Vista la diligencia que antecede, suscrita por el Abogado en ejercicio VALENTIN RISSÓN, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 10.294, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A. (BANCO UNIVERSAL) en el presente juicio seguido contra la sociedad mercantil INDUSTRIAL PROVIDES, C.A. inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 25 de septiembre de 2002, bajo el No. 70, Tomo 296-A-VII y los ciudadanos RAFAEL ANTONIO ROMERO NARVAEZ y MARGARITA DEL VALLE GAMBOA DE ROMERO venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédula de Identidad Nos. 11.248.907 y 11.251.307 respectivamente, en la cual solicita se libre mandamiento de ejecución general a cualquier Juzgado Ejecutor de Medidas, este Tribunal para resolver observa: Establece el Código de Procedimiento Civil: Artículo 526: “Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada.” Artículo 527: “Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el Juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando líquida la deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo de que se trata en este artículo. El Tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando al efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez competente de cualquier lugar donde se encuentren bienes del deudor. El mandamiento de ejecución ordenará: 1° Que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. 2° Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en los artículos 539 y siguientes de este Código. 3° Que a falta de otros bienes del deudor, se embargue cualquier sueldo, salario o remuneración de que disfrute, siguiendo la escala indicada en el artículo 598.” Consta de las actas procesales que en fecha seis (06) de junio de 2011, se dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda propuesta, y notificadas las partes se declaró en estado de ejecución voluntario en fecha cuatro (04) de noviembre del año 2011, fijando lapso para dar cumplimiento voluntario en fecha nueve (09) de diciembre de 2011, y transcurrido el mismo, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia definitivamente firme dictada en la presente causa.- Ahora bien, vista la cantidad de dinero condenada a cancelar, este Tribunal a fin de proceder a la ejecución forzosa, decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la parte demandada antes indicada, que deberán ser señalados ante el Juzgador Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 70.000,oo), suma prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la ejecución de la medida recaiga sobre cantidades de dinero versará hasta la suma de CUARENTA Y UN MIL BOLÍVARES (Bs. 41.000,oo), suma condenada a pagar en el presente juicio, más una cantidad prudencialmente calculada por costos del proceso. Líbrese Mandamiento de Ejecución al cualquier Juez Ejecutor donde se encuentren bienes muebles e inmuebles del deudor, con la advertencia que no podrá ejecutarse la medida sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación, según el oficio No. CJ-11-0003, emitido de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Líbrese Mandamiento. Publíquese, Regístrese. Déjese copia certificada de la presente Resolución como lo dispone el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veintitrés (23) del mes de enero de dos mil doce (2012).- Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.- El Juez, (Fdo) Abog. Adan Vivas Santaella La Secretaria, (Fdo) Abog. Mariela Pérez de Apollini