S.- 2282 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: Juzgado Octavo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Por recibida de la Oficina de Distribución, la anterior solicitud de Inspección Judicial suscrita por la ciudadana INÉS GONZÁLEZ ALBORNOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.742.7406, y de este domicilio, asistida por la profesional del derecho LORENA VARGAS HERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 57.456, el Tribunal le da entrada. Numérese. En tal sentido, este Juzgado, entra a analizar lo solicitado, previa las siguientes consideraciones: Disponen los Artículos 1.428 y 1.429 del Código Civil, lo siguiente: Artículo 1.428: El reconocimiento o inspección ocular puede promoverse como prueba en juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales. Artículo 1.429: En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los interesados podrán promover la inspección ocular antes del juicio, para hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Igualmente, dispone el Artículo 938 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por objeto poner constancia del estado de las cosas ante de que desaparezcan señales o marcas que pudieran interesar a las partes, la inspección ocular que se acuerde se efectuará con asistencia de prácticos pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del estrago o sobre puntos que requieran conocimientos periciales. De las normas transcritas con anterioridad, se evidencia fehacientemente que la prueba de Inspección Ocular está concebida sobre aquellos hechos para dejar constancia del estado o circunstancias que puedan desaparecer con el transcurso del tiempo, del estado de las cosas que no se puedan o no sea fácil acreditarse de otra manera. En tal sentido, se hace imperioso citar lo contenido en la sentencia N° 071 dictada por la Sala de Casación Social de fecha 3 de mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en la cual se indicó: La doctrina y la jurisprudencia han señalado que la inspección judicial extra Litem es procedente cuando se pretenda hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Es cierto que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, es su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o perjuicio que pueda ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Esta condición de procedencia debe ser alegada al Juez ante quien se promueve, para que éste (sic.), previo análisis breve de las circunstancias esgrimidas, así lo acuerde. Una vez cumplidos estos requisitos: La prueba debe considerarse promovida y evacuada válidamente, pues la inspección judicial no necesitaría ser ratificada en el proceso para que surta efectos probatorios, por cuanto no hubo inmediación del Juez, que aprecia por sus sentidos, las circunstancias de una situación de hecho. Observando así, el Tribunal, que los particulares que pretende el solicitante se evacuen en la referida inspección, desvirtúan la naturaleza de la misma, ya que las copias fotostáticas de los libros de la Oficina de Registro Pública sobre los cuales se pide la referida inspección, puede obtenerlas solicitándolas personalmente de conformidad con el Artículo 57 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, amén que, no demostró el nexo o vínculo que le une a dichos documentos, objeto de la inspección solicitada, este Tribunal NIEGA la pretensión en los términos solicitados. PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.- Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de los ordinales 3° y 9° del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el Artículo 1.384 del Código Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, al primer (01) día del mes de marzo del año dos mil doce (2012).- Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez, La Secretaria, Abog. Iván Pérez Padilla.- Abog. Angela Azuaje Rosales En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede siendo las dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde (2:48 p.m.).- La Secretaria, Abog. Angela Azuaje Rosales