Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Maracaibo, cinco (05) de abril del año dos mil trece (2013) 202º y 154º ASUNTO: VP01-L-2011-001943. SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA: PARTE ACTORA: ciudadano ALIRIO JOSÉ FUENMAYOR FERRER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Número: V.-11.866.365, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ciudadanos GRACIANO BRIÑEZ MANZANERO, JEAN CARLOS MELENDEZ, MAYCOLT A. BRIÑEZ MENDOZA, NAIROBIS MARGARITA FUENMAYOR MENDOZA, MIGUEL SANTANIELLO MAZZOCA y JEAN CARLOS FUENMAYOR, GONZALO CELTA ROJAS, debidamente inscrito en el Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números: 21.779, 88.429, 82.793, 46.447, 138.175, 138.034 y 13.718, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS ENDERSON BENAVIDES, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 27/04/2001, bajo el Nº 21, Tomo 18-A. APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadanas LUISA MARIA GONZALEZ MARIN y MARIBEL RODRIGUEZ MANZANO, debidamente inscrito en el Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números: 83.336 y 83.245, respectivamente. ANTECEDENTES PROCESALES En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, siguen el ciudadano ALIRIO JOSÉ FUENMAYOR FERRER, consignando escrito libelar por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral (URDD), en fecha 01/08/2011, asignándole al asunto la numeración VP01-L-2011-001943, correspondiéndole por distribución su conocimiento en la primera fase del procedimiento al TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE ÉSTE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL, el cual en fecha 02/08/2011, admitió la demanda y ordenó la debida notificación de la parte demandada, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; una vez cumplida la notificación ordenada y previa certificación por parte de la Coordinación de Secretaria, en fecha 11/08/2011; se realizó en su debida oportunidad, acto de distribución pública de las Audiencias Preliminares, en fecha 28/09/2011, correspondiéndole la presente causa al TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL, para lo cual el referido Tribunal dejó constancia de la comparecencia de las partes, prolongando en varias oportunidades la Audiencia, siendo la última de estas en fecha 26/03/2012, y en la que se dio por concluida la Audiencia Preliminar. Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 74 ejusdem, se ordenó la incorporación de las pruebas, a los fines de su admisión y evacuación; en fecha 03/04/2012, se ordenó remitir el presente asunto al Juez de Juicio (que por distribución corresponda), dejando constancia que la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS ENDERSON BENAVIDES, C.A., dio contestación a la demanda en la oportunidad legal correspondiente. En fecha 10/04/2012, se distribuyó la causa, correspondiéndole a éste TRIBUNAL SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el cual en la misma fecha lo recibió y ordenó la devolución del presente asunto a su Tribunal de origen, a fin de corregir el error cometido. En fecha 11/04/2012, el TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL, recibió el presente asunto, corrigió el error cometido y ordenó su remisión al Tribunal de Juicio que por Distribución le correspondió. En fecha 17/04/2012, este Tribunal dio por recibido la presente causa de conformidad con lo establecido en los articulo 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, seguidamente en fecha 20/04/2012, se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas y en fecha 25/04/2012, fijó la oportunidad para celebrar la Audiencia de Juicio Oral y Pública, para el día 30/05/2012, en la cual surgió la prueba de cotejo. En fecha 02/04/2013, día fijado por este Tribunal para llevar a cabo la continuación de la celebración de Audiencia de Juicio, Oral y Publica, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte actora, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, del mismo modo se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandada Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y SERVICIO ENDERSON BENAVIDES, C.A, representada por la apoderada judicial la abogada en ejercicio LUISA MARÍA GONZÁLEZ, inscrita en el Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.336. De manera que, ante tal situación, se produjo los efectos de la incomparecencia de la parte actora y de su representación judicial al referido acto de juicio, procediendo conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. MOTIVACIONES PARA DECIDIR Así las cosas, y en este estado del proceso, éste Tribunal pasa a decidir con base a las consideraciones antes narradas, y lo hace previo a las siguientes consideraciones: Verificada la incomparecencia de la parte actora a la celebración de la Audiencia de Juicio Oral, Pública, es deber de éste Juzgado indicar que la incomparecencia de alguna de las partes a los actos que requieren su presencia constituyen formalidades esenciales, habida consideración que son sujetos necesarios y útiles cuyo interés debe estar evidenciado desde su inicio para la finalidad del proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste, y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos o escenarios que pueden presentarse con ocasión a la no comparecencia de las partes. En tal sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su Artículo 151, primer aparte, establece: “Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esa decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.” Lo que indica que en el procedimiento en Primera Instancia (fase de juicio), el desistimiento de la acción es una consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga de la parte demandante de comparecer a la Audiencia de Juicio Oral y Pública. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.184 del veintidós (22) de septiembre de 2009, con Ponencia del Magistrado Dr. Francisco Carrasquero L., en el caso abogados YARITZA BONILLA JAIMES y PEDRO LUÍS FERMÍN, en acción de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad, contra los artículos 42, 48, 151, 170, 178 y 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el trece (13) de agosto de 2002, en Gaceta Oficial Nº 37.504, Extraordinario; señaló: “(…) Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra desistimiento significa la “acción y el efecto de desistir”, es decir, “apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado”. Por su parte, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”. Grosso modo, siguiendo a Cabanellas, puede decirse que el desistimiento en el ámbito procesal implica el “abandono, deserción o apartamiento de la acción, demanda, querella, apelación o recurso”, en fin, implica la renuncia o abandono de algunas de ellas. A decir de este autor, “...muy diferentes son los efectos de este desistimiento en el enjuiciamiento civil y en el criminal (...) en el procedimiento ordinario, el desistimiento del actor, apelante o recurrente, de manera expresa o tácita (...) determina el decaimiento de la acción o recurso, o la absolución del demandado...”. En tal sentido, puede decirse que, específicamente, el desistimiento de la acción implica la abdicación o abandono de ésta, con la consiguiente imposibilidad de volver a intentarla en razón de la cosa juzgada que ella genera y, consiguientemente, del principio general non bis in ídem. Asimismo, hay que señalar que ese desistimiento de la acción puede ocurrir en virtud de una manifestación expresa de voluntad del actor en tal sentido, o en virtud de cualquier otra conducta del mismo que la Ley considere como un acto de desistimiento, tal como ocurre en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En efecto, el referido artículo establece que si la parte demandante no comparece a la audiencia de juicio, se entenderá que desiste de la acción, institución que extingue el proceso pendiente, que compone la litis y, en fin, que pone fin al juicio. Como se afirmó ut supra, tal conducta implica la abdicación o renuncia de la acción (p. ej. “renuncio al derecho de acudir a la jurisdicción para hacer valer mi pretendido derecho a la propiedad”), y no precisamente la renuncia al derecho pretendido en ella (p. ej. “renuncio al derecho a la propiedad que pretendía hacer valer en este juicio”), y mucho menos la renuncia aislada y general de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico (p. ej. “renuncio para siempre a mi derecho a la propiedad en general”). En palabras de Celso: “nihil aliud est actio quam ius persequendi in indicio quod sibi debetur” (“la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe”). Generalmente, sin pretender ahondar en el tema, la acción se concibe como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, generalmente, la pretensión de que se tiene un derecho válido. De allí que, aunque también puede entenderse la acción como un derecho subjetivo procesal y, por consiguiente, autónomo, instrumental (Véscovi), o, de otra manera, el derecho a elevar ante la jurisdicción la pretensión, no es menos cierto que, como lo afirma Couture, por acción debe entenderse no ya el derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea tutelado por la jurisdicción, sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, aunque son términos estrechamente vinculados, no debe confundirse la acción con el derecho alegado que sustenta la pretensión. La acción per se puede apreciarse como un derecho, pero en ningún momento debe confundirse ese derecho a la acción, con el supuesto derecho o derechos contenidos en la pretensión que sustenta la acción. En tal sentido, ante todo, no debe confundirse la acción a que se refiere el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, con él o los derechos materiales pretendidos que se alegan a través de ella. Como lo señala Couture: “...para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno análogo a lo que representó para la física la división del átomo. Más que un nuevo concepto jurídico, constituyó la autonomía de toda esta rama del derecho. Fue a partir de este momento que el derecho procesal adquirió personalidad y se desprendió del viejo tronco del derecho civil (…) De la misma manera que todo individuo, en cuanto tal, tiene el derecho de recibir asistencia del Estado en caso de necesidad, tiene también derecho de acudir a los órganos de la jurisdicción, para pedirles su ingerencia cuando la considera procedente. Esa facultad es independiente de su ejercicio; hasta puede ejercerse sin razón, como cuando la invoca y pretende ser amparado por el Estado, aquel que no se halla efectivamente en estado de necesidad o aquel cuyo crédito ya se ha extinguido porque el pago hecho al mandatario era válido...” (Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera edición, Buenos Aires, Desalma, 1958, p. 64 y 68). De allí que, una cosa es el desistimiento de la acción, otra, la renuncia del derecho material pretendido, y otra muy distinta, la renuncia general de un derecho reconocido por el orden jurídico. En todo caso, el derecho pretendido por el accionante (p. ej. “tengo derecho a la propiedad sobre este inmueble”), es simplemente eso, un derecho alegado, un derecho supuesto que no se reconoce hasta que así lo haga el órgano jurisdiccional encargado de resolver la litis; no es entonces, una facultad material per se, no es efectivamente, por ende, un derecho, y, en fin, no es un derecho material al que se pueda renunciar. Así pues, la pretensión del trabajador no se traduce en si misma en un derecho (otra cosa es el derecho a la acción, vid. ut supra), es sólo la pretensión de un supuesto derecho, de un “derecho” alegado, concepto que excede los términos y la finalidad del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de nuestra Carta Magna. Se renuncia de lo que se tiene, si no se tiene un efectivo derecho material, no se puede renunciar a él (mucho menos luego de iniciada la litis, en la que simplemente se discute un derecho pretendido). No es igual acordar con el patrono la renuncia de un derecho laboral al inicio o en el curso de una relación de trabajo, a que el trabajador se quede sin acción frente a una pretensión, como consecuencia impuesta por el ordenamiento jurídico en virtud de una conducta injustificada de su parte, dentro del proceso que él mismo ha activado. El mencionado artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: “Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: …omissis… 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. …omissis…” La renuncia se entiende como la dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee; si no se posee ese algo no se puede renunciar a él, si no se tiene un derecho, no se puede renunciar a él, si no se tienen un derecho laboral, no se puede renunciar a él. Aparte que se puede renunciar a todos los actos del juicio o procedimiento, y sin embargo, proponer nuevamente la demanda. De manera que los derechos quedan incólumes. De lo antes expuesto, se colige que el trabajador puede no ejercer e, incluso, abdicar a su derecho a la acción, pues nadie está legitimado a obligarlo a que lo ejerza, nadie puede conminarlo a que despliegue el poder de acudir ante los órganos jurisdiccionales, y mucho menos obligarlo a ejercer tal o cual pretensión, o alegar tal o cual derecho, en otras palabras, el trabajador puede disponer de su acción y de su pretensión, pero no puede renunciar a los derechos laborales que le reconoce el ordenamiento jurídico, en el sentido de que no puede, a través de un acto voluntario, llegar a un acuerdo o convenio con el patrono que implique la renuncia o menoscabo de los derechos laborales que le asisten (p. ej. “renuncio a mi derecho a obtener el salario que me corresponde por ley”). La norma laboral se impone por encima de su voluntad, incluyendo la voluntad del patrono. El Derecho del Trabajo es un derecho heteronómico. Es un ius cogens. Así pues, debe señalarse que una cosa es que el trabajador no pueda renunciar a sus derechos laborales, y, en consecuencia, sea nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos, y sólo sea posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la ley, y otra distinta que, en virtud del propio funcionamiento del sistema jurídico, la Ley no tolere que el demandante no concurra a la audiencia de juicio que se ha originado en virtud de su acción, y fije como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal que se deriva de ello, la consideración de que el demandante desistió de la acción concreta que ejerció, y más específicamente, en este contexto, que desistió del proceso, que es como debe entenderse en aquellos casos en los que el demandante sea el trabajador, para salvaguardar su derecho a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación [según el cual una Ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución (vid. sentencia Nº 962 del 09 de mayo de 2006, caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A)]. Es de advertir que la renuncia no es un acto procesal sino sustancial, que en materia laboral su efecto autocompositivo no se extiende a las renuncias de los derechos laborales por ser el derecho del trabajo protectorio. De otra parte, una cosa son los derechos del trabajador y otra la sanción de la cual se hace acreedor cuando incumple con el deber de comparecer a la audiencia de juicio, la cual se convocó en virtud de la acción que él mismo interpuso. Una cosa es el derecho a la acción y otra la consecuencia jurídica resultante del inadecuado comportamiento procesal de quien ha ejercido ese derecho, situación que no debe entenderse como la renuncia, por parte del trabajador, a sus derechos laborales. Si el demandante trabajador no concurre a la audiencia de juicio, la Ley le suprime su derecho a la acción respectiva, lo cual no implica la renuncia por parte del mismo a sus derechos laborales, al menos en los términos del artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De todo lo expuesto hasta este punto, se desprende que el desistimiento de la acción previsto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene relación, al menos directa y suficiente, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de la Constitución. En este último sentido, podría intentar nuevamente la acción si no hay caducidad o prescripción de la misma, y aún habiéndola tendría que ser alegada en juicio. De otra parte, el desistimiento deshace la relación procesal surgida entre el actor, el demandado y el Estado, pero no involucra la renuncia unilateral del derecho sustantivo que le asiste al trabajador, porque allí sí entra en juego el principio de la irrenunciabilidad. El desistimiento de la acción previsto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se erige como un instrumento jurídico fundamental para evitar que la función de impartir justicia se vea empañada por comportamientos contrarios a su naturaleza y finalidad, por conductas contrarias a la correcta marcha de aquella y, en fin, para evitar la utilización del sistema de administración de justicia de una forma contraria a derecho, lo cual evidencia palmariamente el interés colectivo que lleva en su seno. Si el legislador no establece una carga procesal al demandante de asistir a un acto procesal tan relevante como lo es la audiencia de juicio, especialmente en el ámbito de un proceso como el laboral, regido fundamentalmente por el principio de oralidad, le estaría dejando en manos del trabajador la suerte del proceso laboral en general y, por ende, la suerte de la justicia en el caso concreto. Así, si no se estableciera el desistimiento como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal de asistir a la audiencia de juicio, el demandante podría utilizar a su antojo el proceso que ha originado, por ejemplo, dilatando en el tiempo este último con el fin de mantener al patrono con el peso de un proceso que podría afectar sustancialmente sus intereses, todo ello en detrimento de todas las demás personas que también acuden a la jurisdicción laboral para elevar sus pretensiones, de la celeridad procesal general, de la tutela judicial efectiva y, en fin, del adecuado desenvolvimiento de la función de impartir justicia y, en definitiva, de la propia justicia, toda vez que los tribunales laborales se abarrotarían de causas que se estancarían a voluntad de los propios accionantes, circunstancia que lo haría ineficaz. De allí que el interés colectivo en que eso último no ocurra, estaría por encima del interés del trabajador en un caso concreto. En ese orden de ideas, en caso de considerarse que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales encuentra una excepción en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, supuesto negado, no podría sostenerse válidamente, en ningún momento, que ese principio se encuentra por encima del valor de la justicia, consagrado expresamente en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el ámbito de un proceso regido por el principio de oralidad, como el que acoge la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta indispensable que, en la audiencia de juicio, el demandante exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda, no sólo para honrar el principio de oralidad, sino para velar por el eficaz cumplimiento de otros principios que también informan al nuevo proceso laboral venezolano, tales como el de inmediación, publicidad, celeridad, concentración, entre otros (vid. artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo). En el caso que nos ocupa, la parte actora ciudadano ALIRIO JOSÉ FUENMAYOR FERRER, no comparecieron a la celebración de la Audiencia de Juicio Oral y Pública, fijada para el día dos (02) de abril de 2013, ni por si ni por intermedio de apoderado judicial alguno; y tal y como lo señala la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es trascendental que el demandante concurra a la Audiencia de Juicio junto a su apoderado para que exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda para la mayor defensa de sus derechos e intereses; circunstancia que está establecida en el articulo 151 ejusdem, lo que se concluye que dado que el procedimiento laboral esta regido por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, celeridad y concentración, es imposible que la Audiencia de Juicio pueda realizarse sin la presencia del demandante, o su apoderado judicial y sin que este exponga oralmente en esa oportunidad, los alegatos expuestos en su escrito libelar. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales del presente asunto, riela en los folios 240 y 241, acta de fecha dos (02) de abril de 2013, día fijado para llevar a efecto la Audiencia De Juicio Oral y Pública, este Tribunal dejó constancia de “la incomparecencia a dicho acto de la parte actora, ni por si, ni por medio de apoderado judicial”; declarando, el desistimiento de la acción tal como lo prevé el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su parágrafo primero. Ahora bien, se observa de las actas procesales, que durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral y pública celebrada el día 21 de noviembre de2012, surgió la prueba de cotejo al haber la parte actora desconocido la firma de ciertos documentos promovidos por la demandada; por lo que se procedió a designar como experta grafotectnica a la ciudadana CELIDA ZULETA, dejándose constancia igualmente que una vez que constara en actas el informe por parte de dicha experta, se procedería a fijar la continuación de la audiencia de juicio oral y publica. Asimismo consta diligencia de fecha 14 de febrero de 2013, mediante la cual la experta grafotecnica designada por este Tribunal Celida Zuleta, consigna resultas de la experticia que le fue encomendada; en la cual concluye que los documentos que fueron desconocidos en su firma por el demandante de autos, fueron ejecutadas por el mismo ciudadano ALIRIO FUENMAYOR. Seguidamente en auto de fecha 15 de febrero de 2013, procedió este Tribunal a agregar a las actas procesales dicha experticia, y fijando la continuación de la audiencia de juicio oral para el día 02 de abril de 2013. Así las cosas, tal como surgió dicha incidencia establecida en el artículo 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual dispone: “Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A ese efecto, puede promover la prueba de cotejo. Si resultare probada la autenticidad del instrumento se le tendrá por reconocido y se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, conforme a lo dispuesto en esta Ley.” En este sentido, se trae a colación lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 07 de Diciembre del 2004, el cual indicó: “...Por su parte, observa la Sala cómo la doctrina procesalista venezolana también asumió, sin vacilación, la justificación del sistema objetivo de condena en costas como medio de resarcimiento económico. Entre otros muchos, enseña Arístides Rengel Romberg que “la condena en costas es la condena accesoria que impone el juez a la parte totalmente vencida en un proceso o en una incidencia, de resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso”. (RENGEL ROMBERG, ARÍSTIDES, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Volumen II, Editorial Arte, cuarta edición, Caracas, 1994, p. 493), en atención a lo que se debió condenar en costas a la parte que desconoció el instrumento cuya autenticidad quedó probada, por lo procede la condenatoria en costas al impugnante del instrumento cuya veracidad había sido declarada, tal y como será establecido en la parte dispositivo del presente fallo. Y así se decide. En virtud de los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en atención a la norma ut supra indicada y del criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal, declara DESISTIDA LA ACCIÓN en el presente juicio. Consecuencialmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo - ut supra transcrito -; al haber resultado en la incidencia de cotejo veraces los instrumentos negados por el demandante ciudadano ALIRIO FUENMAYOR, este Tribunal condena en Costas de la incidencia de cotejo surgida al trabajador actor. ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVO En virtud de lo precedentemente expuesto, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: 1.- DESISTIDA LA ACCIÓN que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES, siguen el ciudadano ALIRIO JOSÉ FUENMAYOR FERRER, contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS ENDERSON BENAVIDES, C.A, ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales. 2.- Se condena en costas de la incidencia de cotejo al trabajador ciudadano ALIRIO JOSÉ FUENMAYOR FERRER. 3.- No hay condenatoria en costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dada, firmada y sellada en la Sede del TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación. El Juez, Abg. Edgardo A. Briceño Ruiz. La Secretaria, Abg. Marialejandra Naveda. En la misma fecha siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.), se dictó y publicó el anterior fallo. La Secretaria, Abg. Marialejandra Naveda.