TSJ Regiones - Decisión

Por recibidas las presentes actuaciones, procedente de la Unidad de Reopción y Distribución de Documentos de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, contentiva de solicitud de SOBRESEIMIENTO, presentada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público, contra el ciudadano WILFREDO ZABALA, por la presunta comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES GENERICAS, previstos y sancionados en los artículos 203 y 413 del Código Penal, en perjuicio del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, tal como se desprende del escrito presentado en fecha 18 de enero de 2012; en tal sentido este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

El objeto de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, es garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambio en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica, tal como lo establece el artículo 1 de la referida Ley.

De esta definición podemos determinar que el legislador ha pretendido crear un instrumento legislativo que se dirige a la protección de las mujeres que son víctimas de violencia por razón o con ocasión de su género, lo que se traduce en el poder que ejerce el hombre sobre la mujer, es decir, los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad.

De igual manera, los tribunales de violencia contra la mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en la Ley especial que rige la materia, tal como lo establece el artículo 118 de la referida Ley.

DE LA COMPETENCIA

El artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal señala: “La incompetencia por la materia debe ser declarada por el tribunal de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o imputado o imputada…”.

De igual manera se dirime dicha competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley adjetiva penal, al establecer: “En cualquier estado del proceso el tribunal que esté conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto motivado, en otro tribunal que considere competente”.

Podemos observar que se desprende de los hechos narrados por el Ministerio Público, que tenemos la existencia de un sujeto pasivo, hombre, y la acción realizada por el sujeto activo, fue encuadrada en los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES GENERICAS, previstos en el Código Penal, lo que considera este Tribunal, que no es competente para conocer el presente asunto, ya que la Ley está creada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, y que sean víctimas de delitos que se encuentren tipificados y sancionados en la Ley Especial que rige la materia de género, y siendo el sujeto pasivo un hombre, la jurisdicción competente para conocer, es la conformada por los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, razón por la cual SE DECLINA LA COMPETENCIA, de conformidad con el artículo 77 del código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, se ordena remitir las presentes actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes de la Oficina de Alguacilazgo a los fines de su distribución entre los Tribunales de Control del Circuito Judicial Penal. Líbrese el correspondiente oficio de remisión. Cúmplase.-