TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas
Cabimas, 23 de Mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO: VI21-V-2010-000067
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº PJ0102012001357
CAUSA: IMPUGNACION DE RECNOCIMIENTO DE PATERNIDAD.
DEMANDANTE: FAVIEL ADELIS CAÑIZALEZ TROMPETERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 20.401.426, domiciliado en el Barquisimeto, Av. Pedro león con calle 56 con carretera 23.
ABOGADO ASISTENTE: DAYNUS ROJAS MENDOZA, Defensora publica tercera del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
DEMANDADOS: YORMAN ENRRIQUE MATOS ALVAREZ y MISSLEIDYS DEL VALLE AGUILAR MARTINEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 17. 826.001. Y 21.045.029 respectivamente
HIJO: Se omiten los nombres de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la LOPNNA.

PARTE NARRATIVA
Ocurrió por ante la Presidencia del extinto Tribunal de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes el ciudadano FAVIEL ADELIS CAÑIZALEZ TROMPETERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.401.426, domiciliado en el Barquisimeto, Av. Pedro león con calle 56 con carretera 23, debidamente asistido por la abogada DAYNUS ROJAS MENDOZA, Defensora tercera del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de interponer demanda por IMPUGNACION DE RECNOCIMIENTO DE PATERNIDAD a favor de la niño Se omiten los nombres de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la LOPNNA, en contra de los ciudadanos YORMAN ENRRIQUE MATOS ALVAREZ y MISSLEIDYS DEL VALLE AGUILAR MARTINEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 17. 826.001 y 21.045.029 respectivamente.
Una vez efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento al Juez Unipersonal No.2, dándole el curso de Ley.
En fecha 11 de febrero de 2010 se admitió la presente demanda.
Por auto de 19 de julio de 2010, dictado por la Juez Primera de Juicio de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, y por cuanto en fecha Treinta (30) de Septiembre de 2.009, por resolución No. 2009-00045-B, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fue suprimida Sala de Juicio, Juez Unipersonal No. 02 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, y creado el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio, así como el señalado en el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, resolución que ordena en su artículo 4 ibidem, que los expedientes sean redistribuidos a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), y por cuanto de la revisión efectuada al presente asunto se desprende, que se encontraba en la etapa de transición, es por lo que se acordó, conforme a las normas de régimen procesal transitorio, establecido en el artículo 681, literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, continuar la tramitación del presente asunto por las normas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de 1998, por lo cual se procedió a remitir el presente asunto a la URDD, para su redistribución.
Consta en actas:
• Copias certificada del acta de nacimiento del niño de autos.
• Notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público
Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 24 de marzo de 2010, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa.
Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración:
PARTE MOTIVA
Este Sentenciador pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen:

Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención

Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante”

Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente”
La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia:

“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)”
“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”

La autora Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere:
“Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad”
De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el día 24 marzo de 2010, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia este Juzgador acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara.

En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con competencia en Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, con competencia en el régimen procesal transitorio, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: consumada la perención y extinguida la instancia en el presente juicio de IMPUGNACION DE RECNOCIMIENTO DE PATERNIDAD, intentada por FAVIEL ADELIS CAÑIZALEZ TROMPETERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.401.426, domiciliado en el Barquisimeto, Av. Pedro león con calle 56 con carretera 23, asistido por la abogado DAYNUS ROJAS MENDOZA, Defensora Publica Tercera (E) del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra de los ciudadanos YORMAN ENRRIQUE MATOS ALVAREZ y MISSLEIDYS DEL VALLE AGUILAR MARTINEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 17. 826.001. Y 21.045.029 respectivamente a favor del niño JEREMYS RAFAEL MATOS AGUILAR, de dos años de edad.
PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE.
Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expídase copias certificadas a cada parte.
Dada, Firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación Sustanciación con competencia en Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. En Cabimas, a los 7 de febrero de 2011. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ 1ERO MSE

ABG. ESP. CARLOS LUIS MORALES GARCÍA.
La Secretaria Titular

Abg. Carla Fabiola Favalli Rodríguez.
En la misma fecha se publicó el presente fallo bajo el Nº PJ0102012001357, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal durante el presente año.
La Secretaria Titular

Abg. Carla Fabiola Favalli Rodríguez

CLMG /cffr/pp