REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012)
202º y 153º
Asunto No: VP01-L-2011-001368
Demandante: VICTOR GONZALO PEREZ LARA, Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 17.098.653, y domiciliado en la ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Apoderada Judicial: MAGALY CARABALLO, Abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 52.004.
Demandada: DESARROLLOS FRIDZUL, S.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 19, tomo 983-A, en fecha 15 de octubre de 2004.
Apoderados Judiciales: LUIS LOPEZ, ANTONIO SUAREZ, JESUS LOPEZ y NOE AVILA, Abogados inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 134.898, 46.330, 37.628 y 108.504, respectivamente.
Motivo: Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN
ANTECEDENTES PROCESALES
En fecha 26 de mayo de 2011 consignó escrito libelar el ciudadano VICTOR GONZALO PEREZ LARA debidamente asistido por la profesional del derecho MAGALY CARABALLO, ambos ya identificados, en contra de la Sociedad Mercantil DESARROLLOS FRIDZUL, S.A; por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, por la cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 25.392,93), por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral (URDD), asignándole al asunto la numeración VP01-L-2011-001368, correspondiéndole por distribución su conocimiento en la primera fase del procedimiento al Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de éste Circuito Judicial Laboral, quien admitió la demanda en fecha 01 de junio de 2011, y ordenó las notificaciones correspondientes.
Una vez de realizadas todas las notificaciones, las partes en fecha 27 de septiembre de 2011 suspendieron de mutuo acuerdo, la cual fue acordada por el Tribunal; en fecha 21 de octubre de 2011 se efectuó acto de distribución público de las Audiencias Preliminares, concerniéndole la presente causa al Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de éste Circuito Judicial Laboral, fecha en la cual comparecieron ambas partes con sus apoderados judiciales. La misma fue prolongada en varias oportunidades hasta el 19 de marzo de 2012 en la cual el Tribunal de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ordenó incorporar las pruebas al expediente.
En fecha 26 de marzo de 2012, la parte accionada consignó escrito de contestación a la demanda, por lo que se ordenó la remisión del expediente al Tribunal de Juicio, que por distribución le correspondió a éste TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, por lo que recibido como fue el día 30 de marzo del 2012, se le dio entrada de conformidad con los artículos 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha 11 de abril de 2012 pasó éste Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas, fijándose para el día 25 de mayo del 2012 la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Pública. En la fecha indicada, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión de la causa, por lo que el Tribunal acordó la misma; una vez vencido el lapso de suspensión el Tribunal fijó para el día 18 de julio de 2012 la celebración de la Audiencia de Juicio.
En fecha 17 de julio de 2012, las partes de mutuo acuerdo solicitaron al Tribunal se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria; por lo cual el Tribunal acordando lo peticionado por las partes, fijó para el 31 de julio de 2012 dicha audiencia. En la fecha indicada, la parte demandada manifestó ofrecer un acuerdo suscrito (transacción) para el día 09 de agosto de 2012.
Ahora bien, en fecha 09 de agosto de 2012 las partes junto con sus representantes legales consignaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral (URDD), Acta Transaccional mediante la cual la parte demandada realiza pago único en cheque No. 33261981 girado a favor de la entidad bancaria Banesco contra la cuenta corriente No. 01340031830313242188, a nombre del ciudadano VÍCTOR PÉREZ por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 6.420,oo), consignando copia del mismo.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En virtud de la transacción realizada por las partes, corresponde a éste Tribunal verificar los términos del citado acuerdo, en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 10 y 11 del Reglamento de la misma Ley, y siguiendo los parámetros jurisprudenciales sobre este tipo de acuerdos.
En relación con el ordinal 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo establece la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, con la excepción que la relación de trabajo haya concluido, en cuyo caso es posible la transacción o convenimiento; el citado artículo señala:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores”
PARÁGRAFO ÚNICO: “La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”
A su vez, es preciso señalar el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
“La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno (…)” (Resaltado del Tribunal).
Ahora bien, de acuerdo al criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 de julio de 2006, No. 1157, se estableció:
“… esta Sala ha sostenido que en los supuestos en los que la transacción se plantea dentro de un procedimiento judicial, en el cual se demandan derechos del trabajador, es admitida cierta flexibilidad en cuanto al acatamiento del requisito de señalar, detalladamente los derechos comprendidos en ella, entre otras cosas porque se entiende que el actor ha contado con la asistencia técnico jurídica necesaria”.
En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nº 982 y 979, de fechas 21 de septiembre de 2010, señalaron lo siguiente:
(…) Examinados los términos de la transacción y evidenciada la facultad con la que actúa las partes, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; que en la manifestación escrita del acuerdo actuaron en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el documento presentado ante esta Sala en la fecha mencionada, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a su motivación y derechos comprendidos, se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso. Así se declara.
Igualmente, esta Sala de Casación Social como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional y enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso bajo estudio, ésta Sentenciadora considera que las partes en el proceso han cumplido con los requisitos de los Medios de Auto-composición Procesal, consagrados en el articulo 1.713 del Código Civil, donde establece los tres presupuestos procesales que son: 1) La existencia de un contrato de recíprocas concesiones. 2) La finalidad de terminar un litigio. 3) y la renuncia de las actuaciones en el proceso. Asimismo, constata este Tribunal que existe una expresión de voluntad de mutuo consentimiento sin constreñimiento, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 10 y 11 de su Reglamento, donde se establecen que son derechos irrenunciables, como se determinó ut supra.
De tal manera, que se puede concluir que siendo que la parte demandante celebró un acuerdo transaccional como forma de Auto-composición procesal, que ofreciera la parte accionada en el entendido de la cancelación realizada al ciudadano VICTOR GONZALO PEREZ LARA, por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 6.420,oo), dejando expresa constancia que dicha cancelación se realizó en único pago a través de un cheque No. 33261981 girado a favor de la entidad bancaria Banesco contra la cuenta corriente No. 01340031830313242188, a nombre del ciudadano VÍCTOR PÉREZ.
Por lo cual, llenados y cumplido como han sido los extremos de Ley, este Tribunal procede a HOMOLOGAR Y A DARLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA A LA TRANSACCIÓN CELEBRADA libremente por las partes. Así se decide.-
DISPOSITIVO
En virtud de lo expuesto, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara:
PRIMERO: SE HOMOLOGA el acuerdo celebrado entre el ciudadano VÍCTOR GONZALO PÉREZ LARA y la Sociedad Mercantil DESARROLLOS FRIDZUL, S.A; todos plenamente identificados en las actas procesales, otorgándole el carácter de COSA JUZGADA.
SEGUNDO: SE DA POR TERMINADO el presente asunto y se ordena el archivo definitivo del expediente, dado el cumplimiento del pago acordado entre las partes.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en costas dada la naturaleza del presente fallo.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sede del TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE,
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Abg. MARINES CEDEÑO GÓMEZ
EL SECRETARIO,
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Abg. LUÍS MIGUEL MARTÍNEZ
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.), quedando registrado bajo el PJ0712012000091.
EL SECRETARIO,
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Abg. LUÍS MIGUEL MARTÍNEZ
MCG/LMM/EU.-
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