción de pruebas.
Mediante auto de fecha 30 de enero de 2013, este Tribunal acuerda diferir la publicación de la sentencia para el quinto (5) día de despacho siguiente luego que conste en actas las resultas de las pruebas de informe promovidas y proveídas mediante auto de fecha 09 de enero de 2013 dirigidas al Hospital Dr. Noriega Trigo, Hospital Dr. Regulo Pachano Añez (Sanipez), Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum) y a la Superintendencia de Bancos (Sudeban).
En fecha 04 de febrero de 2013, se recibe comunicación de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dando respuesta al oficio No. 13-0043 informando a este Tribunal que dicha Institución ya solicitó la información requerida a través de circular dirigida a las Instituciones del Sector Bancario Nacional.
Con esos antecedentes este Órgano Jurisdiccional entra ahora a determinar si es procedente o no la presente demanda, valorando previamente las pruebas antes mencionadas que constan en actas:
II
PUNTO PREVIO
DE LA CONFESIÓN FICTA
En el procedimiento especial de alimentos previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (en adelante LOPNA, 1998), aplicable pro tempore por mandato del artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante LOPNNA, 2007), cada acto procesal tiene un tiempo específico para su realización y una vez precluido, bien el lapso o bien el término, para la ejecución de alguna carga procesal, el proceso indefectiblemente discurrirá hacia la consecución del estado procesal subsiguiente en la búsqueda de la sentencia.
Ahora bien, la contestación de la demanda según lo establecido en el artículo 514 de la Ley in comento LOPNA (1998), debe realizarla el demandado al tercer día de la constancia en el expediente de haberse efectuado su citación, plasmando en su escrito todas las defensas que creyere oportunas alegar, culminando así la fase de alegatos, en consecuencia, se produce la "trabazón de la litis" y quedan fijados en el proceso los hechos que el demandante plasmó en la demanda.
En el caso sub examine, del estudio de las actas que conforman el presente expediente se puede evidenciar que el demandado de autos, ciudadano Alexander Rafael Álvarez Maza, quedó citado efectivamente el día 17 de diciembre de 2012, fecha en la que se agregó la respectiva boleta, por lo tanto debía dar contestación a la demanda al tercer (3°) día de despacho siguiente más otros tres (3) que se le concedieron por la reforma de la demanda, es decir, el día 08 de enero de 2013, para comenzar a transcurrir ope legis a partir del día a quem, el lapso probatorio establecido en el artículo 517 de LOPNA (1998).
Ahora bien, este Juzgador, en virtud de la falta de contestación de la demanda, así como la falta de escrito de promoción de pruebas por la parte demandada, siendo que la comparecencia del demandado a la contestación de la demanda es un acto facultativo de impulso procesal, cuya falta trae como consecuencia la aplicación de la Ficta Confessio, este Órgano Jurisdiccional declara la Confesión Ficta de la parte demandada, presumiéndose la aceptación tácita de todos los términos expuestos en el libelo de la demanda. Así se declara.
II
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 511 de la LOPNA (1998), la parte actora acompañó la solicitud con las siguientes pruebas documentales:
1. DOCUMENTALES:
• Copia simple de documento público administrativo constante de planilla única bancaria emanada del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Aun cuando sobre esta probanza ha sido criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, que las actuaciones administrativas tienen valor probatorio en juicio y que aun cuando tales actuaciones hacen fe de todo a cuanto se refieren, este Sentenciador no le confiere valor probatorio por cuanto son impertinentes, ya que no guardan relación con los hechos controvertidos en el presente juicio. Folio tres (3).
• Copia certificada de sentencia dictada por la Sala de Juicio-Juez Unipersonal Nº 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia de fecha 25 de noviembre de 2009. A este documento público, este Sentenciador le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Folio 04 al 06.
• Copia certificada del acta de nacimiento No. 1466, correspondiente al niño Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA), emanada de la unidad de la Jefatura Civil de la parroquia Bolivar del Municipio Maracaibo del estado Zulia. A este documento público, este Sentenciador le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 ejusdem. En consecuencia, queda claramente probado en actas, la filiación existente entre la ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas y el niño antes mencionado. De igual forma, se evidencia el vínculo de filiación existente entre el demandado de autos y el niño Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA), así como la obligación que le deben las partes en este proceso al referido niño, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 de la LOPNNA (2007). Folio ocho (8).
2. INFORMES:
• Informe del departamento de Recursos Humanos del Hospital Dr. Noriega Trigo, a los fines de informar a la brevedad posible sobre la capacidad económica del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, este fue admitido en fecha 09 de enero de 2013 mediante comunicación de fecha 14 de febrero de 2013 dicha institución da respuesta al oficio signado bajo el No. 13-0040 informando sobre la capacidad económica del demandado de autos. Por ser esta información requerida por el Tribunal para constatar la capacidad económica del demandado de autos, este Sentenciador le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 369 de la LOPNNA, (2007).
• Informe del departamento de Recursos Humanos del Hospital Dr. Regulo Pachano Añes (Sanipez), a los fines de informar a la brevedad posible sobre la capacidad económica del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, este fue admitido en fecha 09 de enero de 2013 pero no se han recibido las resultas correspondientes.
• Informe del departamento de Recursos Humanos del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), a los fines de informar a la brevedad posible sobre la capacidad económica del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, este fue admitido en fecha 09 de enero de 2013 pero no se han recibido las resultas correspondientes.
• Informe de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), a los fines de informar con carácter de urgencia cuantas cuentas bancarias posee el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, este fue admitido en fecha 09 de enero de 2013, mediante comunicación de fecha 04 de febrero de 2013 dicha institución da respuesta al oficio signado bajo el No. 13-0043 informando que ya solicito la información requerida a través de circular a todas las Instituciones del Sector Bancario Nacional.
• Comunicaciones emanadas de las instituciones bancarias Banco Nacional de Crédito, Bbva Provincial, Banplus, Banco Sofitasa, Banco Fondo Común, Banco Venezolano de Credito, Bancrecer, Banco de Venezuela, Bancaribe, Banco del Tesoro, Mercantil, Corp Banca, Banco Occidental de Descuento, Banco Exterior, Bangente, Banco Espirito Santo y Banco Comercial en respuesta al oficio signado bajo el No. sib-dsb-cj-pa-02327 de fecha 28 de enero de 2013, emanado por la Superintendencia de Bancos (Sudaban), en las que informan que el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora no figura como cliente de ninguna de esas instituciones bancarias. Riela en los folios 35, 48, 50, 52, 54, 61,63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 78 80, 82.
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
Durante el lapso de promoción y evacuación de prueba consagrada en el artículo 517 de la LOPNA (1998), la parte demandada no promovió prueba alguna para valorar.
III
GARANTÍA DEL DERECHO A OPINAR Y SER OÍDO
En cuanto al ejercicio del derecho a opinar y ser oído del niño y/o adolescente Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA), conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2008, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, este juzgado la considera innecesaria para dictar sentencia (en este caso, por constar en autos los elementos necesarios para proceder a la Revisión por aumento de de la Obligación de Manutención, de conformidad en el artículo 369 de la LOPNNA, 1998).
No obstante, este Tribunal deja por sentado que por ser un derecho, se puede ejercer en todo estado y grado de la causa, por lo que potestativamente los niños (as) y/o adolescente (s) puede acudir al Tribunal a ejercerlo sin necesidad de pronunciamiento previo por parte de este órgano jurisdiccional. Así se declara.
PARTE MOTIVA
I
El derecho a los alimentos es uno de los más importantes que tienen los seres humanos y especialmente los niños y/o adolescentes, por lo que su cumplimiento hace posible que se satisfagan las necesidades primarias como son la comida, la salud y la educación, todo lo cual forma parte de un derecho más amplio como es el derecho de todo niño y adolescente a un nivel de vida adecuado, el cual se encuentra establecido en el artículo 30 de la LOPNNA (2007), cuyos garantes prioritarios e inmediatos son los padres, por lo tanto, el incumplimiento de la obligación alimentaria afecta no sólo el derecho a un nivel de vida adecuado sino la vida misma de los niños y/o adolescentes.
Esta obligación de manutención de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 de la LOPNNA (2007), es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida y corresponde al padre y a la madre respecto a los hijos menores de edad y es entendida como el deber que tiene una persona - los padres - de suministrarle a otra -los hijos-, todos los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo biológico, físico, psicológico, emocional y espiritual de forma progresiva, como sujeto plenos de derechos en constante crecimiento y evolución; siendo incondicional el cumplimiento de dicha obligación en los casos en los que la persona no ha alcanzado la mayoría de edad, incluso, aun habiéndola alcanzado, existen excepciones a su extinción para su extensión.
Dicha obligación de manutención se encuentra consagrada constitucionalmente en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la siguiente forma:
“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas... La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”.
En base a las anteriores consideraciones, corresponde a este Juzgador revisar el monto de la cuota de manutención fijada en la referida sentencia en beneficio de la adolescente de autos, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 365 de la LOPNNA (2007), las necesidades e intereses de los beneficiarios y la capacidad económica del demandado de acuerdo con lo previsto en el artículo 369 ejusdem, y con fundamento a lo establecido en el artículo 523 de la LOPNA (1998), que prevé:
“Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó una decisión sobre alimentos o guarda, el juez de la sala de Juicio podrá revisarlas, a instancia de parte siguiendo para ello el procedimiento contenido en este capítulo”.
II
La obligación de manutención viene dada por la relación familiar existente entre el deudor y acreedor de ella, sin requerir adicionalmente de ninguna otra consideración. De allí que, por la relación familiar de paternidad, el padre está obligado a mantener, educar e instruir a sus hijos siempre que tenga los medios económicos y éstos no hayan alcanzado la mayoría de edad.
La finalidad primordial que persigue el establecimiento de una cuota de manutención es asegurar que los aspectos materiales imprescindibles para que un niño o adolescente se desarrolle debidamente, estén cubiertos por los montos requeridos, los cuales deben ser pagados por sus progenitores, y en caso de imposibilidad de éstos, por las personas obligadas subsidiariamente.
En el caso de autos, quedó plenamente demostrada la filiación existente entre el demandado de actas, y el niño y/o adolescente Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA), y por cuanto es el progenitor de los mismos, tiene el deber de coadyuvar junto con la progenitora con su manutención, brindándoles un aporte económico suficiente para lograr su desarrollo integral, por lo que este Tribunal debe revisar si la pretensión de la actora procede en Derecho.
Sin embargo, el demandado de autos, al no presentar escrito de contestación de la demanda ni escrito de pruebas alguno quedó confeso y no logró demostrar que cumple con la obligación de manutención para con su hijo el niño Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA), ni quedó discutida la solicitud de aumento por lo que este Tribunal debe proceder a fijar una cuota de manutención a favor del mismo, tomando previamente en consideración todo lo alegado y probado por la demandante en su oportunidad correspondiente
Ahora bien, en primer lugar se deben tomar en cuenta los términos de la sentencia definitiva No. 582 dictada en fecha 25 de noviembre de 2009, por el Juez Unipersonal No. 2 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Zulia, expediente Nº 15.289, supra valorada, donde quedó fijada la obligación de manutención de la siguiente forma: “…el progenitor del niño se compromete a suministrarle a su menor hijo como obligación de manutención la cantidad de ochocientos bolívares mensuales (Bs. 800,00) para cubrir sus gastos …” , y la misma cantidad para el mes de agosto y para la época decembrina.
Por otra parte, a los fines de verificar si es procedente el aumento de la cuota de manutención, este Tribunal debe tomar en cuenta los elementos para determinar la obligación de manutención conforme a lo previsto en el artículo 369 de la LOPNNA (2007), entre estos, la necesidad del adolescente de autos (cuya custodia la ejerce la mamá), la capacidad económica del obligado y sus cargas, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social, sobretodo en virtud de su contribución a la crianza, protección y desarrollo de los hijos.
La necesidad de los beneficiarios por su minoridad es evidente, de modo que no se requiere prueba de la misma, amén de que más allá de ser necesidades se trata de derechos humanos fundamentales como los derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud y a servicios de salud y a la educación (Vid. arts. 30, 41 y 53 de la LOPNNA, 2007) entre otros de igual importancia.
En cuanto a la capacidad económica del demandado, se evidencia en actas que cuenta con una relación laboral bajo dependencia por comunicación de fecha 14 de febrero de 2013 emanada del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo dando respuesta al oficio No. 13.0040, informando a este Tribunal sobre la capacidad económica del demandado de autos.
Por otra parte, desde el 25 de noviembre de 2009, fecha cuando quedó determinada la obligación de manutención que aquí se revisa, es un hecho notorio que la economía venezolana ha experimentado un fenómeno inflacionario que se refleja en la vida de todos los habitantes del territorio nacional, fenómeno que en virtud de su notoriedad está exento de prueba, admitiéndose al menos por este concepto que efectivamente han variado los supuestos que privaron para fijar el monto decidido (acordado por los padres), razón por la cual resulta indispensable ajustar la obligación de manutención a una cantidad acorde que permita cubrir los gastos y garantizar los derechos del niño de autos.
Ahora bien, los cálculos para fijar la cuota de obligación de manutención los hará este Tribunal conforme al criterio establecido por la Corte Superior – Sala de Apelaciones de este Tribunal, en la sentencia de fecha 31 de enero de 2008, expediente No. 1098-07; con base al salario mínimo.
En el presente procedimiento considera este Tribunal equitativo realizar una fijación de la obligación de manutención de forma proporcional; en consecuencia, procede a dividir el monto de lo devengado por el progenitor en tres (3) partes iguales, producto de sumar al niño de autos, más la suma de dos (2) veces el progenitor para cubrir sus gastos particulares, lo que arroja una cuota parte del treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario integral que devenga el demandado de autos.
Entonces, observa este Sentenciador que la cuota de obligación de manutención mensual en la sentencia que se revisa fue fijada en la cantidad equivalente a ochocientos bolívares mensuales, mientras que le corresponde al niño es el treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario integral que devenga el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, lo que en la actualidad equivale a un mil cuatrocientos bolívares con trece céntimos (Bs. 1.400,13), cantidad superior a la fijada en la sentencia que se revisa.
Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, considera este Sentenciador que la presente acción ha prosperado en derecho y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 3, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
CON LUGAR la presente demanda por Revisión de Sentencia por Aumento de Obligación de Manutención, incoada por la ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.709.066, en contra del ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.219.443, en beneficio del niño y/o adolescente Alexander (Omitido artículo 65 LOPNNA). Así se declara.-
En consecuencia, se fijan las siguientes cantidades:
1. FIJA como cuota de obligación de manutención mensual para el niño de autos la cantidad equivalente al treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario integral que devenga el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, lo que en la actualidad equivale a un mil cuatrocientos bolívares con trece céntimos (Bs. 1.400,13).
2. FIJA para el mes de agosto, adicional a la cuota de manutención ordinaria, la cantidad equivalente al treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario integral que devenga el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, lo que en la actualidad equivale a un mil cuatrocientos bolívares con trece céntimos (Bs. 1.400,13), a los fines de cubrir los gastos relativos al inicio del nuevo año escolar y vacaciones escolares.
3. FIJA para el mes de diciembre, adicional a la cuota de manutención ordinaria, la cantidad equivalente al treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario integral que devenga el ciudadano Jaime Amilcar Suárez Mora, lo que en la actualidad equivale a un mil cuatrocientos bolívares con trece céntimos (Bs. 1.400,13), a los fines de cubrir los gastos típicos de la época decembrina.
4. Los gastos referentes a la salud (médicos y medicinas), serán cubiertos por ambos progenitores, en razón del cincuenta por ciento (50%) cada uno, a los fines de garantizarle el derecho a la salud y asistencia médica a la niña de autos (Vid. artículo 41 LOPNNA (2007).
5. Quedan modificados los términos de la sentencia definitiva No. 582 dictada en fecha 25 de noviembre de 2009, por el Juez Unipersonal No. 2 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Zulia, expediente Nº 15.289.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 521 de la LOPNA (1998), que establece que el Juez, para asegurar el cumplimiento de la Obligación de Manutención, puede ordenar la retención de la cantidad fijada y que sean entregadas directamente a la persona que se indique; la obligación de manutención ordinaria y extraordinarias, fijadas en los numerales 1, 2 y 3, serán retenidas por el patrono al demandado y entregadas directamente a la ciudadana Carmen Mercedes Jaimes Bastidas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.709.066 o enviadas mediante cheque de gerencia a este Tribunal, por adelantado y dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y dentro de los primeros cinco (5) días de los meses de septiembre y diciembre de cada año respectivamente. La retención en caso de que cese la relación laboral, para garantizar obligaciones de manutención futuras, será enviada, en su oportunidad, en cheque de gerencia a la orden de este Tribunal, en cuyo caso, se procederá a abrir una cuenta bancaria en el Banco Bicentenario a nombre de las adolescentes de autos y a la orden del Tribunal.
Todas las cantidades antes fijadas serán ajustadas automáticamente y en forma proporcional de acuerdo con los ingresos del progenitor y a los índices inflacionarios que arroje el Banco Central de Venezuela.
Para garantizar las pensiones futuras del niño de autos, este Sentenciador ordena al patrono retener la cantidad de doce (12) mensualidades de obligación de manutención, deducibles de la cantidad que por concepto de prestaciones sociales, caja de ahorros o cualquier otra cantidad que le pueda corresponder al progenitor en caso de retiro voluntario, despido, muerte o cualquier otra causa que dé por terminada su relación laboral con el Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, monto que deberá ser remitido a este Tribunal en cheque de gerencia a la orden del mismo.
Para concluir este Juzgador observa que la presente sentencia tiene efecto de cosa juzgada formal mas no material, por lo que puede ser modificada cuando nuevos hechos o circunstancias así lo determinen, por ello, insta al obligado alimentario a estar pendiente de las necesidades de su hijo, para mejorar la cuota de manutención fijada, todo dentro de lo que sus posibilidades se lo permitan y en atención al alto costo de la vida, así como el cumplimiento extraordinario de las necesidades no previstas en este fallo.
No hay condenatoria en costa debido a la naturaleza del proceso, publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, despacho del Juez Unipersonal No. 3, en la ciudad de Maracaibo a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2013. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza Unipersonal No. 03 (Temporal), La Secretaria,

Abg. Mariladys González González Abg. Carmen A. Vilchez Carrero

En la misma fecha, a las 10:00 a.m., se publicó el fallo anterior y quedó registrado bajo el Nº 119, en el libro de sentencias definitivas llevado por este Tribunal.
MGG/ José
Exp. 22.206