REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES. PARTE ACTORA: ciudadano JUAN CARLOS ARVELO MONTERO, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 7.243.746. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogados ALIROLAIZA BASTARDO, FELIPE MARCANO, MATILDE BORROMÉ Y HAROLD NAVAS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 54.181, 69.676, 65.370 y 164.568, respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadana IBELISE DE LA CONCEPCIÓN ROJAS RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.254.860. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó. II BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO. Se inicia la presente demanda de DIVORCIO interpuesta por la abogada MATILDE BORROME en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN CARLOS ARVELO MONTERO, en contra de la ciudadana IBELISE DE LA CONCEPCIÓN ROJAS RODRÍGUEZ. Recibida por distribución conjuntamente con los recaudos señalados en el escrito libelar en fecha 23-03-12 (f. vuelto del 19). Por auto de fecha 27.03.12 (f. 20 y 21), se admitió la demanda ordenando emplazar a la ciudadana IBELISE DE LA CONCEPCIÓN ROJAS RODRÍGUEZ, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal a las 10:00a.m., del primer día de despacho siguiente pasados que fueran cuarenta y cinco (45) días continuos después de su citación, para que tuviera lugar el primer acto conciliatorio del proceso y asimismo, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público. En fecha 23.04.12 (f. 22), comparece la abogada MATILDE BORROME, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y solicitó copia certificada del libelo de la demanda y del auto de admisión a los fines de librar la compulsa necesaria para practicar la citación personal de la parte demandada y asimismo fuesen libradas las copias certificadas respectivas al Fiscal del Ministerio Público, siendo acordadas por auto de fecha 25-04-12, dejándose constancia en esa misma fecha de haber sido librada la compulsa de citación a la parte demandada y de haber sido librada la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público con las respectivas copias certificadas. (f. 22 al 25) En fecha 02.05.12 (f. 26 y 27), comparece la ciudadana alguacil de este Tribunal y consignó en un (01) folio útil la boleta de notificación debidamente firmada por el Fiscal del Ministerio Público. Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones: III FUNDAMENTOS DE LA DECISION El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta: “...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia. Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”. Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del Tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del Tribunal. Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte actora incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la emisión del auto de admisión, esto es el 27-03-12 no concurrió al proceso para cumplir con la carga procesal ineludible de suministrar al alguacil los medios necesarios para que éste cumpliera con la obligación de proceder a citar personalmente a la parte demandada, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV DISPOSITIVA Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En La Asunción, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil doce 2012. Años: 202 y 153. LA JUEZA, Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ. EXP: N°. 11.359-12 JSDC/CF/gdeo. En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste, LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ.