TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Solicitud. 219-2011.
Ocurren ante este Juzgado los ciudadanos RAMON ENRIQUE MARTINEZ AVILA y NERIS AURORA LUZARDO CORREA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 1.693.150 y V-3.110.163, respectivamente, domiciliados en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, asistidos por el profesional del Derecho RAMIRO MARTINEZ CORREA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 85.983 y de este domicilio, para solicitar se declare disuelto el matrimonio civil que les une, conforme a lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, alegando estar separados de hecho desde hace más de cinco (5) años.
Narran los solicitantes que, contrajeron Matrimonio ante la antigua Prefectura del Municipio Santa Bárbara del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia Santa Bárbara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 16 de marzo de 1963, como se evidencia de acta No. 31, agregada a la presente Solicitud. Continúan manifestando los solicitantes que, una vez celebrado el matrimonio establecieron su domicilio conyugal en la Urbanización San Felipe, III Etapa, Bloque 36, Edificio 02, Apartamento 00-01, en jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia. Igualmente manifiestan que, desde el 17 de agosto de 1973, se separaron de hecho y hasta la fecha no ha existido reconciliación entre ellos. De los alegatos manifestados por los solicitantes se constata que, durante su unión matrimonial no procrearon hijos y adquirieron bienes para la comunidad conyugal.
Ahora bien, recibida la Solicitud del Órgano Distribuidor con su anexos y signada bajo el Nº 40530-2011, este Juzgado la admitió cuanto ha lugar en derecho en fecha 03 de noviembre de 2011, por no ser contraria a la Ley, al orden publico ni a las Buenas Costumbres, ordenando la citación del Fiscal del Ministerio Público con competencia en Materia Familiar. Una vez cumplidas cada una de las formalidades legales para la comparecencia del Fiscal del Ministerio publico, acudió ante este Despacho en fecha 09 de diciembre de 2011, el profesional del derecho VICTOR JOSE MONTENEGRO LOAIZA, en su carácter de Fiscal Trigésimo del Ministerio Publico con competencia en el sistema de Protección del Niño, Niña, Adolescente y Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, emitiendo su opinión favorable a los fines de que este Tribunal declare el Divorcio entre los ciudadanos RAMON ENRIQUE MARTINEZ AVILA y NERIS AURORA LUZARDO CORREA.
Cumplidos los trámites procesales establecidos por la Ley, y llegada la oportunidad para dictar Sentencia, el Tribunal previamente realiza las siguientes consideraciones:
I
En lo relativo a los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, presentan un conjunto de acuerdos bajo los cuales proceden a inventariar, liquidar y adjudicar el patrimonio común adquirido durante la vigencia de la comunidad conyugal. Sobre este particular debe dejar sentado el Juzgador siguiendo el criterio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo del 22 de junio de 2001, con Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche, expediente Nº 200-00843, que:
“El articulo 173 del Código Civil, prohíbe la disolución y liquidación de la comunidad de bienes de manera voluntaria, excepto cuando alguno de los conyugues la solicite por haber separación de cuerpos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 190 ejusdem…
Omisis
…Por tanto, es nula toda disolución y liquidación de la comunidad de bienes que sea expresión de la voluntad de los cónyuges, salvo que ella se formule sustentada en la separación de cuerpos, tal como lo señala expresamente el mencionado artículo 173”
Bajo estas consideraciones, se precisa que los propios solicitantes presentan la liquidación de los bienes habidos durante el matrimonio, para que sea homologada por el Juez junto a la declaración del Divorcio, sin que haya cesado la comunidad entre los conyugues para luego proceder a su liquidación en los términos establecidos ex lege, como lo exige el articulo 186 del Código Civil. Sobre este asunto cabe acotar también que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 3 de diciembre de 2001, Expediente N° 001047, con ponencia del Dr. Franklin Arrieche, fija su doctrina sobre el punto en estudio, y lo sintetiza así:
1. “La Sentencia que declara el divorcio, surte plenos efectos entre las partes desde el momento en que ha quedado definitivamente firme, aun cuando no se haya decretado su ejecución; y
2. La disolución del vínculo conyugal y el cese de la comunidad de gananciales, no tiene efectos frente a terceros, sino a partir de su inscripción en el registro del estado civil, tal como lo indica el ordinal 1° del artículo 507 del Código Civil.
Conforme al criterio de la Corte, se infiere en este fallo, que los solicitantes para plantear la liquidación y partición de los bienes habidos durante el matrimonio, debieron esperar la declaratoria del divorcio y además que el Tribunal estampara el decreto de ejecución de la sentencia que disuelve el vinculo matrimonial. Así, de acuerdo a lo dicho no podían los cónyuges, plantear la partición de sus bienes hasta tanto, no quedara extinguido el matrimonio. Por vía de consecuencia, la comunidad conyugal cesa, cuando el Juzgado estampe el Decreto de ejecución del fallo de divorcio.
Es concluyente para el Sentenciador, ante semejante circunstancias, que no resulta posible pronunciarse sobre el proyecto de partición, tomando en cuenta que a partir del dictado de la Sentencia debidamente ejecutoriada que disuelva el vinculo matrimonial, será el momento en el cual podrán los interesados optar a la partición y liquidación de los bienes comunes, al haber cesado la comunidad entre ellos. En torno a lo anterior, cabe destacar por vía de consecuencia que el planteamiento bajo análisis escapa en esta oportunidad, del conocimiento del Juez quien solo examinará la procedencia del Divorcio a través del procedimiento previsto en el articulo 185-A y siguientes del Código Civil, por tratarse de una acumulación prohibida por la Ley, por los motivos ya expresados. En consecuencia se abstiene de proferir el auto homologatorio solicitado por las partes, en cuanto a la adjudicación de los bienes descritos. ASÍ SE DECIDE.
II
En cuanto a la Solicitud de divorcio, analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir, el Acta de Matrimonio y los documentos de identificación presentados, observa este juzgador que ambos cónyuges admiten el hecho de estar separados de cuerpos desde hace más de treinta (30) años, elemento primordial establecido en el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil.
Por otra parte, no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, y existiendo en actas, la evidencia de haberse cumplido con el supuesto fáctico establecido en el artículo 185-A del Código Civil, norma en la cual fundan su acción, al igual que con todos y cada uno de los requerimientos de Ley, considera este Operador de Justicia que verificados como han sido los extremos requeridos la presente Solicitud de Divorcio, debe ser proveída a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. ASÍ SE DECIDE.
Dispositivo.-
Por los fundamentos expuestos este Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, Declara:
Primero: Con Lugar la Solicitud de Divorcio, basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos RAMON ENRIQUE MARTINEZ AVILA y NERIS AURORA LUZARDO CORREA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-1.693.150 y V-3.110.163, respectivamente, domiciliados Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, y en consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo matrimonial que contrajeron ante la antigua Prefectura del Municipio Santa Bárbara del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia Santa Bárbara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 16 de marzo de 1963, como se evidencia de acta No. 31.
Se deja constancia, que los ciudadanos antes identificados, no procrearon hijos y adquirieron los bienes descritos en la Solicitud que encabezan estas actuaciones.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del presente proceso
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, conforme a lo previsto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2012.- Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ

DR. FERNANDO ATENCIO BARBOZA

EL SECRETARIO

Mgsc. ALANDE BARBOZA CASTILLO.

En la misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se publico el presente fallo, siendo las diez y veinticinco minutos de la mañana (10:25 a.m.).- Sentencia Definitiva Nº 11-2012.-
STRIO.-
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