TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Única de la Corte de Apelaciones
del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente
Con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer
del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Maracaibo, 14 de Marzo de 2012
201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-D-2012-000142
ASUNTO : VX01-X-2012-000011
DECISION N° 062-12
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA

Han subido a esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas de la incidencia de inhibición planteada en fecha 05/03/2012, por la DRA. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se inhibe del conocimiento de la causa N° 1U-517-12, seguida en contra de los Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZA EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto en artículo 455 en relación con el articulo 458 y 83 todos del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de los ciudadanos VICTOR HUGO MELEAN, DANIEL MENDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CARDENAS, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 numerales 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Recibida la presente Incidencia en fecha 07/03/2012 se le dio entrada y según distribución Juris 2000 se procedió a designar ponente a la Jueza Profesional Dra. VILEANA MELEAN VALBUENA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. En esta fecha, esta Corte Superior, procede a revisar el cumplimiento de las formalidades y demás trámites procesales, verificando que se encuentran satisfechos los supuestos establecidos, en el Título III, Capítulo VI, de la Ley Adjetiva Penal, aplicable por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ordenándose la sustanciación de la presente incidencia, y siendo la oportunidad procesal prevista en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de decidir la incidencia planteada, procede a dictar el respectivo fallo, en los términos que se exponen a continuación:
I. DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PARA RESOLVER LA PRESENTE INHIBICIÓN:
Observan las integrantes de esta Corte Superior, que la presente inhibición ha sido planteada por la DRA. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por los motivos explanados en el acta de fecha 05/03/2012, razón por la cual, a los fines de determinar la competencia para el conocimiento de la presente incidencia, quienes aquí deciden estiman pertinente traer a colación, el contenido del artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, que se encuentra situado en el Capítulo VI denominado “De la Recusación y la Inhibición”, del Título III, Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:
“Artículo 95. Juez o Jueza dirimente. Conocerá la recusación el funcionario que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, al cual se remitirá copia de las actas conducentes”.

Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala:
“Articulo 48. La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición…”.

En virtud de las disposiciones ut supra señaladas y siendo esta Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres, el Órgano Jerárquico de la Jueza inhibida, se declara COMPETENTE para resolver la presente incidencia. ASÍ SE DECLARA.
II. DE LA CAUSAL DE INHIBICIÓN:
En fecha 05/03/2012, mediante Acta de Inhibición, la Jueza Profesional DRA. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, se apartó del conocimiento de la causa N° 1U-517-12, seguida a los Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZA EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto en artículo 455 en relación con el articulo 458 y 83 todos del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de los ciudadanos VICTOR HUGO MELEAN, DANIEL MENDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CARDENAS,, inhibición planteada conforme a lo establecido en el artículo 86 numerales 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, con base a las siguientes razones de derecho, plasmadas en el acta levantada:
“…En horas de despacho del día de hoy, cinco (05) de marzo de 2012, presente ante la secretaria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la Dra. MARÍA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, en su carácter de Juez Provisoria actualmente encargada del prenombrado Tribunal, quien expuso: "De conformidad con el artículo 86, numerales 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo en este acto a INHIBIRME del conocimiento de la presente causa, seguida en contra de los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZAS EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto y sancionado en el artículo 455, en relación con el artículo 458 y 83 todos del Código Penal, cometido en perjuicio de los ciudadanos VÍCTOR HUGO MELEAN, DANIEL MÉNDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CÁRDENAS. Así, los motivos que me llevan a inhibirme de la presente causa, en cuanto a la causal contenida en el numeral 7 del artículo 86 de la norma adjetiva penal, relativa entre otros a haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, lo fundamento en el hecho de que en fecha doce (12) de febrero de 2012, cuando me desempeñaba como Juez Primero de Primera Instancia de Control de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, atendí la Audiencia de Presentación del Aprehendido, en la cual se declaró como flagrante la aprehensión de los imputados (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZAS EN CALIDAD DE COAUTORES, y se ordenó la aplicación del procedimiento abreviado y se impuso a los prenombrados imputados la medida de Prisión Preventiva, contenida en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ello a los fines de garantizar su comparecencia al Juicio Oral y Reservado a celebrarse en esta causa, para el cual, se estableció en el acta levantada con ocasión de la presentación de los imputados, que las partes debían concurrir directamente ante el Tribunal de Juicio, el cual debía convocarlas para la celebración del juicio dentro de los 10 días siguientes al recibo de las actuaciones. Es así, que el acto procesal por mi cumplido en esta causa como Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia de Control de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, deja ver que en el presente caso, ya he emitido opinión sobre un aspecto que atañe al fondo de la misma con conocimiento de la causa, pues una vez que consideré que esta causa debía tramitarse por las vía del Procedimiento Abreviado, lo hice en razón de estimar que existían suficientes elementos de investigación que vinculaban a los imputados con el delito que se le imputó en la audiencia de presentación. En este sentido, tal pronunciamiento llevó implícito, una proyección de mi parte de alta probabilidad de que el Ministerio Público al presentar directamente ante el Juez de Juicio su acusación, obtuviera una sentencia condenatoria en esta causa, y ello es así, pues al haberse ordenado la aplicación del referido procedimiento, fue suprimida la fase intermedia del proceso, donde el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo, que de ser una acusación debe ser objeto de Control por parte del Juez de Control correspondiente en la oportunidad en que se celebre la Audiencia Preliminar, la cual de ser admitida debe ordenar el enjuiciamiento de los imputados. Así, no obstante, aunque cuando actúe como Juez de Control en esta causa y ordené que la misma fuera tramitada por la vía del procedimiento abreviado en la audiencia de presentación del aprehendido, no establecí explícitamente en el acta levantada con ocasión de dicho acto, que lo procedente era que a los imputados se les enjuiciara por el delito que se le atribuía sin necesidad de cumplirse con la fase intermedia del proceso, cuando se señaló, que las partes debían concurrir directamente ante el Tribunal de Juicio, el cual debía convocarlas a la celebración del juicio dentro de los 10 días siguientes al recibo de las actuaciones, tal pronunciamiento llevó implícito mi estimación de que en este caso debía enjuiciarse a los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por el delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZAS EN CALIDAD DE COAUTORES, cuya aprehensión en flagrancia decreté. Así, este último aspecto planteado, lleva a que en el presente caso concurra igualmente la causal legal de inhibición contenida en el numeral 8 del artículo 86 del Código Adjetivo Penal, al afectarse mi imparcialidad en esta causa, pues resulta evidente, que al haberse efectuado un pronunciamiento que atañe al fondo de este asunto, donde se vislumbró una alta probabilidad de condena de los imputados, surge un obstáculo subjetivo que compromete mi imparcialidad o competencia sujetiva, pues mal puede garantizársele a un imputado que el mismo juez que decretó su aprehensión en flagrancia por el delito que se le imputó y ordenó la aplicación del procedimiento abreviado con el consecuente pase directo de la causa a un Tribunal de Juicio para su enjuiciamiento, pues los datos de la investigación eran suficientes para vincularlo con el hecho imputado y hacían que se vislumbrar una alta probabilidad de una condena en su contra, sea el mismo que deba realizar el juicio oral y reservado en el que se deba determinar su responsabilidad penal o no en los hechos imputados, lo que a todas luces va en contra de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 26 y 49.3, relativas a la justicia imparcial y al juez imparcial respectivamente. Quedan así expuestas las razones que motivan el que me inhiba en la presente causa, la cual solicito sea declarada CON LUGAR, con base en todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, promoviendo como prueba de los hechos que la generaron el siguiente documento: Acta de Audiencia de Presentación de Detenido de fecha doce (12) de febrero de 2012, cursante desde el folio dieciséis (16) al veintidós (22) de la causa.”

Por lo que la Jueza inhibida estima sea declarada con lugar, la presente inhibición en virtud de haber emitido opinión en la causa, y por otra circunstancia grave que afectan su imparcialidad, basadas ambas en el hecho de haber decretado el procedimiento por flagrancia, ordenando el pase a juicio.
III. MOTIVACIÓN DE ESTA SALA PARA DECIDIR:
En el caso sub judice, se observa del escrito de inhibición, que la Jueza inhibida alega en primer término, que emitió opinión en la presente causa, actuando como Jueza de Control durante el acto de presentación de detenido, donde decretó la aprehensión en flagrancia de los adolescentes imputados, por el delito atribuido por el Ministerio Público, ordenando la aplicación del procedimiento abreviado, así como el pase directo de la causa, a un Tribunal de Juicio para su enjuiciamiento.
En tal sentido, se hace necesario señalar que el artículo 86 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a las causales de recusación e inhibición del Juez, se sustenta la causa legal de inhibición, preceptúa:
“Artículo 86. Causales de inhibición y recusación. Los jueces y juezas profesionales, escabinos o escabinas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes: (…Omissis…)
7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez”.

De la citada norma legal, se desprende que el Juez o la Jueza Profesional, al haber emitido opinión en una causa, o haber intervenido en el proceso como Fiscal o Fiscala, Defensor o Defensora, Experto o Experta, intérprete o testigo, teniendo así conocimiento de la misma, debe desprenderse inmediatamente de seguir sustanciando el asunto penal, toda vez que, tal circunstancia vicia el proceso, afectando así la competencia y la imparcialidad subjetiva del Juez o de la Jueza.
Sobre este aspecto, la doctrina ha dejado sentado que:
“Son inhábiles los jueces y demás funcionarios del orden penal para conocer de una causa o intervenir en ella, cuando concurran en su persona alguna o algunas circunstancias legales que puedan hacerles sospechosos de parcialidad…” (Borjas Arminio, citado por Moreno Brandt, “El Proceso Penal Venezolano”, Primera reimpresión, Caracas, Vadell Hermanos Editores. 2004. p: 120).

Ahora bien, evidencia esta Corte de Apelaciones, de la actuación que como prueba acompaña el órgano jurisdiccional al acta de inhibición que riela a los folios 03 al 11 y que contiene el acta de presentación de detenidos, documento que valora este Tribunal por tratarse de un auto que riela en el asunto principal, que efectivamente en la presente causa, la funcionaria inhibida actuó como Jueza de Control, durante el acto de presentación de detenidos en fecha 12/02/2012, decretando la aprehensión en flagrancia de los Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZA EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto en artículo 455 en relación con el articulo 458 y 83 todos del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de los ciudadanos VICTOR HUGO MELEAN, DANIEL MENDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CARDENAS, ordenando la aplicación del procedimiento abreviado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 557 de la ley especial, en concordancia con el último aparte del artículo 373 del texto adjetivo penal, así como el pase directo de la causa a un Tribunal de Juicio.
Es necesario señalar que, el procedimiento por flagrancia, se encuentra consagrado en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual prevé que el o la adolescente cuya detención se produce en flagrancia, será conducido o conducida al Fiscal o a la Fiscala del Ministerio Público, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, lo presente al Juez o a la Jueza de Control, quien evaluará el caso en concreto y resolverá en la audiencia, si convoca directamente a juicio oral, para dentro de los diez (10) días siguientes, además deberá resolver la medida cautelar de comparecencia a juicio, donde podrá decretar la prisión preventiva, sólo en los casos donde ésta proceda.
Esa evaluación que hace el órgano jurisdiccional, versa primeramente en estimar, si el hecho punible que la Vindicta Pública le atribuye a los adolescentes aprehendidos, fue realizado bajo los supuestos que la ley adjetiva penal (aplicada en esta jurisdicción especializada por remisión del artículo 537 de la ley especial) califica como flagrante, tales como: 1) el que se está cometiendo o acaba de cometerse; 2) aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, víctima o el clamor público y; 3) en el que sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con instrumentos u objetos, que de alguna manera hagan presumir que la persona es el autor o partícipe en dicho hecho delictivo -conocido doctrinalmente como cuasi flagrancia-.
Si bien, la audiencia de presentación de detenido o detenida por flagrancia, constituye el primer acto jurisdiccional que se realiza durante el proceso penal, es precisamente allí donde el Jurisdicente o la Jurisdicente, aplicando el procedimiento especial, analiza los elementos de convicción, que presenta el Ministerio Público y en los que sustenta su pretensión fiscal. Por lo que al decretarse este procedimiento especial, se suprime la fase investigativa e intermedia del proceso penal, puesto que las actuaciones que ab initio presentó el Ministerio Público, se consideran suficientes para ser pasadas al Tribunal de Juicio, para la convocatoria del Juicio Oral y Reservado, donde la Vindicta Pública presentará su acto conclusivo, que de ser una acusación, la misma debe basarse en los elementos de convicción, que inicialmente presentó al órgano jurisdiccional, pero ya bajo la categoría de pruebas, toda vez que conforme a las reglas del procedimiento especial queda suprimida la fase de investigación.
En armonía con ello, el doctrinario especializado Alejandro Perillo Silva, en su texto “Derecho Penal Venezolano de Adolescentes. Aspectos Sustantivos y Adjetivos”. Caracas. Mobilibros. 2002. pág 305, ha referido que:
“Presentado ante el juez de control, se llevará a efecto una audiencia donde se constate la flagrancia; lo evaluable en esta audiencia es, estrictamente, si la aprehensión fue o no bajo circunstancias flagrantes y sobre las pruebas recolectadas -in re ipsa-; con respecto a estas “flameantes” pruebas, las mismas serán presentadas directamente en la audiencia de juicio oral y privado, una vez estimada la flagrancia. En la audiencia especial de constatación de flagrancia, se determinará todo lo inherente a las medidas cautelares privativa de libertad o sustitutiva” (Destacado por la Sala).
Por su parte, Cabanellas citado por Perillo, refiere que la flagrancia es:
“Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica sobre todo los hechos punibles en el que el autor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desprenderse” (4). El artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, sienta los modos de presentarse la flagrancia: “el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió con armas, instrumentos u otro objeto que de alguna hagan presumir con fundamento que él es el autor”. (Destacado de la Sala).

En segundo término, este Órgano Superior observa que la Jueza de Instancia, indica que con este pronunciamiento (decreto de enjuiciamiento), su imparcialidad se encuentra comprometida, subsumiendo también las mismas razones arriba analizadas, en la causal genérica que el numeral 8 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, a saber: “…8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”. Desprendiéndose de ello, que ésta es una causal de carácter genérica, en la cual pueden subsumirse situaciones que constituyan motivos de justa inhibición o recusación, que no estén contemplados en el elenco de situaciones contenidas en el mencionado artículo 86, referidas a las causales de recusación e inhibición de los funcionarios y funcionarias que intervienen en un proceso penal.
En este sentido, ha sido criterio de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, que la sola invocación de dicha causal genérica, no significa que valga por sí misma y que deba producir una decisión favorable a la inhibición que se haya planteado, sino que debe basarse en hechos circunstanciados y no sobre la base de ambigüedades, hechos vagos, discutibles o eventualmente discutidos. Lo anterior, se plasma en la Sentencia dictada por la referida Sala, en fecha 23-10-01, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, al indicar:
“Pero aquello no debe significar que la sola invocación de la causal genérica valga por sí misma y deba producir una decisión favorable a la inhibición: ésta debe basarse en determinados hechos, encuadrados en las causales específicas o en la genérica. Para que unos hechos sean determinados, deben estar circunstanciados: cuándo, dónde, cómo, etc. Esto no quiere decir que se deban completar las categorías aristotélicas “quis”, “quid”, “ubi”, “quare”, “quoties”, “quomodo”, “cuando” (quién, qué hizo, dónde, por qué, cuántas veces, de qué manera, cuándo), sino que la inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos y por ende discutibles y hasta eventualmente discutidos.
Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia han establecido la presunción de que la manifestación del juez inhibido es verdadera; pero esa presunción es “juris tantum” y admite prueba en contrario. Así que la inhibición deberá pormenorizar el hecho que la motive. Sólo así podrá ser declarada con lugar. De lo contrario, la sentencia no se bastará a sí misma y no motivará la decisión favorable a la inhibición” (Subrayado de la Sala).

De lo transcrito ut supra, a criterio de esta Sala, se desprende que la invocación de la causal genérica por parte de la Jueza inhibida, no constituye fundamento cierto para desprenderse del asunto penal, toda vez que, al invocar correctamente el numeral 7 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, para luego afirmar conforme a los mismos hechos antes analizados, que ese conocimiento constituye a la vez una causa grave, no es viable en derecho, máxime si el criterio unánime de esta Sala estriba en afirmar que la valoración realizada al decretar el pase a juicio, y procedencia del procedimiento abreviado, se circunscribe al motivo o causal que el artículo 86.7 del Código Orgánico Procesal consagran, con la consecuencia jurídica del apartamiento de la Jueza en la causa bajo estudio.
Visto así, considera esta Corte Superior que la inhibición originada por la Ciudadana Dra. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se encuentra ajustada a derecho por tanto se declara CON LUGAR, la Inhibición que fue planteada y opera en Derecho en el presente asunto penal N° 1U-517-11, seguido a los Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZA EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto en artículo 455 en relación con el articulo 458 y 83 todos del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de los ciudadanos VICTOR HUGO MELEAN, DANIEL MENDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CARDENAS, conforme al numeral 7 del citado artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por las razones señaladas ut supra. ASÍ SE DECIDE.
DECISIÓN
Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, esta Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR, por ser procedente en derecho, la inhibición propuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 86 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, por la DRA. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se inhibió del conocimiento de la causa N° 1U-517-12, seguida a los Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA conforme a los artículos 545 y 65 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO POR MEDIO DE AMENAZA EN CALIDAD DE COAUTORES, previsto en artículo 455 en relación con el articulo 458 y 83 todos del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de los ciudadanos VICTOR HUGO MELEAN, DANIEL MENDEZ, GERSON POLANCO Y HENRY CARDENAS
SEGUNDO: Se Desestima la Inhibición propuesta por el numeral 8 del Artículo 86 del texto Adjetivo Penal.
TERCERO: Se ordena a otro Órgano Subjetivo distinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el conocimiento del presente asunto.
Regístrese, diarícese, publíquese, notifíquese a la Jueza inhibida remitiendo copia certificada de la presente decisión, déjese copia certificada en archivo y remítase en la oportunidad legal correspondiente.

LA JUEZA PROFESIONALES PRESIDENTA,

DRA. LEANI BELLERA SANCHEZ
Ponente
LAS JUEZAS PROFESIONALES,

DRA. HIZALLANA MARIN URDANETA DRA. VILEANA MELENA VALBUENA

LA SECRETARIA,

ABOG. MARIA CRISTINA BAPTISTA
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 062-12 en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte, se libró la correspondiente Boleta de Notificación y se remitió la presente incidencia.

LA SECRETARIA,

ABOG. MARIA CRISTINA BAPTISTA