TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : VP02-S-2012-003594
RESOLUCION N°.-825-12
I

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Visto que en fecha: 09 de Mayo de 2012, se llevó a cabo el acto de presentación de imputado, .en donde Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, de conformidad al articulo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, pone a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien a su vez individualiza al ciudadano: JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO, de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 06/08/1960, de estado civil CASADO, de profesión u oficio MILITAR titular de le cédula de identidad N° V.- 7786614, Hijo de HERMINIA MOLERO Y FRANCISCO HERNANDEZ, con Residencia en BALMIRO LEON 2 ETAPA CALLE 32 CASA 98-36 MARACAIBO (COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, DESTACAMENTO N° 36 UBICADO EN MACHIQUE DE PERIJA, AVENIDA PRINCIPAL) TELEFONO 04168632306,Por la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: YENNIS MARGARITA MONTIEL. Este Tribunal decide basado en los siguientes argumentos:
II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Oída la exposición del Ministerio Público a cargo de la abogada: SANDRA ANTUNEZ Fiscala Auxiliar Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y del Defensor Público abogado: RAFAEL SOTO, Este Tribunal observa que de acuerdo a las actas que conforman la presente causa, se encuentran llenos los extremos requeridos por el Legislador en el artículo 250 ordinales 1° y 2° del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se evidencia la comisión de un hecho punible de acción pública que amerita pena corporal y cuya acción penal no está evidentemente prescrita, es decir, la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precalificación establecida por la Representante del Ministerio Público Titular de la Acción Penal, de conformidad al artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, visto los elementos de convicción presentados por la Fiscalía segunda del Ministerio Público del Estado Zulia, una vez analizados por esta juzgadora permiten presumir que el ciudadano: JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO previamente identificado, tiene comprometida su responsabilidad como autor o partícipe; los cuales se describen a continuación: ACTA POLICIAL: De fecha: 07 de Mayo de 2012, suscrita por Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, quienes dejan constancia de las circunstancias de Tiempo, Modo y Lugar de la Aprehensión del imputado identificado previamente, y donde se cumplieron con todos los requisitos de ley, de conformidad con el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, 223 y 224 del Código Penal, y tomando en cuenta los derechos y garantías constitucionales establecidos en el articulo 49 de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma forma otro elemento presentado por la fiscalía fue el ACTA DE NOTIFICACION DE DERECHOS DEL IMPUTADO: De fecha 07 de Mayo de 2012, la cual fue firmada por el imputado con sus respectivas huellas dactilares. ACTA DE DENUNCIA: De fecha 07 de Mayo de 2012, formulada por la ciudadana: YENNIS MARGARITA MONTIEL por ante la sede del Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia. OFICIO DE REMISION DE LA VICTIMA A LA MEDICATURA FORENSE: De fecha 07 de Mayo de 2012, signado con el N° 0625-12, suscrito por el JEFE del Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, Comisario DOUGLAS TORREALBA, dirigido al director de la medicatura forense del CICPC, donde le solicita se le practique a la victima, reconocimiento médico-legal. ACTA DE INSPECCION TECNICA: De fecha de 07 de Mayo 2012, suscrita por Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, quienes dejan constancia de la ubicación, características y condiciones del lugar donde se produjo la detención del imputado de autos. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS: De fecha 07 de Mayo de 2012, suscrito por Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, quienes dejan constancia que al momento de ser detenido el referido imputado, se le incautó UNA (01) ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, MARCA TAURUS CALIBRE 9MM. UN PORTE DE ARMA CORRESPONDIENTE AL ARMAMENTO ANTES DESCRITO, A NOMBRE DEL CIUDADANO JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO. UN PROVEEDOR PARA PISTOLA MARCA TAURUS CALIBRE 9MM. CATORCE (14) CARTUCHOS CALIBRE 9MM. ACTA DE ENTREVISTA: De fecha 07 de Mayo de 2012, rendida por la ciudadana: DENIS CAROLINA MONTIEL por ante la sede del Centro de Coordinación Policial N° 5 IDELFONSO VASQUEZ del Cuerpo de Policía del Estado Zulia. A continuación, antes de dictar la dispositiva del presente acto procesal, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: Como se observa, tanto la doctrina como la elaboración legislativa y la política criminal en general, han activado la búsqueda de nuevos conceptos y estructuras dogmáticas, en la actual dimensión que hoy enfrenta el derecho penal, con el afán de exteriorizarlo y habilitarlo para el cumplimiento de sus funciones sociales. Dentro de este punto de vista se sitúa el caso de la violencia ejercida en contra de las mujeres, donde el desencadenamiento fáctico originado por el peligro abarca, entre otros, fenómenos o sucesos de índole social en los que intervienen como protagonistas los varones colectivamente considerados, amparados por un poder históricamente reconocido como opresor y marginador de las mujeres. Y ello es así, lógicamente, porque los bienes protegidos por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son intereses de entidad social, a los que la misma sociedad atribuye un valor. Es decir, se replantea la teoría del bien jurídico desde una dimensión sociológica del derecho, por ende, desde un enfoque externo, incluso, al sistema jurídico. Es este el papel que juega la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, demandando del o la intérprete de la norma, una visión clara, objetiva y amplia del fenómeno de la violencia y el reconocimiento de las características particulares, tanto de las figuras delictivas, como del procedimiento especialísimo dado e incluso de la actuación de los actores y las actrices que participan en la elaboración investigativa, desde el primer acto del proceso, todo lo cual intenta desmembrar los diferentes ciclos que evolucionan en el tiempo, tanto en recurrencia como en intensidad. Por tal motivo, el juzgador o la juzgadora no puede detenerse en omisiones para ajustar la precalificación jurídica aportada por el Ministerio Público en una audiencia de aprehensión por flagrancia, sino que debe recurrir a la amplitud de apreciación que le otorgó tanto el legislador o la legisladora sustantiva como la adjetiva, incluyendo la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. En efecto, ante la carencia de cualquier elemento probatorio, el carácter protector de la Ley especial, le otorga primacía al dicho de la víctima, in visibilizada en el pasado con procesos ortodoxos diseñados para exculpar al varón opresor; dicho que puede ser expresado haciendo presencia en la audiencia o a través de la denuncia reproducida para su lectura, lo que generará elementos suficientes para el juzgador o la juzgadora a la hora de acoger o apartarse de una precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público. Sobre el particular, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pretende dar cumpliendo al mandato Constitucional que impone al estado, garantizar el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres sin ningún tipo de limitaciones. Es por ello que estamos las Juezas y Jueces Especializado en materia de Violencia Contra la Mujer, obligados en brindar la protección frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la tranquilidad física y psicológica de la Mujer. En el presente caso este Juzgador debe aplicar el Test de la racionalidad y proporcionalidad. En tal sentido, no puede verse desde la óptica del agresor; sino que debe verse desde la óptica de la mujer victima, que invoca su derecho a la vida libre de Violencia con fundamento en los artículos 55 y 22 ambos Constitucionales, debiendo este Juzgador ponderar los aludidos bienes Jurídicos y aquilatar la efectividad de la Medida positiva de protección. Los Jueces y Juezas especializadas estamos en la obligación de instruir los Procesos Penales de forma tal que propenden al esclarecimiento de los hechos en la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de las personas señaladas como actores o participes, en fiel acatamiento a la Sentencia No. 09-0891 de fecha 08 de Diciembre de 2010, de la Sala Constitucional bajo la ponencia de la Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN. En el presente caso, los hechos denunciados por la víctima, ya identificada, los cuales se encuentran inmersos en las actuaciones policiales y denuncia, lo cual permite encuadrarlos en el tipo penal del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un aspecto importante y novedoso a destacar en materia procesal que prevé la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el de la flagrancia el cual rompe con el paradigma tradicional que contempla el articulo 248 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, reconociendo que la violencia mal llamada doméstica en lugar de intrafamiliar asume formas y modalidades ocultas, con características propias referidas a la relación de poder y dependencia autor–víctima; habitualidad–reincidencia; lugar de comisión en la intimidad del hogar, la percepción de la comunidad como problemas familiares o de pareja y no de interés público lo que podría excluir la participación de cualquier ciudadano o ciudadana para efectuar o denunciar la posible comisión de un hecho punible a través del procedimiento por flagrancia, contenido en el articulo 93 de la referida y tantas veces nombrada Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida Libre de Violencia. A su vez el artículo 19 de la norma penal adjetiva establece que los Jueces y las Juezas de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo atender siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así se tiene que el artículo 44, numeral 1 de la norma fundamental venezolana, dispone que la libertad personal es inviolable. A los fines de legalizar la detención del imputado de autos se califica como flagrante su aprehensión, una vez analizados los elementos de convicción traídos por el representante del Ministerio Público: 1) Acta Policial de fecha 07 de Mayo de 2012; 2)Acta Denuncia Verbal, correspondiente a la víctima de autos, ciudadana YENNIS MARGARITA MONTIEL, de fecha 07 de Mayo de 2012; 3) OFICIO DE REMISION A LA MEDICATURA FORENSE de fecha 07/05/2012; 4) Acta de entrevista de fecha 07/05/2012 ; 5) Acta de Notificación de Derechos al imputado de autos, ciudadano JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO, de fecha 07 de Mayo de 2012; 6) acta de inspección técnica 07 de mayo de 2012 y 7) registro de cadena de custodia de evidencias de fecha 07/05/2012; lo que trae como consecuencia la precalificación del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En cuanto a la aprehensión en flagrancia del presunto agresor JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO, observa que el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece los supuestos de la aprehensión en flagrancia, los cuales están dados en el presente caso en relación al delito antes mencionado, cometido en perjuicio de la ciudadana YENNIS MARGARITA MONTIEL por cuanto por delito flagrante se conoce en el concepto usual, el que se está cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave, a fin de hacer cesar el delito, en virtud que se está produciendo un daño que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y que el agresor sea sorprendido, visto en el momento de agredir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito, tal y como sucedió de acuerdo a los elementos aportados tanto en el asunto como en la audiencia celebrada. En consecuencia, de acuerdo a lo que consta en las presentes actuaciones, el presunto agresor fue aprehendido a pocos momentos de haber cometido las agresiones, constituyéndose así la aprehensión en flagrancia, tal y como fue precalificada por la representación fiscal y titular de la acción penal en esta audiencia oral. Se acuerda el procedimiento especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En cuanto a las MEDIDAS DE COERCION PERSONAL se acuerdan: LAS MEDIDAS CAUTELARES establecidas en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referidas a: ORDINAL 3°: la presentación mensual (CADA 30 DIAS) por ante el Departamento de Alguacilazgo, a partir del día de hoy 09-05-12 y ORDINAL 6°: La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte su derecho a la defensa, en este caso se le prohíbe comunicarse con la victima o acercarse a los lugares donde esta se encuentre. En cuanto a las medidas de seguridad y protección solicitadas a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, su entorno familiar de forma expedita y efectiva, y de aplicación preferente, este Tribunal decreta las contenidas en los numerales 3°, 5°, 6° 8° 9° y 13° del artículo 87 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes en: ORDINAL 3: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, autorizándolo a llevar consigo su ropa, implementos personales y herramientas de trabajo. ORDINAL 5:- La prohibición al presunto agresor de acercarse a la victima, a su lugar de trabajo de residencia y su lugar de estudio, ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia ORDINAL 8°: ordena de RECORRIDO POLICIAL en el sitio de residencia de la victima ubicado en el Barrio Balmiro León Segunda etapa calle 32 avenida 98 casa Nº 98-38 entrando por la calle del taller el río Maracaibo estado Zulia, el cual se realizara por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía del estado Zulia. ORDINAL 9°: Ordena Retener el arma de fuego y el permiso del arma independientemente de la profesión del presunto agresor, por lo que se ordena oficiar a la Dirección de Armamento y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ORDINAL 13.- No volver a cometer nuevos hechos de violencia en contra de la ciudadana YENNIS MARGARITA MONTIEL. Asimismo se le exige al imputado que en un plazo de una semana consigne al expediente constancia original y actualizada de trabajo. Así mismo Resulta necesario señalar que dicha imposición obedece al hecho de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias y lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida ni física, ni verbalmente, ASI SE DECLARA.
III
DISPOSITIVA

Por las razones y los fundamentos antes expuestos, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Declara con lugar la Aprehensión en Flagrancia de conformidad con lo establecido los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se Decreta el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 ejusdem. SEGUNDO: SE ACUERDA LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, establecida en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal referida a: ORDINAL 3°: la presentación mensual (CADA 30 DIAS) por ante el Departamento de Alguacilazgo, a partir del día de hoy 09-05-12 y ORDINAL 6°: La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte su derecho a la defensa; a favor del ciudadano: JUSTO JOSE HERNANDEZ MOLERO, de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 06/08/1960, de estado civil CASADO, de profesión u oficio MILITAR titular de le cédula de identidad N° V.- 7786614, por la presunta comisión de los delitos de: VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana YENNIS MARGARITA MONTIEL. TERCERO: DECRETA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD para la victima, de conformidad con el artículo 87 ordinales 3°, 5°, 6° 8° 9° y 13° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia referidas a: ORDINAL 3: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, autorizándolo a llevar consigo su ropa, implementos personales y herramientas de trabajo. ORDINAL 5:- La prohibición al presunto agresor de acercarse a la victima, a su lugar de trabajo y su lugar de estudio, ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia ORDINAL 8°: ordena el RECORRIDO POLICIAL en el sitio de residencia de la victima ubicado en el barrio Balmiro león segunda etapa calle 32 avenida 98 casa Nº 98-38 entrando por la calle del taller el río Maracaibo estado Zulia, el cual se realizara por los funcionarios adscritos al cuerpo de policía del estado Zulia. ORDINAL 9°: Retener y el arma de fuego y el permiso del porte arma independientemente de la profesión del presunto agresor, por lo que se ordena oficiar a la Dirección de Armamento y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ORDINAL 13.- No volver a cometer nuevos hechos de violencia en contra de la ciudadana YENNIS MARGARITA MONTIEL. Asimismo el imputado de autos se obliga a no ausentarse de la jurisdicción del Tribunal y a presentarse al tribunal en las oportunidades que se señalen. De acuerdo a lo establecido en el artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal CUARTO: Se acuerda la Libertad Inmediata del imputado de autos. Ofíciese al Director del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco. ASI SE DECIDE-CUMPLASE.-
LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS,

DRA. ROSARIO DEL VALLE CHACON.
LA SECRETARIA,

ABG. MARIA RUIZ RIVERO.