ASUNTO : VP02-S-2012-009322
RESOLUCION N° 53-2013
Vista la solicitud de examen y revisión de la medida de privación judicial preventiva de la libertad, planteada por las abogadas: NADIA NINOSKA PEREIRA Y DULCE DE JESUS ARAUJO, en su condición de representantes de la fiscalia Trigésimo Quinta del Ministerio Público, en relación al asunto, que se le instruye al ciudadano: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL de nacionalidad VENEZOLANA, titular de la cedula de identidad v- 9.708.607 fecha de nacimiento 06/09/1965, de estado civil SOLTERO de profesión u oficio VIGILANTE, hijo de ROSARIO BERNAL Y CRISANTO VILORIA, con residencia BARRIO EL MANZANILLO AV. 25B CASA22-82 CERCA DE LA BARBERIA MORA ESTADO ZULIA, TELEFONO: 02614247844, por la presunta comisión del delito de: ABUSO SEXUAL previsto y sancionado en el artículo 259, encabezamiento, de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de: LA NIÑA DE 07 AÑOS DE EDAD: cuya identidad se omite. articulo 65 de la LOPNNA. Este Tribunal con fundamento en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, realiza el siguiente pronunciamiento:
I
DE LA SOLICITUD DE REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL DE LA LIBERTAD

Las abogadas: NADIA NINOSKA PEREIRA Y DULCE DE JESUS ARAUJO, en su condición de representantes de la fiscalia Trigésimo Quinta del Ministerio Público, requieren sea Revisada y examinada la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que le fuera impuesta por este Juzgado de Control, Audiencia y Medidas, al ciudadano: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL previamente identificado en actas, de conformidad a lo previsto en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal derogado, señalando entre sus argumentos, que en el marco de la investigación que desarrolla, ordenaron la practica de diferentes diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, las cuales aún no han recibido, contando entre ellas, el resultado de la evaluación médico-forense de la victima, elementos imprescindibles para poder determinar la responsabilidad que pudiera tener el referido imputado en los hechos denunciados, y también la defensa técnica solicitó la toma de entrevistas a 11 personas que se encontraban en el lugar de los acontecimientos, también de vital importancia, y aun no se han recibido sus resultas, refieren también las fiscalas, que en la investigación desarrollada, no se ha logrado precisar aún la fecha exacta de ocurrencia de los acontecimientos, debido a las dos denuncias que formulara la progenitora de la niña victima en oportunidades distintas; razones por las cuales consideran que los hechos iniciales por los que se impuso esta medida de coerción personal han variado, solicitan por ello se acuerde a favor del imputado: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL medidas cautelares menos gravosas contenidas en los numerales 3° y 6° del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, y se dicten las medidas de protección y de seguridad previstas en los numerales 5°, 6° y 13° del articulo 87 de la Ley Especial. Solicitan además, que el imputado de autos sea puesto a disposición del Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, por encontrarse solicitado por ese Despacho, según asunto N°WP01-P-2006-00155-72U1141-06.
II
FUNDAMETOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:

Considera esta Juzgadora que no existe duda alguna, que el Código Orgánico Procesal Penal es un texto normativo congruente con Principios y Garantías consagrados en Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Venezuela donde se protegen los Derechos Humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, garantizando así a todas las partes que intervienen en el proceso penal, el respeto a sus derechos, haciendo especial énfasis en el Principio de Presunción de Inocencia y Afirmación de libertad, principios que conjuntamente con la finalidad del Proceso constituyen los pilares fundamentales que el Juzgador o Juzgadora ha de tener en cuenta al momento de considerar pertinente aplicar la excepción a éste principio procesal, de tal suerte que resulte proporcional al hecho punible, Ahora bien, revisadas como han sido todas y cada una de las actas del presente expediente, y los alegatos esgrimidos por los abogados defensores en su escrito, Esta Juzgadora considera importante señalar que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles; En plena armonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1654 de fecha 25 de julio de 2005, señaló con ocasión a esta garantía constitucional, que: “...la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva...”
Ante tal análisis pero en apego a la ley tomando en consideración lo tipificado en el artículo 250 del Código Adjetivo Penal Vigente, que establece: “El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. En base a lo cual, quien aquí decide es del criterio que la imposición de medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial preventiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objeto de la investigación y por ello en su revisión, la Jueza deberá analizar las circunstancias que motivaron la imposición de las medidas de coerción personal al imputado, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de la comisión del mismo, el comportamiento del acusado, antes y durante el proceso transcurrido, y la sanción probable. Con base a ello, debe cerciorarse que las medidas cautelares sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso. En el asunto bajo examen, solicitan las representantes de la fiscalia trigésimo quinta del Ministerio Público, que se ACUERDE a favor del ciudadano: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL identificado previamente, una medida cautelar menos gravosa, de las previstas en el articulo 242 numerales 3° y 6° del Código Adjetivo Penal, y se ponga en conocimiento del Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, la situación de este imputado, por encontrarse solicitado por ese Despacho, según asunto N°WP01-P-2006-00155-72U1141-06.
Una vez analizados los argumentos esgrimidos por las representantes de la vindicta pública, considera esta sentenciadora que si bien es cierto, el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad estipulado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el legislador contempló igualmente, el carácter proporcional en la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS, las cuales deberán imponerse conforme a criterios fácticos que cursen en autos, ahora bien, en el caso de marras, al hoy imputado desde el acto de presentación por flagrancia, celebrado en fecha: 27 de Noviembre de 2012, se le decretó medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad conforme a lo estipulado en los artículos 250 , 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal que fuera derogado, esta juzgadora comparte el criterio esgrimido por el Ministerio Público, en el sentido de que las circunstancias que imperaban para el momento procesal en el que se decretó esta medida de coerción personal en cierto modo han variado, en virtud de las consideraciones planteadas por las fiscalas en su escrito, entendiéndose, que las resultas del proceso pueden ser satisfechas con medidas cautelares menos aflictivas que la privación Judicial de la Libertad; en consecuencia, esta Jurisdicente: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA PETICION efectuada por las abogadas: NADIA NINOSKA PEREIRA Y DULCE DE JESUS ARAUJO, en su condición de representantes de la fiscalia Trigésimo Quinta del Ministerio Público, y ACUERDA a favor del imputado: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL las medidas cautelares sustitutivas previstas en los numerales 8° y 3° del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, referentes a: ORDINAL 8°: la presentación de una caución económica a través de dos fiadores que cumplan los siguientes requisitos: Reconocida buena conducta. Responsables, con capacidad económica para atender las obligaciones que contraigan, en este sentido se exige que los fiadores perciban un ingreso salarial igual o superior a treinta (30) unidades tributarias, y con domicilio en el Territorio Nacional, y quienes quedarán obligados a: 1.) que el imputado no se ausente de la Jurisdicción del Tribunal. 2) presentar al imputado de autos ante la autoridad que se designe en la oportunidad que el Tribunal acuerde. 3) satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado. 4) pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado en el término que se le señale, cuya cantidad se fijará en el acta de fianza, cumpliendo así con los extremos que prevé el artículo 244 ejusdem. ORDINAL 3°: La obligación para el imputado de autos de presentarse periódicamente, ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Especializado, cada quince (15) días, a partir del día siguiente en que se concrete su libertad. Se CONFIRMAN a favor de la víctima, las Medidas de Protección y de Seguridad previstas en el articulo 87 ordinales 5°, 6° y 13° de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes en: ORDINAL 5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse a su lugar de trabajo, de estudio y residencia ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, Y ORDINAL 13.- No cometer nuevos hechos de violencia en contra de la victima. Se ordena Oficiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, para informarle de la presente decisión, por cuanto al imputado de autos, por ese Despacho Judicial, se le sigue causa signada con el N° WP01-P-2006-00155-72U1141-06. se ordena oficiar a las autoridades del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite a los fines de que informen al imputado de la presente decisión, de igual forma se ordena notificar a la fiscalía trigésimo quinta del Ministerio Público, a la víctima de marras y a la defensa, a los fines de informarle sobre lo acordado en la presente resolución. Y ASI SE DECLARA
III
DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos previamente, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTACIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA PRIMERO: SE DECLARA PARCIALMENTE con lugar la solicitud de sustitución de la Medida de privación Judicial Preventiva de la Libertad, por medidas cautelares sustitutivas, planteada por las abogadas: NADIA NINOSKA PEREIRA Y DULCE DE JESUS ARAUJO, en su condición de representantes de la fiscalia Trigésimo Quinta del Ministerio Público, a favor del ciudadano: JOSE GREGORIO VILORIA BERNAL de nacionalidad VENEZOLANA, titular de la cedula de identidad v- 9.708.607 fecha de nacimiento 06/09/1965, de estado civil SOLTERO de profesión u oficio VIGILANTE, hijo de ROSARIO BERNAL Y CRISANTO VILORIA, con residencia BARRIO EL MANZANILLO AV. 25B CASA22-82 CERCA DE LA BARBERIA MORA ESTADO ZULIA, TELEFONO: 02614247844, por la presunta comisión del delito de: ABUSO SEXUAL previsto y sancionado en el artículo 259, encabezamiento, de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de: LA NIÑA DE 07 AÑOS DE EDAD: cuya identidad se omite. articulo 65 de la LOPNNA, y en consecuencia SE ACUERDAN las medidas cautelares sustitutivas previstas en los numerales 8° y 3° del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes a: ORDINAL 8°: la presentación de una caución económica a través de dos fiadores que cumplan los siguientes requisitos: Reconocida buena conducta. Responsables, con capacidad económica para atender las obligaciones que contraigan, en este sentido se exige que los fiadores perciban un ingreso salarial igual o superior a treinta (30) unidades tributarias, y con domicilio en el Territorio Nacional, y quienes quedarán obligados a: 1.) que el imputado no se ausente de la Jurisdicción del Tribunal. 2) presentar al imputado de autos ante la autoridad que se designe en la oportunidad que el Tribunal acuerde. 3) satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado. 4) pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado en el término que se le señale, cuya cantidad se fijará en el acta de fianza, cumpliendo así con los extremos que prevé el artículo 244 ejusdem. ORDINAL 3°: La obligación para el imputado de autos de presentarse periódicamente, ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Especializado, cada quince (15) días, a partir del día siguiente en que se concrete su libertad. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 244 y 248 ejusdem. SEGUNDO: Se CONFIRMAN a favor de la víctima, las Medidas de Protección y de Seguridad previstas en el articulo 87 ordinales 5°, 6° y 13° de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes en: ORDINAL 5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse a su lugar de trabajo, de estudio y residencia ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, Y ORDINAL 13.- No cometer nuevos hechos de violencia en contra de la victima. TERCERO: Se ordena Oficiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, para informarle de la presente decisión, por cuanto al imputado de autos, por ese Despacho Judicial, se le sigue causa signada con el N° WP01-P-2006-00155-72U1141-06. CUARTO: se ordena oficiar a las autoridades del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite a los fines de que informen al imputado de la presente decisión, de igual forma se ordena notificar a la fiscalía trigésimo quinta del Ministerio Público, a la víctima de marras y a la defensa, a los fines de informarle sobre lo acordado en la presente resolución. ASI SE DECIDE. CUMPLASE-REGISTRESE Y PUBLIQUESE.-
LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS,

DRA. ROSARIO CHACON DE GUERRERO
LA SECRETARIA,

ABG. ANDREINA RAMIREZ.