TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Cabimas

Cabimas, 29 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO: VI21-V-2009-000009.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA: Nº PJ0102012003105.
MOTIVO: REVISIÓN DE SENTENCIA POR OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
DEMANDANTE: ELIZABETH COROMOTO MIJARES HENRIQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.712.394, con domicilio en el Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia.
ABOGADA ASISTENTE: CARMEN PÉREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 59.437.
DEMANDADA: RAFAEL FRANCISO BURGOS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-25.187.647, con domicilio en el Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia.
HIJO: (Cuyo nombre se omite de conformidad con el articulo 65 de la LOPNNA), de 18 años de edad.

I
PARTE NARRATIVA
Se recibe del órgano distribuidor en fecha veintinueve (29) de junio de 2009, demanda de Revisión de Sentencia por Obligación de Manutención, interpuesta por la ciudadana ELIZABETH COROMOTO MIJARES HENRIQUEZ, antes identificada, asistida por la abogada en ejercicio CARMEN PÉREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 59.437, en contra del ciudadano RAFAEL FRANCISO BURGOS RAMIREZ y a favor del hijo de autos, mediante la cual manifiesta que demanda al referido ciudadano a los fines de que la pensión de manutención sea aumentada voluntariamente o en su defecto a ello sea condenado por este Tribunal, mediante el procedimiento legal establecido.

Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, el extinto Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Juez Unipersonal N° 1, la admitió cuanto ha lugar en derecho en fecha seis (06) de julio de 2009, ordenándose citar al ciudadano RAFAEL FRANCISO BURGOS RAMIREZ , para que comparezca ante el Tribunal al tercer (3er) día hábil siguiente, después que conste en actas su citación, para que de contestación a la presente solicitud, indicándole que conforme a los dispuesto en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el Juez intentara la conciliación entre las partes ese mismo día a las nueve de la mañana (9:00 a.m.). Igualmente se ordeno notificar a la Fiscal Trigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas.

Consta en actas:

• Notificación de la Representación Fiscal de fecha catorce (14) de julio de 2009.
• Resultas de comisión de citación de la parte demandada de fecha ocho (08) de octubre de 2009.
• Acta de fecha 15/10/09, mediante la cual se deja constancia de la comparecencia de la parte demandante del presente asunto a los fines de celebrar el Acto Conciliatorio.
• Escrito de pruebas presentado en fecha 21/10/20069 por la parte demandante ciudadana ELIZABETH COROMOTO MIJARES HENRIQUEZ.
• Auto de fecha veintidós (22) de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal ordena realizar un informe social al Equipo Multidisciplinario adscrito al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Asimismo se ordena oficiar al Preescolar Ezequiel Cianci en relación a la capacidad económica del ciudadano RAFAEL BURGOS y a la Unidad Educativa Emilia D’Lora.
• Consta en actas resultas de la capacidad económica y del informe técnico.
• Auto de fecha diecinueve (19) de julio de 2010, mediante el cual se acuerda remitir el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para su redistribución, en virtud que el mismo se encuentra en Régimen Procesal Transitorio, previsto en el artículo 681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
• Auto de fecha veintiséis (26) de julio de 2010, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y para el Régimen Procesal Transitorio admite el presente asunto y se aboca al conocimiento de la presente causa al estado en que se encuentra.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Luego de revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juez observa que el mismo no ha sido impulsado desde el día cinco (05) de noviembre de 2009, oportunidad en la cual se le ordena la realización de evaluación psicológica a las partes intervinientes en el presente asunto, y hasta la presente fecha, la parte demandante no ha realizado actos de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.
Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala, “…que la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.” (Vid. Sentencias números 00650 del 6 de mayo de 2003, 01473 del 7 de junio de 2006, 00645 del 3 de mayo de 2007 y, más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente).
Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido lleva a la Sala a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009 por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, que ratificó su criterio en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.). En la referida sentencia Nº 416 la Sala Constitucional argumentó lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.” (Resaltado de la sentencia).

De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).
En consecuencia, visto que en la presente solicitud bajo examen no hubo el impulso procesal necesario para activar el órgano jurisdiccional hasta la concreción y materialización definitiva de la eventual sentencia a que hubiere lugar, dado que la parte accionante, no dio cumplimiento a los ordenado por este Tribunal mediante auto de fecha veintidós (22) de octubre de 2009, abandonando el proceso; es por lo que resulta forzoso para este Juzgador declarar extinguida la acción por pérdida de interés procesal, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas - Juez Unipersonal Nº 1, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS, en la solicitud de Revisión de Sentencia por Obligación de Manutención interpuesta por la ciudadana ELIZABETH COROMOTO MIJARES HENRIQUEZ, en contra del ciudadano RAFAEL FRANCISO BURGOS RAMIREZ, plenamente identificados.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se ordena la devolución de los originales y el archivo del presente asunto.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACION Y EJECUCION DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil once (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ 1ERO DE MSE
ABG. ESP. CARLOS LUIS MORALES GARCIA
LA SECRETARIA,

ABG. YAJAIRA JOSEFINA CHIRINOS MONTERO

En esta misma fecha anterior, se dicto y publico el fallo que antecede quedando registrado bajo el N° PJ0102012003105 en el libro de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal.

LA SECRETARIA,

ABG. YAJAIRA JOSEFINA CHIRINOS MONTERO

CLMG/YCH