REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Maracaibo, ocho de febrero de dos mil doce 201º y 152º ASUNTO: VH01-X-2012-000011 PARTE ACTORA: FRANKLIN GONZÁLEZ, RUPERTO PIRELA, GUSTAVO HERNÁNDEZ y LEANDRO BELLORINI y EWIN ORTEGA. APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Abogado CARLOS LEON PEÑALOZA. PARTE DEMANDADA: SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A., (SEGUCORP). APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado LEONEL MATA MOTIVO: Medidas Cautelares Visto el anterior escrito de fecha veintiséis (26) de enero de 2012, presentado por el apoderado judicial de la parte actora abogado CARLOS DE JESUS LEON PEÑALOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 95.949, donde solicita se decrete MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la parte accionada SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), todo con motivo del juicio por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES tienen incoados los ciudadanos FRANKLIN GONZÁLEZ, RUPERTO PIRELA, GUSTAVO HERNÁNDEZ, LEANDRO BELLORINI y EWIN ORTEGA en contra de la sociedad mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), asunto principal signado con el No. VP01-L-2011-2606, quien decide observa con detenimiento los alegatos expuestos por el solicitante de la medida, que se resumen a continuación: 1. Que el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, refiere que se podrá solicitar ante el JUEZ DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCION, medidas cautelares. 2. Que cursa por ante este Tribunal formal demanda por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por los ciudadanos FRANKLIN GONZÁLEZ, RUPERTO PIRELA, GUSTAVO HERNÁNDEZ, LEANDRO BELLORINI y EWIN ORTEGA, en contra de la sociedad mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), cuyo petitum es la cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (BsF. 40.216, 45). 3. Que se demuestra la presunción del buen derecho (fumus boni iuris), en virtud de haber sido trabajadores de la demandada Sociedad Mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), 4. Que existe peligro en la demora (periculum in mora), y que se demuestra en escrito presentado por la parte demandada donde se hace el llamado como tercero a la empresa COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS VENEZUELA (CANTV), donde manifiesta que en el folio veintiséis (26), la demandada expresa que se le adeudan (BsF. 693.973, 67), indicando la parte actora que en realidad se le adeuda a 73 trabajadores la cantidad de BsF. 1.048.856, 69). 5. Que la demandada Sociedad Mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), le adeuda al I.V.S.S., la cantidad de BsF. 1.723, 40), por concepto de pago de cotizaciones. 6. Que culminó el contrato de la demandada Sociedad Mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP), con CANTV, y que fueron retirados los avisos de la sede donde funciona la empresa demandada. El Tribunal procede a resolver el pedimento formulado en los términos siguientes: Establece el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que a petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama. A tal fin deben ser concurrentes: • La presunción grave del derecho que se reclama o fomus boni iuris, que consiste en la existencia de circunstancias que hagan presumir gravemente, que el derecho que se reclama es procedente. • b) Que concurra con el fomus boni iuris, el periculum in mora, esto es, que exista la presunción de existencia de circunstancias de hecho que, si existiera el derecho, fueren tales, que harían temible la tardanza en la demora. Según establece el más alto tribunal de la República, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar solo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de que se haga ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por lo que resulta imperativo examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Con referencia al primero de los requisitos (fomus boni iuris) su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, por lo que puede comprenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, corresponde al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de demanda ó en la oportunidad de iniciarse la audiencia preliminar, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En tal sentido observa este juzgador, que la solicitud de medida cautelar, la parte actora no acompaña pruebas que hagan presumir un peligro en la mora, tan solo se manifiesta una preocupación por la deuda que posee la CANTV con la demandada y que en cualquier momento la misma podría honrar. Por lo antes expuesto considera este Tribunal Octavo que con los elementos señalados como fundamento de los requisitos de procedencia del decreto de la medida cautelar solicitada, no se cumplen los extremos legales previstos en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que se niega la solicitud de decretar medida cautelar en contra de la parte demandada SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP). Así se Decide. Con fundamento en los planteamientos anteriormente realizados este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Improcedente la solicitud de Medida Preventiva de Embargo solicitada por la representación judicial de la parte actora, en contra de los bienes muebles propiedad de la parte demandada Sociedad Mercantil SEGURIDAD CORPORATIVA, C.A. (SEGUCORP). SEGUNDO: No se condena en costas dada la naturaleza del presente fallo. En la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia a los ocho (8) días del mes de Febrero de 2.012. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. El Juez Abog. Antonio Barroso La Secretaria