REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. 3050.
Motivo: Solicitud de Medida Preventiva de Secuestro.
Visto el anterior escrito de Medida Preventiva de Secuestro presentada por el Abogado en ejercicio PEDRO JOSE LOPEZ TORRES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 117.459, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en el presente juicio, Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la Ciudad de Caracas, originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el treinta (30) de Septiembre de 1952, anotado bajo el N°488, Tomo 2-B, que fue transformado en Banco Universal según documento inscrito por ante el Registro mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día tres (03) de Diciembre de 1996, bajo el N° 56, Tomo 337-A Pro. y cuyos Estatutos vigentes están contenidos en un solo texto, conforme a documento registrado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día veintiocho (28) de Octubre de 2008, bajo el N° 10, tomo 189-A, se le da entrada y el curso de ley. Fórmese expediente y numérese. El Tribunal a los fines de resolver el pedimento observa:
Solicitó la representación judicial de la parte actora que de conformidad con lo establecido en los artículos 585, 588 ordinal 2 y 599 ordinales 1 y 5 del Código de Procedimiento Civil, se decrete Medida Preventiva de Secuestro sobre el bien mueble objeto de la relación contractual, constituido por un vehículo MARCA: JEEP; MODELO: GRAND CHEROKEE; AÑO MODELO: 2009; PLACA: AA940IL; COLOR: PLATA; SERIAL DEL MOTOR: 8CIL.; SERIAL DE CARROCERIA: 8Y8HX48P891514358; USO: PARTICULAR; TIPO: SPORTWAGON; CAPACIDAD: 5 PUESTOS; PESO: 540 (KGS.);
el cual se encuentra en posesión de la parte demandada, ciudadana SANDRA ISAMAR PALOMINO TABORDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 20.440.992, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Al respecto establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
(Énfasis del Tribunal)
En ese orden de ideas, al realizar esta Jurisdicente un análisis de la disposición ut supra transcrita, puede evidenciar que el legislador patrio estableció dos condiciones concurrentes de procedibilidad para el decreto de las medidas cautelares, que refieren en primer lugar a la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), definido por el Dr. Rafael Ortíz Ortíz, como “la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida…”, y en segundo lugar, a la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora), desarrollado por el mismo autor, como “la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la lamentable consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico” (fumus periculum in mora).
Asimismo, instituyen los ordinales 1° y 5° del Artículo 599 del mencionado Instrumento Adjetivo Civil, que:
“Artículo 599 Se decretará el secuestro:
1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.
(…)
5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.”
Igualmente, prevé este Órgano Jurisdiccional, que según la doctrina del jurista Ricardo Henríquez La Roche quien expone en su obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil, específicamente en lo que al comentario de la citada disposición legal se refiere:
“Si la situación de hecho es subsumible a ese ordinal, debe darse por demostrada la prueba directa del peligro en la mora, puesto que tal prueba indiciaria está comprendida en la misma tipicidad de la causal”.
Con ello el autor no quiere significar que el solicitante de la medida queda eximido de demostrar la presunción del derecho que se reclama, muy por el contrario, es por el hecho de que el legislador presume la existencia del peligro, que la carga de la presunción para el solicitante versa únicamente sobre ese hecho y no directamente sobre el peligro, por lo que, en este tipo de medidas al encontrarse acreditado el aludido requisito se presume la existencia del Periculum in Mora o presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
Ahora bien este Órgano Jurisdiccional al realizar un análisis de los dos requisitos exigidos por el legislador en el artículo 585 del Código Procedimiento Civil para la procedibilidad de las medidas preventivas, los cuales subyacen igualmente en el contenido del articulo 599 ejusdem concatenado éste con una revisión de las actas que conforman el presente expediente, puede constatar que de los documentos consignados con el libelo de la demanda, los cuales están constituidos por: 1. Original de Contrato de Venta con Reserva de Dominio autenticado ante la Notaria Pública Primera de Maracaibo, Estado Zulia, el día treinta (30) de Diciembre de 2010, bajo el Nº 99. Tomo 57; 2. Copia fotostática del Certificado de Registro de Vehículo, número: 29320848; 3. Imagen Digitalizada de Posición Deudora, debidamente sellada por la entidad bancaria pero con ausencia de firma; 4. Impresión de Consulta de Deuda, debidamente sellada por la entidad bancaria pero con ausencia de firma; 5. Copia Fotostática de la Cédula de Identidad de la ciudadana SANDRA ISAMAR PALOMINO TOBORDA, ya identificada; 6. Copia Fotostática de Consulta de Domicilios Alternativos; 7. Copia Fotostática de un Recibo del Servicio Eléctrico y Servicios Municipales (CORPOELEC), no emerge fehacientemente la presunción grave del derecho que se reclama y tampoco la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 601 ejusdem, se ordena ampliar la prueba en lo que respecta al requisito de fumus bonis iuris, concretamente en lo que respecta a la posición deudora, antes mencionado. Así se decide.-
Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: AMPLÍESE, la prueba en los términos expuestos en la presente resolución.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese, Y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con
lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintiuno (21) días del mes de Noviembre de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.-
LA JUEZA,
ABOG. ADR IANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA,
ABOG. VERÓNICA BRICEÑO MOLERO
En la misma fecha, siendo las once (11:00 a.m.) de la mañana, se dictó y publicó la sentencia interlocutoria que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.
LA SECRETARIA,
ABOG. VERÓNICA BRICEÑO MOLERO
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