REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. 40.354
Se inició la presente causa con solicitud de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, presentada por los ciudadanos ANGEL ALEXIS PÉREZ y TERESA DEL CARMEN GÓMEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de as cédulas de identidad números 5.061.635 y 7.765.844 respectivamente, y de este domicilio, asistidos por la abogada Xiomara Mavarez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 26.245, a la cual se le dio entrada por auto de fecha 25 de abril de 2005, decretándose en ese mismo auto la Separación de Cuerpos y I3ienes por mutuo consentimiento de los ciudadanos antes identificados.
A partir del referido decreto de separación, no se observa actuación alguna suscrita por las partes ni por este Tribunal, tendiente a la continuación de la presente causa, ni aun después de trascurrido un año luego de haberse decretado la separación, en vista de lo cual el Tribunal para resolver observa:
El artículo 189 del Código Civil prescribe que son causas únicas de separación de cuerpos las seis primeras que establece el artículo 185 ibidem para el divorcio, y el mi/ti/o consentimiento. Dispone también esa norma, que en este último caso (el de separación por mutuo consentimiento), el Juez declarará la separación en el mismo acto en que fuere presentada la manifestación personalmente por los cónyuges, tal y como lo hizo este Tribunal por auto en el que se le da entrada a la solicitud.
Por su lado, la norma procesal que justifica la solicitud de separación de cuerpos y bienes, es el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil, que permite a los cónyuges que pretendan su separación de cuerpos por mutuo consentimiento,presentar iersonalmente la respectiva manifestación ante el Juez que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal; y ordena esa norma en su parágrafo primero y en armonía con la ley sustantiva, que el Juez, previo examen de sus términos, decretará en el mismo acto la separación de los cónyuges.
Luego de que ha sido decretada la separación, se suspende la vida en común de los cónyuges, los cuales pasados que sea el año de separación sin que hubiera reconciliación, podrán acudir ante el mismo Tribunal que emitió el decreto y solicitar la conversión en divorcio, según lo previene el artículo 185 del Código Civil, como causa sai generis de disolución del vínculo matrimonial. La referida norma señala en sus dos últimos apartes:
(...) También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.
En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.
En ese sentido, el Tribunal aprecia que el legislador autoriza la disolución de un matrimonio, aun sin que prevenga causal de las numeradas en el artículo 185 del Código Civil, cuando trascurra un año de separación sin que hubiera reconciliación y siempre que sea solicitado por al menos uno de los cónyuges y asentido por el otro. Sin embargo, en la presente causa ha trascurrido mucho más de un año después de la separación, sin que conste en las actas la solicitud de conversión en divorcio, por lo que conviene preguntarse si esa posibilidad de conversión la tiene las partes eternamente, pudiendo acudir al Tribunal y extender su solicitud en el momento que sea, aun cuando en el ínterin se hubieran verificado reconciliaciones juc rompen con el rigor de la separación de cuerpos.
Para dar respuesta a esa duda, es preciso construir una interpretación sistemática de la institución de la separación de cuerpos. En ese sentido, se observa c1ue cuando el legislador previó esta causal sui generis de divorcio (la ruptura decretada de la vida en común), lo hizo con miras al concepto de incompatibilidad de caracteres consagrado como causa directa de divorcio en derecho comparado y que a
su vez se monta sobre la base de la existencia de rasgos caracterizantes en seres humanos de tal modo disonantes o antagónicos, que hacen imposible su vida en común.
No obstante, en nuestro particular caso, la cultura exige que al matrimonio se le de una protección especial, y que se potencien los modos en los que el mismo se
proteja, llegando al extremo de establecer mecanismos que obstaculizan la ruptura del vínculo matrimonial. Ejemplo de ello es la contradicción ficta, prevista en el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil; en efecto, mientras en el juicio ordinario la falta de comparecencia del demandado al acto de contestación provoca la presunción de confesión (inclinando la balanza en provecho de la parte actora), en el juicio de divorcio, en cambio, esa falta de comparecencia hace presumir la contradicción de la demanda en todas sus partes, con lo cual no se aprovecha a ninguna de las partes, sino que se protege al matrimonio, pues en ese caso, la carga de la prueba reposa en el actor, quien deberá justificar ante el Estado la procedencia de su pretensión. Otro ejemplo de la tendencia desfavorecedora del divorcio se halla en esa misma norma, cuando prescribe que la falta de comparecencia del demandante al acto de contestación de la demanda causará la extinción del proceso, con lo que se verifica que cualquier actividad es susceptible de poner fin a ese juicio, con lo que nuevamente se aprovecha, no a la parte demandada, sino a la institución del matrimonio.
Esa tenaz protección se debe, en nuestro país, a que la familia es la célula fundamental de la sociedad, y el matrimonio un presupuesto de su configuración. Por otro lado, el legislador registra hechos sociales y los regula, y al momento de redactar el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, tuvo en cuenta que el temperamento y la personalidad en nuestros países latinoamericanos, influenciado en mucho por las crisis de gobierno vividas en aquéllas épocas, es cambiante y circunstancial, por lo que proteger la continuidad del matrimonio suponía dar una segunda oportunidad de reconciliación a esa pareja, con miras a la finalización de la distensión y —quizá— el mantenimiento de la familia, lo cual también está garantizado dentro del proceso con la celebración de dos audiencias conciliatorias.
Ello así, la interpretación que ha de dársele al artículo 185 del Código Civil en su parte final, que instituye a la separación de cuerpos como causal de divorcio
1asado que sea un año de su decreto, ha de ser restrictiva, ya que ello contribuirá al mantenimiento de la paz social, reflejada como corolario de la institución del matrimonio, en el que es cotidiano que existan crisis que pongan en duda la afinidad de los cónyuges, pero que no supone la imposibilidad de que exista un acercamiento o, en términos legislativos, una reconciliación, a la cual este Tribunal apuesta, aun luego de haber decretado la separación de cuerpos y bienes.
Por otro lado, permitir que los cónyuges tengan la posibilidad de recurrir al Tribunal muchos años después de separarse de cuerpos a solicitar la conversión en divorcio, es institucionalizar el fraude a la ley. En efecto, el lapso de un año a que se contrae el injine del artículo bajo interpretación, fue estimado por el legislador como un plazo razonable para que los cónyuges se reconciliaran y, de no hacerlo, podían continuar con los trámites de disolución del vínculo matrimonial, solicitando a tal efecto la conversión en divorcio de la separación decretada.
En un sano ejercicio intelectivo, una pareja que durante ese año no se ha reconciliado mantiene el interés de divorciarse, por lo que ni bien trascurra el año
1ue da el legislador, al menos una de las partes acudirá al órgano jurisdiccional a solicitar la conversión, la cual se acordará cuando no exista oposición a ello por parte del cónyuge no compareciente. Ahora ¿tendrán ese mismo interés los cónyuges que habiendo trascurrido con creces al año para solicitar la conversión, dejasen transcurrir varios años más sin hacerlo? La repuesta tiene que ser negativa, ante la presunción de reconciliación que emerge del hecho de que esos cónyuges —si bien separados de cuerpos— jamás acudieron al órgano jurisdiccional a solicitar la conversión. Y en este caso, no es posible permitirles ab aeterno la posibilidad de divorciarse cuando las circunstancias de la vida hagan surgir nuevamente —y tal vez de manera eventual— la causa que diera lugar a la solicitud de separación, respecto de la cual, en todo caso, perdieron interés, pues ello sería, precisamente, en fraude a la ley.
Ocurre que toda instancia ante un órgano jurisdiccional y, en general, ante cualquier órgano del Estado, consigue como presupuesto de su existencia el interés
para actuar; es el interés que las partes manifiestan en que un asunto se resuelva en un sentido determinado. La falta de este interés, o su pérdida, da lugar a la ausencia de soporte de la solicitud, es decir, a la devaluación de la razón que justificó la interés, tal y como será declarado de manera positiva, expresa y precisa en la parte dispositiva de este fallo.
En criterio tejido al hilo de los fundamentos que anteceden, este JUZGADO
PRIMERo DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara la pérdida del interés en la presente instancia; en consecuencia, declara:
Único: TERMINADO el presente procedimiento de separación de cuerpos y bienes incoado por los ciudadanos ANGEL ALEXIS PÉREZ y TERESA DEL CARMEN GÓMEZ, antes identificados.
Se acuerda archivar el presente expediente, ordenándose su remisión al :\rchivo Judicial del Estado Zulia.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines
previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder udicial.
Dada, sellada, y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, en Maracaibo, a los treinta y uno (31 ) días del mes de octubre del año Dos
Mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.l auez, (fdo)
Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez
La Secretaria, (fdo)
Abg. Militza Hernández Cubillán