REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 202° y 153° Ocurre ante este Tribunal la ciudadana DARIELA DENICE BARROSO CHIRINOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.746.665, asistida por el abogado en ejercicio DAVID BARROSO CHIRINOS, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 117.275 a solicitar Medida Preventiva de Embargo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 191 del Código Civil. Ahora bien, encontrándose este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en la oportunidad procesal para dictar la decisión correspondiente, procede a resolver previo las siguientes consideraciones: I DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR La parte actora representada por la profesional del derecho antes mencionada, en el escrito de Medida fundamentó su solicitud en base a los siguientes argumentos: "…cursa por ante este despacho formal demanda por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por mi persona en contra del ciudadano JOSE JESÚS SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.806.382, en virtud de la Sentencia de SEPARACIÓN DE CUERPOS decretada en fecha diecinueve (19) de julio de 2012 por el Juez Unipersonal No. 1 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Ahora bien para garantizar las resultas del juicio y amparada en las disposiciones legales en la materia, muy especialmente de conformidad en el ordinal 3° del artículo 191 del Código Civil, solicito me sea concedida medida preventiva de embargo sobre el 50% de las Prestaciones Sociales, Fideicomiso e intereses del Fideicomiso que le puedan corresponder al ciudadano JOSE JESÚS SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad No. 7.806.382, como funcionario policial perteneciente al Cuerpo de Policía del Estado Zulia, adscrito a la Gobernación del Estado Zulia…” II MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, señalado como fue, en el apartado anterior el contenido de la solicitud de la Medida de embargo realizada por la parte actora en la presente causa, este jurisdicente considera pertinente transcribir el contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual establece: 1. Artículo 585 Código de Procedimiento Civil. “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (subrayado y resaltado de este juzgado). Del contenido de la norma supra transcrita se evidencia la facultad que le otorga el legislador al Juez que conoce de una solicitud de Medida Cautelar, para negar la misma cuando, de los elementos probatorios consignados a los autos no se desprenda el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, así mismo, la ley adjetiva requiere para su decreto que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.- Este Tribunal para resolver observa que, la medida solicitada, se encuentra sujeta al cumplimiento de dos requisitos fundamentales que son: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), establecidos ambos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; ahora bien, posterior a la revisión de los recaudos acompañados, puede evidenciarse que se acompañó copia certificada de sentencia de divorcio que demuestra el FOMUS BONIS IURIS, pero no así la ilusoriedad de la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA), lo cual, impone el rechazo de la pretensión cautelar deducida. Con relación al cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado “…….Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus bonis iuris y periculum in mora. (…) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico-jurídica consistente por parte del demandante…” (Sentencia de fecha 17 Febrero de 2000, Ponente Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé. Exp. N° 13.884). Igualmente, la misma Sala Político-Administrativa, ha expuesto lo siguiente en relación a la necesaria concurrencia de los requisitos para el decreto de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, “…Del análisis de la norma transcrita (art. 585 C. P. C.), se desprende que la procedencia del embargo preventivo dispuesto en el artículo 588 eiusdem, se encuentra sometida a la concurrencia de los siguientes elementos: el peligro de quedar ilusoria la ejecución de la sentencia (periculum in mora) y la presunción de buen derecho (fumus bonis iuris), los cuales se verifican a través de un medio de prueba que constituya presunción grave de ambos supuestos, por lo cual resulta menester que el accionante aporte los elementos que sustenten o apoyen su solicitud….” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 20 de Noviembre de 2.003, Ponente Magistrado Dra. Yolanda Jaimes Guerrero. Exp. N° 03-0704). De manera tal, que este Tribunal al no encontrar comprobado en las actas el peligro de quedar ilusoria la ejecución de la sentencia, esto es, el periculum in mora, debe necesariamente negar la Medida de Embargo solicitada, dada la necesaria concurrencia de este requisito con la prueba del derecho que se reclama, de acuerdo a lo establecido en el artículo 585 del la Ley adjetiva civil, en consecuencia, NIEGA la Medida de Embargo solicitada por la ciudadana DARIELA DENICE BARROSO CHIRINOS, asistida por el abogado DAVID BARROSO, parte actora.- III DISPOSITIVO: Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el cuerpo de la presente resolución, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: NIEGA la Medida de Embargo solicitada por la parte actora ciudadana DARIELA DENICE BARROSO CHIRINOS en contra del ciudadano JOSE JESÚS SANCHEZ, por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.- Déjese copia certificada por secretaría de la presente resolución, conforme a lo conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.- LA JUEZA PROVISORIA, DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.- LA SECRETARIA, ABOG. MARIA ROSA ARRIETA F. En la misma fecha se dictó y publicó la anterior resolución siendo las once de la mañana (11:00 a.m), la cual quedó signada bajo el No. 28.- LA SECRETARIA, ABOG. MARIA ROSA ARRIETA F.