REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Expediente No. 45.184. Motivo: Solicitud de Medidas Cautelares. Vista la solicitud de medida presentada por la abogada en ejercicio NUNZIA CAROLINA VELIZ LÓPEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 113.390, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JESÚS MANUEL CAMPOS LÓPEZ, en el juicio que por TACHA DE DOCUMENTO, sigue en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES EUROAMÉRICA, S.A., se le da entrada y el curso de ley. Agréguese a la pieza de medida. El Tribunal para resolver observa: Solicitó la parte actora a este Tribunal que se sirva decretar las siguientes medidas: 1) MEDIDA INNOMINADA de prohibición de ingreso y acceso de personas, objetos, cosas y muebles, al inmueble ubicado en la calle 72, No. 11-15 de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 2) MEDIDA INNOMINADA de prohibición de realizar algún tipo de negociación jurídica que involucre el inmueble objeto del presente litigio. En torno al decreto de medidas cautelares el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Énfasis del Tribunal) En el mismo orden de ideas, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1° El embargo de bienes muebles; 2° El secuestro de bienes determinados; 3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado…” (Énfasis del Tribunal) Al realizar esta Juzgadora, un análisis de las disposiciones ut supra transcritas, y especialmente del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se hace evidente que el Legislador Patrio exigió el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos para la procedibilidad de las medidas cautelares, pues además de la existencia de un juicio pendiente (pendente litis), exige la demostración de la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), definido por el Dr. Rafael Ortíz Ortíz, como “la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida…”, e igualmente, la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora), desarrollado por el mismo autor, como “la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la lamentable consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico”; por lo que, la demostración en forma concurrente de los mismos, constituye una verdadera carga procesal para el solicitante de la medida cautelar, siempre que dicha solicitud sea realizada por la vía de la causalidad. Además de los requisitos antes señalados, el artículo 588 en su parágrafo primero establece un requisito adicional que debe llenarse para el decreto de las Medidas Cautelares Innominadas, el cual consiste en el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, denominado por la extinta Corte Suprema de Justicia como Periculum in damni, y por parte importante de la doctrina como Periculum in mora específico. Al respecto ha señalado el Dr. Rafael Ortíz Ortiz “…que el daño que se teme no encuentra su causa en la ejecución de la sentencia (fase terminal) sino en su desarrollo, es decir, durante el proceso se teme, fundadamente, que una de las partes (con su conducta) amenace con infringir daños irreparables en los derechos de la otra parte; esta es la razón por la cual concebimos a las medidas cautelares innominadas como un verdadero amparo dentro del proceso a favor de una de las partes que se vea perjudicada por actuaciones de la otra que ponen en grave peligro su derecho, de allí que estén dirigidas no a bienes sino a conductas…”. Específicamente con respecto al peligro de daño, el mismo autor señala que este debe ser: inminente, serio, probable, causal, concreto y determinado en los derechos de la otra parte. Adicional a lo ya explicado, es pertinente destacar que las medidas cautelares deben cumplir ciertas características que le son inherentes, entre ellas la instrumentalidad, es decir, que sirven de apoyo para la ejecución de la sentencia definitivamente firme, permitiendo que no quede ilusoria la ejecución del fallo. En el caso concreto, la pretensión principal es de tacha de falsedad, con lo cual se pretende desvirtuar un documento de propiedad, con el fin de que en caso de ser declarada con lugar la falsedad del documento, el inmueble objeto de litigio regrese al patrimonio del actor, en ese caso, las funciones cautelares de este Órgano Jurisdiccional, se circunscriben a proteger el inmueble para que no sea objeto de sucesivas ventas, lo cual ya fue garantizado mediante el decreto de prohibición de enajenar y gravar de fecha 18 de octubre de 2012. Por los fundamentos antes expresados este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, NIEGA las medidas cautelares solicitadas. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los ( ) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.- La Juez, La Secretaria, Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez Abg. Militza Hernández Cubillán. En la misma fecha, previas las formalidades de Ley, y siendo las ______, se dictó y publicó la resolución que antecede, quedando anotada bajo el No. ______. La Secretaria, Abg. Militza Hernández Cubillán. ELUN/mnss Quien suscribe, la Secretaria Temporal Abg. Militza Hernández Cubillán, hace constar que la anterior resolución es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Expediente No. 45.184. Lo certifico. En Maracaibo a los ( ) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). La Secretaria, Abg. Militza Hernández Cubillán.