REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO ZULIA
EXTENSION SANTA BARBARA DE ZULIA
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

Santa Bárbara de Zulia, 12 de Junio de 2012
202º y 153º


Causa Penal N° C01-26.596-2012
Causa Fiscal N° 24-DDC-F21-0481-2012
DECISIÓN: N° 0889– 2012.
ACTA DE AUDIENCIA ORAL DE PRESENTACION DE IMPUTADO
En el día de hoy, martes doce (12) de Junio de 2.012, siendo las dos horas y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.), se constituyó el abogado JOSE LUIS MOLINA MONCADA, en su condición de Juez Titular, y la abogada LIXAIDA FERNANDEZ FERNANDEZ, en su carácter de Secretaria, en la sala de Audiencia de este Tribunal Primero de Control, a los fines de llevar a efecto audiencia oral de presentación de imputado, en virtud del escrito que obra bajo el folio uno (01) del expediente, mediante el cual el representante Fiscal, pone a disposición de este Tribunal al ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, a objeto que sea oído de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente el ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, al ser intimado al nombramiento de Abogado de Confianza, o a la designación de Defensor Público, expuso: “Como no cuento con recursos económicos para sufragar un defensor privado, solicito se me designe uno público para que me asista en los actos del presente proceso”. Acto seguido, el ciudadano juez designó un defensor público al imputado y estando presente la Abogada IVONNE GUTIERREZ BRICEÑO, Defensora Pública Tercera (S) Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, estando de guardia, previo requerimiento compareció para exponer: “Acepto el cargo de abogada defensora del ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, y juro cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo”. Acto seguido el abogado defensor y el imputado se impusieron de las actas procesales. Seguidamente el Tribunal concedió el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público, quien hizo la siguiente exposición: “De conformidad con los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presento y pongo a disposición de este Tribunal al ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, quien fue aprehendido por una comisión de funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 20 “Sucre” del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, el día 11 de junio de 2012, aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana, en virtud de la denuncia formulada por la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, quien señaló que denuncia a un señor de quien desconoce sus datos personales, quien ese mismo día, siendo aproximadamente las nueve horas de la mañana, llegó a su puesto de venta de aceite y sin mediar palabras tomó un machete para agredirla, en ese momento salió corriendo a buscar a los policías, cuando llegó con los policías, le quitaron el machete y le decía que si ella lo denunciaba y lo llevaban preso, la iban a matar cuando saliera; en razón de ello, el ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, fue aprehendido, leídos sus derechos constitucionales y puesto a la orden del Ministerio Público, razón por la cual, solicito se califique la aprehensión en flagrancia del prenombrado ciudadano, a quien le imputo la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, y se le decrete las medidas cautelares, establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual forma solicito se le acuerde a la victima las Medidas de Protección y de Seguridad contempladas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la ley especial antes citada y se aperture el procedimiento especial previsto en la ley. Es todo ”Acto seguido, el Juez de Control procedió a imponer al imputado GERARDO ANTONIO TORRES, del Precepto Constitucional inserto en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo exime de confesarse culpable o de declarar contra si mismo, así como del contenido de los artículos 131 y 125 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, y en que consiste el hecho punible que le imputa la representante del Ministerio Público, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, informándole que su declaración es un medio para su defensa, para que explique cuanto tengo por conveniente sobre el hecho imputado, y para que solicite al Ministerio Público practique las diligencias tendientes a desvirtuar la imputación, en caso de rendir declaración, lo hará sin juramento alguno, libre de todo apremio, presión y coacción, a lo que manifestó dicho imputado su voluntad de querer rendir declaración, quedando identificado como GERARDO ANTONIO TORRES, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Caja Seca-Estado Zulia, fecha de nacimiento 02-05-1964, de 48 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.249.159, de estado civil soltero, obrero, hijo de Juana Torres y de Ponciano Pavón, residenciado en el barrio 24 de Julio, detrás del terminal subiendo por INLATOCA, a 4 cuadras del vendedor de naranjas, Caja Seca, Municipio Sucre del Estado Zulia, y estando sin juramento alguno, libre de toda coacción y apremio, expuso: “La señora esa tiene una venta donde nosotros también vendemos, yo vendo naranjas aquí, ella vende aceite allá, a ella no se le tiene rabia ni nada, eso sucedió accidentalmente, en ese momento yo me había tomado unos tragos y yo había comprado un machete para el momento y ella pensó que yo tenía el machete para agredirla a ella, jamás y nunca yo a esa señora le dije nada, eso lo está inventando ella para dañarme la vida, yo soy un hombre de trabajo, a mi nadie me ayuda, a mi no me gusta buscar problemas, son amigos de uno, esa señora se inventó eso para dañarme la vida, eso es todo”. El Tribunal deja constancia que tanto el representante del Ministerio Público como la defensa técnica no hicieron uso del derecho a interrogar al imputado. Acto seguido, el Tribunal concede la palabra a la Abogada IVONNE GUTIERREZ BRICEÑO, Defensor Público N° 03 Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, quien expuso: “Revisadas las actuaciones traídas por la Fiscalía del Ministerio Público y oída como ha sido la declaración rendida por mi defendido, esta defensa pública considera que lo ajustado a derecho en el presente caso es que el Juzgado garantice la libertad de mi defendido y con ello se reafirme el principio de ser juzgado en libertad, tal y como lo consagra el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual solicito se acuerde una de las medidas cautelares sustitutivas contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual garantizaría las resultas de este proceso, todo con fundamento en los artículos 44.1 y 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8, 9, 243, 244, 247 y 256, todos del Código Orgánico Procesal Penal, y pide que la obligación de presentarse periódicamente mi defendido, se le asignen ante la Fiscalía de Caja Seca, tomando en cuenta al distancia y la situación socio económica de mi defendido. Por último, solicito me sean expedidas copias fotostáticas simples de todas y cada una de las actuaciones que conforman la causa penal que nos ocupa, así como del acta que recoge la presente audiencia, es todo”.- En este estado el ciudadano Juez de Control, abogado JOSE LUIS MOLINA MONCADA, pasa a resolver sobre las cuestiones planteadas por las partes y lo hace bajo las siguientes consideraciones: “El abogado JUAN CARLOS MUNTANER, en su carácter de Fiscal XXI del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, solicita se le imponga medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado GERARDO ANTONIO TORRES, por la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, así como la aplicación de medidas de protección y de seguridad, a favor de la prenombrada víctima. Por su parte, la Defensa Técnica bajo sus argumentos ha solicitado se imponga a su defendido de medida cautelar sustitutiva de la privación judicial de la libertad. Ahora bien, analizadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente causa penal, el juzgador observa: Se evidencia en el acta de denuncia formulada por la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, ante el Centro de Coordinación Policial N° 20 “Sucre” del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, el día 11 de Junio de 2.012, quien señala que denuncia a un señor de quien desconoce sus datos personales, quien ese mismo día, siendo aproximadamente las nueve horas de la mañana, llegó a su puesto de venta de aceite y sin mediar palabras tomó un machete para agredirla, en ese momento salió corriendo a buscar a los policías, cuando llegó con los policías, le quitaron el machete y le decía que si ella lo denunciaba y lo llevaban preso, la iba a matar cuando saliera; en razón de ello, el ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, fue aprehendido, leídos sus derechos constitucionales y puesto a la orden del Ministerio Público. Pues bien, los elementos de convicción traídos por el Ministerio Público a esta audiencia oral, como fundamento de su pedimento, como son: acta de denuncia común interpuesta por la víctima de autos (folio 03 y su vuelto); acta policial contentiva del procedimiento de aprehensión del imputado de autos (folio 05 y su vuelto); acta de derechos ciudadanos (folio 06 y su vuelto); acta de inspección técnica (folio 08), surgen para este juzgador, al ponderar los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, racionales elementos de juicio que permiten en esta etapa incipiente del proceso, como es la fase preparatoria de investigación, la cual tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de investigación que permitan fundar la acusación de el o la fiscal y la defensa del imputado, estimar, en primer término, la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal para ser ejercida no se encuentra evidentemente prescrita, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron el día 11 de junio de 2012, y calificados de manera provisional por la titular de la acción penal como AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En segundo término, fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, es autor o partícipe en el hecho punible dado por acreditado, y en tercer término, apreciando la entidad del delito, siendo el delito imputado de menor entidad, las circunstancias de su presunta comisión y la sanción probable, se acuerda medida cautelar sustitutiva de libertad al ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, de las previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 del texto adjetivo penal, relativas a la presentación periódica una vez por cada treinta (30) días ante el Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ubicado en la Población de Bobures, Estado Zulia, contados a partir de la presente fecha y la prohibición de salir del país, sin la debida autorización del despacho judicial. Así mismo, se decreta a favor de la víctima, medidas de protección y de seguridad, las contempladas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Especial, referidas a la prohibición del presunto agresor de acercarse a la mujer agredida, así como, a su lugar de trabajo, de estudio o de residencia; y prohibición del presunto agresor de realizar por sí mismo, o por terceras personas, actos de persecución, acoso o intimidación en perjuicio de la víctima, o de algún integrante de su familia. Se decreta la aprehensión en flagrancia, por cuanto la detención del imputado se realizó a poco de haberse cometido el hecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El juzgamiento del encausado por el delito atribuido, se regirá por las vías del procedimiento especial, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por encontrarse ajustado a derecho. Así se decide. Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve: PRIMERO: Decreta la aprehensión en flagrancia del ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, antes identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por encontrarse ajustado a derecho, toda vez que la aprehensión del mismo se subsume en una de las hipótesis descritas por el legislador en la mencionada ley, concretamente a poco de ocurrir el hecho. SEGUNDO: Se acuerda al ciudadano GERARDO ANTONIO TORRES, Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, por la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, de conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se acuerda a favor de la ciudadana MILEXI COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, medidas de protección y de seguridad, las establecidas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Especial que nos ocupa. CUARTO: El proceso se regirá por las vías del procedimiento especial, consagrado en el artículo 12 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por disposición del legislador patrio. QUINTO: Ofíciese al ciudadano Director del Retén Policial de San Carlos de Zulia, informándole que se ha ordenado la inmediata libertad del aludido ciudadano, quien mediante acta por separado deberá comprometerse a cumplir las obligaciones impuestas, y al ciudadano Juez del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicitándole se sirva llevar un registro de las presentaciones que realice el referido imputado, debiendo informar a esta Instancia cada dos (02) meses sobre el cumplimiento de dicha obligación. Por último expídanse las copias simples de las actas requeridas por la defensa técnica. Una vez transcurrido el lapso de ley, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, para que continúe con las investigaciones e interponga el acto conclusivo que corresponda, todo de conformidad a lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 250 eiusdem. Quedan notificadas las partes aquí presentes de la decisión dictada, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, Siendo las dos horas y cuarenta minutos de la tarde (02:40 p.m.), se suspende la presente audiencia, a los efectos de levantar el acta respectiva. Transcrita como ha sido el acta y siendo las dos horas y cincuenta minutos de la tarde (02:50 p.m.), en presencia de las partes se dio lectura al acta y conformes firman, estampando el imputado sus huellas digito-pulgares.- Regístrese la presente decisión bajo el N° 0889 - 2012. Déjese copia auténtica en archivo. Ofíciese con los Nº 2.496 y 2.497 - 2012.

El Juez Primero de Control


Abg. JOSE LUIS MOLINA MONCADA
El Fiscal del Ministerio Público,



Abg. JUAN CARLOS MUNTANER
El imputado,



GERARDO ANTONIO TORRES

La Defensora Pública,



Abg. IVONNE GUTIERREZ BRICEÑO

La Secretaria,



Abg. LIXAIDA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.