TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA

Admisión de Juicio Ejecutivo y
Decreto Intimatorio

Cursa ante este Tribunal cobro de créditos fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto en fecha 21 de junio de 2012 por los abogados Gerardo Luzardo, Carlos Velásquez y Carlos Villalobos, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 40.644, 40.555 y 148.373, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra la contribuyente INPARK DRILLING FLUIDS, S.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro. J-30751305-5, domiciliada en la calle Campo Elías, edificio Inpark, piso 1 y 2, sector Campo Elías, Ciudad Ojeda, Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Ahora bien, el Tribunal para resolver sobre su admisión, observa:
Plantean los representantes de la República que la Administración Tributaria procedió a practicar el procedimiento de determinación y fiscalización a la contribuyente demandada en materia de impuesto al valor agregado por concepto de retenciones declaradas y no enteradas, dando como resultado el Acta de Reparo signada con las siglas y números SNAT/INTI/GRTI/ RZU/DF/2010/IVA/0241/01 del 3 de mayo de 2011, notificada el día 4 del mismo mes y año, en la persona del ciudadano Eudo Méndez, titular de la cédula de identidad Nro. 4.704.316, en su carácter de administrador.
Señalan los abogados actores que una vez transcurridos los plazos establecidos por la ley, la Administración Tributaria procedió a emitir la Resolución Culminatoria de Sumario distinguida con letras y números SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2011-500034 del 15 de junio de 2011, notificada el 17 del mismo mes y año, en la persona del ciudadano Eudo Méndez, antes identificado y en su carácter dicho, ordenando al sujeto pasivo el pago de las planillas que se detallan a continuación:

Períodos Número de
Declaración IVA Retenido
No Enterado (Bs) Multa
(Bs) Intereses
Moratorios
(Bs)
2 Mar-09 990107983 52.955,14 365.872,00 25.644,00
1 Abr-09 990121516 486.214,28 3.359.299,00 235.449,00
2 Abr-09 990135172 52.999,14 366.176,00 24.391,00
1 May-09 990151435 16.769,42 115.861,00 7.717,00
2 May-09 632.221,00 33.495,00
1 Jun-09 514.801,00 26.287,00
2 Jun-09 566.702,00 28.149,00
1 Jul-09 866.949,00 41.219,00
2 Jul-09 980.550,00 45.160,00
1 Ago-09 990261848 114.205,00 6.499,00
2 Ago-09 990296649 916.412,00 49.383,00
1 Sep-09 990306430 1.720.253,00 92.699,00
2 Sep-09 990335897 507.262,00 25.723,00
1 Oct-09 990347363 138.467,00 7.021,00
2 Oct-09 990383911 1.187.881,00 56.519,00
1 Nov-09 990400389 155.538,00 7.400,00
2 Nov-09 990423168 1.250.025,00 55.544,00
1 Dic-09 990441411 317.887,00 14.125,00
2 Dic-09 1090028764 38.906,00 1.609,00
1 Ene-10 1090048579 497.116,00 20.556,00
2 Ene-10 1090085644 59.222,38 409.173,00 15.603,00
668.160,36 15.021.556,00 820.192,00

Señalan los abogados actores que una vez dictada la resolución antes señalada, se hizo del conocimiento de la contribuyente los recursos que contra dicho acto podía ejercer; asimismo una vez vencido el plazo para interponer las defensas que por ley le corresponde, así como tampoco procedió a extinguir las obligaciones tributarias por concepto de impuestos, multas e intereses devenidos de lo ordenado por la resolución antes identificada, es por lo que la representación de la República solicita el pago coactivo de las acreencias tributarias que constituyen causa y efecto de su pretensión.
En razón de lo cual los representantes fiscales demandan de la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., el pago de Dieciséis Millones Quinientos Nueve mil Novecientos Ocho Bolívares con Treinta y Seis Céntimos (Bs. 16.509.908,36) por concepto de impuesto al valor agregado, multas e intereses; así como las costas procesales que se produzcan de conformidad con lo previsto en el artículo 327 ejusdem.
Finalizan los representantes de la República señalando que igualmente demandan solidariamente las cantidades anteriormente descritas en la persona del ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, domiciliado en la calle Chile, Sector la “N”, casa No. 33, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en su carácter de Presidente, Representante Legal y Accionista de la contribuyente demandada, a los fines de que proceda a pagar el monto adeudado y extinguir la obligación pendiente apercibido de ejecución.
Asimismo solicitan que la intimación del monto adeudado se practique a la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., en la persona del ciudadano Alfonso Giovannucci, anteriormente identificado y de sus representantes judiciales.

En fecha 29 de junio de 2012 la abogada Bárbara García, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 40.673, actuando en su carácter de apoderada judicial sustituta de la Procuradora General de la República, según instrumento poder que corre inserto en los folios Nros. 22 al 25 del expediente, solicitó al Tribunal se pronuncie sobre la admisión de la demanda.

El 23 de julio de 2012 el Tribunal dictó auto de requerimiento a la parte actora, ordenando notificarle del requerimiento, y en fecha 17 de enero la abogada Bárbara García, actuando en su carácter dicho, cumplió con el requerimiento.

En fechas 22 de enero, 15, 21 y 26 de febrero de 2013, la abogada Bárbara García, actuando con el carácter que consta en actas, solicitó pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y el 18 de marzo de 2013 el abogado Carlos Velásquez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 46.555, actuando en su carácter de apoderado judicial sustituto de la Procuradora General de la República, según instrumento poder que corre inserto en los folios Nros. 22 al 25 del expediente, solicitó al Tribunal se pronuncie sobre la admisión de la demanda.

Del Abocamiento
Vista la designación efectuada por la Comisión Judicial en fecha 22 de febrero de 2013 a la Dra. Iliana Contreras Jaimes, titular de la cédula de identidad Nro. 5.169.310 y juramentada el 20 de marzo de 2013 ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza Temporal del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana; la mencionada Jueza asume la Rectoría de este órgano Jurisdiccional y con tal carácter se ABOCA al conocimiento de la causa llevada bajo el expediente Nro. 1421-12 de la nomenclatura de este Tribunal, contentivo de cobro de créditos fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto por la República Bolivariana de Venezuela contra la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., Así se declara.
De la Competencia
El presente cobro de créditos fiscales (Juicio Ejecutivo) se interpone contra una contribuyente domiciliada en la calle Campo Elías, edificio Inpark, piso 1 y 2, sector Campo Elías, Ciudad Ojeda, Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Ahora bien, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución publicada en Gaceta Oficial No. 37.622 del 31 de enero de 2003, creó este Tribunal confiriéndole competencia en materia tributaria en todo el Estado Zulia; por lo que conforme los artículos 330 y 333 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 262 y 291 ejusdem, este Tribunal es competente para el conocimiento de la presente causa. Así se declara.
Consideraciones para Decidir
El artículo 289 del vigente Código Orgánico Tributario señala que “los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del Fisco por concepto de tributos, multas e intereses, así como las intimaciones efectuadas conforme al parágrafo único del artículo 213 de este Código, constituirán título ejecutivo”.
A este respecto el Tribunal observa que en los actos administrativos antes señalados, acompañados a actas, se establece que la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., adeuda a la República Bolivariana de Venezuela la suma de Dieciséis Millones Quinientos Nueve mil Novecientos Ocho Bolívares con Treinta y Seis Céntimos (Bs. 16.509.908,36) por concepto de impuesto al valor agregado, multas e intereses.
En cuanto a la responsabilidad solidaria del ciudadano Alfonso Giovannucci, antes identificado, el Tribunal observa:
El artículo 28 del Código Orgánico Tributario de 2001 establece:

“Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes que administren, reciban o dispongan.
(…omissis…)
2. Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad jurídica”.

A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 2008-0397, del año 2008, Caso: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 09.04.08 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región de los Andes con motivo del juicio ejecutivo interpuesto contra la sociedad mercantil "64 Celular, C.A."; a propósito del responsable solidario ha señalado:
“Indicó la representación fiscal que el juzgador a quo quebrantó el procedimiento de la demanda de ejecución créditos fiscales toda vez que “…al momento de pronunciarse acerca de la responsabilidad solidaria de los deudores solidarios, invocó una serie de planteamientos relacionados con la norma adjetiva aplicable para el caso de los actos administrativos que se pretenden ejecutar, considerando adicionalmente que es deber del Fisco Nacional acreditar suficientemente la relación existente entre los ciudadanos demandados como responsables solidarios y la contribuyente, prejuzgando sobre lo que podría ser el fondo de la controversia planteada…”.
Señalando además que, no es cierto que en el presente caso se esté presumiendo la solidaridad, toda vez que la responsabilidad contemplada en el prenombrado artículo 28 es objetiva “…vale decir, que para responder solidariamente por el pago de los tributos, multas y accesorios a cargo de una persona jurídica, basta con ostentar la cualidad de director, gerente o presidente de la persona jurídica respectiva…”.
Respecto a lo anterior, se observa lo siguiente:
Visto que el presente punto está dirigido a determinar la presunta responsabilidad solidaria de los ciudadanos Carmine Pio Grappone Rojas y Lizeth Oliviero Velásquez con relación a los créditos líquidos y exigibles a favor del Fisco Nacional derivados de los referidos actos administrativos, es menester entonces analizar el artículo 26 del mencionado Código Orgánico Tributario de 1994, vigente ratione temporis, que copiado a la letra señala:
“Artículo 26. Son responsables solidarios por los tributos derivados de los bienes que administren o dispongan:
(…)
2. Los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que crecen de personalidad jurídica;
(…)
Parágrafo Único. La responsabilidad establecida en este artículo sólo se hará efectiva cuando el responsable hubiese actuado con dolo o culpa grave, y se limitará al valor de los bienes que se administren o dispongan”.
De la norma precedentemente transcrita, se desprende que el legislador tributario a los fines de proteger los intereses del Fisco, señaló a los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas como responsables solidarios en la obligación de pagar los tributos que las leyes atribuyan a sus representadas.
No obstante, la misma norma establece que el responsable solidario en su gestión, administrará los recursos que se le encomienden dando cumplimiento a los deberes fiscales, en caso contrario, se hará efectiva su responsabilidad solidaria cuando se compruebe que actuó con dolo o culpa grave; limitada dicha responsabilidad a los bienes que se administren o dispongan (Vid. Sentencia Nº 00300 de fecha 15 de febrero de 2007, caso: Walter Luis Galves Acosta; y sentencia N° 01511 del 14 de agosto de 2007, caso: ACO BARQUISIMETO, S.A.).
De manera que la responsabilidad solidaria viene dada por la vinculación directa entre el sujeto sobre el cual se verificó el hecho imponible y aquel que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición expresa de ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a estos.
Ahora bien, esta vinculación no debe considerarse en su sentido amplio bajo la justificación de la presunta salvaguarda de los intereses del Fisco Nacional, pues esa protección de intereses debe estar en consonancia con los del contribuyente, por lo que al momento de determinar dicha vinculación a los fines de evidenciar la responsabilidad solidaria, en el caso concreto de los ciudadanos Carmine Pio Grappone Rojas y Lizeth Oliviero Velásquez , resulta necesario comprobar si para los ejercicios fiscales 1998, 1999 y 2000, que dieron lugar a las prenombradas Resoluciones Nros. RLA/DF/RIS/2000-3313 de fecha 30/10/2000; RLA/DF/RPN/2000-6051 del 27/12/2000; RLA/DF/RPN/2000-6052 del 27/12/2000; RLA/DF/RPN/2001-631 de fecha 24/09/2001, tenían alguna función dentro de la administración de la sociedad mercantil 64 Celular, C. A., que los califiquen como responsables solidarios de los créditos fiscales intimados y así ha sido considerado por esta Sala en sentencia N° 00300 de fecha 15 de febrero de 2007, caso: Walter Luis Galves Acosta Vs. Fisco Nacional, cuando sostuvo lo siguiente:
“…En el presente caso, para establecer si el ciudadano Walter Luis Galves Acosta es o no, responsable solidario por las obligaciones tributarias determinadas a cargo de la contribuyente Automotriz Lamax, S.A., es indispensable comprobar si para los períodos fiscales reparados (1995, 1996, 1997 y 1998), dicho ciudadano tenía alguna facultad dentro de la administración de la mencionada contribuyente que lo legitime como responsable solidario de los créditos fiscales intimados…”.
En este sentido, tal como fue expuesto por la representación fiscal, de los folios 20 al 31 del expediente judicial se evidencia a través del Acta de Asamblea Extraordinaria del 27 de abril de 1998, que para la fecha de los períodos investigados (1998, 1999 y 2000), los referidos ciudadanos ostentaban la cualidad de Presidente y Vicepresidente de la empresa 64 Celular, C.A., desempeñándose fundamentalmente como “encargados de la administración de la citada sociedad mercantil”, lo cual pone de relieve la existencia de esta condicionante consagrada en el prenombrado artículo 26 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable en razón de su vigencia temporal.
Asimismo, contrariamente a lo expuesto por el tribunal de instancia, esa responsabilidad no se limita “al monto del tributo”, sino que abarca también las cantidades accesorias que con motivo al mismo pudieran exigirse, en razón del carácter indivisible que las distinguen y porque el artículo 26 en referencia establece como limitante que “…la responsabilidad solidaria será por el valor de los bienes que se administren o dispongan…”.
De manera que al desprenderse de las actas que cursan insertas en el expediente la cualidad y funciones de administración de los ciudadanos Carmine Pio Grappone Rojas y Lizeth Oliviero Velásquez en la empresa 64 Celular, C. A., durante los períodos que dieron lugar a las Resoluciones Nros. RLA/DF/RIS/2000-3313 de fecha 30/10/2000; RLA/DF/RPN/2000-6051 del 27/12/2000; RLA/DF/RPN/2000-6052 del 27/12/2000; RLA/DF/RPN/2001-631 de fecha 24/09/2001, esta Sala considera que los citados ciudadanos sí ostentan la condición de responsables solidarios por las deudas tributarias de la sociedad mercantil en cuestión frente al Fisco Nacional. Así se decide.
En atención a lo anteriormente expuesto, debe esta Sala declarar con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación fiscal contra la sentencia del 9 de abril de 2008, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes. En consecuencia, se revoca el referido fallo. Así se decide.”

Ahora bien el Tribunal observa que del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad mercantil demandada de fecha 11 de marzo de 2010 consignadas a las actas, se confirma que el ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, detenta el carácter de Presidente y accionista de la contribuyente demandada; en razón de lo cual, en el dispositivo del fallo este Tribunal acordará el decreto de medidas en contra del ciudadano Alfonso Giovannucci, antes identificado. Así se declara.
Asimismo el Tribunal en vista de la solicitud realizada en fecha 17 de enero de 2013 por la abogada Bárbara García, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 40.673, actuando en su carácter de apoderada judicial sustituta de la Procuradora General de la República, de que se incluyan a los representantes legales en la intimación, se observa que a tales fines la abogada actora consigna copia certificada de documento poder (inserto en los folios desde el Nro. 196 al 204) en el cual consta dicha representación, en razón de lo cual el Tribunal acordará la intimación de la sociedad de comercio Inpark Drilling Fluids, Sociedad Anónima, en las personas de sus representantes legales, así como del ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, en su carácter de Presidente y Accionista de la contribuyente demandada; y la intimación de este último en nombre propio. Así se declara.
Ahora bien, vistas las anteriores consideraciones y los instrumentos presentados, no siendo la acción deducida contraria al orden público, a las buenas costumbres o a disposición legal, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en el expediente Nro.1421-12, ADMITE la demanda de cobro de créditos fiscales intentada por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., anteriormente identificada, y en contra del ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, en su carácter de Presidente y Accionista de la contribuyente demandada, le da el curso de ley; y en consecuencia se ordena la INTIMACIÓN de Inpark Drilling Fluids, S.A., en las personas de sus representantes legales ciudadanos: Denkys A. Fritz Payares, Biviana E. Vence Leones, Argelin Ch. Arcaya Vílchez, Christian A. Khün Hernández y Jacknery A. titulares de las cédulas de identidades Nros. 9.499.771, 9.781.285, 18.396.983, 9.795.320 y 15.945.825, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 56.813, 56.888, 143.300, 83.388 y 109.553, respectivamente; asimismo del ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, en su carácter de Presidente y Accionista de la contribuyente demandada; y la intimación de este último, para que apercibidos de ejecución y en el lapso de cinco (5) días de despacho a partir de que conste en actas su intimación, mas dos (2) días que se le conceden por término de distancia, en el horario de despacho fijado en la tablilla del Tribunal, la contribuyente y el responsable solidario paguen o demuestren haber pagado a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA la cantidad de Dieciséis Millones Quinientos Nueve mil Novecientos Ocho Bolívares con Treinta y Seis Céntimos (Bs. 16.509.908,36) por concepto de impuesto al valor agregado, sanción de multas e intereses; más las costas procesales las cuales se fijan en la cantidad de Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos Noventa Bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 1.650.990,84), al pago de todo lo cual se le intima.
Asimismo, se advierte a la contribuyente Inpark Drilling Fluids, S.A., y al ciudadano Alfonso Giovannucci, titular de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, en su carácter de Presidente y Accionista de la contribuyente demandada, que dentro del plazo señalado deberá pagar, comprobar haber pagado o formular oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 294 del Código Orgánico Tributario y no habiendo ni oposición ni pago, se procederá a la ejecución forzosa, conforme el artículo 295 del Código Orgánico Tributario en concordancia con los artículos 284 y siguientes del mismo Código. Líbrense recaudos de intimación.
II

Igualmente los abogados actores solicitan el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la demandada Inpark Drilling Fluids, S.A., y del ciudadano Alfonso Giovannucci, antes identificado.
El artículo 291 del Código Orgánico Tributario, establece que, demandada la ejecución del crédito fiscal, “el representante del Fisco solicitará, y el Tribunal así lo acordará, el embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la ejecución, más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para responder del pago de intereses y costas del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se limitará al monto de la demanda más la estimación de los intereses y costas”.

Ahora bien, una vez admitida la presente demanda y, por cuanto se encuentran cumplidos los requisitos que exige el artículo 289 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 291 eiusdem, este Tribunal, de conformidad con las normas anteriormente citadas, decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de la demandada Inpark Drilling Fluids, S.A., y del ciudadano Alfonso Giovannucci, portador de la cédula de identidad Nro. 13.363.720, domiciliado en la calle Chile, Sector la “N”, casa No. 33, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en su carácter de Presidente y Accionista de la contribuyente demandada; hasta cubrir la cantidad de Diecinueve Millones Ochocientos Once Mil Ochocientos Noventa Bolívares con Cuatro Céntimos (Bs. 19.811.890,04), suma prudencialmente calculada por este Tribunal. De embargarse cantidades de dinero, la medida se limitará a la suma de Dieciocho Millones Ciento Sesenta Mil Ochocientos Noventa y Nueve Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 18.160.899,20), debiendo remitirse dicha cantidad en cheque de gerencia a la orden de este Tribunal.

Para la práctica de la medida decretada, se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a quien se ordena librar despacho y oficio, facultándole para nombrar perito y depositario, comunicándole que en la ejecución de la medida deberá respetar los derechos de terceros y, deberá observarse el contenido de los artículos 11 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional en concordancia con los artículos 136 de la Constitución, 124 y 292 del Código Orgánico Tributario. Ábrase pieza aparte para la sustentación de la medida, encabezándose con copia certificada de esta decisión, del despacho y Oficio correspondiente.
Se imprimen dos ejemplares bajo un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el copiador de sentencias de este Tribunal.
Publíquese. Regístrese. Déjese Copia. Líbrese Despacho. Dado, firmado y sellado en el Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los tres (3) días del mes de abril de 2013, Año 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza Temporal,

Dra. Iliana Contreras J. La Secretaria,

Abg. Yusmila Rodríguez Romero.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior resolución, registrándose bajo el Nro. ________-2013. Se libró Despacho y se remitió con Oficio Nro. _______-2013; y se abrió la pieza de medidas ordenada. La Secretaria,

Abog. Yusmila Rodríguez Romero.

ICJ/hr