Exp. 36.682
ALIMENTOS
Sent. Nº 351
gpv

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas.-
RESUELVE:

Consta de actas que la ciudadana NORMA JOSEFINA BAPTISTA, Venezolana, Mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 7.652.118, domiciliada en Jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, asistida por el abogado en ejercicio FRANKLIN VARGAS, Inpreabogado No. 124.181, demanda por ALIMENTOS al ciudadano LUIS ALFONZO GRATEROL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 5.791.232 domiciliado en la Avenida 41, calle bolívar, casa s/n, sector Campo Mio, Parroquia Venezuela, Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia.

Conforme al auto de admisión de fecha veinticinco (25) de Enero de 2.012, se emplazo al ciudadano LUIS ALFONZO GRATEROL, a los fines de su comparecencia por ante este despacho en el segundo día hábil de despacho siguientes después de que constara en actas la citación, más un día que se le concede como término de distancia, a fin de dar contestación a la demanda; Y de conformidad con lo establecido en el articulo 227 del Código de Procedimiento Civil se comisionó al Juzgado del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, a los fines de practicar la citación.-

En diligencia de fecha veintidós (22) de Febrero de 2.012, la parte demandante, confiere poder apud acta al Abogado en ejercicio FRANKLIN VARGAS; y con esta misma fecha le hizo entrega a la Secretaria de este Juzgado de las copias simples requeridas en el auto de admisión a la demanda.

Según nota de Secretaria de fecha veintitrés (23) de Febrero de 2.012, se libró el despacho de citación mediante oficio No 36.682-233-12.-

Por auto de fecha siete (07) de Marzo de 2.012, quien suscribe el presente fallo, se avocó al conocimiento de la presente causa.

Por escrito de fecha diecinueve (19) de Junio de 2.012, la parte demandada ciudadano LUIS ALFONZO GRATEROL, asistido por la abogado en ejercicio DAYANA MONTILLA, confiere poder apud acta a la abogada asistente y al Abog. Zoilo Colina, Inpreabogado No 87.847.-

Mediante escrito de fecha veintidós (22) de Junio de 2.012, la parte actora solicita la perención de la instancia; y a su vez a todo evento contesta la demanda en los términos en ella expuesto.

Abierta la causa a pruebas, solo la parte demandada hizo uso de este recurso.-

En diligencia de fecha veintiocho (28) de Enero de 2.009, la apoderada judicial de la parte actora, Abog. KARINA BORJAS, solicita al Tribunal decrete la perención de la instancia.

Pasa esta Juzgadora de seguida a pronunciarse en esta causa de la siguiente manera:

PERENCION DE LA INSTANCIA


De actas se evidencia a los folios quince (15) al dieciocho (18), escrito presentado por la Profesional del derecho Dayana Montilla, quien actúa, como apoderada judicial de la parte demandante en la cual alega la perención de la instancia.

Ahora bien, de una revisión hecha a las actas procesales que conforman el presente expediente evidencia esta Juzgadora, la necesidad de pronunciarse con relación a la solicitud de perención de la instancia solicitada por la parte demandante, haciendo las siguientes consideraciones:

El profesor de Derecho Procesal Civil ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra titulada TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO, Tomo II, páginas 386 y 387, explana lo siguiente:

“La perención supone la existencia de una litis en la plenitud de sus efectos, esto es, una causa en curso, lo que a su vez supone la previa citación del demandado, que pone a las partes a derecho; por lo que, sin citación no hay instancia o litispendencia y, por lo tanto, no hay perención posible. En los casos de los ordinales 1° y 2°, no se ha producido la citación; la carga de su gestión corresponde al actor y este debe liberarse de ella en el plazo de treinta días; por tanto al momento de producirse el agotamiento del lapso sin que el actor se hubiese liberado de dicha carga, no hay todavía instancia, puesto que no se ha originado, la litispendencia por falta de la citación y solo existe la demanda propuesta, uno de cuyos efectos es dar origen a la carga del demandante de gestionar la citación del demandado”.(Subrayado del Tribunal)" .-

ASí mismo, es importante destacar también, el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que a continuación se transcribe:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que a ley les impone para proseguirla". (Subrayado del Tribunal).-

En sentencia dictada en fecha seis de Julio del año dos mil cuatro, por la Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, expediente signado con el número AA20-C-2001-000436, y con el fin de conciliar una interpretación que pudiere en definitiva establecer el desenvolvimiento de la perención breve, se asienta en la misma lo siguiente:

"Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.". (Subrayado del Tribunal)-



Efectivamente, en correspondencia con la perención breve consagrada en el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el criterio de la Sala de Casación Civil, ratificado en sentencia de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil diez, Exp. AA20-C-2009-000593, es el de considerar los treinta (30) días a que hace referencia la norma, como días continuos y no de despacho.-

Igualmente, es criterio establecido por la extinta Corte Suprema de Justicia que la fecha precisa para empezar a contar el lapso de treinta (30) días, referido en el ordinal 1° del artículo 267 antes transcrito, para provocar la perención de la instancia, es la fecha del auto de admisión de la demanda, fecha esta que constituye el punto de partida para que el actor cumpla con las obligaciones que le impone la Ley, para que sea practicada la citación de la parte demandada. Ahora bien, por constituir el proceso un conjunto sucesivo de actos, depende del impulso de las partes, y en el presente caso del demandante, que el mismo marche hacia delante teniendo el deber de cumplir con las actividades procesales circunscritas por el legislador.

De la misma manera nuestra doctrina tiene definido, que son tres las condiciones indispensables para que un proceso se extinga con perfección: A) El supuesto básico de la existencia de una instancia; B) La inactividad procesal y C) El transcurso de un plazo señalado por la Ley.

La misma doctrina casacionista de la antigua Corte Suprema de Justicia plasmó:
“En este orden de ideas, puede decirse que el proceso esta constituido por el desarrollo sucesivo de una serie de actos, de los cuales, los que impulsan el proceso son los que hacen que este avance, marche hacia delante. Esas actividades, que son procesales, las distribuye el legislador en el espacio y el tiempo, en una serie de momentos, situaciones, etapas que atienden a un mismo fin de la cosa Juzgada...”

No solo se encuentra regulada este tipo de perención en el ordinal 1°, sino también en el 2° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y está vinculada con el incumplimiento por parte del la demandante de las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado dentro del lapso de los treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda o de la reforma.

La pérdida de una actividad procesal puede ocurrir en dos casos:
A) Por falta de actividad
B) Por extemporánea.

Por otra parte, en sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha doce (12) de Mayo de 2.011, causa signada con el No 1076-10-144, estableció lo siguiente:

“….Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa del libelo de la demanda, que el actor indico la dirección exacta del demandado; que el a-quo le dio entrada a la demanda en fecha 03 de mayo de 2.010, ordenando de oficio comisionar al Juzgado del Municipio Lagunillas de esta Circunscripción Judicial, a los fines de la practica de la citación del demandado, evidenciándose de la comisión agregada a las actas que conforman el presente expediente (folios 61), la cual fue solicitada por este Tribunal, mediante auto para proveer de fecha 06 de mayo de 2.011, al Juzgado del conocimiento de la causa, constatándose de la misma que el comisionado le dio entrada en fecha 14 de Julio del 2010, y que la parte demandante en fecha 15 de Julio de 2010, aportó la dirección exacta de la parte demandada y, los emolumentos para que el alguacil del Juzgado del Municipio Lagunillas de esta Circunscripción Judicial practicara la citación correspondiente….(sic)
“….Por otro lado, el Juzgado a-quo antes de pronunciarse sobre si operaba o no la perención de la instancia, debió en primer lugar, verificar si las resultas de la comisión constaban en actas y, posteriormente, verificar si el Juzgado comisionado cumplió con lo previsto en el citado artículo ibidem. Por lo que, atendiendo los principios constitucionales previstos en el artículo 26 y 257 de la Constitución Nacional, se declarará que la presente causa no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 267, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. De ahí que esta superioridad, se ve conminado a declarar con la dispositiva del presente fallo: Con lugar la apelación interpuesta… (sic) (Subrayado del Tribunal).

De tal manera, considera esta Juzgadora preciso analizar la actuación procesal asumida por la parte accionante a los fines de verificar si ha cumplido con los trámites necesarios para practicar la citación del demandado constatándose lo siguiente

La presente causa fue admitida en fecha veinticinco (25) de Enero de 2.012, posteriormente, la parte actora consigna según nota de Secretaria de fecha 22/02/2012, las copias simples requeridas en el auto de admisión a la demanda a los fines de librar el despacho de citación correspondiente, el cual fue librado en fecha 23/02/2012.-

Por lo que, se deduce, que el actor cumplió con su carga de consignar los fotostatos necesarios a los fines de librar los recaudos de citación para practicar la citación correspondiente en tiempo hábil; sin embargo en actas no consta las resultas del despacho de citación librado en fecha 23/02/2012 signado con el No 36.682-233-12, no cumpliéndose así con lo requerido por el Juzgado Superior en la sentencia antes transcrita, ni se evidencia ninguna actuación o diligencia previa de su parte orientada a impulsar a través del alguacil del referido Juzgado la citación del demandado, esto es, la presentación de diligencias que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la misma;. considerando esta Juzgadora que el actor no cumplió con los actos de impulso procesal ni demostró ningún interés en cumplir con las obligaciones impuesta en la ley para la citación, lo que significa que da a lugar la solicitud de perención de la Instancia interpuesta por el demandado de autos. Así se considera.

En consecuencia este Tribunal acogiendo el criterio de la extinta corte de Justicia y el criterio del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Transito del Estado Zulia, a fin de mantener la seguridad Jurídica de las partes y verificado el transcurso del lapso de Ley establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte demandante haya realizado ninguna actividad capaz de interrumpirlo, debe declarar Perimida la Instancia en este Proceso. ASI SE DECIDE.-


D E C I S I O N:

Por los fundamentos expuestos, éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

• PRIMERO: Perimida la instancia en el juicio de ALIMENTOS seguido por NORMA JOSEFINA BAPTISTA en contra de LUIS ALFONZO GRATEROL, antes identificados

• SEGUNDO: No se hace pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE; INSÉRTESE Y NOTIFÍQUESE.
Déjese por Secretaria copia certificada de este fallo conforme lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del artículo l.384 del Código Civil, y el artículo 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los treinta (30) días del mes de Julio de dos mil doce .- Años: 202 de la Independencia y 153 de la Federación.
LA JUEZA,

MARIA CRISTINA MORALES
LA SECRETARIA,

MARIA DE LOS ANGELES RIOS.
En la misma fecha siendo las 10:30;am; previo el anuncio de Ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó sentencia que precede quedando inserta bajo el No 351-



LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, ABOG. MARIA DE LOS ANGELES RIOS, CERTIFICA: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE ES TRASLADO FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL. HAY EL SELLO EN TINTA DEL TRIBUNAL. CABIMAS 30 DE JULIO DE 2.012
LA SECRETARIA,

MARIA DE LOS ANGELES RIOS.