REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 202° y 153° ASUNTO: VP01-O-2012-000027 PRESUNTO AGRAVIADO: OMAR CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 21.230.313. ABOGADO ASISTENTE: Abg. LUÍS ENRIQUE DUARTE SANDOVAL, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 72.738. PRESUNTO AGRAVIANTE: SOCIEDAD MERCANTIL FERRETERÍA EL GRANJERO C.A. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL SINTÉSIS La presente Acción de Amparo fue intentada por el ciudadano OMAR CASTILLO, ya identificado, alegando la presunta violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la seguridad en el trabajo, consagrados en los artículo 26, 27, 87, 89, 91, 92 y 93 de nuestra Carta Magna. El conocimiento de la causa le correspondió a este Juzgado quien procedió a admitir la acción de amparo, ordenándose las notificaciones de ley. EL ACCIONANTE SEÑALA EN SU ESCRITO LIBELAR: Que en fecha 16 de abril de 2007, comenzó a prestar sus servicios para la Sociedad Mercantil FERRETERÍA EL GRANJERO C.A., con el cargo de OBRERO, en un horario comprendido de la siguiente manera: De lunes a viernes, desde las 07:30 a.m., hasta las 12 m. y desde la 01:00 p.m., hasta las 04:30 p.m.; los días sábados desde las 08:00 a.m., hasta las 12:00 m., descansando los días domingo de cada semana; hasta el 17 de agosto de 2010, fecha en la cual fue despedido sin causa justificada, a pesar de estar amparado por la inamovilidad laboral prevista en el Decreto Presidencial No. 7.154, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.334 de fecha 23 de diciembre de 2009; indica que en fecha 20 de agosto de 2010, inició un procedimiento de Reenganche y Pagos de Salarios Caídos en contra de la accionada; que en fecha 14 de abril de 2011, la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, Sede General Rafael Urdaneta, dicta Providencia Administrativa No. 00077/11, en la que declara Con Lugar la Solicitud de Reenganche y Pagos de Salarios Caídos en contra de la accionada de actas; Asimismo indicó que en fecha 8 de junio de 2011, se trasladó a la sede de la accionada acompañado por la funcionaria de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, Sede General Rafael Urdaneta y fueron atendidos por la ciudadana MILEYDIS VILLALOBOS, en su carácter de VICEPRESIDENTA de la accionada, quien manifestó que “por asesoría de su abogado, la misma no acataría la orden de reenganche y el consecuente pago de salarios caídos dictada a favor del ciudadano Omar Castillo”. La pretensión de Amparo la interpone de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 27, 87, 89, 91, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se promovió con la solicitud de Amparo Constitucional los siguientes medios probatorios: Por la accionante: .- Copias Certificadas del expediente administrativo signado con el No. 059-2010-01-00399, contentivo de la providencia administrativa No. 00077/11. .- Copias Certificadas del Expediente en el que se impuso multa a la accionada, por el incumplimiento de la providencia administrativa dictada. DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO En fecha 3 de mayo de 2012, el ciudadano Abogado NOÉ ÁVILA MEDINA, actuando en su acreditada condición de Apoderado Judicial de la accionada Sociedad Mercantil FERRETERÍA EL GRANJERO C.A., presentó formal diligencia consignando copias certificadas de actuaciones procesales de Cuaderno de Medida No. VH02-X-2011-000065, aperturado en el Expediente No. VP01-N-2011-000065. De una revisión a las copias certificadas in comento, se advierte que en el referido Cuaderno de Medida, en fecha en fecha 28 de marzo de 2012, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dicto Medida Cautelar Innominada de SUSPENSION DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la Providencia Administrativa No. 00077-11, de fecha 14 de abril de 2011. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ha sido criterio ya establecido, el que a través la Acción de Amparo se pueda solicitar la ejecución de las providencias administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo, que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos, pero sólo como vía excepcional dado el carácter extraordinario de la misma y previo cumplimiento de ciertos requisitos establecidos igualmente a través de la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional. En el caso examinado, el accionante alegó que la situación lesiva a sus derechos constitucionales lo constituye la conducta contumaz de la Sociedad Mercantil FERRETERÍA EL GRANJERO C.A., de cumplir con la Providencia Administrativa que obtuvo a su favor y ordenó su reenganche y pago de salarios caídos; indicó que a pesar de gestionar la ejecución forzosa de la misma, la patronal accionada se ha negado a cumplirla, por lo que solicita que a través de la acción de amparo se conmine a su cumplimiento. En virtud de los anterior, se debe señalar que en casos como el de autos ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido cuales son los criterios a seguir para determinar su procedencia; así podemos ver que en sentencia No. 2.308, de fecha 14 de Diciembre del 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que: “…Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo. De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia. En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado. Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia. Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia…” Como consecuencia de lo anterior, tenemos que en el presente caso, no obstante la acción de amparo propuesta fue admitida, la misma ha devenido en inadmisible sobrevenidamente, dado que ha quedado demostrado que fue decretada por un Tribunal Competente, una medida cautelar innominada a través de la cual se suspendieron los efectos de la providencia administrativa cuya ejecución se pretendía; en tal sentido se trae a colación sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, N° 169 de fecha 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero), que estableció: “... De manera que, importa destacar que visto que no se está pretendiendo atribuirle al amparo constitucional la idoneidad o cualidad de lograr la ejecución de un acto administrativo, pues la finalidad no es otra que la de buscar la protección de los derechos constitucionales involucrados, cuando el acto administrativo, estrictamente de naturaleza laboral cumpla una serie de presupuestos; al respecto, es oportuno señalar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en casos análogos (Vid. Sentencia de fecha 28 de mayo de 2003. Caso: Gustavo Briceño, entre otras), estableció que a los fines de solicitar y proceder efectivamente la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se determine lo siguiente: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo. Aunado a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima necesario, como consecuencia de la actitud constante de las Inspectorías del Trabajo de todo el territorio nacional de dictar Providencias Administrativas que no cumplen u omiten el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 454), lo que acarrea como resultado que las mismas violen o menoscaben derechos constitucionales referentes a la defensa y al debido proceso de las partes intervinientes en los procedimientos administrativos sustanciados ante tales instancias administrativas, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, agregar un nuevo elemento: 4) que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional’. En consecuencia, al constar que en fecha 28 de marzo de 2012, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dicto Medida Cautelar Innominada de SUSPENSION DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la Providencia Administrativa Nº 00077-11, de fecha 14 de abril de 2011, proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, Sede General Rafael Urdaneta, cuya ejecución se pretende a través de la presente acción de amparo, debe este Juzgador forzosamente declarar la INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA de la acción, esto en consonancia con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes transcrita. Así se establece. DECISIÓN Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal, impartiendo justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE sobrevenidamente la acción de Amparo Constitucional, incoada, por el ciudadano OMAR CASTILLO PINEDA, en contra de la Sociedad Mercantil FERRETERÍA EL GRANJERO C.A. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012). Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación. El Juez Titular Abg. SAMUEL SANTIAGO SANTIAGO El Secretario Abg. LUÍS MIGUEL MARTÍNEZ En la misma fecha y siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (03:25 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrado bajo el No. 075-2012 El Secretario Abg. LUÍS MIGUEL MARTÍNEZ